Uno de los grandes chicharrones que entonces tenía el Ejecutivo era el de encontrar una salida para el problema de los arriendos durante el COVID-19. No era fácil. Había que diseñar una política que, además de garantizarles un techo a los más vulnerables, protegiera también el bolsillo de los arrendadores. El presidente y sus ministros estaban terminando los decretos que contenían las medidas de emergencia sobre ese asunto.
En esas sonó mi celular con la llamada de rigor de Felipe López: “Federico, escríbase un artículo para la edición de esta semana analizando el mercado de los arriendos en Colombia y los efectos de las medidas anunciadas por el Gobierno”. “Sí, señor, ya me pongo en eso”.
Yo no tenía ni idea del mercado de los arriendos. Pero hice lo que haría cualquier reportero: leer cuanto documento había sobre el tema para que así, al momento de llamar a las fuentes, ya con las cifras en la mano, no me metieran los dedos a la boca. Hablé con ministros, secretarios, consejeros y empresarios, y busqué también a arrendadores y arrendatarios de todos los orígenes y estratos.
Yo estaba convencido de que una buena parte de los inmuebles puestos en arriendo pertenecían a personas que los habían comprado como inversión para sacarles una renta. Pero la conclusión de la reportería fue otra: el 85 % de los hogares que perciben ingresos por arrendamiento son de estratos 1, 2 y 3. Esos hogares reciben entre $300.000 y $800.000 por ese concepto, lo cual equivale a cerca del 30 % del total de sus entradas.
Por eso casi me caigo de la silla la semana pasada con la nueva e irresponsable propuesta populista del senador Gustavo Petro: “Rebajar el valor de los arriendos para que rinda más el salario”. El líder de la Colombia Humana, quien se presenta como el salvador de las clases populares, parece estar totalmente desconectado de la realidad. Él, seguramente, se imagina que el mercado de los arriendos es un oligopolio manejado desde una oficina en Nueva York por Luis Carlos Sarmiento o Alejandro Santo Domingo. No puede estar más equivocado.
Ese mercado, en su abrumadora mayoría, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso para los pobres y para la clase media. No se trata de edificios enteros comprados por los ricos. La imagen, más bien, es la de una madre cabeza de hogar a quien le sobra “una pieza” en su casa y la pone en arriendo para poder comer. Hay que resaltar, también, que los arrendamientos son acuerdos entre privados en los que el Estado no puede intervenir. Cualquier intento de hacer aprobar una ley en ese sentido sería declarado inconstitucional por la Corte.
¿No se da cuenta Petro de que su novedosa propuesta es en realidad un totazo al bolsillo de la clase media? El senador dirá que quiere hacerlo por la vía de los subsidios, sin afectar el bolsillo de nadie. ¿Pero de dónde piensa sacar esa millonada? Póngase serio, senador…
https://www.elespectador.com/, Bogotá, 09 de noviembre de 2021.
