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1. “¿Que más esclavitud que estar amarrado como un animal?”: víctimas de las extintas FARC

Les responden así a los exintegrantes del secretariado que rechazaron que la JEP los acusara de incurrir en castigos esclavizantes. Hablan exsecuestrados.

Antiguos miembros del secretariado de las FARC han rechazado que la JEP, basada en testimonios y pruebas, acuse a la extinta guerrilla de haber incurrido en tratos esclavizantes . Víctimas de secuestro como el general (r) Luis Mendieta aseguran que muchos de los secuestrados fueron sometidos a tratos inhumanos que encajan claramente en la esclavitud.

Por supuesto que considero que nos esclavizaron cometiendo este crimen de lesa humanidad, porque estuvimos encerrados en jaulas, donde había alambre de púas, mallas donde estábamos sometidos a tratos crueles, inhumanos, degradantes, a las torturas que ocasionaron cuando teníamos que cargar pesados morrales en ese transitar por la selva. También cuando nos obligaron bajo amenazas, con los fusiles apuntándonos, a que hiciéramos trincheras donde ellos se ocultaban cuando había bombardeos, cuando fuimos obligados a cavar huecos de basura

Los padres de Helmuth Angulo fueron secuestrados y asesinados en cautiverio por las FARC. Advierte que el trato que recibieron fue de esclavos. “En el caso de mi padre a él lo usaban para hacer talabartería, él ayudaba a los talabarteros de las FARC a hacer las cartucheras y cosas de cuero, entonces claro que esclavizaron. Es más, la esclavitud es el menor delito que hicieron ellos”, afirma.

Luis Eladio Pérez estuvo en poder de las FARC siete años. Esto dijo: “por supuesto que sí, empezando por el hecho mismo del secuestro. Ya de por sí es una forma de esclavitud que se agravaba con hechos tan visibles como habernos mantenido encadenados, por lo menos en mi caso casi seis años amarrado a los árboles. ¿Qué más esclavitud que estar amarrado como un animal?”.

Para algunos exsecuestrados, la actitud que están asumiendo exintegrantes del secretariado de las FARC, al negar la esclavitud a la que fueron sometidas muchas personas, es realmente cínica y de irrespeto hacia las víctimas.

https://noticias.caracoltv.com/, Bogotá, 08 de noviembre de 2021.

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2. Farc esclavizó a los secuestrados y deberá reconocerlo ante la JEP

Luego de acoger observaciones enviadas por la Procuraduría, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que la exguerrilla de las Farc, en forma de castigo, sometió a sus víctimas a esclavitud y trabajos forzosos de manera sistemática durante el conflicto armado.

La inclusión del concepto de esclavitud dentro de la jurisdicción especial fue dada a conocer este viernes por medio del Auto 244, el cual detalla que, por este hecho, los miembros del Secretariado de las Farc deberán reconocer ante la JEP que incurrieron en dichos crímenes de lesa humanidad dentro de su política de secuestro.

Por tanto, Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Felix Muñoz, alias Pastor Alape; Pablo Catatumbo; Milton de Jesús Toncel y Jaime Alberto Parra, en calidad de integrantes del Secretariado, podrían ser encontrados responsables de esclavizar a campesinos, militares, policías y demás personas.

Este punto sobre esclavitud hizo parte de las observaciones que a principios de año la Procuraduría le entregó a la JEP. Hasta ese momento, el Ministerio Público documentó cerca de 70 casos en los que los secuestrados fueron obligados a realizar trabajos forzosos como transportar guerrilleros o dedicarse a actividades agrícolas como castigo.

En respuesta a esta sugerencia, la JEP explicó que, en efecto, “las Farc cometieron otros crímenes de lesa humanidad de manera concurrente con las privaciones graves de la libertad”, es decir, trabajos forzosos y esclavitud.

De acuerdo con Jairo Acosta, procurador delegado ante el tribunal especial, la decisión que toma la JEP de avalar las sugerencias del Ministerio Público va en el camino correcto, ya que hay suficientes testimonios que comprueban que los trabajos forzados y esclavitud hicieron parte del actuar de las entonces Farc.

Y como estas situaciones que son violatorias según el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, la JEP decidió reconocerlas dentro del Caso 01, relacionado con el secuestro.

Política generalizada

La Sala de Reconocimiento de la JEP estableció que estos crímenes de guerra no solo se hicieron reiteradamente sino que formaron parte de un plan que utilizaron las Farc con los secuestrados en todo el país. No obstante, este no tuvo las mismas dinámicas en cada bloque guerrillero.

En el documento de 99 páginas –en poder de EL COLOMBIANO–, el tribunal de justicia transicional describió que, por ejemplo, el Bloque Sur (que operaba en lugares como Nariño, Cauca, Putumayo) forzó a los secuestrados a trabajar por no haberles pagado las sumas de dinero que les pedían.

Por el lado del Bloque Oriental, este los obligó a manejar canoas, carros y camiones para transportar heridos. Tanto así que una enfermera que trabajaba en el Hospital de Miraflores, Guaviare, fue llevada a la fuerza para que curara a combatientes en enfrentamientos.

Otros fueron los patrones en los bloques Caribe, Noroccidental, Occidental y Magdalena Medio, pues este último incluso obligaba a las mujeres a cocinar para las exFarc, y a los hombres a raspar coca durante su cautiverio.

Para la Sala, todo esto “sí hizo parte del ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil”, ya que la imposición de trabajos forzados por parte de comandantes de las Farc, sumada a los malos tratos, se derivan de la vulnerabilidad y sometimiento a los que estaban expuestas las víctimas.

Luis Eduardo Celis, analista experto en conflicto armado, cree que si la JEP considera que estos altos jefes de las Farc deben responder por ese crimen, ellos van a tener que hacerlo en las declaraciones que adelanten ante la justicia transicional.

Según él, los miembros del Secretariado están compareciendo, “y si les imputan eso tendrán que responder”. Lo que sigue es el debido proceso y las garantías.

Sin embargo, el anuncio no fue solo en esa vía. En la documentación que revisó durante este año, la JEP no encontró que la Procuraduría hubiera incluido información que permitiera concluir que las Farc incurrieron en la venta de secuestrados.

Lo que sí encontró es que la guerrilla entregó “comisiones” a grupos de delincuencia común que les llevaban secuestrados, “sin que ello tenga los elementos fácticos de una venta”.

Pero el auto presentado por la JEP este viernes no solo determinó la esclavitud como crimen de lesa humanidad dentro de esa jurisdicción.

Además, el Ministerio Público no fue el único que hizo pedidos. En efecto, la Comisión Colombiana de Juristas solicitó un análisis de por qué las Farc torturaban a las personas, ya que en el Auto 19 de 2021 no estaba explícito ese propósito. Esa petición fue desestimada, ya que la Sala encontró que sí se caracterizaron conductas respecto a ello.

¿Qué viene?

En cuanto al crimen de esclavitud, la JEP le dio al secretariado de las Farc 10 días –a partir de este 5 de noviembre– para que reconozca dicha conducta.

EL COLOMBIANO conoció que los jefes guerrilleros ya habían asumido –dentro del Auto 19– un delito similar llamado trato cruel, inhumano y degradante. Y como reconocieron ese, puede que bajo este concepto también lo hagan y siga en pie la audiencia de reconocimiento.

No obstante, otras posibilidades son que lo acepten pero sin la figura de “esclavitud”; o que no reconozcan responsabilidad alguna y pasen a la Unidad de Investigación y Acusación.

Las sanciones que salgan de todo esto son clave porque si la Corte Penal Internacional encuentra que la JEP no garantizó el derecho de las víctimas, podría activar su competencia en el país.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín 06 de noviembre de 2021.

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3. "Si no hacíamos determinadas actividades, Farc nos ejecutaba", General Luis Mendieta

Las Farc deben reconocer ante la JEP casos de esclavitud y trabajo forzado a secuestrados.

En los últimos días la Jurisdicción Espacial para la Paz (JEP) ordenó al Secretariado de las Farc, reconocer casos de esclavitud y trabajo forzado a los secuestrados. En contra posición, el actual Partido Comunes declara que, la entonces guerrilla, no fue una organización esclavista.

En entrevista con La FM, el General Luis Mendieta, víctima de secuestro de las Farc, dio detalles de su experiencia mientras estuvo privado de su libertad y aseguró que las acciones que tuvo que realizar sí estuvieron en el marco de la esclavitud.

"Mientras estuvimos en esa situación de secuestro estuvimos con cadenas, candados y enjaulados", narró Mendieta y lo comparó con los de la segunda guerra mundial.

El General además recordó las marchas extenuantes que tuvieron que realizar en medio de la selva, mientras cargaban sus elementos y los víveres.

"En la marcha de la muerte fueron varios meses caminando y donde sufrimos graves perturbaciones en nuestro estado físico", rememoró. "Nos obligaron a construir trincheras y durante todo el tiempo nos tocó hacer huecos para la basura y también donde hacíamos nuestras necesidades fisiológicas [...] Y si no hacíamos determinadas actividades, inmediatamente nos ejecutaban" continuó.

Asimismo, Mendieta mencionó la situación que vivían los niños y niñas que eran reclutados por esta guerrilla y que tenían tratos similares considerados por el general como esclavistas.

"Ellos cometieron todas estas clases de crímenes internacionales y por las que deben responder", aseguró.

El General concluyó: "por supuesto que son esclavistas y desde el comienzo hicimos esa observación de los crímenes nacionales e internacionales que estaban cometiendo [...] Yo no veo ninguna reparación, únicamente son eventos donde participan".

La determinación de la JEP se dio tras aceptar la petición de la Procuraduría General de la Nación en que se señala que dentro de políticas de secuestro de las Farc, obligaban a los secuestrados a realizar trabajos forzados.

https://www.lafm.com.co/, Bogotá, 09 de noviembre de 2021.

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4. CEJ respalda imputación de esclavitud al antiguo secretariado de las FARC

Teniendo en cuenta la reciente decisión adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—, con relación a imputar el delito de esclavitud al antiguo secretariado de las FARC-EP dentro del Caso 01, la Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ— manifiesta que apoya irrestrictamente esta determinación.

La CEJ recuerda que el propósito fundamental de la JEP, como se viene cumpliendo, es satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Teniendo en cuenta la evidencia de la decisión, apoyada en más de 70 testimonios que indican que los secuestrados habían sido sometidos a trabajos forzados y comercializados como meros objetos de canje, la CEJ solicitará ante la respectiva Sala que ratifique la decisión para cumplir con los objetivos de la justicia transicional.

La CEJ, como vocero legítimo de la sociedad y como centro de pensamiento líder en materia de justicia, estará radicando en las próximas horas un memorial a efectos de coadyuvar y respaldar enteramente la determinación oportunamente adoptada por la JEP y que fue propuesta por el Ministerio Público. De esta manera, se continuará con el cumplimiento armónico y complementario frente a crímenes que fueron objeto del superado examen preliminar de la Corte Penal Internacional, y así se seguirá implementando un modelo de justicia transicional reconocido y exaltado por la comunidad internacional.

Vea el comunicado aquí.

https://cej.org.co/, Bogotá, 08 de noviembre de 2021.

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5. JEP acoge concepto de la procuraduría: secretariado FARC debe reconocer casos de esclavitud o trabajo forzado en su política de secuestro

El Ministerio Público documentó más de 70 casos en los que las víctimas de secuestros fueron obligadas a realizar trabajos forzados

Evidenció que muchas personas fueron obligadas a transportar guerrilleros y a realizar actividades agrícolas como formas de castigo ilegítimo, entre otros.

Los comparecientes del caso 01 tendrán 10 días hábiles para reconocer esta conducta ante la Sala de Verdad.

Bogotá D.C, 5 de noviembre de 2021 (@PGN_COL). Al acoger el concepto de la Procuraduría General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló que las Farc – EP sí incurrieron en el crimen de lesa humanidad de esclavitud, y que en efecto acudieron a trabajos forzados como manera de castigo, lo cual además hacía parte de la política de secuestro que tenían implementada en el país.

Luego de aceptar las observaciones hechas por la Procuraduría al macrocaso 01 que trata sobre la ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP precisó que “_las Farc – EP cometieron otros crímenes de lesa humanidad de manera concurrente con las privaciones de la libertad”, tal como lo había argumentado el Ministerio Público.

En las observaciones al caso 01 de la Sala de Verdad, el órgano de control documento más de 70 casos en los que las víctimas de secuestros fueron obligadas a realizar trabajos forzados, siendo los más afectados por este fenómeno los campesinos y transportadores.

Durante su investigación, la Procuraduría encontró un patrón de conducta en los relatos de las víctimas, que le permitió evidenciar que muchas personas fueron obligadas a transportar guerrilleros y a realizar actividades agrícolas como formas de castigo ilegítimo, entre otros.

Así mismo, documentó varios casos en los que las víctimas fueron comercializadas entre la guerrilla y la delincuencia común, ejerciendo atributos de propiedad sobre las personas.

Estas conductas configuraron crímenes de lesa humanidad, por lo que los comparecientes del caso 01 tendrán 10 días hábiles para reconocer esta conducta ante la Sala de Verdad.

Esta es la primera vez que se imputa este tipo de actos como parte de un patrón generalizado y sistemático de ataques dirigidos en contra de la población civil, cometidos por parte de las FARC-EP.

https://www.procuraduria.gov.co/, Bogotá, 05 de noviembre de 2021.

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6. Exfarc reconocen haber asesinado a “campesinos inocentes” en San Pedro de Urabá

“Estoy aquí porque soy uno de los responsables de los hechos ocurridos el 25 de abril (de 2001) que condujeron a una masacre de personas inocentes en el corregimiento del Alto San Juan y la vereda La Rula (San Pedro de Urabá)”, reconoció el exguerrillero Guillermo León Chanci en un diálogo entre firmantes del Acuerdo de Paz de las Farc y víctimas de ese municipio antioqueño.

Excombatientes reconocieron ante sus víctimas, después de ocho meses de preparación para ese encuentro intercedido por la Comisión de la Verdad, que los agraviados por sus actos no fueron solo paramilitares, como lo habían sostenido hasta ahora.

“Fueron asesinadas personas que no tenían nada que ver con la acción que íbamos a realizar. Reconocemos que no eran paramilitares, eran campesinos que no tenían por qué haber pagado”, admitió León Chanci, también conocido con los alias de “Leonidas” o ‘Chupete’.

Además, el exguerrillero relató que en ningún momento recibió la orden de atacar, matar o desplazar población civil: “La acción era contra los paramilitares... Yo me dediqué a dirigir las tropas que estábamos peleando directamente con los paramilitares y no tuve la facultad ni la capacidad de controlar los otros grupos que estaban accionando alrededor”, justificó.

En el encuentro, “Leonidas” reconoció que fue uno de los responsables de los hechos ocurridos el 25 de abril del 2001 que resultaron en una masacre en el corregimiento del Alto San Juan y la vereda La Rula. Un tema sobre el que las FARC se habían mantenido en silencio durante estos veinte años.

“Reconozco no solo el asesinato de personas inocentes, incluyendo a un líder, el señor Santander Velázquez, sino las afectaciones a todo el municipio de San Pedro”, concluyó frente a las víctimas en el Encuentro por la Verdad, realizado por la Comisión de la Verdad el pasado 30 de septiembre.

En el reconocimiento de las afectaciones también se encontraba Jhoverman Sánchez, conocido con los alias de “Rubén Cano” o “Manteco”, quien además de admitir su responsabilidad en la masacre que resultó en un desplazamiento masivo de los habitantes de San Pedro de Urabá, aceptó que esta guerrilla impactó profundamente al municipio por sus incursiones armadas en el casco urbano y los señalamientos a la población de pertenecer o colaborar con grupos adversarios.

“En la masacre del 25 de abril de 2001 perdí a mi esposo Luis Gregorio Díaz. Lo cogieron en el camino al trabajo, lo amarraron y se lo llevaron para la escuela. Ahí lo encerraron con varias personas. A unas las soltaron y dejaron nueve personas a las que mataron. No tuvieron piedad de matarlo y dejar a una madre con cuatro niños huérfanos”, dijo por su parte Nelsy Burgos Peralta.

Tanto las víctimas como los firmantes de paz coincidieron en hacer un llamado a que San Pedro de Urabá sea reconocido como una víctima colectiva del conflicto armado. Señalaron que el territorio estuvo mucho tiempo sumido en el silencio, invisibilizado y que este proceso es una oportunidad no solo para que muchas víctimas sean reconocidas y reparadas, sino para que el territorio sea atendido como colectividad.

Actualmente San Pedro de Urabá tiene cerca de 32.600 habitantes. El acumulado de víctimas reconocidas de este municipio suma casi 33.700.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 09 de noviembre de 2021.

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7. Pelea entre el alcalde Quintero y los concejales por elección de la mesa directiva

La elección de la mesa directiva del Concejo de Medellín, que tendrá lugar este miércoles 10 de noviembre, sigue provocando choques entre algunos concejales y la administración. La última arremetida la lanzó Quintero vía Twitter a la 1:40 p.m. Dijo: “A esta hora en salón privado del restaurante Chuscalito los 8 concejales de Uribe reunidos con los concejales de Fajardo y la coalición de la Esperanza: Daniel Carvhalo, Daniel Duque cuadrando la Presidencia del Concejo”.

Ver el hilo de publicaciones de Daniel Quintero Alcalde de Medellín en Twitter

Según Quintero, la reunión tenía como fin crear una mayoría para elegir como presidente de la corporación a un miembro del Centro Democrático. Esto iría en contra del pacto previo, que establecía la presidencia de 2022 para un conservador. “La Alcaldía en el marco de la independencia del Concejo respetará la coalición del Centro Democrático y los concejales Daniel Carvhalo y Daniel Duque que han pactado entregar al Uribismo la presidencia del Concejo. Siempre supimos que trabajaban para ellos”, arremetió Quintero.

El concejal Daniel Carvalho, directamente citado en el trino del alcalde, le respondió con ironía: “Se escribe CARVALHO y pedí cazuela de frijoles”. Más allá de la disputa, Carvalho le confirmó a EL COLOMBIANO que, en efecto, sí se reunieron. Otra fuente le contó a este diario que el propio Quintero se había reunido ya con algunos concejales y que el tema había sido, precisamente, la conformación de la mesa directiva.

El trino del alcalde desató una serie de respuestas de sus contradictores. La congresista Paola Holguín trinó: “Hay alcaldes que se dedican a espiar, hostigar y presionar a concejales y detractores en vez de gobernar”.

La escogencia de la mesa directiva se ha enmarcado en medio de una tensión que ha ido creciendo. Según fuentes dentro de la corporación, las decisiones tomadas por el actual presidente, Jaime Cuartas, tendrían “reventada” a la coalición.

La molestia expresada por concejales a este diario apunta a varias razones, entre ellas, la forma como el equipo de gobierno de Quintero ha tratado al Concejo de la ciudad, con calificativos que van desde “sinvergüenzas” hasta “corruptos”, cuando no han votado las iniciativas tal como lo quiere la administración.

La confrontación del alcalde contra los concejales continuó. A las 3:19 de la tarde, publicó un video, al parecer grabado desde un carro, en el que se ve a los concejales Daniel Duque, Daniel Carvalho y Luis Bernardo Vélez, aparentemente en las afueras del restaurante mencionado por el alcalde.

El video iba acompañado del siguiente mensaje: “Lamentablemente me dicen que Luis Bernardo Vélez también hace parte del acuerdo de Chuscalito con el uribismo y la coalición de la esperanza. Les pido perdón por haber creído que era independiente”.

Luis Bernardo apoyó a Quintero en campaña, pero, en entrevista con EL COLOMBIANO el pasado 27 de octubre, aseguró que había creído en Quintero y que se arrepentía. “Lo que no es decente es que haya dicho que él era un proyecto independiente y no lo era porque llega comprometido con equipos políticos y hoy les está pagando esos apoyos”, dijo Vélez en el diálogo con este diario, al pedirles perdón a quienes creyendo en él habían votado por Quintero en las elecciones.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 09 de noviembre de 2021.

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8. (INVESTIGACIÓN) La historia oculta del cuestionable pasado de Diana Marcela Osorio, «la esposa del Alcalde»

Mucho se ha publicado sobre Diana Marcela Osorio, pero extrañamente pareciera que hay un vacío en su historia profesional que deja sin piso gran parte de su vida.

Poco a poco han ido saliendo a la luz evidencias de quien era en realidad la Gestora Social de Medellín, en su momento no solo se evidenció que el Coronel Germán Nelson Osorio era su padre, recordado por su vinculación al legendario caso de la monita retrechera, sino que además IFMNOTICIAS.COM dejó en evidencia la titularidad de costosos inmuebles en la zona de El Tablazo, municipio de Rionegro Antioquia a nombre de Diana Osorio y por donde «casualmente» muy cerca pasará una importante obra de infraestructura vial que le dará mas valor a esas tierras.

Pero tal vez el capítulo más cuestionable es su vinculación directa con el clan Housni Jaller de San Andrés.

Como se evidencia, la hoy Gestora Social, se presentaba como «Asesora» del congresista Jack Housni Jaller de San Andrés y era la encargada de desarrollar políticas para el mejoramiento de la isla, que finalmente terminaron en el mayor desfalco sufrido en la historia de esta parte del país. También se menciona en la publicación que Osorio Vanegas organizó y desarrolló la primera oficina de cooperación internacional de la Isla de San Andrés.

Hacen referencia además a su labor en la ciudad de Fayetteville, Arkansas, que involucró programas para asistencia a personas de más bajos recursos.

Recordemos que el expediente de Jack Housni Jaller estaba recogido en la Resolución de 70 páginas, con Radicado 110016099068 2018 00371 E.D que la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal, le notificó el 25 de febrero de 2019, momento para el cual ya no estaba Osorio Vanegas vinculada al mencionado personaje, pero los hechos objeto de investigación señalan que tuvieron ocurrencia en épocas en que la Gestora Social fungía como la «Asesora».

Ex congresista Jack Housni Jaller, el cerebro en la trama de corrupción del Coral Palace. Fue una estrategia de financiación de campañas políticas de candidatos del partido liberal

Es así que acusaciones de cuestionable financiación de campañas, lavado de activos, coimas e indebida adjudicación de contratos; hacen parte del mencionado dossier, recuerda la «coincidente» historia que, semana tras semana, se viene presentando en la actual administración del Alcalde Daniel Quintero, su esposo.

Los hechos sobre las irregularidades del exgobernador de San Andrés Islas fue reseñada por múltiples medios de comunicación como lo hizo en su momento El Colombiano cuando dio cuenta del pliego de cargos contra el exmandatario isleño.

Llama la atención que como lo dio a conocer el diario El Colombiano en su momento, Ronald Housni Jaller, hermano de Jack Hosni Jaller, habría contratado bajo la figura de» convenio de asociación», lo que recuerda a los convenios interadministrativos que vienen siendo usados una y otra vez en la actual administración, lo que lleva a preguntarse, ¿por qué tanta similitud en el modus operandi entre la administración Quintero Calle y la administración Housni Jaller?. No escapa dentro de las posibles respuestas que exista como factor común una personas y es solo DIANA MARCELA OSORIO VANEGAS la Gestora Social.

No es entonces extraño que con el pasar de los días, aumenta el número de voces que señalan a la Gestora Social como la verdadera mente maestra del entramado de corrupción de la Alcaldía de Medellín, quien para ocultar su pasado, según fuentes cercanas a IFMNOTICIAS.COM ha pretendido eliminar cualquier vinculación con el clan Housni Jaller que cuestione su carrera y ponga en peligro su incursión en la política.

Por lo pronto nada se le ha comprobado a la Esposa del Alcalde, pero sí se tejen mantos de duda que ya han llegado a entidades como la Fiscalía y la Procuraduría, en donde el nombre de Diana Marcela Osorio comienza a sonar sin que todavía exista vinculación a proceso alguno, pero del que reconocen fuentes de estas entidades, ya comienza a sonar y ser tenida en cuenta en las investigaciones que se desarrollan, tras varias denuncias recibidas.

https://ifmnoticias.com/, Medellín, 08 de noviembre de 2021.

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9. Corte inadmite denuncia de abogado de Álvaro Uribe contra Iván Cepeda

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió inadmitir la denuncia presentada por el abogado Víctor Mosquera, contra el senador Iván Cepeda, por presunta obstrucción, alteración y destrucción de material probatorio.

El abogado, quien es uno de los defensores del exsenador de Álvaro Uribe, sostenía que Cepeda habría eliminado chats y audios de conversaciones que sostuvo con Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en la investigación que se adelanta contra Uribe por presunto soborno y fraude procesal.

No obstante, para la Corte, el senador Cepeda no incurrió en ninguna conducta punible y aseguró que los hechos denunciados “son objetivamente atípicos”, y no configuran desde ese punto de vista ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio alguno, ni ninguna otra conducta punible de las establecidas en la parte especial del Código Penal”.

Además, la Sala aclaró, que no existe un deber de conservación de comunicaciones privadas, ya que esto implicaría el desconocimiento del derecho constitucional a la intimidad y que ni siquiera bajo el principio de solidaridad con la administración de la justicia sería coherente realizar esta exigencia, puesto que se incurriría en una injerencia arbitraria que desconoce el derecho constitucional.

“No es posible configurar un deber de conservación de las comunicaciones privadas sobre el que pueda estructurarse un tipo penal de destrucción de elemento material probatorio, en el caso en que estas comunicaciones ya no estén disponibles por la acción de quien las tenía en su poder. Hacerlo, incluso bajo el argumento del principio constitucional de solidaridad con las autoridades que administran justicia (...) es una injerencia arbitraria -y, por tanto, proscrita- en la esfera de la intimidad personal”, señala el fallo.

Asimismo, la jurisprudencia enfatizó en que las comunicaciones privadas se encuentran amparadas por los derechos fundamentales a la intimidad y a la inviolabilidad.

Al respecto, Iván Cepeda reiteró que, “enterado de unos hechos que podrían ser relevantes para la justicia, de manera inmediata, los puse en conocimiento de mi abogado y, por su intermedio, de la Corte Suprema de Justicia, por lo que de ninguna manera puede decirse que haya ocultado pruebas a la justicia, sino que por el contrario la entrega voluntaria y pronta de dicha información permitió que se iniciara la actuación judicial”.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 09 de noviembre de 2021.

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10. Primera Línea: Capturan a 13 integrantes en Bogotá y Medellín

Son señalados de cinco actos vandálicos en el occidente de la capital de la República durante las manifestaciones del Paro Nacional.

Trece personas que tendrían una vinculación con el autodenominado grupo de la Primera Línea fueron capturados en Bogotá y zonas aledañas. Las autoridades los señalan de participar en cinco actos vandálicos en el occidente de la capital de la República durante las manifestaciones que se adelantaron durante el Paro Nacional.

Los detenidos habrían convocado y participado activamente en daños a la infraestructura y ataques contra agentes de la Fuerza Pública en la localidad de Engativá. La Fiscalía General le solicitó a un juez de control de garantías que legalice los procedimientos de captura.

Tras esto, el ente investigador les imputará delitos relacionados con violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y lesiones personales. Igualmente, pedirá una medida de aseguramiento privativa de la libertad argumentando el riesgo que representan para la sociedad y la posibilidad de fuga.

Fuentes cercanas a la Fiscalía General señalaron que tras la revisión de videos de cámaras de seguridad, publicaciones en redes sociales y la recepción de testimonios se pudo realziar la individualización de las personas que, estando vinculadas a la Priemra Línea, habrían adelantado acciones vandálicas y promovido desordenes durante las manifestaciones.

Esto se suma a las cinco capturas realziadas la semana pasada en contra de integrantes de la Primera Línea de la localidad de Suba. En este caso, la Fiscalía General presentó su apelación en contra de la decisión de un juez de control de garantías de cobijarlos con detención domiciliaria.

Ver la publicación en Twitter del usuario @omen289866 en Twitter

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliecer Camacho, reveló las pruebas que existen en contra de estas personas que habrían ejecutado acciones contra los agentes del Esmad y quemado un bus del SITP.

El oficial señaló a un joven identificado como 'Z11' de liderar las acciones vandálicas. "Es una persona bastante radical es sus apreciaciones y cuando no le gusta lo que le está proponiendo, no se somete al diálogo y de inmediato se levanta de la mesa y sigue con sus actividades criminales ordenando las afectaciones'.

En medio de las manfiestaciones se habrían fabricado bombas molotov y otros artefactos con el fin de atacar a la fuerza pública. El oficial aseguró que estas personas agredieron a dos auxiliares de la Policía en la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba, cuando estos se dirigían hacia su lugar de residencia.

https://www.lafm.com.co/, Bogotá, 08 de noviembre de 2021.

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11. "Colombia no usa la palabra 'enemigo' para referirse a ningún país": Duque

El presidente Iván Duque se volvió a referir este martes a la polémica causada por las palabras del ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseveró en Israel que ese país y Colombia tienen "un enemigo común y es el caso de Irán y Hezbolá".

"Colombia no usa la palabra 'enemigos' para referirse a ningún país. No usamos la palabra 'enemigo' para hablar de ninguna nación. Somos una nación respetuosa del derecho internacional y nuestras posturas siempre han sido en el marco de éste", dijo a medios desde Israel el Mandatario.

Duque reiteró que el país tiene relaciones diplomáticas con Irán, "pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos diferencias en temas puntuales con ellos".

Al respecto, recalcó que Colombia hace parte por primera vez en 14 años del cuerpo directivo de gobernanza del Organismo Internacional de Energía Atómica.

"Colombia respalda el trabajo que vienen haciendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con Alemania, para exigir que en Irán no haya desarrollos de armamento nuclear, ni enriquecimiento de uranio, ni proliferación de arsenales nucleares", apuntó.

Y agregó: "Colombia respeta el tratado de no proliferación y siempre levantaremos nuestra voz en cualquiera de las instancias internacionales en contra de la proliferación de armas nucleares".

Reiteró que el país considera a Hezbolá un grupo terrorista, "y el terrorismo sí es un enemigo de Colombia".

El mandatario subrayó que alzará su voz contra los Estados que protegen, patrocinen o alimenten grupos terroristas.

"Eso lo que hemos hecho con la dictadura de Nicolás Maduro, porque sabemos que en ese territorio se ha protegido el desarrollo de actos criminales en contra de nuestro país".

Las palabras de Molano se dieron este lunes, en el marco de una reunión con el mandatario de Israel, Isaac Herzog, en el que el ministro expresó su preocupación por la presunta presencia del grupo terrorista Hezbolá en la frontera con Venezuela.

Varios sectores calificaron como un error las palabras del Mindefensa al recalcar que Colombia sostiene relaciones diplomáticas con Irán desde abril de 1975. Incluso, esta Nación tiene una embajada en Bogotá.

El presidente había evitado hacer referencia directa a la palabra 'enemigo', y solo se había limitado a recordar que "Colombia ha mantenido relaciones diplomáticas con Irán como las ha mantenido con otros países".

https://www.elpais.com.co/, Cali, 09 de noviembre de 2021.

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12. EEUU: “Nicaragua es una dictadura, carece de cualquier mandato democrático”

Ricardo Zúniga, secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, habló en una conferencia de prensa sobre la posibilidad de aumentar las sanciones al régimen de Ortega y sus colaboradores.

Lo dice Ricardo Zúniga, secretario adjunto principal, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, durante una conferencia de prensa en la que participó Infobae sobre las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua y la aprobación de la legislación Renacer. También proporcionó una actualización sobre la participación de Estados Unidos antes de la Asamblea General de la OEA del 10 al 12 de noviembre.

“Estos comicios no tienen credibilidad como un ejercicio democrático. No se puede decir que las personas supuestamente elegidas bajo ese proceso pueden ser consideradas como los líderes elegidos por los nicaragüenses. No s epuede negar que es una dictadura basada en el personalismo y en el poder familiar. Nadie se deja engañar por la farsa electoral”, apunta Zúniga. “Con estos resultados, Nicaragua se ha convertido en un reino completamente autocrático”.

Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue reelecto el domingo para un cuarto mandato consecutivo sin encontrar obstáculos en el camino: sus principales rivales están detenidos bajo cargos de “menoscabar la soberanía del país”.

El funcionario estadounidense dijo que un número inferior al 20% concurrió a las urnas, y que esa es una clara señal de que “el pueblo nicaragüense está privado de elecciones libres. Le dio la espalda y se ha quedado en su casa”.

“Los nicaragüenses quieren un futuro qué sólo les puede dar la democracia”, aclaró. “Y en Nicaragua viven en una república donde reina el miedo. El accionar represivo contra su propia población se intensificó este año, durante el cual el régimen encarceló opositores, provocó que cientos se exiliaran y cometió gravísimas violaciones a los derechos humanos”.

Con respecto a una pregunta de Infobae en referencia a los países como Argentina, Bolivia y Venezuela que avalaron o no condenaron el resultado electoral de Nicaragua, Zúniga dijo que “lo importante es pedirles a esos gobierno una explicación de ese voto. Yo creo que quedó muy claro por parte de muchas declaraciones de toda la región que o condenaron las acciones del día 7 o subrayaron que carecen de legitimidad o credibilidad”.

“Con la pantomima de elecciones que tuvo lugar el 7 de noviembre, Nicaragua ha pasado de ser una democracia frágil a convertirse en un régimen completamente autocrático”, advirtió.

La Organización de Estados Americanos (OEA) abrirá este miércoles su 51 Asamblea General. El escenario estará dominado por las cuestionadas elecciones de Nicaragua. Zúniga advirtió que allí se discutirá en profundidad la restauración de la democracia en el país y la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos. “En la OEA será muy importante que los otros países reconozcan lo que está pasando. No es una cuestión de ideología, sino de cumplir o no las leyes del país y de la base democrtática de los Estados de las Américas”.

“Esto no es un juego de ajedrez. No se puede jugar con las personas como si fueran piezas”, condenó el funcionario en referencia al régimen de Daniel Ortega, al que comparó con Anastasio Somoza, cuya dictadura combatió cuando era guerrillero: “Resulta paradójico que Ortega-Murillo estén estableciendo una dictadura dinástica al igual que lo hizo la dictadura de Somoza, que fue derrocada por los sandinistas hace 40 años”.

En cuanto a la posibilidad de aumentar las sanciones a Nicaragua, el funcionario aseguró que contemplarán las medidas en conjunto con la Unión Europea y Canadá en el contexto de la ley Renacer. Próximamente, el presidente estadounidense, Joe Biden, firmará la esta ley, por la que su Gobierno se compromete a ampliar las sanciones a Nicaragua.

La legislación Renacer (siglas en inglés de Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua) amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua. Además, aboga por la imposición de sanciones selectivas a responsables nicaragüenses y que estas se coordinen con el Gobierno de Canadá y la UE, además de pedir que se revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA).

“Aquí en Estados Unidos puedo asegurarles que seguimos evaluando medidas diplomáticas y económicas que contribuyan a que el gobierno de Ortega-Murillo rinda cuentas. Esto incluye imponer costos a los nicaragüenses que sean cómplices de los abusos”.

“Cualquier retroceso en la democracia es un asunto que nos afecta a todos”, subrayó Zúniga. “Debilita el consenso que ha existido por tantos años a favor de la democracia. Sabemos que inclusive en los países democráticos tienen problemas que resolver. Nosotros estamos apostando que la democracia es la mejor forma de atender a los problemas que afectan a los pueblos”.

Infobae también indagó sobre si Estados Unidos está analizando tomar alguna acción u observará las próximas elecciones regionales que se llevarán a cabo en Venezuela: “Infelizmente lo que podemos ver es que estamos hablando de ciertos actores que han quitado la capacidad de su pueblo de votar en elecciones libres creíbles, y confiables y lo importante es actuar como una región para asegurar que todos los países que se han comprometido a través de la Carta Democrática cumplan con esos requisitos”.

https://www.infobae.com/, 09 de noviembre de 2021.

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