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Germán Vargas Lleras
José Manuel Acevedo
Diego Gómez
https://ifmnoticias.com/la-desaparicion-del-suroeste/
Germán Senna Pico
https://elexpediente.co/tenemos-a-nuestras-tropas-diezmadas-desmoralizadas-y-sin-hija-de-ruta/
Luis Manuel Ramos Perdomo
https://elexpediente.co/the-wall/
Viviane Morales
Carlos Noriega
https://elbastioncya.com/2023/03/ni-libertad-ni-orden/
Jorge Humberto Botero
https://www.semana.com/opinion/articulo/a-la-deriva/202320/
Melquisedec Torres
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/pueden-llorar-y-morir-FI20824753
Juan Lozano
Mauricio Vargas
Sergio Clavijo
Carlos Enrique Moreno
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/carlos-enrique-moreno/una-politica-que-divide/
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B. Empieza a naufragar la “paz total”
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1. Así fue el estrepitoso fracaso del cese bilateral al fuego del presidente Gustavo Petro con narcos y criminales; nunca cumplieron lo que acordaron
2. ¿Por qué hizo crisis la 'paz total' con el 'clan del Golfo'? Análisis
3. Gobierno reactiva operaciones militares contra el Clan del Golfo
4. Petro reanuda la guerra contra el Clan del Golfo en Colombia
5. Presidente Gustavo Petro viaja al Bajo Cauca tras 19 días de crisis por el paro minero
6. Gobierno suspende decreto de cese bilateral con el Eln y ratifica su propósito de construir la Paz Total
7. Domingo de horror en Colombia: militares asesinados y heridos, helicópteros caídos y atacados en Chocó y Arauca; y violencia sin tregua en el Bajo Cauca
8. Autodefensas Gaitanistas de Colombia reaccionaron al anuncio de Petro sobre suspensión del cese al fuego bilateral
9. Dura arremetida del fiscal contra el presidente: “Pablo Escobar y el cartel del Cali estarían felices con la ley de sometimiento”
10. Francisco Barbosa: “Me siento engañado por el presidente en lo referente a la ley de
11. “Siguen los mismos problemas de fondo”: fiscal Barbosa se va de frente contra la ley de sometimiento propuesta por el Gobierno Petro
12. Exclusivo: abogado de 'clan del Golfo' revela cita confidencial con Comisionado
13. Angustiante noche en Arauca: ELN volvió a atacar con explosivos a unidad militar en Tame
14. Se volvió a encender el Bajo Cauca: la situación de orden público es tensa y grave tras quema de varios camiones y buses
15. Urgente: otro helicóptero militar fue impactado con tiros de fusil en Tame, Arauca
16. Así, las disidencias de las Farc carnetizan a los ciudadanos en Caquetá
17. Terror en Barranquilla: motorizados armados abrieron fuego y masacraron a cinco personas e hirieron a otras catorce
18. El 20% de los contratos petroleros se suspenderían por orden público
19. Prefiero mirar hacia delante y apostarle a que las negociaciones con el ELN tienen que salir bien: Lafaurie
20. Denuncian llegada de presuntos colectivos venezolanos en Cali
21. Insólito: presunto integrante del Clan del Golfo, capturado por el Ejército, tenía escolta de la UNP
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1. Así fue el estrepitoso fracaso del cese bilateral al fuego del presidente Gustavo Petro con narcos y criminales; nunca cumplieron lo que acordaron
La apuesta con el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN ha salido mal. La fuerza pública quedó maniatada mientras los narcos y los grupos armados ilegales se fortalecieron.
https://www.semana.com/, Bogotá, 20 de marzo de 2023.
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2. ¿Por qué hizo crisis la 'paz total' con el 'clan del Golfo'? Análisis
El presidente Petro anunció la suspensión del cese de fuegos con esa banda criminal.
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https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 20 de marzo de 2023.
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3. Gobierno reactiva operaciones militares contra el Clan del Golfo
La decisión fue tomada por el presidente Gustavo Petro luego de que se conociera que esa organización criminal hostigó a miembros de la Policía mientras hacían control en una zona del Bajo cauca antioqueño donde desde hace varios días se presenta una difícil situación de orden público.
La difícil situación de orden público que se vive en el Bajo Cauca antioqueño por cuenta del paro minero iniciado el pasado 2 de marzo, fue el vaso que rebosó la copa de la paciencia del presidente Gustavo Petro, quien junto al Ministro de Defensa, Iván Velázquez y otros miembros del Gabinete habían defendido a capa y espada la continuidad del cese al fuego bilateral con el grupo armado ilegal Clan del Golfo.
En el desarrollo de las protestas, que iniciaron por el decomiso y posterior destrucción de maquinaria pesada para la extracción ilegal de oro, los mineros, presuntamente auspiciados por esa organización narcoparamilitar, bloquearon durante más de una semana las vías, impidiendo el tráfico por de esa zona imposibilitando el abastecimiento de insumos para el comercio.
Asimismo, trascendió en medios de comunicación que los manifestantes incineraron una ambulancia donde se transportaba una mujer embarazada, un peaje en la entrada del municipio de Tarazá y la voladura de una de las acometidas del acueducto que abastece a 48 mil habitantes de ese ente territorial. Esta última acción terrorista fue confirmada por el mismo presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter: “Han dejado sin agua potable a Tarazá, al romper los tubos. El Clan del Golfo contra el pueblo humilde”.
Como si eso fuera poco, el Instituto Nacional de Vías (Invías) denunció que seis de las máquinas que eran utilizadas en la pavimentación de la vía Hoyo Rico – Caucasia, fueron incineradas por desconocidos que participaban en el paro minero. A través de un comunicado de prensa, la entidad condenó estas acciones que impiden el normal desarrollo de las obras de infraestructura, generando detrimento patrimonial al Estado.
El domingo 19 de marzo, tras conocerse que integrantes del Clan del Golfo hostigaron con tiros de fusil a miembros de la Policía Nacional, el Presidente anunció que daba por terminado el cese al fuego bilateral puesto en marcha el primero de enero y que buscaba acercamientos con esa organización criminal para incluirlas en el programa de Paz Total.
“Ataque con fusil a la fuerza disponible de la policía por parte del clan del golfo rompe el cese al fuego. A partir de este momento no hay cese al fuego con el clan del golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”, trinó Gustavo Petro.
Unos minutos más tarde, el Jefe de Estado ordenó a las Fuerzas Militares iniciar nuevamente actividades contra esa estructura, buscando retomar el control del orden público y someter a la justicia a los responsables de los actos terroristas reportados por la prensa y las redes sociales en lo que va corrido del mes de marzo y tienen a los habitantes del Bajo Cauca antioqueño contra la espada y la pared.
“He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, informó Gustavo Petro la noche del pasado domingo.
A los mensajes del Presidente se sumaron las alocuciones conjuntas de los Ministros de Defensa y del Interior, quienes confirmaron que las acciones violentas acaecidas en esa zona del país fueron perpetradas por el Clan del Golfo y en consecuencia, se incrementaría el pie de fuerza para reforzar al contingente militar y de Policía que actualmente hace frente a la situación.
“Rechazamos con toda contundencia los actos de violencia que se han venido presentando en el Bajo Cauca antioqueño, fundamentalmente. Los realizados en el día de hoy, de los que no tenemos duda que fueron cometidos por el Clan del Golfo. Se mantienen en la zona más de 10.000 efectivos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y toda necesidad de incrementar ese apoyo se hará”, dijo Iván Velásquez.
También se pronunció sobre el particular el mayor general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, quien aseguró que atendiendo a las instrucciones del Presidente se reactivarán las actividades militares buscando la neutralización de los integrantes de esa organización criminal no solo en el Bajo Cauca.
“Se harán operaciones en todos los territorios en donde delinquen en coordinación con la Policía Nacional para lograr desarticular y neutralizar las intenciones que tiene este grupo armado contra la población civil y contra los bienes de la Nación”, explicó Alto Oficial.
Las reacciones ante esta noticia no se hicieron esperar. El senador por Cambio Radical, David Luna, aplaudió la decisión de Petro y la calificó como un acierte ante la andanada de ataques violentos perpetrados por esa organización. “Acertada decisión Señor Presidente. Cuenta con el respaldo de millones de colombianos que no queremos que los narcotraficantes del ‘clan del Golfo’ se tomen el país, atentando contra la sociedad civil”, comentó el Congresista.
Por su parte, Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, afirmó que el reinicio de las acciones militares contra el Clan del Golfo es un mensaje que debe calar en las demás organizaciones al margen de la Ley con las que el Gobierno Nacional acordó cese al fuego bilateral. “Si los grupos armados ilegales burlan el anhelo de paz de los colombianos, es deber del Estado actuar de manera contundente en la protección y la garantía de los derechos de las comunidades en los territorios. El Estado no puede omitir su deber de proteger y garantizar los derechos de las personas”, sostuvo.
Con la vehemencia que la caracteriza, la senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, comentó a través de su cuenta de twitter que el cese al fuego no fue bilateral, sino únicamente por parte de las fuerzas del Estado y califico de farsa la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.
“Lo que está pasando con el Clan del Golfo es lo mismo que con otros grupos terroristas que recibieron la garantía de un cese (unilateral) ordenado por usted para que no los atacaran. La “paz total” es una monumental farsa. Hoy Colombia ha retrocedido 20 años en temas de seguridad”, trinó Cabal.
https://apnnoticias.com/gobierno-reactiva-operaciones-militares-contra-el-clan-del-golfo/
https://apnnoticias.com/, 21 de marzo de 2023.
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4. Petro reanuda la guerra contra el Clan del Golfo en Colombia
El gobierno ordenó reactivar las operaciones militares contra la mayor banda narco del país, señalada de estar detrás de manifestaciones de mineros ilegales que atemorizan a la población civil en Antioquia.
El presidente Gustavo Petro suspendió este domingo (19.03.2023) el cese al fuego que sostenía con la mayor banda narco de Colombia desde el 31 de diciembre por ataques a la población civil.
"He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley", dijo Petro, en un mensaje en su cuenta de Twitter.
"No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades", agregó Petro.
Clan del Golfo culpa de la violencia al ELN
El Clan del Golfo respondió este domingo y alegando que han respetado "cabalmente" dicha tregua y que no están detrás de las "las manifestaciones violentas" que se les atribuyen e insistiendo en su "disposición de paz".
"Pese a las informaciones falsas y mal intencionadas provenientes de sectores que no aceptan la paz total, hemos respetado cabalmente el cese al fuego de operaciones defensivas, no solo desde la fecha de expedición del decreto ya mencionado, sino desde el 7 de agosto de 2022 cuando lo promulgamos de manera unilateral", aseguraron las también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en un comunicado.
Sin embargo, las AGC niegan su relación con el mismo y aseguran "que el ELN está detrás del vandalismo generalizado, especialmente en el Bajo Cauca", todo por "perjudicar" su imagen y "combatir fuera del campo de batalla".
"Pretende el gobierno tender otra cortina de humo más para distraer a la opinión pública de los atentados que el ELN continúa haciendo en contra de la fuerza pública en general", aseguró este grupo armado.
Al filo de Año Nuevo, Petro había anunciado una tregua bilateral con el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN, disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y un grupo paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La medida era el primer paso para sentarse a negociar con los principales actores armados ilegales del país, que aún sufre la violencia pese al desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Clan está detrás de mineros ilegales, asegura Bogotá
Sin embargo, el gobierno acusa al Clan del Golfo de estar detrás de manifestaciones de mineros ilegales que desde el 2 de marzo atemorizan a los pobladores del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia.
Luego de la destrucción de la maquinaría que usan para extraer oro ilegal por parte del ejército y la policía, los mineros cerraron vías y atacaron una alcaldía y un banco en el municipio de Caucasia.
Según Petro, el Clan priorizó el lucro que le genera el oro ilegal por encima de los acercamientos de paz. Además, aseguró que aprovechaban el cese al fuego para fortalecer su presencia en las minas ilegales.
Oro ilegal genera tantas ganancias como la droga
La extracción del metal genera casi las mismas ganancias para las organizaciones al margen de la ley que el tráfico de drogas.
De acuerdo con cálculos oficiales, el Clan del Golfo está detrás de entre el 30 y 60% de las exportaciones de droga desde Colombia (equivalente a unas 700 toneladas anuales).
Las guerrillas y los paramilitares aliados con narcos no permiten que se extinga el conflicto armado que vive el mayor productor mundial de cocaína desde hace casi seis décadas.
La suspensión del cese al fuego es uno de los mayores reveses de la "Paz Total", la política con la que el primer mandatario izquierdista de Colombia quiere acabar con el conflicto.
jc (efe, Semana, Caracol, El Tiempo, Noticias RCN)
https://www.dw.com/, 19 de marzo de 2023.
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5. Presidente Gustavo Petro viaja al Bajo Cauca tras 19 días de crisis por el paro minero
Esa zona está en alerta máxima por las operaciones delincuenciales del Clan del Golfo.
https://www.semana.com/, Bogotá, 20 de marzo de 2023.
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6. Gobierno suspende decreto de cese bilateral con el Eln y ratifica su propósito de construir la Paz Total
• El diálogo sobre el cese al fuego bilateral se reactivará con el Eln en el próximo ciclo de conversaciones, afirmó el Portavoz del Gobierno Nacional y Ministro del Interior, Alfonso Prada.
• Invitó al Eln a declarar una tregua verificable en respuesta al llamado de las comunidades para que se disminuya la violencia en los territorios.
• “El Gobierno Nacional no renunciará, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, a su búsqueda del respeto por la vida para construir la Paz Total”, expresó Prada.
El Gobierno del Presidente Gustavo Petro anunció este miércoles que, ante la posición asumida públicamente el día de ayer por el Eln, decidió suspender los efectos jurídicos del decreto de cese al fuego bilateral con esta organización armada.
Así lo indicó el Portavoz del Gobierno Nacional y Ministro del Interior, Alfonso Prada, en una declaración ofrecida este miércoles en la Casa de Nariño, junto con el Ministro de Defensa, Iván Velásquez; el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y los altos mandos de la Fuerza Pública.
Así mismo, el Portavoz indicó que el diálogo sobre el cese bilateral se reactivará con el Eln en el nuevo ciclo de negociaciones. De la misma manera, en nombre del Gobierno, invitó a esta organización a declarar una tregua verificable en respuesta al llamado de las comunidades para que se disminuya la violencia en los territorios.
“El Gobierno Nacional no renunciará, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, a su búsqueda del respeto por la vida para construir la Paz Total”, expresó Prada.
Declaración
La siguiente es la declaración leída por el Portavoz del Gobierno Nacional y Ministro del Interior, Alfonso Prada:
Ver: Declaración del Ministro Alfonso Prada, Portavoz del Gobierno Nacional
“El cese bilateral es una respuesta principalmente a las comunidades y organizaciones sociales que piden la paz en el territorio. Esta decisión es respaldada hoy por el Secretario General de las Naciones Unidas, por la Conferencia Episcopal Colombiana, por la Defensoría del Pueblo, por el Consejo Mundial de Iglesias y por la Comunidad Internacional.
El Estado Mayor Central Farc-Ep está comprometido con el cese bilateral decretado por el Gobierno Nacional y avanzará en la definición del protocolo para el inicio de las conversaciones en los próximos días.
La Farc-Ep Segunda Marquetalia ha manifestado su compromiso con la construcción de la paz, y por eso, como estaba previsto, se realizarán reuniones de los mandos de esta organización para avanzar en la definición de los asuntos metodológicos y temáticos de la mesa de conversaciones de paz.
De la misma forma, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada ratifican su compromiso con el cese bilateral. Con estos grupos se iniciarán los espacios de diálogo sociales y jurídicos en los términos previstos en la ley 2272 de 2022.
El Gobierno valora muy positivamente la voluntad de paz urbana de los grupos que operan en Buenaventura, Quibdó, Barranquilla, Medellín y el área metropolitana, Tumaco, Cali y Tuluá, con los cuales se han adelantado acuerdos básicos de respeto a la vida y se desarrollarán mecanismos para la transición hacia el Estado de Derecho.
De conformidad con los decretos correspondientes, “la suspensión de operaciones militares y operativos policiales se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos de libertades públicas en todo el territorio nacional”.
El Eln en varias oportunidades ha planteado la importancia de avanzar en un cese bilateral. El 19 de diciembre precisamente, luego de declarar cese unilateral por parte de esta organización, pidió que el Gobierno Nacional actuara en consonancia con su voluntad de paz y estudiara la posibilidad de responder con un cese bilateral.
Bajo ese entendimiento, el Gobierno de Colombia decretó el cese bilateral. Sin embargo, ante la posición asumida públicamente el día de ayer, según la cual se debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022 y en el siguiente ciclo se reactivaría el diálogo sobre este particular.
Dada la voluntad de paz expresada por el Eln y mientras se estudia en la mesa de diálogo el protocolo del cese bilateral, invitamos a esta organización a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades étnico-territoriales y campesinas a mantener el cese bilateral y la no violencia en sus territorios.
El Gobierno Nacional no renunciará, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, a su búsqueda del respeto por la vida para construir la Paz Total”.
(Fin/fca/jdm)
https://petro.presidencia.gov.co/, Bogotá, 4 de enero de 2023.
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7. Domingo de horror en Colombia: militares asesinados y heridos, helicópteros caídos y atacados en Chocó y Arauca; y violencia sin tregua en el Bajo Cauca
El país vive un fin de semana particularmente violento en diferentes regiones del país.
https://www.semana.com/, Bogotá, 20 de marzo de 2023.
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8. Autodefensas Gaitanistas de Colombia reaccionaron al anuncio de Petro sobre suspensión del cese al fuego bilateral
El mandatario ordenó reactivar las operaciones contra el Clan del Golfo.
https://www.semana.com/, Bogotá, 19 de marzo de 2023.
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9. Dura arremetida del fiscal contra el presidente: “Pablo Escobar y el cartel del Cali estarían felices con la ley de sometimiento”
El fiscal Francisco Barbosa fue claro, arreció en sus críticas y señaló al presidente Gustavo Petro de atentar contra la institucionalidad y llevar a una situación de inoperatividad a la fuerza pública al ordenar la suspensión de operaciones sin verificación y limitación geográfica.
https://www.semana.com/, Bogotá, 21 de marzo de 2023.
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10. Francisco Barbosa: “Me siento engañado por el presidente en lo referente a la ley de sometimiento”
En entrevista exclusiva con Noticias RCN, el fiscal general aseguró que en la oficina del Alto Comisionado no hay lealtad con él.
Barbosa sobre varios puntos de la agenda nacional. La entrevista se realizó al interior de las instalaciones de la sede de la entidad judicial, donde se toman grandes decisiones que afectan al país.
Uno de los temas abordados en el encuentro fue la reputación que tiene el fiscal Barbosa. Esto debido a que muchos ciudadanos consideran que es un dirigente soberbio y que tiene un exceso de autoestima. Ante estas especulaciones, el fiscal señaló que las personas suelen confundir la soberbia con la firmeza.
“Nosotros hemos demostrado al país que hemos defendido la institucionalidad colombiana y hoy, gracias a esa firmeza, podemos decir que el narcotráfico no pasará en todos esos proyectos que se están presentando y que tenemos que ponerle freno a las intenciones de que se desmantele el estado de derecho”, detalló Barbosa.
Adicionalmente, confesó que la falta de carácter le genera “cierta resistencia” y que la impuntualidad le genera molestia. “Yo creo que uno tiene que ser puntual, tiene que respetar el tiempo de los demás y sobre todo debe tener carácter para poder dar la cara y defender lo que uno representa”.
¿Qué pasó con Aida Merlano?
Luego de que la excongresista Aida Merlano retornara al territorio nacional, el fiscal general se mostró molesto por la manera en que se manejó el protocolo y aseguró que se comunicaría con el director de la Policía para hablar sobre el tema.
En la entrevista con este medio aseguró que de momento no se ha dado el encuentro con el alto funcionario, pero que se dará en las próximas semanas para discutir “cuáles fueron esos protocolos que se aplicaron por la Dijín. Nunca se había visto eso. La policía y la Dijín tienen que cumplir con una función neutral y no una bochornosa como la que vivimos con el recibimiento de prófugos de la justicia colombiana, de la Fiscalía, de la Corte Suprema, porque yo creo que eso es un mensaje equivocado, tenemos que mandar mensajes adecuados”.
Sobre este mismo tema, el fiscal aclaró que sí se encuentra en la facultad de contactar al director de la Policía. Esto argumentado a que “según el artículo 50 de la Constitución, es el fiscal general de la nación quien emite las directrices de Policía Judicial en investigación”.
La ley de sometimiento
Otro de los puntos de los que habló Barbosa fue la ley de sometimiento. Y es que el fiscal se reunió con el presidente Petro para exponerle nueve puntos que debían tenerse en cuenta para crear una ley razonable y sensata. Sin embargo, Francisco confesó que se sentía engañado.
“Me siento engañado porque finalmente fueron nueve aspectos que yo le planteé al presidente de la República y me dijo que sí, que se iban a discutir con el ministro de Justicia, pero luego terminamos recibiendo el texto que se radicó y en él encontramos que muchos de esos elementos se transformaron. Lo que hicieron fue cambiarles un contenido de forma, pero dejar los mismos problemas de fondo y al mismo tiempo se sumaron otros problemas adicionales”, añadió.
Barbosa explicó que dentro de sus anotaciones le recomendó al presidente no incluir el concierto para delinquir agravado dentro del principio de oportunidad, porque de esta manera se estaría permitiendo una suerte de indulto, es decir, se estaría perdonando a aquellas personas que cometieran delitos como genocidio, trata de menores, de personas, extorsión, secuestro, entre otros, pero ¿realmente se incluyeron sus observaciones?
“Dejaron una cantidad de observaciones sin cumplir. También dije que era importante que incluyeran el capítulo de víctimas y lo hicieron, pero dejaron que las víctimas sean reparadas colectivamente y no individualmente, eso es una burla para las víctimas”, señaló.
Noticias RCN: ¿Qué piensa el fiscal general del alto comisionado para la paz?
F.B: En esa oficina no ha habido lealtad con el fiscal general, sobre todo en el mes de enero, cuando se le había manifestado a su oficina que en esta Fiscalía no permitiríamos la suspensión de órdenes de captura de personas con fines de extradición o de narcotraficantes o de personas vinculadas con el paramilitarismo y se me informó que no lo iban a hacer y al día siguiente se radicó una resolución pidiendo la salida a esas personas.
Noticias RCN: ¿Es usted enemigo de la paz?
F.B: Quiero decirles también a los colombianos que soy amigo de la paz porque suspendí las órdenes de captura del ELN, suspendí las órdenes de captura de las disidencias y gracias a esas decisiones de la Fiscalía, hoy el presidente de Gustavo Petro puede decir que tiene dos mesas de negociación en curso.
El fiscal explicó que este tipo de temas pueden poner en riesgo la relación de Estados Unidos y Colombia y, además, destacó una serie de sucesos que se han venido presentando en el país.
“Yo quiero hacer el siguiente balance: se expidieron 5 decretos o 6 a finales de diciembre del 2022, donde se suspendieron actuaciones policivas y militares en el territorio nacional sin delimitación geográfica. Al mismo tiempo, cese de hostilidades y cese al fuego con organizaciones no solamente guerrilleras, sino organizaciones de alto impacto como paramilitares y narcotraficantes, y esto lo hicieron sin delimitación geográfica. Luego piden una orden de suspensión de órdenes de captura con fines de extradición de esos narcotraficantes, algo que se niega por parte de la Fiscalía y posteriormente nos secuestran 3 fiscales en Tarazá y un funcionario judicial, quienes pasan al lado del Ejército en la carretera, los retienen, uno de los secuestradores es ´Gonzalito’, el segundo del Clan del Golfo, quien además se identifica y le dice a estos fiscales que no hay ningún problema y que regresen a Medellín. A ese personaje se le negó la suspensión del orden de captura en la Fiscalía, pero posteriormente aparece una resolución que no conocíamos, reservada y hay que ver exactamente cómo es que vamos a empezar a verificar todas estas resoluciones donde se le permite al hijo de la ‘Gata’, que asesinó a un periodista y fue condenado a 29 años de cárcel, ser designado como gestor de paz y a los pocos días el abogado pide la libertad”.
Noticias RCN: ¿Es usted un dictador legislativo como lo llaman los senadores Ariel Ávila e Iván Cepeda?
F.B: Si a mí me tienen que insultar esas personas y decirme dictador legislativo porque estoy diciéndole a los colombianos que hay unas objeciones legítimas del fiscal general que no han sido groseras, que han sido razonadas, que han sido constitucionales, que todos los partidos lo han oído, para evitar que el país caiga en manos del narcotráfico, para decirle al país que tenemos un problema de orden público muy grave, que tenemos una situación de brazos caídos del Ejército nacional y de la Policía Nacional por cuenta de esos decretos, pues entonces que me llamen como me quieran llamar.
Noticias RCN: ¿Cuáles son las trampas que identificó en el Plan Nacional de Desarrollo?
F.B: Se están creando algunos fondos y vamos a denunciar los artículos en donde esos fondos de dinero buscan evitar la utilización de los mecanismos de contratación pública en Colombia, así como evitar el principio de transparencia, de responsabilidad. Es decir, meter la mano en esos fondos, sacar esa plata y entregársela directamente a organizaciones sociales campesinas (…) porque aquí no puede haber privilegios de grupos para quedarse con la plata directamente.
Noticias RCN: ¿Llamará a Nicolás Petro a una entrevista? ¿Qué sigue con esto?
F.B: Sobre las decisiones que tome la Fiscalía, que son de carácter judicial, los fiscales aquí son autónomos e independientes. Yo no tengo ninguna incidencia en esos procesos, lo que le quiero decir es que la Fiscalía tomará las decisiones que tenga que tomar, en el momento en que tengamos todas las certezas judiciales para poder darle al país esos resultados, pero sí lo vamos a hacer en esta administración.
Noticias RCN: ¿Qué está pasando al interior de la Unidad Nacional de Protección?
F.B: Ya hay una investigación abierta en la Fiscalía, está avanzando. Sobre lo que ocurre en la UNP también habrá resultados este año y el objetivo es que se vayan esclareciendo y no dejarle pendientes al próximo fiscal general de la nación en temas que son importantes para el país.
Noticias RCN: ¿Qué hará cuando salga de la Fiscalía?
F.B: Defender lo que hice, defender lo que hicimos en la Fiscalía General de la Nación desde la arena ciudadana.
Por: Noticiasrcn.com
https://www.noticiasrcn.com/, Bogotá, 20 de marzo de 2023.
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11. “Siguen los mismos problemas de fondo”: fiscal Barbosa se va de frente contra la ley de sometimiento propuesta por el Gobierno Petro
Barbosa reiteró sus cuestionamientos sobre concebir el principio de oportunidad como un indulto.
https://www.semana.com/, Bogotá, 21 de marzo de 2023.
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12. Exclusivo: abogado de 'clan del Golfo' revela cita confidencial con Comisionado
Dice que Petro suspendió el cese al fuego saltándose esa reunión, con garantes internacionales.
Para continuar leyendo este articulo lo invitamos a suscribirse al contenido exclusivo del El Tiempo
https://www.eltiempo.com/, 21 de marzo de 2023.
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13. Angustiante noche en Arauca: ELN volvió a atacar con explosivos a unidad militar en Tame
El ELN ha protagonizado tres ataques en los últimos siete días contra soldados en Arauca.
https://www.semana.com/, Bogotá, 20 de marzo de 2023.
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14. Se volvió a encender el Bajo Cauca: la situación de orden público es tensa y grave tras quema de varios camiones y buses
En redes sociales circulan videos de camiones y buses totalmente incinerados.
https://www.semana.com/, Bogotá, 19 de marzo de 2023.
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15. Urgente: otro helicóptero militar fue impactado con tiros de fusil en Tame, Arauca
Según información oficial, la aeronave había entrado a sacar un sargento muerto y dos militares más heridos. Los disparos provinieron desde una casa.
https://www.semana.com/, Bogotá, 19 de marzo de 2023.
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16. Así, las disidencias de las Farc carnetizan a los ciudadanos en Caquetá
La Fiscalía advirtió que investigan varias denuncias de ciudadanos con una supuesta carnetización de las disidencias.
https://www.semana.com/, Bogotá, 20 de marzo de 2023.
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17. Terror en Barranquilla: motorizados armados abrieron fuego y masacraron a cinco personas e hirieron a otras catorce
Hombres armados dispararon indiscriminadamente en el barrio Villanueva.
https://www.semana.com/, Bogotá, 20 de marzo de 2023.
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18. El 20% de los contratos petroleros se suspenderían por orden público
En un lapso de 11 años, solamente Ecopetrol y Gran Tierra han solicitado 26 suspensiones a la ANH.
De los 330 contratos asociados con actividades del sector petrolero en Colombia, 67 han entrado en solicitud de suspensión entre 2012 y lo que va de 2023.
Se sabe que los problemas de orden público y los conflictos con las comunidades que habitan los territorios son las principales causas que están llevando a las compañías al desistimiento.
Según los datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ecopetrol encabeza el listado de las 28 compañías que han iniciado trámites para solicitar la suspensión.
Sin embargo, hay que decir que en los últimos 11 años el pico de peticiones se presentó en 2018 (ver gráfico) y la variación ha sido irregular, de subidas y bajadas.
De acuerdo con los mismos registros de la ANH, los Llanos Orientales son el área geográfica con más contratos en revisión para suspenderse. Y le siguen Magdalena y Caguán Putumayo.
La solicitud más reciente fue la presentada por Emerald Energy, que envió una carta a principios de marzo solicitando la suspensión de operaciones en el bloque Ombú, ubicado en Caquetá, en donde se registró una protesta en contra de la compañía que terminó con 79 policías retenidos irregularmente en la zona.
En ese bloque, a través del campo Capella, hubo una producción de 1.939 barriles promedio por día durante el 2022 y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo en su momento que estaba en gestiones con Sinochem, el conglomerado estatal chino dueño de Emerald, para tener claridad sobre los términos requeridos en aras de no marchitar esas operaciones.
¿Falta seguridad?
El sector de los hidrocarburos, según el Banco de la República, atrajo el 70% de la inversión extranjera directa (IED) a Colombia en 2022. Y los gremios han insistido en que la seguridad es un tema fundamental a la hora de atraer nuevas empresas y retener a las que ya están asentadas.
Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), también había mencionado que hay unos 270.000 empleos directos e indirectos atados a las tareas que desarrollan estas compañías.
Cálculos lanzados desde este sector económico indican que, solo para 2023, se esperan inversiones por más de $3,3 billones de las empresas (US$702 millones) y serían recursos que solo llegarían si hay una situación clara sobre el futuro de muchos campos y proyectos.
En lo que va de 2023, a la ANH solo ha llegado la solicitud de suspensión por parte de Emerald Energy. Sin embargo, el eco de ese tipo de casos sería mala publicidad para la certidumbre del negocio.
Julio César Vera, director de la Fundación Xua Energy, afirmó que “el problema es que en el sector hay un sentimiento de que hoy no hay condiciones para viabilizar las operaciones en el país”.
“Eso es preocupante para un sector que, ante todo, confía en la institucionalidad y en las reglas de juego establecidas. Hoy muchos piensan que eso está cambiando. Es decir, el país está perdiendo uno de sus activos principales que es la confianza inversionista”, añadió el experto.
Vera resaltó que la industria petrolera está acostumbrada a trabajar en condiciones adversas, pero necesita el compromiso del Estado para viabilizar las operaciones.
Habla el gobierno
Andrés Bitar, vicepresidente de promoción y asignación de áreas de la ANH, expuso que los problemas de orden público se registran porque en Colombia no se han podido cerrar las brechas sociales en las regiones.
“Hasta que nosotros no podamos darles oportunidad de empleabilidad y oportunidades de generar riqueza a las comunidades menos favorecidas en el territorio, vamos a tener conflictividad”, agregó.
Así mismo, el funcionario recalcó que se trabajará por disminuir la dependencia de Colombia en materia de hidrocarburos, aunque recalcó que se respetará la ejecución de los contratos de exploración y explotación que están vigentes y son necesarios para el abastecimiento local de combustibles y para las exportaciones .
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 18 de marzo de 2023.
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19. Prefiero mirar hacia delante y apostarle a que las negociaciones con el ELN tienen que salir bien: Lafaurie
El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, aseguró que ve disposición de todas las partes en el cumplimiento de la agenda acordada en el ciclo que se llevó a cabo recientemente en México. Con respecto al Acuerdo de tierras firmado con el Gobierno reveló que esta semana en Fundación (Magdalena) será el tercer encuentro de ganaderos y la Agencia Nacional de Tierras.
¿Por qué usted fue un opositor tan duro de las negociaciones con las FARC y ahora participa en las que se están dando con el ELN?
Porque en La Habana decidieron que el único sector que iban a negociar era el rural. Ahí estamos los ganaderos que tenemos presencia en todo el territorio nacional y no somos un renglón productivo apenas importante, somos muy importantes para la construcción de tejido social en el campo, en la producción de alimentos, generación de empleo y protección de la naturaleza. Los ganaderos somos 2 veces el sector avícola y 3 veces el cafetero, generamos el 18 % del empleo agropecuario y 4,1 % del empleo nacional.
Si mañana, en un diálogo de paz se empiezan a negociar temas relacionados con medios de comunicación o el sector financiero, obviamente que todos los medios y los gremios saldrían a defender su sector.
En ese momento había una expectativa de lo que se estaba negociando. Ahora la situación es distinta, entre otras cosas porque como eso fue lo que acordaron yo dije: como ya está en firme, facilitemos al Gobierno el que pueda comprar la tierra.
En el primer punto del acuerdo de La Habana se habla de la creación de un Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas y la formalización de 7 millones de hectáreas. ¿Qué hicieron Santos y Duque en ese sentido?
Durante las negociaciones empezaron con 20 millones de hectáreas y terminaron en tres que había que entregarles a campesinos sin tierras y siete millones de hectáreas en formalización. Debo reiterar que durante ese proceso no se habló de otro sector, sino del rural.
Santos terminó de firmar el Acuerdo en 2016. ¿Qué hizo de 2016 a 2018? Nada. ¿Qué hizo Duque de 2018 a 2022? Nada. Por eso cuando llegó Petro y me planteó el tema, yo le dije sí señor, usted tiene que cumplir, facilitemos el tema, eso ya es un hecho cumplido. En octubre del año pasado firmamos un documento que, con todas las palabras, es un Acuerdo para la materialización de la paz territorial – compra directa de tierras para la construcción de la Reforma Rural Integral. Y ahí vamos…
Acuerdo de tierras
¿Cuál es el balance de las ofertas que ha recibido Fedegán para vender sus tierras al Gobierno Nacional?
Esto ha sido muy dinámico. Desde octubre del año pasado, inmediatamente se firmó el Acuerdo con el Gobierno Nacional, la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, dispuso diferentes canales para realizar la respectiva recepción de ofertas.
Además de los eventos de socialización realizados en Montería (Córdoba), Valledupar (Cesar) y Puerto Berrío (Antioquia), realizamos la promoción y recopilación de las ofertas a través de los 5400 grupos de WhatsApp que reúnen a más de 200.000 ganaderos del país.
También hacemos la debida promoción mediante las redes sociales tanto del gremio como de su presidente ejecutivo.
¿En qué departamentos han ofertado más tierras?
Las cifras más recientes que socializamos con los ganaderos de Puerto Berrío indican que hemos recibido 795 ofertas de productores que suman 364.362 hectáreas en 28 departamentos liderados por Arauca (41 ofertas, 158.155 hectáreas), Meta (34 ofertas, 70.023 hectáreas), Vichada (18 ofertas, 20.623 hectáreas), Cesar (73 ofertas, 20.230 hectáreas), Bolívar (39 ofertas, 17.002 hectáreas) y Casanare (22 ofertas, 14.179 hectáreas).
Por ejemplo, en los municipios que hacen parte del Magdalena Medio las ofertas suman 56 por 9897 hectáreas. En Antioquia están ofertando tierras en los municipios de Puerto Berrío y Yondó; en Bolívar, en Arenal y Río Viejo; en Boyacá en Puerto Boyacá; en Cesar en Aguachica, Gamarra, La Gloria, Río de Oro y Tamalameque; en Cundinamarca en Puerto Salgar; y en 8 municipios de Santander.
¿Cómo les ha ido con las reuniones de socialización del Acuerdo de Tierras?
Nos ha ido muy bien. Hemos contado con la presencia del equipo técnico de Fedegán y de los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras liderados por su director Gerardo Vega Medina. A estos encuentros han asistido centenares de ganaderos interesados en ofrecer sus tierras al Gobierno Nacional y hemos aclarado sus dudas. También los hemos transmitido por nuestro canal de YouTube para los productores que no pueden ir presencialmente y para que los medios hagan el respectivo seguimiento.
Hasta el momento hemos llevado a cabo 3 encuentros: Montería (Córdoba), Valledupar (Cesar) y el más reciente en Puerto Berrío (Antioquia). Los programamos en las zonas priorizadas por el Gobierno que son la Costa Caribe y el Magdalena Medio. Cada vez que finalizamos una reunión de socialización, las ofertas aumentan exponencialmente. Así que seguiremos con esta estrategia que ha sido exitosa.
¿Cuál es el paso a paso de la oferta de tierras?
Es muy sencillo. Luego de hacer toda la promoción en nuestras redes sociales, Comunidad Virtual Ganadera (grupos de WhatsApp) y a través de nuestros enlaces en las regiones. El interesado se contacta con Fedegán mediante un enlace creado para esa finalidad (https://n9.cl/5rhny). Debe diligenciar el formulario de inscripción y, posteriormente, el gremio georreferencia esa oferta en un mapa electrónico. En seguida activa un semáforo que le permite el debido seguimiento semanal.
Luego Fedegán transfiere las ofertas a la Agencia Nacional de Tierras, entidad que inicia el estudio de factibilidad de manera conjunta con el IGAC y otras entidades, proceso que permite establecer el avalúo del predio y finalizar con una propuesta de valor de compra al propietario, quien manifiesta su acuerdo o desacuerdo y se concluye con la venta (o no) del predio.
¿Cuándo será el próximo encuentro entre ganaderos y la Agencia Nacional de Tierras?
Estaremos esta semana en Fundación (Magdalena). Será la cuarta jornada de socialización del Acuerdo de tierras y del paso a paso para la compra de esas hectáreas.
El Acuerdo firmado con el presidente Petro incluye la implementación de proyectos productivos. En este sentido, ¿cuáles son los compromisos del Gobierno y cuáles los de Fedegán?
En el documento firmado con el Gobierno Nacional, el Estado se compromete a desarrollar programas y cartografías para un “plan de choque” de los programas de la Reforma Rural Integral; aunar esfuerzos con las agencias del Estado para dar acompañamiento integral en dotación de infraestructura física y social; diseñar y ejecutar planes de choque para la construcción y mantenimiento de las vías terciarias necesarias; coordinar con Fedegán y otras organizaciones la prestación de servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria para desarrollar la ganadería sostenible, priorizando la implementación de sistemas silvopastoriles intensivos para la producción de carne y leche; acompañamiento para que los productores accedan a créditos, programas de asociatividad y apoyo a la comercialización; y disponer de los recursos necesarios para la prestación del servicio de asistencia técnica y diseño y ejecución de proyectos productivos.
Por parte de Fedegán, los compromisos son facilitar el desarrollo de proyectos ambientales sostenibles a nivel de escala de paisaje, venta de carbono, compensaciones ambientales o pago por servicios ambientales, en especial bajo la implementación de sistemas silvopastoriles intensivos para producir carne y leche.
También pondremos a disposición nuestra experiencia en el diseño y ejecución de proyectos orientados a prestar los servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria, con enfoque de sostenibilidad ambiental, priorizando en sistemas de producción que propendan por la sostenibilidad (con enfoque en sistemas silvopastoriles intensivos).
Es decir, lo que se busca es no repetir los errores del pasado en donde solo hubo entrega de tierras.
Por eso he insistido que la disponibilidad de tierras no es el problema y el verdadero reto es entregar tierras sin repetir el error de pensar que un título de propiedad puede redimir de la pobreza. El Gobierno ha anunciado que las tierras se entregarán con “proyectos productivos”, aunque deberían tener, además, las “condiciones productivas” que los hagan viables.
Solo así se logrará la esencia del Acuerdo con Fedegán, la integralidad, entendida como la acción articulada del Estado y la sociedad para proveer las condiciones que dignifiquen la vida del beneficiario y permitan consolidar una clase media rural que amojone el camino hacia la paz.
Negociación con el ELN
¿Sobre su papel en el proceso de paz con el ELN, en qué consiste la propuesta de emprender un “piloto de paz”?
El segundo ciclo dejó una agenda acotada y avanzado el punto de la “participación de la sociedad en la construcción de paz”. Sin embargo, considero que la prioridad debe centrarse en los “elementos transformadores” para cumplirle a la Colombia rural que soporta el peso de la violencia.
Mi propuesta es emprender un “piloto de paz” en una región golpeada por pobreza e ilegalidad, a partir de la participación que convoque a actores sociales y oriente una gran Brigada de Acción Integral del Estado y la sociedad civil, que produzca transformaciones “medibles” en empleo, escolaridad, salud, etc., y en reducción de homicidios, extorsión, área sembrada, etc.
A partir de ese mensaje de sí se puede, replicar el piloto requerirá una “gobernanza rural”, es decir, una acción diferenciada del Estado en una realidad diferente, que propicie progreso y oportunidades para acabar con la ilegalidad y la violencia.
Por ejemplo, podemos ir al Catatumbo y allá unos grupos empresariales le hacen una apuesta a la paz. Dicen: vamos a generar una dinámica de agroindustria, vamos a ofrecerle a los cocaleros que se vinculen no solo como productores de palma o de cualquier producto, sino también estén en los frutos de la trasformación de ese producto, es decir que pasen a ser un actor. Vaya usted a saber si en ese momento el propio Ejército de Liberación Nacional llega a un convencimiento y se da cuenta que no se necesitan las armas para la transformación.
¿Es optimista frente a la cultura de participación de la sociedad para alcanzar la verdadera paz?
Los colombianos perdimos la cultura de participación tras décadas de violencia y degradación del talante moral del país por el narcotráfico y la corrupción política. La perdimos en algo esencial como la paz, porque desconfiamos de los resultados de participar. Perdimos la esperanza de paz, porque ninguna generación viva en Colombia la ha conocido.
El reto es pasar a una democracia más participativa, que no se agote en el sufragio, pero que no pretenda suplantar al Estado. Debemos recuperar la cultura de “co…laborar”, trabajar juntos por el bien común, una causa en la que los ministerios de Educación y Cultura deberían ser uno solo, y la mesa de negociaciones un verdadero piloto para concertar acciones transformadoras en las regiones.
Y después del cierre del ciclo en México, ¿considera que el proceso va bien?
Principio tienen las cosas. Hay una agenda que acotamos, que le incorporamos unos elementos. Yo sí creo que hay que avanzar en la agenda y en el curso de los meses muy seguramente podré decir con honestidad si esto va bien o no.
Por lo pronto sí hay una agenda acotada, por lo pronto hay una disposición, incluso el Gobierno, en México estuvo el ministro de Justicia, estuvo la vicepresidenta. Hay interés en que eso salga bien, yo le apuesto a que eso salga bien.
Recientemente usted se refirió a sus dos anhelos con respecto a estos diálogos con el ELN: paz política y acuerdo sobre lo fundamental.
Este proceso debe salir bien, muy bien para que haya dos cosas: una, paz política; y dos, un gran Acuerdo nacional. Ese Acuerdo nacional no solamente es con unos actores armados. No. Es con quienes también cumplimos la ley, con quienes hacen política todos los días en democracia. Aquí todos tenemos que caber para que hablemos el mismo lenguaje.
Cuando a mí Iván Cepeda me mandó un WhatsApp, entendí que uno tenía que de alguna manera sentarse con quienes habían sido justamente aquellos que estaban del otro lado del río, y mire cómo voy, bien. Yo no he tenido con ellos ninguna desavenencia, por el contrario, he participado y activamente. Les ha gustado mi participación, por consiguiente, yo creo que aquí hay que lograr una paz política.
Respuesta a de la Calle
Sobre su respuesta al exjefe negociador con las FARC, Humberto de la Calle, ¿vale la pena seguir mirando por el espejo retrovisor?
Prefiero mirar hacia delante y apostarle a que las negociaciones con el ELN tienen que salir bien. Nadie está dividiendo ahora el país entre amigos y enemigos de la paz; paz utilizada como bandera política en 2014 para ganar la reelección.
¿Está de acuerdo con implementar lo que se vaya acordando?
Las FARC exigieron la Reforma Rural como primer punto, porque necesitaban mostrar algo en el papel. El ELN exigió debatir primero la participación de la sociedad en la construcción de paz, porque, al parecer, quieren mostrar resultados tempranos en la vida de la gente en las regiones, porque toda la gente, no solo las víctimas, es el objeto de la paz. De ahí el interés, que comparto, en implementar lo que se vaya acordando.
¿Considera usted que en esta oportunidad no hay señalamientos como “enemigos” o “amigos” de la paz?
Mientras el proceso con las FARC estuvo marcado por la descalificación de medio país y la guerra política, el actual debe convocar a los partidos para lograr primero algo esencial: Paz política, como lo mencioné hace un momento y como requisito para el Gran Acuerdo sobre lo fundamental, y lo fundamental es la paz.
Entonces, ¿“recogerá el guante” cada vez que Humberto de la Calle le lance un dardo en el desarrollo de esos diálogos con el ELN?
Invito al doctor de la Calle a aportar su conocimiento y experiencia, a seguir haciendo comentarios para mostrar caminos y señalar peligros. Lo invito a que miremos hacia delante.
https://apnnoticias.com/, 21 de marzo de 2023.
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20. Denuncian llegada de presuntos colectivos venezolanos en Cali
En el barrio de Siloé en Cali, denuncian la llegada de colectivos venezolanos denominados “Capellanes por los derechos humanos”. Ha sorprendido a la gente de la zona que no entienden su presencia ni lo que hacen.
Lo que saben es que son una organización nacida en el régimen chavista en 2015 en Venezuela en el seno de la Asamblea Nacional de Venezuela y dice que: “Nuestra misión fundamental es la promoción y defensa de los derechos humanos a través de la educación focalizando nuestros proyectos en otros ámbitos necesarios, con lo es la construcción y mantenimiento de infraestructuras sociales a través de la sanidad espiritual, mental y emocional”.
Se desconoce la financiación del grupo en Cali, única ciudad en donde denuncian su presencia.
Esta organización hace presencia en paises como Venezuela, Haiti, Bolivia, Argentina y Ecuador principalmente.
En la página web dicen financiarse con donaciones.
https://ifmnoticias.com/, Medellín, 20 de marzo de 2023.
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21. Insólito: presunto integrante del Clan del Golfo, capturado por el Ejército, tenía escolta de la UNP
El sujeto fue capturado en Villavicencio por el delito de extorsión. El detenido quedó en manos de la Fiscalía.
https://www.semana.com/, Bogotá, 19 de marzo de 2023.
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C. Más y más enredos de la familia presidencial
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1. Atención | Nicolás Petro ya está siendo investigado por lavado de activos, dice el fiscal Francisco Barbosa
2. El concuñado problemático del presidente Petro tuvo más de un nexo con Alex Saab
3. Revelan más evidencias de la supuesta relación de Carlos Gutiérrez, concuñado de Gustavo Petro, con Álex Saab y sus cuestionados negocios. Esta es la historia
4. José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, admite que se reunió con Nicolás Petro en su despacho, ¿de qué hablaron?
5. ¿Proyecto de reforma política podría beneficiar a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente?
6. Máximo Noriega, el padrino político de Nicolás Petro que dejó enredo en la Alcaldía de Bogotá y ahora busca Gobernación del Atlántico
7. Atención: amenazaron a Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro. La Fiscalía investiga
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1. Atención | Nicolás Petro ya está siendo investigado por lavado de activos, dice el fiscal Francisco Barbosa
El fiscal general se refirió al escándalo que tiene la atención del país: la presunta corrupción del hijo del presidente, quien además habría recibido cientos de millones de personajes cuestionados como Santa Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro.
https://www.semana.com/, Bogotá, 21 de marzo de 2023.
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2. El concuñado problemático del presidente Petro tuvo más de un nexo con Alex Saab
Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
Un escándalo familiar sacude por estos días al gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Uno de los hijos del presidente, Nicolás Petro, ha sido acusado por su expareja de recibir dineros de narcotraficantes durante la campaña electoral que finalmente llevó al exguerrillero y exalcalde de Bogotá a la Casa de Nariño. El caso ya está en manos de la Fiscalía colombiana, pero ese no es el único lío familiar que persigue al hoy presidente de Colombia.
Como una sombra que aparece y desaparece, su concuñado, Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, es otro pariente problemático que lo ha obligado varias veces a dar explicaciones.
Nacido en Zipaquirá, un municipio del altiplano a las afueras de Bogotá, hijo del llamado Zar de la papa y veterinario de profesión, Carlos Gutiérrez es un empresario de la ganadería casado con María Teresa Alcocer García, hermana de la Primera Dama de Colombia, Verónica Alcocer García. Del apetito por el poder político de esta última se especula mucho en la prensa colombiana.
El de Gutiérrez Robayo no es un nombre nuevo para la prensa venezolana. En su parábola empresarial destaca un punto tangente, ya dado a conocer, con los negocios en Venezuela de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los contratistas predilectos de Nicolás Maduro durante más de una década, investigados en varias jurisdicciones por lavado de dinero y, en el caso de Saab, aún espera juicio en un tribunal de Florida, en Estados Unidos.
“A Carlos [Gutiérrez] lo conocí hace un par de años: una persona muy inteligente. Me planteó una sociedad que finalmente no pudimos hacer”, reconoció Alex Saab al diario El Tiempo de Bogotá en agosto de 2017, cuando todavía el barranquillero negaba su participación en los millonarios contratos del suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Negaba, incluso, conocer al propio Maduro, su principal benefactor y quien sorpresivamente lo empezó a reclamar como su “diplomático” tras su detención en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, de donde fue extraditado en octubre de 2021.
Aquel negocio al que se refería Saab en una de las pocas veces que declaró a medios de comunicación fue el de Trenaco, la desconocida petrolera registrada en Suiza y Colombia que recibió en 2015 un contrato de la estatal Pdvsa por 4.500 millones de dólares, y en la que Carlos Gutiérrez Robayo figuraba como Presidente, tal y como demostraron documentos de la filtración Panama Papers.
“Yo no tenía la capacidad financiera para hacer esa inversión”, detalló Saab en esa misma entrevista para justificar el fallido negocio petrolero y del cual Pdvsa nunca ofreció explicaciones. Aunque la relación entre Gutiérrez y Saab también se creía disuelta con el fracaso de Trenaco, ahora nuevos documentos confirman que no hubo un deslinde y que aquella no fue la única sociedad con la que intentaron sacar provecho de una Venezuela en pleno derrumbe económico.
Cazando rebajas en Venezuela
En 2018, año en el que Gustavo Petro perdió contra Iván Duque su primer intento por alcanzar la Casa de Nariño, y el mismo en que Maduro cedió a Saab el control de commodities venezolanos como el oro, el carbón o la madera bajo la fachada de compañías turcas, Carlos Gutiérrez participó en esa compleja estructura societaria tejida en diversas jurisdicciones representando los intereses de Saab y Pulido, pero también intentando él mismo quedarse con algunas de esas materias primas a precios favorables a través de sus empresas.
Como una secuencia previamente calculada, entre julio y agosto de 2018, Alex Saab a través de Glenmore Proje Insaat y Marilyns Proje Yatirim, compañías registradas en Turquía pero controladas por varios de sus operadores, se aseguró el control de las estatales Maderas del Orinoco, Carbones del Zulia y la Compañía General de Minería de Venezuela bajo la figura de tres “empresas mixtas” Mavetur, Carboturven y Mibiturven, respectivamente.
Pocas semanas después, el 17 de septiembre de 2018, a Maderas del Orinoco, ya bajo la égida de Alex Saab, y Mavetur, llegó una “carta de intención” de la compañía colombiana C.I Global Multi Commodities (Glomco) para comprar la madera de Uverito, la extensa explanada al sur del estado Monagas, colindante con las riberas del Orinoco, donde durante décadas se sembró un bosque de casi 600.000 hectáreas de pino caribe pero que hoy no sobrepasa las 200.000 hectáreas, según estimaciones de ambientalistas y de trabajadores de Maderas del Orinoco.
Glomco no era un comprador cualquiera. Desde su nacimiento en diciembre de 2017, pocos meses antes de la negociación con Maderas del Orinoco, y al menos hasta finales de 2019, el único accionista de Glomco era Fema Reforestaciones, una compañía que desde su creación en 2008 ha intercambiado como accionistas a Carlos Gutiérrez Robayo, su esposa y sus hijos menores de edad. O, a la luz actual de sus parentescos: el concuñado, la cuñada y los sobrinos del presidente de Colombia.
En su objeto social inicial, Glomco apuntaba en su razón de ser al comercio de “metales ferrosos y no ferrosos en formas primarias”, la “comercialización y distribución al por mayor y al por menor de metales en general”, así como también el “desarrollo de la industria de la minería” para comercializar oro y plata. En su página web sí destacan los productos “maderables” como otra de las materias primas de su portafolio.
Por su parte, Fema Reforestaciones está ubicada en la hacienda La Primorosa de Zipaquirá, un municipio a las afueras de Bogotá, y que es la misma sede de CGR Biotecnología Reproductiva, la principal empresa ganadera de Carlos Gutiérrez. Zipaquirá es también la región donde Gustavo Petro se crió, terminó su primaria e hizo carrera política como concejal de ese municipio en la década de los 80 del siglo pasado. Y también allí Petro hizo amistad con el padre de Carlos Gutiérrez Robayo, como reconoció en julio de 2020, una de las veces que salió a desmarcarse de su concuñado.
Parte del ventajismo con que contó Carlos Gutiérrez Robayo se confirma no sólo porque la negociación ocurrió meses antes de que se formalizara en Gaceta Oficial la constitución de Mavetur, lo que ocurrió el 18 de febrero de 2019, sino que el propio Gutiérrez, amparado bajo el seudónimo de un tal Alberto Fernández, según relatan trabajadores de Maderas del Orinoco, visitó en septiembre de ese 2018 los complejos madereros al oriente del país en representación de los supuestos “inversionistas turcos” que, en realidad, eran operadores de Alex Saab y Álvaro Pulido.
De acuerdo a los documentos, Glomco envió varias órdenes de compra a las oficinas de Madera del Orinoco, el 1 de octubre de 2018, con la firma de Francisco Sierra Carreño como director de marketing de la compañía o CMO, por sus siglas en inglés. Allí la compañía ofertó 146 dólares por metro cúbico de madera de pino de Uverito, un precio por debajo de la cotización internacional, según la respuesta del entonces presidente de Maderas del Orinoco, José Pérez Guevara.
“Mi deber es informarle que su oferta comercial, [sic] está muy por debajo de los precios esperados en función a nuestra estructura de costo y estimación de precios del mercado mundial de los commodities forestales de la especie pino”, se lee en la carta enviada a Glomco. En el texto se invitaba a la compañía controlada por Carlos Gutiérrez a “presentar su mejor oferta”, algo que nunca ocurrió.
“Cuando los colombianos llegaron querían que la madera se le vendiera a Glomco por debajo del precio de mercado”, relata una de las fuentes que prefiere el anonimato.
David Lascano Correa, directivo de la compañía desde su creación y uno de los propietarios desde finales de 2019, se mostró desconcertado ante las consultas para este reportaje. Pese a las evidencias, Lascano sostiene que Carlos Gutiérrez “no tiene nada que ver con Glomco”, que las ofertas de compra enviadas a Mavetur se iniciaron a “mediados de 2019” y que la adquisición de la compañía se negoció con María Alcocer, la esposa de Carlos Gutiérrez y cuñada de Gustavo Petro.
“María Teresa (Alcocer) no quería la compañía porque no daba lo que esperaba, por eso la quería vender y entramos a comprarla”, respondió Lascano vía WhatsApp. Admitió “estar alarmado” y no descartó acciones legales contra “quienes se hayan hecho pasar por Glomco”.
La representante legal de Fema Reforestaciones, Claudia Zambrano, no contestó a la solicitud de una versión para este reportaje, así como tampoco a la petición de entrevista con Carlos Gutiérrez Robayo.
De lejitos con el concuñado
Pese a que el comercio de la madera no se concretó, Carlos Gutiérrez siguió tras otros commodities venezolanos, especialmente los de la minería.
Los papeles obtenidos para este reportaje, así como el testimonio de las fuentes, coinciden en que aún en 2019 Gutiérrez despachaba desde las oficinas del tándem colombiano en el Centro Galipán, un edificio de oficinas del este de Caracas, y que ordenaba negociaciones con varias de las sociedades que Alex Saab y Álvaro Pulido registraron en Turquía y Emiratos Árabes Unidos, entre otras jurisdicciones.
“Además de Mavetur, él estuvo con las actividades del oro en Mibiturven, compras de fertilizantes, chatarra y hasta producciones agropecuarias en Venezuela”, detalla otra de las fuentes consultadas, que también confirma que en muchas ocasiones Gutiérrez usaba el seudónimo de Alberto Fernández y mantenía contactos con funcionarios del alto gobierno, como Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, siempre se ha desligado de los negocios de su concuñado. “Si ese señor se casó con una persona que es mi cuñada, ese tipo de relación no es familiar, concuñado no es ningún parentesco registrado en la ley colombiana”, expresó el 22 de julio de 2020, siendo aún senador y en respuesta a una publicación del medio digital Cuestión Pública, en el que mostraban que Carlos Gutiérrez Robayo y varias de sus empresas aportaron dinero a algunas de las campañas electorales de Petro al Senado y a la Alcaldía de Bogotá.
Pocos días después, el 30 de julio de 2020, cuando las repercusiones de la detención de Alex Saab también se sentían en Colombia, Petro publicó un tuit en el que reconocía haber sido amigo del padre de Carlos Gutiérrez Robayo desde su juventud en Zipaquirá. Allí mostraba, además, a Gutiérrez en un video en el que se le veía manifestado su apoyo por Iván Duque en la campaña presidencial de 2018.
“Este es Carlos Gutierrez Robayo, con quien me sindican falsamente de vínculos con [Alex] Saab y otros. Esta es su militancia política. Con Carlos Gutiérrez no tengo vínculo de parentesco. Fui amigo de su papá, concejal conservador de Zipaquirá y gran agricultor de la papa”, tuiteó Petro.
Pero seis años antes, y cuando Petro era el alcalde de Bogotá, revelaciones periodísticas mostraron que Carlos Gutiérrez Robayo, su esposa -la cuñada de Petro-, María Alcocer, y Juan Carlos Alcocer García, también cuñado, se beneficiaron en la construcción de unos desarrollos inmobiliarios en una zona que requería licencias ambientales de la Alcaldía de Bogotá.
En esa oportunidad, Petro también se desmarcó y manifestó su impedimento ante el Procurador General de Colombia para resolver la situación en vista del evidente conflicto de interés. “Con dicha actuación el mandatario distrital pretende, en aras de la transparencia, separarse de cualquier injerencia en las competencias de las autoridades distritales a las que les corresponde efectuar el control urbanístico”, declaró el entonces alcalde de la capital colombiana en un comunicado.
Fue también con un comunicado del pasado 2 de marzo cuando el ahora presidente de Colombia se desmarcó del escándalo reciente provocado por las actuaciones de uno de sus hijos. “Le pido al Fiscal General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”.
Pero con Carlos Gutiérrez Robayo el asunto todavía no llega a la Fiscalía de Colombia.
https://armando.info/, Caracas, Venezuela, 19 de marzo de 2023.
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3. Revelan más evidencias de la supuesta relación de Carlos Gutiérrez, concuñado de Gustavo Petro, con Álex Saab y sus cuestionados negocios. Esta es la historia
Otro familiar del presidente colombiano es salpicado en un presunto escándalo de corrupción, esta vez con recursos naturales venezolanos de por medio.
https://www.semana.com/, Bogotá, 19 de marzo de 2023.
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4. José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, admite que se reunió con Nicolás Petro en su despacho, ¿de qué hablaron?
De acuerdo con el jefe de la cartera, solo sostuvo un encuentro con el hijo del presidente.
https://www.semana.com/, Bogotá, 21 de marzo de 2023.
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5. ¿Proyecto de reforma política podría beneficiar a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente?
En el Congreso denuncian que Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, podría verse beneficiado por la reforma política que llevó el Gobierno al Legislativo.
El ruido en torno a la situación de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, se mantiene latente después de que salió a la luz pública el escándalo que lo empaña sobre la presunta recepción de dineros ilegales que supuestamente iban dirigidos para la campaña presidencial de su papá.
En medio de esa polémica, por la que el presidente Petro pidió a la Fiscalía que investiguen a su primogénito, desde el Congreso surgió una denuncia que señala que el hijo del jefe de Estado podría verse beneficiado de la reforma política del Gobierno .
Así lo dijo el senador Carlos Fernando Motoa, del partido opositor Cambio Radical, quien dijo que uno de los principales proyectos que tramita el Gobierno en el Congreso podría tenderle una mano a Petro Burgos, el hijo diputado del presidente.
Motoa dialogó con Colprensa, donde se refirió en particular a las pretensiones de la Casa de Nariño con la reforma política y habló sobre lo que lo que le depararía a la Procuraduría General de la Nación , entidad que el Gobierno ha querido suprimir.
Al respecto, el senador de Cambio Radical defendió que la Corte Constitucional ya estableció unas condiciones en el ejercicio disciplinario de esa entidad con los servidores de elección popular, poderes que han provocado choques con el presidente Gustavo Petro.
“No le quitó la función, estableció el procedimiento de instrucción, de juzgamiento y luego la ratificación o no por parte de la jurisdicción administrativa , pero eso ya se pronunció, entonces para que llegó a una discusión de reforma constitucional”, dijo Motoa.
En esa línea, el congresista planteó que con las reformas que el Gobierno busca implementar a la Procuraduría, quitándole facultades en la reforma política se buscaría beneficiar a miembros del Pacto Histórico y en particular a Nicolás Petro Burgos.
“Eso genera alguna advertencia de que lo que pretende es generar un ambiente para evitar sanciones disciplinarias a los que están investigados dentro del Pacto Histórico incluyendo al hijo de Petro ”, dijo Motoa, quien agregó que el Gobierno pretende eliminar las funciones de la Procuraduría.
“¿Para qué se meten con eso en la reforma política si ya en la discusión en la primera vuelta lo habíamos eliminado y la Corte ya se pronunció?, entonces, ¿qué pretenden con ese artículo si ya la Corte se pronunció?, cuestionó el senador
En esa línea, Motoa agregó que quitarle funciones a la Procuraduría buscaría que haya “un beneficio directo, caso puntual de Nicolás Petro, del senador Álex Florez y de la representante a la Cámara por Antioquia, Susana Boreal ”.
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 20 de marzo de 2023.
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6. Máximo Noriega, el padrino político de Nicolás Petro que dejó enredo en la Alcaldía de Bogotá y ahora busca Gobernación del Atlántico
El dirigente, que pretende llegar a la Gobernación con la bendición del Pacto Histórico, fue sancionado durante su paso por la administración de Gustavo Petro. Lo acusan de clientelismo.
Justo cuando Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, amenaza con contar más detalles sobre las supuestas irregularidades que habría protagonizado su exmarido, crecen los cuestionamientos contra quien es considerado su mano derecha en la Costa Atlántica: Máximo Noriega.
El hoy aspirante a la Gobernación del Atlántico, quien cuenta con la bendición del Pacto Histórico y es petrista de vieja data, es ahora acusado por malos manejos durante su paso por el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC), justamente bajo la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá (2013-2015).
Según denunció Antonio Hernández, quien dirigió la entidad en tiempos de Enrique Peñalosa –es decir, tras el mandato de Petro–, el organismo estaba politizado y puesto al servicio de la politiquería por parte de Noriega.
El objetivo, alertó Hernández en diálogo con EL COLOMBIANO, era comenzar a aceitar la campaña de Petro para la Presidencia. De hecho, Noriega fue jefe de campaña de Nicolás Petro Burgos en 2019.
“Me dijo la gente de planta que se estaba usando el IDPAC para pagar favores políticos. Había muchas personas de origen costeño que, por supuesto no tiene nada de malo, sino que llegaban por un par de meses por contrato de prestación de servicios y no se sabía qué tareas tenían, ni se la pasaban en Bogotá”, explicó el exdirector precisando que detrás estaba la aparente pretensión de Petro por “aceitar la maquinaria política de la Costa” con miras a las elecciones presidenciales de 2018.
“La gente contaba que el director Noriega ni siquiera iba a su despacho. Se la pasaba en la Costa. Solo iba 1 o 2 días a Bogotá. Todo este era un tema de politiquería y clientelismo, más que delitos administrativos”, agregó Hernández quien, no obstante, negó que en ese entonces se hablara de alguna influencia del hijo de Petro.
Estas acusaciones se dan semanas después de que Máximo Noriega –quien promueve su campaña con el lema “Pacto es lo Máximo–, fuera señalado por Day Vásquez de ser quien recibió los $1.000 millones que un exnarco y un cuestionado empresario dio para la campaña del hoy Presidente en 2022. Se trata de recursos que, según la denuncia, se apropió Petro Burgos.
Más cuestionamientos
Antes de llegar al IDPAC, Noriega estuvo involucrado en otros líos durante su paso por la Alcaldía Petro. El dirigente fue gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) de Bogotá durante 10 meses, entre julio de 2014 y mayo de 2015. En ese tiempo fue sancionado por la Contraloría a pagar una multa de $212 millones debido a irregularidades en la compra de dispositivos para facilitar el reconocimiento biométrico por parte de la Policía. Sin embargo, el organismo determinó que esos equipos al final nunca se utilizaron.
Además, estuvo en la mira de entes de control por la compra de cámaras para la Policía que únicamente permitían monitorear situaciones en tiempo real, pero no guardar ni almacenar los archivos.
Pese a este desempeño, bajo la sombra además de lo ocurrido con Petro Burgos, Máximo Noriega espera llegar a la Gobernación. Entretanto, Day Vásquez advirtió en Twitter: “No ha pasado nada, ¡ahora es que va a pasar!”, dejando entrever que se vienen más señalamientos y detalles sobre corrupción en la Costa.
El caso Petro Burgos en la Fiscalía
Esta semana, en medio de la investigación que abrió en contra de Nicolás Petro por el supuesto ingreso de “dineros calientes” a la campaña de su padre, la Fiscalía anunció que le pidió los soportes de su pago de nómina como diputado del Atlántico. El ente investigador puso lupa a las finanzas del hijo del Presidente para indagar por los saldos y montos que manejaba.
Sin embargo, este diario pudo constatar, con base en los abogados de Petro, que el caso aún no ha sido asignado formalmente a un fiscal y que aún no han tenido mayores requerimientos o diligencias por parte del organismo.
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 18 de marzo de 2023.
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7. Atención: amenazaron a Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro. La Fiscalía investiga
La exesposa del hijo del presidente Gustavo Petro fue víctima de amenazas que llegaron a través de redes sociales.
https://www.semana.com/, Bogotá, 20 de marzo de 2023.
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D. Reformas petristas en dificultades
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1. ¿Por qué las cuentas de las reformas laboral y pensional de Petro no cuadran?
2. ‘Calculamos que el número de desempleados subiría a 5 millones’
3. Reforma laboral: el articulado propuesto por el Gobierno representa un desbalance en la relación empresa-trabajador
4. 'Estamos preocupados': Rappi habla sobre la nueva reforma laboral
5. Escasez de medicamentos: ¿capricho o mediocridad de la ministra Corcho?
6. Mentiras petristas sobre Colpensiones
7. Coacción sindical
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8. Por presunta escasez de medicamentos, Procuraduría abrió indagación previa a funcionarios del Ministerio de Salud y el Invima
9. Ministra Carolina Corcho anunció que se alista dura medida contra las EPS, ¿de qué se trata?
10. Atentos: 40 mil familias que pagaron la cuota inicial de su casa tienen la entrega enredada. Habla presidente de Camacol
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1. ¿Por qué las cuentas de las reformas laboral y pensional de Petro no cuadran?
Preocupa que Colpensiones colapse en el futuro y que la informalidad se dispare.
A Colombia le llegó la hora de discutir reformas a las que les hizo el quite durante años: la laboral y la pensional. El texto de la primera está listo y el jueves en la noche aterrizó en el Congreso, mientras de la segunda hay un borrador, y el miércoles iniciará su respectivo trámite en el Legislativo.
A la par que el presidente Gustavo Petro se le plantó a los críticos argumentando que quiere dignificar el trabajo y la vejez, centros económicos, expertos y gremios tienen serias dudas sobre la viabilidad y la sostenibilidad de ambos proyectos porque consideran que hoy suenan bien, pero a la vuelta de unos años dispararían la informalidad y el hueco pensional.
Para no enredar la pita, hay que empezar hablando de la reforma pensional, tal vez la más compleja técnicamente. Petro quiere un sistema de pilares, en el que todos coticen en Colpensiones sobre un monto de hasta tres salarios mínimo (el 88% de los trabajadores gana eso o menos). Y –para quienes devenguen más– el excedente irá a los fondos privados.
A ese pilar, que vendría siendo el contributivo, se le suman el solidario, en el que adultos mayores en pobreza extrema recibirán $223.000 al mes; o el semicontributivo, con el cual los colombianos que ahorraron, pero no se pudieron pensionar, tendrán una renta.
Para los expertos hay varias cosas interesantes: Colpensiones y los fondos ya no competirían entre sí, se ampliaría la cobertura del sistema y los $223.000 entregados a los adultos mayores son adecuados y más razonables que los $500.000 que propuso Petro en campaña.
El lío está en el pilar contributivo, la columna vertebral. Christian Chaura, gerente de la consultora Pensión ABC, indicó que aunque suena bien que todos aporten a Colpensiones, en 20 o 30 años habrá serias dificultades, porque con el acelerado envejecimiento de la población y una proporción menor de jóvenes cotizando, el Gobierno tendrá graves problemas para darles su mesada a los jubilados.
Aunque las cuentas son distintas dependiendo del color del cristal con que se miren, Fedesarrollo estima que el pilar contributivo propuesto podría disparar el hueco pensional, como porcentaje del PIB de Colombia, un 13,7%, en promedio (un poco más de $161 billones).
Incluso, en el pasado hubo quien se atrevió a explorar cómo le iría a este modelo que ahora propone el Gobierno, y casi todos los caminos llevan a lo mismo: en el corto plazo el pilar que administrará Colpensiones bajará sustancialmente el hueco pensional (hoy es de $18 billones), pero cerca del año 2050 en adelante será insostenible y se disparará.
Bomba de tiempo
¿Por qué pasaría esto? De acuerdo con Asofondos, mientras hoy hay 4,6 trabajadores por cada adulto mayor en Colombia, para 2050 la proporción se reducirá a 1,9, mientras que en 2100 sería de 1 a 1. Además, según MinSalud, dentro de tres décadas la esperanza de vida aumentará a 79,2 años, en promedio (hoy es de 76,9 años).
Como quien dice, la generación que hoy en día hace sus aportes puede hacer viable por dos o tres décadas el modelo propuesto en el que todos cotizan hasta por tres salarios mínimos en Colpensiones, pero cuando estas mismas personas lleguen a la edad de jubilación no correrían con la misma suerte y el Gobierno tendría que meterse cada vez más la mano al bolsillo para compensar la brecha.
Claro está, los analistas no solo han buscado los vacíos del proyecto sino que también lanzaron propuestas para que sea –en su concepto– viable. Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios económicos Anif, sugirió que el tope para trasladar el ahorro a Colpensiones sea de un salario mínimo, y no de tres.
De esta forma, explicó, el Gobierno evitaría tener que subsidiar las pensiones de un número de personas más amplio –y que tiene ingresos mayores– y además no impactaría el ahorro privado, que “ya es muy bajo en Colombia”.
En la misma línea de Anif, pero un poco más generoso, Fedesarrollo aconsejó bajar el limbo del pilar contributivo a 1,5 salarios mínimos. También, cambiar la fórmula para calcular la pensión, promediando los aportes de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años, y crear incentivos para que las personas evalúen jubilarse a una edad más alta y no a los 57 (mujeres) o 62 (hombres).
En todo caso, el trámite de la pensional en el Congreso tendrá varios retos, pues también hay dudas ya que –como está propuesta– quien haya aportado solo a Colpensiones podría aspirar a una mesada de máximo $2,7 millones (a valores de hoy), y no es claro el porqué el régimen de transición, es decir, personas que seguirán bajo el amparo de las normas actuales, se estableció para aquellos con al menos 1.000 semanas cotizadas.
Eso sí, hay que destacar otros puntos que generan consensos, como el aporte a pensión de hasta 2% más para las personas de mayores ingresos o la ventana para que los colombianos que no trabajan los 30 días del mes puedan cotizar por semanas.
División por la reforma laboral
Si la viabilidad de la reforma pensional genera dudas, de la laboral ni se diga. El revolcón en las normas que busca la iniciativa liderada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tiene pensativos a los comerciantes, los industriales y en general a las empresas que requieren un buen número de empleados temporales.
Como en el caso anterior, hay que recordar el contexto. La reforma laboral priorizará los contratos a término indefinido, eliminará los de prestación de servicios y permitirá que los de término fijo puedan firmarse hasta por dos años.
Además, propone la figura de “contratos de trabajo por la duración de una obra o labor” en los que el trabajador tendrá derecho al pago de vacaciones y prestaciones sociales. Estos deben hacerse por escrito o de lo contrario se entenderá que serán a término indefinido.
Se establece que el recargo nocturno arranca a las 6:00 p.m., los domingos y festivos generarán un recargo del 100% sobre el salario –hoy es del 75%– y la jornada semanal será de 48 horas, aunque para los más jóvenes tendrá menos. También cambian las reglas para indemnizar a empleados despedidos sin justa causa, y se propone que a quienes ganan hasta dos salarios mínimos les suba el pago anualmente con el IPC.
Todos asuntos que fueron celebrados por los sindicatos, por ejemplo, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que son deudas históricas que se tienen que subsanar. Aseguró, por ejemplo, que luego de las últimas tres reformas con las cuales los trabajadores han perdido muchos derechos, que ahora les están devolviendo, no sirvieron para mejorar los niveles de empleo ni reducir la informalidad, que incluso ha pasado del 55% al 58%.
Pero frente a todos estos cambios, Fenalco, gremio de los comerciantes, dibujó un difícil panorama. “Según cálculos propios, la reforma laboral podría elevar el desempleo entre 4,2 y 5,7 puntos. Esto significa que el número de desempleados pasaría de 3,4 millones de personas que registra el Dane, a alrededor de 4 millones en el mediano plazo”.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, criticó que tan solo algunos artículos, de los cerca de 80 que contiene el proyecto, fueron consensuados por las partes, e indicó que “el escenario final de acuerdo tripartita (centrales obreras, gremios y Gobierno) fue de tan solo tres horas, por lo que no se puede hablar de concertación”.
A ojos del gremio, la reforma está pensada para quienes hoy en día trabajan formalmente, porque gozarían de más beneficios, pero en cambio aumentaría la brecha de informalidad, en el sentido de que menos empresas privadas estarían interesadas en contratar personal bajo estas condiciones.
“Desde que se conoció el primer borrador el gremio manifestó que no comparte el enfoque integral del proyecto, toda vez que los cambios normativos propuestos no responden a las necesidades del 64% de la fuerza laboral del país que se encuentra en la búsqueda de empleo o está en la informalidad. La iniciativa deja por fuera a 2 de cada 3 colombianos que integran la población económicamente activa”, expresó.
A su turno, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, gremio de las mipymes colombianas, valoró que la reforma contemple algunas propuestas hechas desde esa orilla, pero mostró su inquietud sobre la afectación a los costos laborales que deben asumir las empresas.
Además, manifestó preocupación sobre los cambios en el contrato de aprendizaje, pues este recuperaría el carácter de “contrato laboral” que hoy no tiene. En ese orden, subrayó la importancia de que las nuevas reglas entren en vigencia gradualmente y no de golpe.
Frente a los reparos al proyecto, el presidente Petro fue claro. “Olvida ese análisis que, cuando se presentaron las diferentes reformas laborales, todas tendientes a reducir el salario y ampliar la jornada (...) hemos obtenido un resultado completamente adverso (...) ha sido la inestabilidad laboral la que no ha permitido el crecimiento de la productividad en Colombia”.
Entre tanto, la ministra Ramírez anotó que habrá garantías para el trabajo en plataformas digitales de reparto, y que el Gobierno también va por la formalización e industrialización del campo colombiano, el aumento de la licencia de paternidad a 12 semanas e igualdad salarial entre hombres y mujeres.
A su turno, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, gremio de las mipymes colombianas, valoró que la reforma contemple algunas propuestas hechas desde esa orilla, pero mostró su inquietud sobre la afectación a los costos laborales que deben asumir las empresas.
Además, manifestó preocupación sobre los cambios en el contrato de aprendizaje, pues este recuperaría el carácter de “contrato laboral” que hoy no tiene. En ese orden, subrayó la importancia de que las nuevas reglas entren en vigencia gradualmente y no de golpe.
Frente a los reparos al proyecto, el presidente Petro fue claro. “Olvida ese análisis que, cuando se presentaron las diferentes reformas laborales, todas tendientes a reducir el salario y ampliar la jornada (...) hemos obtenido un resultado completamente adverso (...) ha sido la inestabilidad laboral la que no ha permitido el crecimiento de la productividad en Colombia”.
Entre tanto, la ministra Ramírez anotó que habrá garantías para el trabajo en plataformas digitales de reparto, y que el Gobierno también va por la formalización e industrialización del campo colombiano, el aumento de la licencia de paternidad a 12 semanas e igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Reparos de la Andi
Un capítulo aparte son las advertencias de la Andi, gremio empresarial del país. Su presidente, Bruce Mac Master, mostró preocupación porque algunas medidas contempladas aumentarían el desempleo, en vez de generar condiciones para crear puestos de trabajo, formalidad y emprendimiento.
Aunque con el borrador de la reforma laboral que vio el lunes pasado Mac Master fue optimista, el jueves, cuando se radicó el articulado final, los ánimos cambiaron. “Debemos decir que, infortunadamente, en el texto que fue radicado algunas de las cosas que vimos en el borrador no están”.
Al igual que para los representantes de Fenalco y Acopi, su preocupación radica en los sobrecostos laborales que se generarían y en “imposiciones” que habría en aspectos como tercerización y que pondrían en jaque a las empresas más pequeñas.
Esto, en tanto la reforma indica que cuando se contrate o subcontrate la ejecución de obras o trabajos relativos a la actividad principal de una compañía, “los trabajadores del contratista o subcontratista tendrán los mismos derechos salariales y prestacionales que los de la empresa principal”.
Sin siquiera una sesión oficial en el Congreso, y con apenas días de conocerse, las reformas ya abrieron todo un debate que será trascendental para el futuro del país. En todo caso, los datos más importantes a tener en cuenta en la discusión son que más de la mitad de los colombianos trabajan en la informalidad; más de 3 millones están desempleados; y solo 3 de cada 10 logran pensionarse.
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 18 de marzo de 2023.
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2. ‘Calculamos que el número de desempleados subiría a 5 millones’
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dice que los empresarios no fueron escuchados.
El Congreso de la República tiene, desde el jueves de esta semana, la responsabilidad de sacar adelante la reforma laboral diseñada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y no serán pocas las presiones que tendrán los legisladores, sobre todo en medio de un ambiente electoral para elegir alcaldes y gobernadores.
Esa es una de las grandes preocupaciones de los empresarios, principalmente de los comerciantes, quienes temen que las bancadas del Congreso terminen definiendo una reforma más por intereses particulares que por aspectos económicos, técnicos y sociales.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, en entrevista con EL TIEMPO, se refirió a este y otros aspectos de la iniciativa, que de aprobarse tal y como está, podría generar un efecto contrario al objetivo que persigue de mejorar las condiciones laborales de millones de colombianos, según dijo.
¿Les gustó el proyecto que se llevó al Congreso?
Debo decir, primero, que los comerciantes participamos en unas mesas técnicas, pero no hubo una concertación real del proyecto y en ese sentido advertimos que esa iniciativa no va en el sentido de solucionar el problema de los más de 15,9 millones de desempleados e informales en Colombia. Está es direccionado a brindar mejores condiciones para esa minoría de colombianos que hoy gozan de estar dentro de la fuerza laboral del país y especialmente de aquellos que están sindicalizados, pero no resuelve los problemas estructurales del mercado laboral colombiano. Por el contrario, dificultará el acceso de esta población al mercado formal laboral del país.
¿Qué los hace pensar que eso será así?
Porque el corazón del proyecto de reforma apunta a incrementar de manera sustancial los costos laborales y de manera particular para el comercio, que hoy por hoy es el mayor generador de empleo en el país, pues uno de cada cuatro colombianos (25,6 por ciento) trabaja en cualquiera de las actividades de este sector.
¿De qué magnitud sería ese impacto de aprobarse el proyecto como está?
Con los ajustes de la jornada laboral, el incremento en la remuneración de los dominicales y festivos, entre otros, estamos hablando de unos extracostos de entre 14 y 20 por ciento adicional, según cálculos de Fedesarrollo, pero si a eso se le suma el 16 por ciento del incremento del salario mínimo este año, podríamos tener costos entre 30 y 35 por ciento. Ahora, nuestros cálculos apuntan que a mediano plazo, si la reforma se implementa como está el proyecto, podríamos pasar de 3,4 millones de desempleados a un nivel cercano a los 4,5 o 5 millones.
¿Siente que no fueron escuchados por el Gobierno en las reuniones previas?
Es que no fue una reunión de concertación sino una reunión tripartita entre sindicatos, Gobierno y gremios que duró tres horas, en la que se analizó el articulado y nuestro papel fue más bien de sensibilizar al Gobierno y a las centrales obreras sobre las implicaciones de lo que podría haber salido mucho peor. Lo que hicimos fue tratar de atajar una serie de artículos que podrían tener grandes implicaciones. Por ejemplo, el que se refería al incremento obligatorio de IPC a todos los salarios sin importar su monto al comienzo de cada año. Logramos que eso se aplicara solo hasta dos salarios mínimo, porque muchas empresas no habrían podido absorber ese impacto en sus costos. También se logró frenar el artículo que habilitaba el derecho a huelga por motivos políticos, económicos, ambientales o solidarios.
¿Qué destaca del proyecto como se presentó?
El tema de la estabilidad laboral reforzada, en la medida que tiene una protección importante en los trabajadores, hay algunos artículos que no compartimos de ese capítulo donde se le daba, por ejemplo, posibilidades de que cualquier trabajador por motivos familiares pudiera estar amparado en esa estabilidad laboral, pero desde el punto laboral de las mujeres en embarazo, de la protección de trabajadores que se vayan a pensionar pronto nos parece que puede haber un avance importante.
¿En qué cree que falla esta iniciativa?
En el enfoque integral. El régimen laboral y el Código Sustantivo del Trabajo son muy antiguos y rígidos y no dan cabida ni oportunidad, por ejemplo a las nuevas modalidades de negocios y a los emprendedores del país. Antes que buscar mayor rigideces en la contratación, lo que se debería plantear es una flexibilidad para contratar, por ejemplo, por horas con el reconocimiento de todas las prestaciones sociales de forma proporcional, pero ahora, por el contrario, en el capítulo de contratación de esta reforma se vuelve mucho más difícil hacer contratos a término definido y parcial, se vuelve mucho más difícil prescindir de empleados por justa causa porque se incrementan los costos.
¿Qué le piden al Congreso frente al proyecto?
Que haya una discusión objetiva y responsabilidad de los congresistas de escuchar a los gremios, la academia, los trabajadores y el país en general en audiencias públicas. Nos preocupa un poco que por motivos políticos las bancadas del Congreso terminen definiendo una reforma laboral mucho más por un interés particular, en un contexto electoral como el actual, que teniendo en cuenta los argumentos económicos, técnicos y sociales que hemos planteado.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 21 de marzo de 2023.
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3. Reforma laboral: el articulado propuesto por el Gobierno representa un desbalance en la relación empresa-trabajador
De acuerdo con la Cámara de Comercio Colombo Americana, el principal objetivo debe ser crear más oportunidades a través del empleo y emprendimiento, para lograr más ingresos para los colombianos. Como está el articulado habría perjuicio para el empleo y el tejido empresarial.
Desde diferentes instancias e instituciones se ha instado a que el proyecto de reforma laboral que presentó el Ministerio de Trabajo a consideración del Congreso de la República propicie un equilibrio en la relación entre trabajadores y empleadores mediante la disposición de normas que estimulen la generación de nuevos puestos de trabajo formal, garanticen la dinámica productiva y no encarezcan los costos laborales en detrimento del empleo y teniendo en cuenta el contexto económico y social que afronta el país. Generar las garantías para los trabajadores al tiempo que no se crean barreras para crear empleo
El llamado de la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham Colombia) fue hecho durante la reunión con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y los gremios y asociaciones empresariales del grupo Aliadas, en donde se advirtió del perjuicio que tendría para el empleo y el tejido empresarial colombiano la modificación del horario diurno para que finalice a las 6:00 p. m., el aumento en valor de los recargos nocturnos y festivos, las nuevas disposiciones relacionadas con los contratos de prestación de servicios y la obligatoriedad de convertir en contratos a término fijo los actuales contratos de aprendizaje.
En un país donde la informalidad llega a 58 % y donde las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 90 % de tejido empresarial y el 35 % del PIB nacional, es indispensable desarrollar políticas que contribuyan a incentivar la formalización y a dar herramientas para la generación de empleo, y no solo ver una cara de la moneda, originando un desequilibrio en relación trabajadores-empleados.
“Por supuesto hay que mejorar las condiciones de los empleados en los casos donde se afecta su buen desarrollo, sin embargo, estas acciones no pueden ir en contra de la estabilidad del empleo, la viabilidad de las empresas y la generación de ingresos”, añadió María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia.
Añadió que en el país el 80 % del crecimiento económico se da por el gasto de los hogares, éste por las inversiones, remesas y remuneración por el empleo, recursos que provienen principalmente por parte del tejido empresarial. “Si no fortalecemos e incentivamos a que más empresas sean formales y contribuyan a través de la creación de puestos de trabajo, estaremos impidiendo la viabilidad de quienes trabajan para impulsar al desarrollo nacional”, dijo.
Aumento en los costos de contratación
A juicio de AmCham Colombia el articulado propuesto por el Gobierno Nacional representa un desbalance en la relación empresa-trabajador, aumentando considerablemente los costos de contratación lo que conducirá a las empresas a revisar sus necesidades laborales para ajustarse a la normatividad propuesta lo que iría en detrimento de la estabilidad laboral.
En el encuentro con la ministra de Trabajo se advirtió que actualmente hay sectores económicos con alta incidencia en la generación de empleo como la seguridad privada, el comercio, gastronomía, turismo y entretenimiento, entre otros, que por su naturaleza prestan servicio en horario nocturno o fines de semana, los cuales tendrían que minimizar su capacidad laboral de aprobarse el cambio en la definición de la jornada de trabajo.
“La reducción horaria de la jornada diurna y el incremento en los recargos por trabajo dominicales y festivos generará un fuerte impacto en los valores de hora de trabajo y será inevitable repensar las jornadas y turnos de trabajo con los que las empresas gestionan sus actividades”, anotó Lacouture.
Expresó que desde Aliadas se propone que en los sectores que por su concepción deben adelantar su trabajo de manera ordinaria en jornadas que incluyen la noche, no como algo esporádico, sino que son de la esencia de su servicio o actividad, establecer una jornada laboral especial que por su naturaleza económica en jornada nocturna y de fines de semana, requiere de un tratamiento diferencial.
Esta excepción sería una garantía para la sostenibilidad de estos sectores importantes en la economía del país, como vigilancia, gastronomía y transporte, entre otros. También sería mecanismo real de generación de empleo formal, sin que los recargos nocturnos impliquen un castigo a los establecimientos que operan principalmente en los horarios y días de semana y desestimulen la formalidad laboral.
Contratos de aprendizaje
En relación con los contratos de aprendizaje, se señaló que el cambio en su naturaleza, convirtiéndolo en un contrato a término fijo más el cambio en la monetización terminará, siendo oneroso para los empleadores especialmente al encontrarse, hoy en día, con la falta de aprendices y pertinencia del conocimiento de estos para las necesidades del tejido empresarial.
Al respecto se indicó que hoy en día se observa que muchas empresas al contratar aprendices del SENA no encuentran en ellos compatibilidad y pertinencia en su capacitación con las necesidades del sector productivo, por lo que muchas empresas optan por la monetización impidiendo cumplir con la vinculación de estos aspirantes el mercado laboral. Esta realidad fue señalada por la Misión de Empleo.
“Urge, entonces, una reforma al SENA para que la formación que imparte a miles de jóvenes en todo el país esté acorde con las necesidades de las empresas productivas y de servicios y que el contrato de aprendizaje sea, en efecto, la oportunidad para que el joven tenga una primera experiencia laboral, con una remuneración justa y que al mismo tiempo contribuya al crecimiento de su empresa”, manifestó la presidenta ejecutiva de AmCham Colombia.
Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana también se alertó sobre los cambios en los procesos para la terminación de contratos de trabajo y procesos de indemnización cuando haya lugar, para que tengan límites y proporcionalidad al tiempo trabajado el pago de la respectiva indemnización y no un valor único sin contemplar la antigüedad del trabajador.
En lugar de reforzar la obligatoriedad de un contrato a término indefinido y limitar el uso de modalidades contractuales, en el proceso de discusión del proyecto de ley se pueden plantear modalidades más flexibles de vinculación de personal que les permita a las empresas ajustar las necesidades de contratación a las realidades de los mercados, especialmente en una economía que atraviesa un alto pico inflacionario e insumos con costos elevados. Esta flexibilización implica el acompañamiento de aportes y salario acorde al trabajo, sin que implique la precarización del empleo.
Sin reglas claras
La entidad cameral indicó que es relevante que las propuestas legislativas tengan también implícitos mensajes de seguridad y estabilidad jurídica para los inversionistas, ofrecer reglas claras y especialmente estímulos al empleo formal tanto en las zonas urbanas como rurales para combatir la informalidad laboral que hoy llega al 58 % de los trabajadores y en donde las micro, pequeñas y medianas empresas del sector privado son las más grandes empleadoras.
Los sobrecostos en la generación y/o mantenimiento del empleo no guardan relación con la condición del mercado laboral, pues las empresas hasta ahora están recuperándose de los impactos de la pandemia y están afectadas por la alta inflación y altas tasas de interés, entre otras variables.
“Las medidas propuestas tendrían un gran impacto económico e inclusive organizacional para los empleadores, quienes deberán asumir mayores cargas, trámites y costos en la gestión de su planta de personal. Se debe simplificar el sistema, no complicarlo y buscar que las empresas sean parte del proceso productivo con herramientas y acompañamiento gubernamental. Así mismo, representan riesgo para la inversión extranjera en la medida que se cambian reglas o se encarecen costos restando competitividad frente al mercado internacional”, sostuvo Lacouture.
AmCham Colombia invitó al Gobierno y al Congreso a enfocar la reforma laboral para buscar soluciones frente a la informalidad y al desempleo para lograr avanzar hacia un país más equitativo; a construir herramientas que no impidan el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
https://apnnoticias.com/, 21 de marzo de 2023.
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4. 'Estamos preocupados': Rappi habla sobre la nueva reforma laboral
La nueva propuesta del Gobierno Petro traería grandes cambios en las plataformas de domicilios.
¿Sabía que un rappitendero que trabaje durante 10 horas al día puede tener ingresos de hasta 800 mil pesos semanales? O por lo menos esto es lo que aseguró la empresa después de un encuentro realizado en Bogotá, en el cual se reunieron algunos altos cargos de la plataforma y varios repartidores, conocidos popularmente como 'Rappitenderos'.
De acuerdo con un artículo publicado por el medio Portafolio, este evento se llevó a cabo con el fin de poder socializar todos los problemas que los trabajadores han tenido con la plataforma y sus garantías laborales.
A pesar de que existen varias quejas relacionadas con la falta de afiliación a prestaciones sociales, así como algunos casos de discriminación por parte de algunos establecimientos, según el medio citado, la mayoría de los trabajadores informales afirmaron que este tipo de empleo les ha brindado la posibilidad de obtener un sustento. Incluso hay quienes han podido acceder a la educación superior gracias a esta labor.
Es aquí cuando entra precisamente la preocupación de Matias Laks, CEO de Rappi Colombia, quien aseguró que la nueva reforma laboral podría afectar de manera negativa las ganancias de los repartidores.
'Podrían perder varios beneficios''
De acuerdo con lo que Laks le dijo a Portafolio, una de las características más importantes que ofrece Rappi es la flexibilidad para conectarse en su trabajo, así como les da la posibilidad a los repartidores de generar "más de un salario mínimo en menos tiempo".
Aun así, esto se podría perder debido a las nuevas normativas propuestas por el Gobierno.
"El temor más fuerte que nosotros tenemos, que es más por los domiciliarios que por nosotros, es que ellos pierdan estos beneficios, por que si el día de mañana la reforma obligara a que sean empleados directos de cualquier plataforma, estarían disminuyendo sus ingresos”, declaró Laks.
Pero, ¿qué dice la reforma sobre las plataformas de entrega a domicilio? Según el proyecto que radicó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, los trabajadores deberán vincularse directamente con la empresa contratante y las plataformas de delivery deberán afiliarlos como empleados a la seguridad social. Esto, debido a que se encuentran dentro del apartado de plataformas digitales.
Así mismo, deberán informarle a los trabajadores y trabajadoras al final de cada mes el número de horas laboradas, incluyendo el tiempo en que estuvieron conectados a la plataforma, generar los reportes respectivos a las entidades recaudadoras de aportes y proporcionar información a los repartidores acerca de los métodos automatizados de supervisión utilizados para monitorear, supervisar y evaluar el desempeño del trabajo llevado a cabo por los dependientes.
Esto, también aplica de cierto modo a plataformas digitales como Didi, Uber, entre otras.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 17 de marzo de 2023.
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5. Escasez de medicamentos: ¿capricho o mediocridad de la ministra Corcho?
En el limbo están los pacientes de enfermedades crónicas, incluso, los que requieren tratamientos para el dolor con analgésicos, por la falta de medicamentos en el país.
Preocupante es la situación que enfrenta el país por la escasez de medicamentos. Son más de 1000 principios activos que no se encuentran ni en farmacias ni las EPS; lo que, sin duda, se convierte en un verdadero problema para quienes requieren medicinas para controlar enfermedades psiquiátricas, cáncer, VIH, diabetes, y tratar el dolor.
La situación que había sido anunciada por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, desde mediados del año pasado, aún no se ha controlado para asegurar un abastecimiento de los medicamentos.
Así mismo, lo había hecho la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, quien recordó que la entidad también había alertado sobre la situación
“Desde al año pasado venimos anunciando la escasez de más de 1200 principios activos indispensables para el tratamiento de pacientes que padecen enfermedades crónicas”, manifestó Cabello Blanco.
El Ministerio Público había oficiado al Ministerio de Salud y al Invima para que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar el suministro de medicamentos esenciales. Sin embargo, por la falta evidente de resultados, señaló que abrirá las investigaciones disciplinarias correspondientes.
Otras versiones
Entre tanto, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, también se pronunció sobre este difícil panorama, y señaló que alrededor de 25.000 trámites se encuentran represados en el Invima.
“No podemos saberlo con certeza porque desde septiembre el año pasado ha dejado de actualizar el número y la base de registros y de otros trámites pendientes que se han comprometido, desde cuando finalizamos el gobierno pasado”, manifestó el exministro de Salud.
Según Ruiz, quizás esta puede ser una de las razones por las que se registra la escasez de medicamentos.
“Es probable que muchos de los temas de escasez y abastecimiento de medicamentos que hemos estamos teniendo en el país estén relacionados con la cantidad de registros sanitarios que están pendientes de trámite y que lo está generando un embudo completo para el acceso a esos medicamentos que necesitamos en el país”, agregó
Pésima gestión de Corcho
La senadora Paloma Valencia denunció en su cuenta de Twitter que la ministra de Salud, Carolina Corcho, no estaría dejando entrar al país medicamentos.
“La ministra Corcho está rechazando medicamentos que están en escasez en Colombia para poder darle vuelo a su pésima idea de producir medicamentos estatales en alianza con la dictadura cubana”, escribió la senadora en un trino.
Denuncia que también confirmó el director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) Francisco Rossi.
“La ministra ha recibido la visita de comercializadores de medicamentos que con lista en mano nos dicen esto está desabastecido, se lo pongo en una semana en un contenedor en Bogotá a un precio mínimo; nos parece que esa es la única solución que no tiene sentido en un país como Colombia que quiere fortalecer la industrialización y está contando con todos los actores para resolver este problema”, señaló el director del Invima.
https://apnnoticias.com/, 21 de marzo de 2023.
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6. Mentiras petristas sobre Colpensiones
Julio César Iglesias (@IglesiasJulio87) twitteó este 20 de marzo de 2023:
“¿Será cierto, como han repetido @petrogustavo y @FranciaMarquezM que el problema de Colpensiones es que mucha gente cotiza al RAIS?
Falso. Al revés, Colpensiones ha venido siendo rescatada por el ahorro pensional acumulado en el RAIS.
Algunos datos para entenderlo
