Si Gustavo Petro tiene 185 billones de pesos sin comprometer, consignados en cuentas y fideicomisos de diversas entidades que han sido incapaces de gestionar esos recursos, y quiere aún más dinero, se puede entender por qué el Gobierno está haciendo esfuerzos desesperados por poner esas partidas en las manos de gentes necesitadas que terminan vendiendo su libertad por un voto en 2026.
De la noche a la mañana, miles de personas que no aparecían entre las beneficiarias de programas sociales de este Gobierno resultan inscritas en las listas de gentes receptoras de subsidios como el de la devolución del IVA o el llamado Renta Ciudadana, todo con el fin de reclutar adeptos que convaliden las acciones de la administración Petro, tan decaída en las encuestas y en la realidad.
Por eso, el Gobierno está empecinado en sacar un presupuesto enorme y desfinanciado para 2025, y en llevar a cabo una reforma tributaria que le permita confiscar los recursos faltantes. El dinero que se requiere para comprar las conciencias y el favor de los colombianos, para apropiarse del resultado de los comicios de 2026, es mucho, y eso que este régimen viene haciendo múltiples ‘esfuerzos’ para reducir las partidas presupuestales de diversas áreas, como la del Deporte, y ha anunciado la disminución de las transferencias a casi todos los departamentos.
Luego, es obligatorio preguntarse ¿en qué se gasta y en qué se gastará tanto dinero el Gobierno de Gustavo Petro? Ya sabemos que esta administración es tremendamente corrupta y adicta al derroche, pero nadie sabe a ciencia cierta para qué quieren un presupuesto de 523 billones de pesos en 2025. ¿Simplemente para robarse las elecciones de 2026 a punta de subsidios, puro populismo ramplón?
Pero, ojo, que la demagogia hace estragos en todos los niveles. Paradójicamente, en la Medellín de Federico Gutiérrez, un feudo antipetrista, el gobernante de la ciudad lanzó una estrategia para que ‘nadie se acueste con hambre en el territorio’. De forma paralela, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo destinar los recursos provistos por el impuesto de movilidad a paliar el hambre en el departamento. Sin duda, un propósito loable, pero lo único que se logrará es que miles de marginados de todo el país se desplacen a Medellín a pedir comida.
Ya la segunda ciudad de Colombia se ha visto perjudicada por su exagerado sentido de la solidaridad. Se cuenta hasta con extranjeros del primer mundo entre la población de indigentes, y la incidencia de estos en la criminalidad es alta. Su deporte favorito es arrojarles rocas a los motociclistas para hacerlos caer y atracarlos. La lista de fallecidos es larga.
Como si fuera poco, ya hay colegios públicos en Medellín donde se entonan las notas del himno de Venezuela en los actos cívicos. Es decir, tras los himnos de Colombia y de Antioquia, se canta el de la hermana república porque de los estudiantes matriculados en esas instituciones los venezolanos ya prácticamente constituyen mayoría. Pero, si estamos en la República de Colombia, y el funcionamiento de estos colegios se paga con nuestros impuestos, ¿por qué se canta un himno extranjero?
Este es el resultado del populismo chabacano en el que incurrió el Gobierno de Iván Duque al ofrecerles estatus de protección temporal a millones de migrantes venezolanos con el fin de ganar legitimidad como un mandatario incluyente, solidario y fraterno, y no como el fascista que algunos querían hacer ver después de tratar de darle un golpe de Estado incendiando el país con las primeras líneas y hasta de intentar asesinarlo disparándole al helicóptero en que viajaba.
No hay medida populista que salga bien. En principio, puede favorecer la visión que el pueblo tiene de un gobernante. Pero, tarde o temprano, los efectos perniciosos de tanta demagogia ponen las cosas en su sitio.
@SaulHernandezB
Medellín, 30 de septiembre de 2024
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