La corrupción se volvió como el aire: anda por todas partes, y lo peor es que ya nada sorprende a nadie. 

Desde Foncolpuertos y Commsa, pasando por los Nule y Odebrecht, hasta los actuales PAE, Centros Poblados, Carreteras, Puentes, Colegios, Cárceles, etcétera, etcétera y muchísimos etcéteras, la contratación pública se inicia y termina en corrupción.    

Las acciones de los órganos de control fiscal y disciplinario deben estar encaminadas a lograr la mejora de la gestión pública en dirección al cumplimiento de los fines y finalidades del Estado: la Contraloría General de la República (CGR) y Contralorías territoriales, Auditoría General de la República (AGR), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Personerías; pero no se ven resultados que demuestren su efectividad porque la lentitud, y hasta la omisión, de sus acciones denotan complacencia con los actores vinculados en hechos de corrupción.    

Es inadmisible que, en el escándalo del contrato de la Unión Temporal Centros Poblados para instalar internet en las escuelas y colegios públicos de Colombia, hubieran sido los periodistas quienes advirtieran sobre los manejos que se estaban dando.

¡No puede ser! ¿Dónde está el anunciado y bien financiado control preventivo y concomitante?  

El presupuesto aprobado para 2021 a la PGN es de $894 mil millones y el de la CGR es de $1 billón. ¡Toda la plata del mundo para tan poco resultado que parece nada!   

Debería darles vergüenza tanto a la procuradora como al contralor. “Gastarse” todo ese presupuesto para que no se demuestren resultados efectivos, y en cambio se dejan de financiar otras necesidades de inversión que sí son más meritorias. 

Nunca he confiado en ninguno de esos dos funcionarios: una que no da ninguna garantía por sus orígenes políticos y su relación con el gobierno, y el otro tampoco porque se hizo elegir Auditor General sin cumplir requisitos, además de que, en la reforma a la rama judicial, se dijo con mucha insistencia, ejerció presión para modificar los requisitos hacia abajo para ocupar cargos de magistrado de las altas cortes, fiscal y procurador.    

Con esos antecedentes no puede haber confianza para ejercer un decente control disciplinario y fiscal.  

No basta con ser correcto, hay que parecerlo. Porque, como decían los romanos, no todo lo que es lícito es honesto (Non omne quod licet honestum est). Hay que distinguir entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. 

Soy un convencido de que entre la CGR y la PGN está sobrando uno, y que la acción disciplinaria cuando incluya detrimento patrimonial sea denunciada para que la adelanten los jueces administrativos.  

Toda la función de los resultados de la economía, estadística y de finanzas públicas la puede cumplir el Banco de la República con total independencia, sin tener que utilizar su trabajo como mecanismo de presión a los gobiernos. 

La AGR fue concebida para ejercer control fiscal de manera exclusiva a la CGR, pero es otra que no suena ni truena. 

La CGR se gastó 30 millones de dólares de un crédito para el fortalecimiento institucional que autorizó el gobierno nacional a través del documento CONPES 3841 de 2015, sin muchos resultados, porque sigue en el mismo oficio de identificar hallazgos, y de ahí no pasa: El control fiscal basado en la “hallazguería”, no en el control propiamente dicho.  

Ahora el actual contralor Córdoba Larrarte consiguió que a través del documento CONPES 4045 de 2021 le autoricen otra operación de crédito por 30 millones de dólares para la transformación digital que tendrán el mismo destino: nada de nada. 

En los últimos años la PGN y CGR han multiplicado su burocracia, pero no han correspondido en la misma proporción con los resultados, porque no han desarrollado su rol de luchar contra la corrupción con acciones efectivas para contribuir a la credibilidad y confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.  

Insisto, hasta cuando me demuestren lo contrario, soy un convencido de que, entre la CGR y la PGN, alguna de las dos está sobrando.