Igualmente inquieta el populismo, que divide a la sociedad entre una élite ruin y un pueblo maltratado y convierte en rabia la indignación ciudadana por las dificultades económicas, la inseguridad, la corrupción y el desprestigio o crisis de credibilidad de políticos e instituciones públicas; que desprecia elecciones socavando la legitimidad de gobiernos democráticamente electos y llamando a la acción, a veces violenta, con la prédica de que son más importantes las calles que los votos; y, que presenta a grupos enteros como enemigos colectivos: los extranjeros, los ricos, los políticos tradicionales, etc. Y a esta lista de preocupaciones se suman el multipartidismo difuso, la polarización que imposibilita el diálogo, la divulgación de noticias falsas en tiempos de internet y redes sociales, la censura o instrumentalización de la prensa, la oposición obstruccionista, la desnaturalización de la representatividad política a través de medidas supuestamente democráticas pero que en realidad falsean la democracia, y el desconocimiento de decisiones mayoritarias mediante acrobacias legales.
Por esto es positivo que el Gobierno de los Estados Unidos haya convocado para hoy y mañana, 9 y 10 de diciembre, a la Cumbre por la Democracia, reunión virtual que, según sus organizadores, busca “renovar la democracia en casa y enfrentar las autocracias en el exterior”. Como la ocasión invita a la defensa internacional de la democracia, vale la pena reflexionar sobre dos acciones concretas, una colectiva y otra nacional, que pueden contribuir a este propósito.
En primer lugar, debería explorarse la posibilidad de negociar y adoptar ampliamente un tratado multilateral que proteja la democracia. Aunque para algunos esto podría contradecir los principios jurídicos de las relaciones internacionales de respeto por la soberanía estatal, autodeterminación de los pueblos y no intervención en los asuntos internos de otro Estado, la realidad es que la democracia liberal es el único sistema político compatible con los derechos humanos. Para comenzar, la legislación internacional ya reconoce el derecho humano a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas y realizadas por sufragio universal, igual y secreto, y a acceder a la función pública. De modo que esos principios no justifican a dictaduras que suprimen el pensamiento independiente y niegan la oposición política o a regímenes cuyas elecciones son farsas: la soberanía del Estado termina donde comienza la soberanía que los derechos humanos le dan al individuo.
Un eventual instrumento jurídico internacional sobre la democracia solo establecería mínimos comunes a varios países con orientación similar. Esto supone que debería abrazar una visión procedimental o formal de la democracia, no una sustancial que confunde a la democracia con otros bienes públicos porque no comprende que la democracia es, antes que un punto de llegada, un procedimiento. Esto implica que el hipotético tratado debería dejar un margen de libertad o soberanía a cada Estado para definir su sistema político dentro de los mínimos democráticos del respeto a la vida, la integridad física y la libre expresión, el derecho a participar en política y la garantía de elecciones limpias, competidas y periódicas. Como hacerse parte o no de un tratado es una decisión soberana, cada Estado determinaría autónomamente si se obliga o no frente a otros a defender el sistema democrático. A fin de avanzar en esta dirección, los trabajos del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos son un buen punto de partida para ambientar y refinar esta propuesta.
En segundo lugar, es de la mayor trascendencia trabajar y movilizar esfuerzos para asegurar que en Colombia, como lo ordena la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo una condena penal en firme pueda impedirle a un ciudadano participar en política. Hay casos famosos en el país de líderes cuyos derechos políticos han sido restringidos por autoridades públicas que no son jueces penales a través de decisiones que no son condenas judiciales finales.
No obstante ser el legislador más votado de la historia nacional, el Presidente Álvaro Uribe fue suspendido en el ejercicio del cargo de Senador sin haber sido sentenciado. El exalcalde de Bogotá y actual Senador y candidato presidencial Gustavo Petro le ganó una demanda al Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque, por una determinación de la Procuraduría General de la Nación, fue sancionado en sus derechos políticos, desconociendo así la condena de la Corte Interamericana contra Venezuela en el caso de Leopoldo López, en el que el tribunal con sede en San José de Costa Rica reiteró lo previsto en la Convención Americana. Y hace un par de semanas la Contraloría General de la República confirmó una sanción billonaria contra más de veinte personas en relación con la construcción de Hidroituango, entre ellas el dirigente antioqueño y también candidato presidencial Sergio Fajardo que podría afectar su participación en la contienda electoral del año entrante. Como contribución a la defensa internacional de la democracia, es urgente superar ese atraso y asegurar que Colombia adecúe su normativa y su práctica al estándar interamericano.
Los peligros para la democracia no desaparecerán súbitamente y la contradicción política interna en cada país y los intereses nacionales en pugna de los Estados pueden dificultar consensos sobre cuando hay una amenaza verdadera para la democracia en una situación específica. Sin embargo, pasos concretos, como los expuestos, pueden servir al objetivo común de preservar o conquistar el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
https://alponiente.com/, Bogotá, 09 de diciembre de 2021.
