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Cuando José Obdulio pierde los estribos
Por Eduardo Mackenzie
https://twitter.com/eduardomackenz1/status/1452667540325351432
El Expediente, Bogotá
https://elexpediente.co/cuando-jose-obdulio-pierde-los-estribos/
Periódico Debate, Bogotá
http://www.periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/31571-cuando-josé-obdulio-pierde-los-estribos/
La Linterna Azul, Bogotá
http://www.lalinternaazul.info/2021/10/26/cuando-jose-obdulio-pierde-los-estribos/
25 de octubre de 2021
La violenta diatriba lanzada por José Obdulio Gaviria en la revista Semana (1) contra la precandidata María Fernanda Cabal parece ser la revancha un poco desesperada del grupo que apoya al ex ministro Oscar Iván Zuluaga ante los mediocres resultados de éste en los debates del Centro Democrático.
José Obdulio hace votos por el triunfo de una candidatura como la de OIZ, que él describe como “sólida y más afín a la línea de comportamiento del gobierno de Iván Duque”. Obviamente, querer eso es discutible, asombroso, pero, al fin y al cabo, legítimo. José Obdulio tiene todo el derecho a pensar así. Lo que es inadmisible es que pretenda defender esa posición mediante insultos y mentiras contra otra precandidata y contra el mismo expresidente Álvaro Uribe.
En lugar de criticar seriamente los postulados de la senadora María Fernanda Cabal, José Obdulio opta por el divisionismo. El trata de abrir una brecha entre la brillante precandidata y el Centro Democrático. Ese método recuerda las marrullas de los partidos maoístas. José Obdulio gesticula ante Semana que la senadora es una “rueda libre” que es “escéptica frente a la bancada y no participa muy activamente en el debate interno”.
Lo que ocurre, en realidad, es lo contrario. Pocos aportan tanto al debate político nacional como María Fernanda Cabal. Y no solo ahora. En esta fase de la campaña ella dice lo que nadie se atreve a decir. Ella propone restablecer la doctrina de la seguridad democrática para restaurar la autoridad del Estado y luchar con éxito contra la subversión narco-comunista, contra los narco-carteles y el crimen organizado. Ella habla con claridad incomparable de ponerle fin a los usurpadores judiciales y a la dictadura de los jueces. No se cansa de preconizar el respaldo real del Estado y de la sociedad a las fuerzas militares y de policía, lo que incluye la efectiva protección jurídica, judicial y técnica de sus combatientes, hoy y mañana, sobre todo contra los montajes judiciales subversivos y la propaganda tóxica. Ella habla de la preeminencia de la Constitución colombiana sobre el derecho de tribunales extranjeros.
La precandidata Cabal sacó el verdadero balance de la violenta ofensiva armada de 50 días al final del año pasado, organizada por la trinca diabólica Petro/Farc/Eln, que trató de sitiar las ciudades y apoderarse del eje Cali-Buenaventura para estrangular la economía del país.
¿Cuál es el problema de José Obdulio con la senadora Cabal? Es uno: que él sabe que la precandidata es la verdadera, si no la única, alternativa que tiene Colombia, por su programa y determinación, para sacar al país del clima de resignación y de acatamiento del gobierno Duque ante el plan depredador de Santos/Farc, y de impunidad para las FARC, del llamado “acuerdo final”. OIZ, en cambio, propone cumplirle a las FARC y continuar dándole a ese pacto infame un valor constitucional.
El ex senador Gaviria le reprocha a la senadora Cabal sus críticas a la actitud negligente de algunos de la bancada parlamentaria uribista en la defensa del expresidente Uribe cuando las intrigas del bloque fariano lograron, con la complicidad de jueces progresistas, su detención domiciliaria.
Lo que le choca a José Obdulio es la atinada línea de María Fernanda Cabal, de “mano dura y sin dilaciones”, su compromiso democrático, soberanista y social. José Obdulio podría juzgar y hasta criticar esa orientación sin esconderse detrás del fácil recurso de la baja querella y de las acusaciones infundadas.
Esas gesticulaciones son un poco tardías. Las bases uribistas están movilizadas para impedir que la línea de la candidatura presidencial del CD, y de una amplia coalición de derecha, sea una copia o la continuación de la línea centrista que aplicó el gobierno de Iván Duque.
José Obdulio dice que el expresidente Uribe “está totalmente preso” por un proceso “que es evidentemente una pantomima”. Que Petro y sus comparsas van a mantener a Uribe “completamente distraído”. No creo que el expresidente acepte esa descripción. Ésta amalgama no sólo lo que hacen los adversarios del expresidente sino una presunta actitud de éste ante los desafíos del CD. Si Uribe sigue siendo víctima de jueces progresistas la pregunta que surge es: ¿qué hace Oscar Iván Zuluaga para ayudar al Uribe contra el juicio-pantomima? ¿Acaso Oscar Iván Zuluaga no dirige, desde hace más de un año, un “comité estratégico de defensa” del expresidente? ¿Qué ha logrado ese comité?
José Obdulio tampoco ve el alcance real de la crisis colombiana. El estima que un gobierno vacilante y regido por el acuerdo Santos/Farc sería viable. José Obdulio dice: “Podemos estar viviendo una situación idéntica a Perú”. Error. La situación de Colombia es mucho peor: Perú no tiene fronteras con Venezuela ni está al alcance de los aviones y misiles rusos y chinos de Maduro. Perú no tiene una fuerza criminal de ocupación como las FARC en sus distintas fracciones, ni tiene narco-bandas tipo ELN, cartel del Golfo, etc. Perú no es un paso de tránsito de migrantes cubanos y haitianos hacia Centroamérica como Colombia, ni sufre tan directamente el impacto del éxodo venezolano. Un gobierno de Gustavo Petro, valet del sátrapa Nicolas Maduro, sería mil veces más peligroso que el de Castillo en Perú. Sólo una presidente o un presidente con un programa de derecha razonable pero enérgico, alérgico a los pactos ambiguos, podrá sacar al país adelante. Lo demás es palabrería hueca.
(1).- https://www.semana.com/nacion/articulo/a-uribe-lo-tienen-distraido-de-la-politica-en-un-juicio-que-es-una-pantomima-jose-obdulio-gaviria/202137/
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Las redes, ¿licencia para matar?
Por Saúl Hernández Bolívar
@SaulHernandezB
25 de octubre de 2021
Más montaje el del gobierno mexicano que corrió a subir al asesino Granda en un avión y salió con la argucia de que la solicitud de extradición del Paraguay llegó tarde.
Mientras que en Estados Unidos le dedican otra calle al expresidente Álvaro Uribe, aquí los delincuentes no desaprovechan ocasión para zaherirlo, como ocurrió con un mensaje puesto en pantalla gigante en el parque Salitre Mágico, en Bogotá: «Uribe paraco», decía. Y las disculpas del Parque no son suficientes; esa pantalla tiene responsables y deben asumir las consecuencias. El despido es lo mínimo.
Y acostumbrados como estamos a que para Uribe se aplican otras normas, sorprende y agrada que un juez le haya negado una tutela al alcalde de Medellín, Quintero Calle, quejoso porque Uribe lo llamó «ladrón» en la red social Twitter. Para este juez, el expresidente sí tiene derecho a la libertad de expresión, además de resaltar un tema de reciprocidad, pues Quintero también atacó al exmandatario. ¿O será que a Uribe se le puede tratar de paraco pero él no puede decir ni mu?
Tal vez, todos debiéramos concientizarnos de que no se puede ir por ahí garrapateando o vociferando lo que se nos venga en gana. La semana anterior le impusieron más de ocho años de cárcel a un abogado que le dio por insultar al inefable caricaturista Matador y a divulgar una amenaza, algo así como que ‘hace falta Castaño para callarlo’. Claro que el caricaturista en mención no es una mansa paloma, pues agazapado en su libertad de expresión, ofende y calumnia un día sí y otro también.
Es que la gente se cree con licencia a decir lo que le parezca, como el pseudo actor comunista Julián Román, que a propósito de la captura del narco Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, por parte de fuerzas combinadas del Ejército y la Policía, dijo que eran «mafiosos capturando mafiosos», una ofensa vulgar que recuerda el trato que les vienen dando a las autoridades los políticos de esa izquierda que representa Román, como Gustavo Bolívar, María José Pizarro o Ángela María Robledo. Se pregunta uno ¿con qué cara le piden protección a la Policía? ¿A quién acudirá Román si le roban su ‘proletaria’ Harley-Davidson con tecnología AquaShield?
También, por supuesto, no falta el trabajo que hacen las ‘bodegas’ para convertir cualquier desvarío en una aparente realidad, como el cuento de que la captura de ‘Otoniel’ es un montaje tan solo porque el bandido no se hizo matar, como si no hubiera muerto un integrante de la Policía Nacional y como si el capo fuera a terminar en Disneylandia y no gozando de una sola hora de sol al día en una prisión del Tío Sam. Más montaje el del gobierno mexicano que corrió a subir al asesino Granda en un avión y salió con la argucia de que la solicitud de extradición del Paraguay llegó tarde. Ya le vamos a creer a López Obrador que entregaría a uno de sus compinches de izquierda a la Justicia, y menos por algo tan baladí como una oligarca secuestrada que fue enterrada viva. No sería la primera.
Es que muchos creen que las redes les dan hasta el derecho de controvertir las decisiones personales de los demás, como le pasó a la atleta Caterine Ibargüen, quien resolvió lanzarse al Senado por el Partido de la U. Sin duda, es cierto que ese partido es una cueva de Alí Babá, pero lo que ocasiona las críticas de una petrista como Margarita Rosa de Francisco es que la medallista olímpica no sea de izquierda como ella, una mamerta adicta al champán, el caviar y otras cositas…
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Colombia: Ahora el caos es electoral
Por Bernardo Henao Jaramillo
Panam Post, Miami
https://panampost.com/bernardo-henao-jaramillo/2021/10/25/ahora-el-caos-en-colombia-es-electoral/
25 de octubre de 2021
La salida del país de Rodrigo Granda a México, así como su deportación posterior, dejó conocer la vulnerabilidad de los permisos que concede la JEP para la salida del país de ciertos “personajes”, así como la necesidad de justicia que reclaman otras naciones.
En verdad, resulta inquietante y preocupante el caos que vive nuestro país. La división de poderes, propia de los Estados de derecho y democráticos está “refundida”, la Rama Judicial se arroga competencias del legislativo, y por ese camino ejemplariza vías para que el legislativo haga lo propio con las facultades del ejecutivo, basta ver la aprobación del Senado para la normalización de las relaciones con Venezuela, asunto propio del Ejecutivo según lo previsto en el artículo 189 de nuestra Constitución Política; o a la Corte Constitucional otorgando personería jurídica a partidos políticos, facultad otorgada por los artículos 108 y 265 de la Carta Fundamental al Consejo Nacional Electoral.
Desorganización que también se evidencia ante las precipitadas y oportunistas declaraciones que, sin mayores soportes, a mediados de la semana, emitió el Registrador Nacional Dr. Alexander Vega Rocha, al señalar que no son confiables las cifras que la autoridad competente posee sobre la población y preguntar ¿Cómo explican que en el DANE somos cincuenta millones de habitantes y en la Registraduría, en el registro civil, somos cincuenta y cinco millones, dónde están los otros cinco millones de colombianos, (…)?, interrogante que reposadamente respondió el Doctor Juan Daniel Oviedo, Director de esa entidad, quien luego de informar que desde 2017 vienen trabajando las dos entidades de manera articulada, afirmó “De los 60 millones de registros que tiene la Registraduría, hay unos 3,8 de millones de fallecidos y 3,5 de millones de marcas asociadas con cancelación. Es decir, a esos 60 millones de registro habría que restarle unas 11 millones de personas, dando los 49 millones de personas que certificó el DANE en 2018”, para concluir que el debate se debe dar con cifras. Surge un interrogante, ¿Por qué el Registrador Nacional cuestiona hasta ahora la estadística poblacional del DANE?
Cabe advertir a los lectores que desde 2017 entre las dos entidades tienen en marcha un convenio de cooperación, el identificado con el No. 02 de 2017, por lo que el cuestionamiento adquiere mayor relevancia. Es lo cierto que a 30 de junio de 2021 existen 51.049.498 habitantes certificados. Por su parte, el registro nacional en cabeza de la Registraduría, al 31 de diciembre de 2018, cuenta con 60.220.894 registros, de los que deben descontarse 3.724.619 números de identificación de personas fallecidas, 3.563.954 cancelados por errores en su expedición y 3.024.263 que viven por fuera del país, lo que hace que las cifras en poder del DANE sean consistentes y contesten la pregunta formulada por el Registrador. Con todo, el Director del DANE expresó que el censo del año 2018 no puede ser utilizado legalmente para los próximos comicios electores porque el Congreso de la República no aprobó el proyecto de ley que lo legalizaba, de donde el vigente es el de 1985.
No hay duda que el censo electoral es un instrumento clave para la transparencia del proceso electoral que se avecina, razón suficiente para que las sorpresivas declaraciones del Registrador aumenten la zozobra ante la proximidad de las elecciones del 2022 para elegir en marzo el Congreso de la República y en mayo el sucesor del Doctor Iván Duque Márquez, inquietud que crece ante la falta de claridad sobre la ley que se aplicará en dichas elecciones. El 18 de diciembre del 2020, con 82 votos a favor y 20 en contra, en sesión plenaria mixta extraordinaria el Senado aprobó la proposición final del informe de Conciliación del proyecto de ley que buscaba reformar el Código Electoral, naciendo así la Ley Estatutaria del nuevo Código Nacional Electoral, el cual pasó, como corresponde, a control de la Corte Constitucional, que, a la fecha, no ha emitido su pronunciamiento, fallo que, quiérase o no, afecta la contienda electoral.
De impartirse aprobación al nuevo código entrarán a regir sustanciales cambios producto de la aplicación de nuevas tecnologías de identificación biométrica, la extensión de la verificación tecnológica de la huella dactilar y por supuesto se contará con otras nuevas formas en materia de registro, depuración de inscritos, demografía electoral, auditoría para contar con la trazabilidad y veracidad de los resultados y otras interesantes materias que serán a futuro objeto de una columna, pero que, necesariamente, influyen en el próximo debate electoral.
Si a los anteriores factores se une el ilícito de compra de votos, no cabe duda, que reina el caos. Nuestro país, lamentablemente, ocupa el cuarto lugar en América Latina de mayor índice de compra de votos, según informe de transparencia internacional del 2019
Hoy, con lo que está aconteciendo, se infiere que estamos frente a un completo salpicón que impone la consabida frase que donde no hay orden gobierna el caos. O, más aún, puede llegar a patentizarse el consabido pensamiento que de antaño hizo carrera, “el que escruta elige”, dando al traste con la democracia, lo que obliga a todos los colombianos a que propendamos por las garantías necesarias para que tengamos unas elecciones transparentes que respeten la voluntad del pueblo, como corresponde a un Estado Social de Derecho.
Pildorita: La salida del país del mal entonces denominado canciller de las Farc, Rodrigo Granda, a México y su deportación posterior, dejó conocer la vulnerabilidad de los permisos que concede la JEP para la salida del país de ciertos “personajes”, así como la necesidad de justicia que reclaman otras Naciones, como Paraguay, las que están vigilantes y a través de circular roja exigen que el presunto causante de hechos delictuosos responda, ya que en su país no rige el llamado “Acuerdo de Paz”. Deplorable que México no haya estado a la altura, como correspondía.
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Con honores fue despedido el policía que murió en operación contra 'Otoniel'
Por Paola Márquez Sanabria
RCN Radio, Bogotá
https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/asi-fue-la-despedida-del-intendente-asesinado-en-operativo-contra-alias
25 de octubre de 2021
Con honores fue despedido el Intendente Edwin Guillermo Blanco Báez, oriundo de Güicán de la Sierra en el departamento de Boyacá, y quien luego de participar en el operativo contra alias Otoniel, falleció luego de recibir dos disparos en el pecho y el cuello.
El cuerpo del uniformado fue recibido con honores en su municipio natal, donde se congregaron cientos de personas para darle el último adiós. Sandra Patricia Blanco, hermana del intendente, dijo que su hermano murió cumpliéndole al país y a la institución. "Nosotros por seguridad no sabíamos mucho de los operativos que adelantaba. En esta oportunidad, no teníamos idea de la operación contra 'Otoniel'; mi hermano murió en su ley, lo recordaremos como el héroe que fue en nuestra familia y en la institución", dijo Sandra Blanca.
Ricardo Riaño, familiar del Intendente, también lamentó lo ocurrido. "Edwin murió como los héroes de Colombia, trabajando por la seguridad de las personas y la paz del país. Era un ser humano con grandes cualidades como la sencillez, el amor por su familia, el servir siempre al prójimo, una persona que siempre era muy responsable en sus labores”. El brigadier general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de Carabineros y Seguridad Rural, extendió las condolencias de la institución a los padres del uniformado, Guillermo Blanco y Lucía Báez, su hermana y su compañera sentimental. Por su parte, el general Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Policía, a través de su cuenta de Twitter, lamentó la muerte del intendente, tras afirmar que este “ofrendó su vida con honor por la patria y todos los colombianos”. El alto oficial además, envió un saludo de condolencia a su familia. “Estamos con ustedes en este momento de dolor y en su memoria no permitiremos que la acción criminal quede impune”.
Edwin Guillermo Blanco Báez tenía 34 años, natural de Güicán de la Sierra en el departamento de Boyacá, contaba con 17 felicitaciones y 11 condecoraciones. Trabajó por más de 15 años en la institución, ocho de ellos en la dirección de Carabineros y Seguridad Rural y de acuerdo con su única sobrina Katherine Blanco, tanto en su familia como en su municipio será recordado como un héroe. "Mi tío fue como un padre para mí, él murió cumpliéndole al país, cumpliendo con el deber y siempre haciendo lo mejor para ayudar a los demás. El dolor que nos embarga es infinito, solo esperamos que muy pronto nos reunamos y sigamos ayudando a los demás", dijo Katherine durante la misa celebrada en la iglesia de la Virgen Morenita de Güicán
A su vez, el alcalde del municipio Juan de Jesús Estupiñán, dijo al finalizar la eucaristía que el Intendente Blanco será recordado como un gran señor. "Hoy se le rinde homenaje póstumo a un gran ser humano, desde la administración municipal extendemos un saludo de condolencia a su familia que es la nuestra. Dedicó la mitad de su vida a la institución defendiendo el uniforme y a su país. Entregó su vida por defendernos y por llevar en alto el nombre de nuestro departamento", aseguró el mandatario.
Como parte del tributo al Intendente, desde la alcaldía se ordenó la instalación de una placa en su honor en sitio público por considerarse hijo ilustre del municipio. El intendente Blanco, se destacó por su liderazgo, recibiendo el máximo reconocimiento luego de la realización de un curso de inteligencia adelantado en Estados Unidos donde ocupó el primer lugar. A las exequias del Intendente Blanco asistieron familiares, amigos y compañeros de la institución.
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Gracias a la JEP ‘Otoniel’ podría eludir su extradición
El Expediente, Bogotá
https://elexpediente.co/gracias-a-la-jep-otoniel-podria-eludir-su-extradicion/
25 de octubre de 2021
El máximo capo del narcotráfico en Colombia, capturado en una espectacular operación de las Fuerzas Militares de la Policía Nacional, busca salidas jurídicas para no terminar sus últimos días en una cárcel de Estados Unidos y lograr eludir su extradición.
Para el año 2019 el Clan del Golfo, estructura narcotraficante al mando de Dairo Antonio Úsuga ‘Otoniel’, ya venía adelantando una negociación secreta con supuestos emisarios del gobierno de Juan Manuel Santos. El líder y cabeza de esos emisarios fue el senador Iván Cepeda. También participó el entonces negociador en La Habana, General (r) Oscar Naranjo.
Aunque la Presidencia de La República respondió un derecho de petición a El Expediente en junio de 2019 informando que no existe tal autorización, hoy la directora de fiscalías de Medellín, Natalia Rondón, le dijo a La FM que esa autorización sí existe, sin embargo no se conoce el decreto presidencial que habría autorizado a Cepeda a negociar con Otoniel ni el alcance de tal decreto en caso que exista.
Lo cierto es que la base de esa negociación secreta para el sometimiento de Otoniel a la justicia colombiana era la no extradición a cambio de la ‘verdad’. ¿La vía? La JEP.
¿En qué consiste el plan de Otoniel? El proyecto del gobierno para reglamentar el funcionamiento de la JEP, previamente acordado con las Farc en La Habana, venía con un mico o artículo oculto que favorecería a los narcotraficantes.
Se trata del artículo 153 de la ley 1957 de 2019 o le estatutaria de la JEP. Este fue uno de los seis artículos que fue objetado por Presidente Iván Duque pero que finalmente fue aprobado debido a que la Corte Constitucional ratificó la ley estatutaria sin objeciones, es decir, con el mico a favor de los narcotraficantes, que sin ser mencionados de manera explico en el texto, se podrían terminar acogiendo a la JEP a cambio de ‘Verdad’.
El narcotraficante, solicitado en extradición por los Estados Unidos, ya está en trámites con sus asesores jurídicos para presentar su solicitud ante la jurisdicción especial para la paz JEP. El cambio ya existe gracias a esa ley estatutaria y al artículo 153 que le abre la puerta a terceros no vinculados directamente con el denominado conflicto armado a someterse a esa jurisdicción sin ser extraditados:
«Artículo 1 53. Extradición de quienes estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. No se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, antes de que terminen de ofrecer verdad».
En su momento el entonces Fiscal General Néstor Humberto Martínez denunció ese mico en la JEP que calificó como ‘articulejo’ en contra de la extradición de narcotraficantes.
La negociación secreta de Otoniel con Iván Cepeda ocurrió y aún no se conoce el decreto que lo autorizó a realizar esos trámites. El Expediente tiene información según la cual esa negociación básicamente consistía, precisamente, en someterse a la justicia y terminar procesado por la JEP a cambio de la verdad sobre sus supuestos vínculos con distintas esferas de las Fuerzas Militares. Como se sabe la JEP es un tribunal en el que el Senador Cepeda ostenta poder burocrático e influencia ideológica.
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Policías españoles participaron en la captura de 'Otoniel'
El Español, Madrid
https://www-elespanol-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.elespanol.com/espana/20211025/policias-espanoles-participaron-captura-otoniel-responsable-narcosubmarino/622188076_0.amp.html/
25 de octubre de 2021
Su organización, el Clan del Golfo, el más importante del mundo, es responsable del 80% de la cocaína que entra en España y en Europa.
"Es el Messi de la droga. Le sobraba, pero era desconfiado. Buscaba grupos distintos para así repartir riesgos. El suyo era un grupo muy potente. El más potente de todos". Con esas palabras se refieren diversos altos mandos de la lucha contra el narcotráfico en España a Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', el narcotraficante más buscado de Colombia y quizás, hoy por hoy, el más importante del mundo y el responsable de la llegada de la gran mayoría de estupefacientes a nuestro país. Por eso muchos de los investigadores en la materia se adhieren a la tesis del presidente del país latinoamericano, quien ya asegura que se trata del mayor golpe contra el narco desde la caída de Pablo Escobar.
La detención del gran capo del Clan del Golfo, huido desde hace años de la justicia, ha supuesto también una enorme alegría para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No en vano, su organización era la responsable del 80 % de la cocaína que entraba en territorio nacional. Y también el 80 % de la que logra introducirse cada año en Europa.
En una operación que se ha alargado durante más de un año y que ha finalizado con Otoniel esposado, rodeado de militares, también la Policía Nacional ha aportado su granito de arena a las pesquisas comandadas por Colombia. Diversas informaciones de inteligencia obtenida por los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) han contribuido a que la operación haya llegado a buen puerto. El clan del Golfo, dirigido hasta ahora por Otoniel, era el principal suministrador a gran escala de 'polvo blanco'. Era esa organización la que surtía de forma masiva a toda España. De ese modo, el nombre del clan y de ese gran señor de la droga acaba apareciendo siempre en los últimos años tras las principales operaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional.
Un ejemplo reciente es el velero cargado con 5 toneladas de cocaína detectado y desarticulado hace una semana en medio del Atlántico. Otro, el narcobuque MV Karar, capturado en abril del 2020, en pleno confinamiento, con 3.824 kilos de cocaína, repartidos en 152 fardos cargados en su interior. Pero sin lugar a dudas, la gran operación de los últimos tiempos con la que se le relaciona tanto a él como a su clan es la del narcosubmarino hallado en noviembre de 2019 junto a la costa de Galicia. En su interior fueron interceptadas3 toneladas de cocaína en una operación desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Operación clave
El descubrimiento de esta nave, capturada en la ría de Aldán, entre Vigo y Pontevedra, abrió los ojos a muchos investigadores dedicados al mundo del narcotráfico. Tal hallazgo les hizo constatar lo que ya intuían desde tiempo atrás: que una gran cantidad de estupefacientes seguía y sigue entrando por las rías gallegas. "El narcosubmarino, que en realidad era un semisumergible, fue una bofetada de realidad", contaba hace unos meses a El Español Pablo Varela, fiscal delegado de la Fiscalía Antidroga de Pontevedra. "Nos mostró cuál era la verdadera dimensión actual de las organizaciones del narcotráfico en las rías".
Ambos equipos, que contaron con información de la DEA (la Administración de Control de Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos), detuvieron a siete personas. Solo tres acabaron en prisión y fueron después puestas en libertad provisional.
La embarcación transportaba tres toneladas de cocaína distribuida en 152 fardos alojados en una embarcación cuyo interior estaba dotado del espacio suficiente para almacenar todas esas sustancias, junto con el combustible necesario para realizar el viaje. Era tripulada por tres narcotraficantes que completaron la travesía desde su salida en Brasil a finales de octubre de 2019. Todo estaba orquestado desde Colombia, con el beneplácito y el visto bueno de los líderes de las organizaciones colombianas. Como estos ejemplos anteriores, tanto el nombre de Otoniel como el del Clan del Golfo se repiten de manera recurrente al hablar de tráfico de cocaína desde Latinoamérica hacia Europa.
El gran narco colombiano
'Otoniel' llevaba más de un lustro siendo perseguido por miles de policías y soldados que peinaban una y otra vez la región de Urabá, la agreste y selvática región del norte del país, fronteriza con Panamá. Había salido indemne hasta ahora de la cacería. Sin embargo, en los últimos días fue capturado en un punto llamado Cerro Yoki, en la jurisdicción de Necoclí, municipio ubicado en el departamento de Antioquia. La importancia de la captura de "Otoniel", de 50 años de edad, fue subrayada por el presidente colombiano, Iván Duque."Este es el golpe más duro que se le ha propinado al narcotráfico en este siglo en nuestro país y es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90", llegó a asegurar el jefe de Estado tras el exitoso fin de la operación.
La larga investigación que ha terminado con Otoniel entre rejas fue bautizada con el nombre de 'Operación Osiris'. En ella intervinieron centenares de miembros de la Policía, del Ejército, de la Infantería de Marina y de la Fuerza Aérea colombiana. Ha sido, en definitiva, "un trabajo de inteligencia" conjunta en el que las fuerzas colombianas compartieron información con agencias de los Estados Unidos y del Reino Unido, así como España y otros países del entorno hasta apresar al "narcotraficante más temido en todo el mundo".
Tras años de búsqueda infructuosa, los militares y agentes que han logrado dar con él se encontraban tan eufóricos como exultantes. En las fotografías del instante de la detención, hasta al propio 'Otoniel' se le ve sonriente, vestido con pantalón y camiseta negra y con las manos atadas a la espalda, cuando es conducido por soldados armados con fusiles luego de bajar de un helicóptero militar.
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“Hay interés de la Fiscalía y Policía de generar entrampamientos”: Harold Ordóñez
Por Valentina Parada Lugo
El Espectador, Bogotá
https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/hay-interes-de-la-fiscalia-y-policia-de-generar-entrampamientos-harold-ordonez/
8 de septiembre de 2021
Colombia+20 conoció el expediente del caso con el que inteligencia militar perfiló al excombatiente de las Farc, quien estuvo detenido por siete días tras ser acusado de ser Óscar, un disidente de las Farc que opera en varios municipios del norte y centro del Valle del Cauca. De acuerdo con una jueza, las pruebas en su contra estarían viciadas. El proceso judicial seguirá, pero sin estar privado de la libertad.
Harold Ordóñez Botero quedó en libertad el lunes 6 de septiembre después de pasar siete días detenido en la estación de Policía Fray Damián en Cali. Su proceso judicial sigue hasta el juicio. El pasado lunes 6 de septiembre, una jueza penal de garantías ordenó la libertad inmediata del firmante de paz Harold Ordóñez Botero, quien estaba detenido en la estación de Policía Fray Damián, en Cali, desde el pasado 29 de agosto por, supuestamente, ser Óscar, el comandante de la compañía Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc que opera en la zona rural de Tuluá y Sevilla (Valle del Cauca). Al exguerrillero le imputaron los delitos de rebelión agravada, homicidio agravado, y fabricación y porte de armas de fuego.
Desde ese día, familiares y amigos denunciaron que era víctima de un montaje judicial, pues Ordóñez no pertenecía a ninguna estructura armada sino que, por el contrario, trabajaba por la reincorporación en la Secretaría de Paz de la Gobernación del Valle. En la audiencia de medida de aseguramiento, la jueza cuestionó las pruebas en contra de Ordóñez porque “no se logra llegar a una posibilidad creíble de lo que pretendió acreditar la Fiscalía”.
Colombia+20 conoció el expediente, en el que se evidencian vacíos en las pruebas presentadas por el ente investigador. Por ejemplo, se habla de la presencia de Harold en eventos en los que supuestamente se hizo pasar como Óscar, de acuerdo con la versión de tres testigos; sin embargo, gracias a las herramientas de rastreo de Google, la defensa pudo determinar que Harold no se encontraba allí. Asimismo, de los números rastreados por las autoridades ninguno corresponde al firmante del Acuerdo de Paz. Tanto así que la Fiscalía no pudo entregar las interceptaciones como pruebas. Y finalmente, como reconoció la jueza, los testimonios que lo señalan como disidente parecen estar viciados.
El exguerrillero y Elmer Montaña, su abogado, aseguran que se trata de un montaje judicial y dicen que no es el primer excombatiente de las Farc que lo padece. Su abogado dice que “hay una estrategia de entrampamiento de algunos exFarc contra quienes deciden apartarse del partido, pero también por parte de la inteligencia militar porque cuando alguien sale del partido político inmediatamente es señalado de ser disidente, y eso basta para que pongan los ojos sobre ellos”.
Harold Ordóñez Botero es un ingeniero ambiental, estudiante de cuarto semestre de la maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz de la Universidad Javeriana de Cali. Fue combatiente de las Farc desde 2006 y en 2016 se acogió al Acuerdo de Paz. Un año más tarde entró a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como compareciente obligatorio. Es padre de una niña de 5 años y trabaja como contratista en el Valle en temas de reincorporación, memoria y territorios que hacen parte de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
El pasado 29 de agosto en la tarde, mientras compartía tiempo con su familia en el parque del acueducto de San Antonio (Cali), Ordóñez fue detenido por miembros de Policía Judicial, según el expediente, luego de que “una persona identificada con el seudónimo de ‘Charly’, registrada formalmente como informante ante la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), llamara (a las autoridades) y le indicara que en el parque del acueducto observó a una persona que, al parecer, aparecía en el cartel de ‘Los más buscados del departamento del Valle del Cauca’ y en dicho cartel es nombrado como Harold Ordóñez Botero, alias Óscar o El Viejo”.
La orden de captura se había emitido casi un año atrás. El 9 de noviembre del 2020, el Juzgado Penal con Función de Garantías de Buga expidió el documento argumentando que Harold hacía parte de las disidencias de las Farc, que era responsable por haber determinado un homicidio y lo acusaron de promover y organizar actos de rebelión a través de la estructura armada. Y es que desde mediados de ese año, en plena pandemia, la inteligencia militar investigaba a un hombre que se hace llamar Óscar y que siembra terror en toda la Cordillera Central. Las labores de inteligencia consignadas en el expediente dan cuenta que interceptaron, al menos, tres números telefónicos que serían del disidente y han captado varios testimonios de personas que dicen haberlo visto en el norte del Valle del Cauca. Las autoridades concluyeron que el nombre de la persona que buscaban era Harold Ordóñez Botero.
Según Harold, los tiempos de investigación coinciden con el momento en el que el excombatiente presentó su renuncia al Partido FARC (hoy Partido Comunes), luego de haber sido uno de sus candidatos a la Cámara de Representantes las elecciones pasadas. “En enero del 2020 yo presenté mi renuncia a las FARC y un día, cuando estaba en mi casa en Tuluá, llegaron varios compañeros a decirme que había algunos dirigentes que estaban señalándome de ser disidente del partido político”. En principio, señala Elmer Montaña, es correcto usar el término “disidente” al referirse a una persona que abandonó un movimiento político, empero, la ambigüedad de la palabra “fue la génesis de todo”.
Harold dice que, desde ese momento, comenzaron los señalamientos y la estigmatización, pero fue hasta junio del 2020 que, asegura, se dio cuenta que las acusaciones habían trascendido. “Un día me llamó mi jefe Orlando Riascos, el secretario de Paz de la Gobernación, y me dijo que me necesitaba para hablar en privado sobre mis actividades, porque la Misión de Verificación de la ONU lo había visitado para decirle que el Batallón de Alta Montaña No. 10 (que opera en la zona alta de Buga, Tuluá y Sevilla) me tenía perfilado como disidente de las Farc”. Un mes más tarde, Harold decidió desplazarse hacia otro municipio del departamento por seguridad. “Ni siquiera quise interponer una denuncia contra los dirigentes del partido, precisamente, para evitar todo esto”, explica.
Aunque no se quedó quieto. El excombatiente pidió reunirse con delegados de la Misión de Verificación de la ONU y con miembros del batallón para aclarar la situación y en una reunión informal que tuvo con los delegados, en presencia del secretario de Paz del Valle, “la ONU dijo que ya todo había quedado aclarado, que me podía tranquilizar y que había sido una confusión. Pero de manera ingenua me confié y no les pedí un acta ni nada, todo fue conversado”. Las investigaciones siguieron en silencio y tres meses más tarde se emitió la orden de captura en su contra.
Este diario se comunicó con el Partido Comunes para conocer su versión de los hechos y como respuesta recibió un comunicado interno en el que explican que, desde que Ordóñez abandonó la militancia, “emprendió una campaña de difamación y calumnias contra este y su dirección”. Señalan, también, que cuando conocieron la versión en la que supuestamente acusaban de disidente a Harold, “el Partido nunca lo avaló, afirmación irresponsable porque nada lo demuestra, no fue recogida como versión oficial, ni siquiera mayoritaria”. Además, confirman la existencia de la reunión con la Misión de Verificación de la ONU y explicaron que en esta el organismo internacional les pidió que expidieran un comunicado aclarando la situación, a lo que respondieron que: “No somos quienes debemos encargarnos de la defensa de Harold y de quienes viven políticamente de buscar nuestro fracaso como partido”.
Las cuestionadas pruebas de la Fiscalía
Para probar que Óscar, el disidente del que están detrás las autoridades desde hace dos años, según ellos era Harold Ordóñez, la Fiscalía presentó tres pruebas: dos identificaciones faciales que hicieron funcionarios de la Alcaldía de Sevilla que fueron víctimas de una retención por parte de la estructura ilegal Adán Izquierdo el 23 de abril del 2020, en zona rural de ese municipio, y el testimonio verbal de un soldado profesional del Batallón Palacé de Buga, quien dice haber presenciado una reunión de Óscar el 27 de julio también del año pasado. Los tres testigos fueron sometidos a la prueba de identificación y todos coincidieron con que Harold Ordóñez era la persona que reconocían como el comandante de la disidencia.
En el caso de los funcionarios de la Alcaldía de Sevilla, el expediente judicial indica que se trataba de cinco personas, entre ellas el alcalde del municipio, quienes ese día fueron detenidos en la vereda de Cumbarco por parte de 20 hombres armados al mando de Óscar, quienes les advirtieron que ellos eran los encargados de la seguridad de la zona. Sin embargo, en los documentos judiciales quedó consignado que de las cinco víctimas, tres de ellas dijeron que no estaban en capacidad de reconocer al disidente porque tuvo el rostro cubierto durante el secuestro.
En cambio, los otros dos funcionarios que sí accedieron a realizar el reconocimiento fotográfico confesaron en las entrevistas judiciales que personal de inteligencia del Ejército y un funcionario de la Alcaldía de Sevilla les había mostrado, previo a la prueba de reconocimiento facial, fotos de Harold, identificándolo como Óscar.
Para la defensa de Harold Ordoñez, estas fueron dos pruebas contundentes “para demostrar que estamos ante un falso positivo judicial” por tratarse de una posible manipulación de dos de los tres únicos testigos que presentó la Fiscalía. “¿Cómo es posible que el fiscal del caso no advirtiera que a los testigos los habían inducido de esta manera porque ya habían visto una foto de Harold antes?”, reclamó el abogado Montaña en medio de la audiencia de medida de aseguramiento. De hecho, esa fue una de las razones que expuso la jueza para ordenar su libertad inmediata el 6 de septiembre, cuando determinó que “la situación con los primeros reconocimientos sugeridos pudieron haber llevado a los testigos a un error, sumado a las inconsistencias y falta de convergencia entre las instituciones tácticas, no pueden cimentar una decisión que restringa el tan preciado derecho a la libertad”.
El tercer testigo que presentó el ente acusador fue el testimonio un soldado profesional adscrito al Batallón Palacé de Buga que dijo haber sido retenido luego de presenciar una reunión con Óscar el 27 de julio del 2020, en zona rural de Buga (Valle) mientras se encontraba en labores de “inteligencia” contra él, pero sobre esta prueba no hay ningún registro en el expediente judicial. “Tampoco hay una denuncia en la Fiscalía por esa detención, ni un informe militar de ese batallón que explique lo que pasó ni una constancia de que el soldado estaba en esas labores de inteligencia cuando ocurrieron los hechos”, agregó Montaña.
Las evidencias que lo dejaron en libertad
Más allá de las inconsistencias, la defensa de Harold Ordóñez presentó más de 100 documentos como material probatorio que contradicen la versión de la Fiscalía en las que se le acusa, por ejemplo, de haber comandado el secuestro contra los funcionarios de la alcaldía o del eventual encuentro con el soldado profesional. “Para recopilar todo el material probatorio utilizamos la herramienta de Rutas de Google en el celular de Harold que permite ver los sitios en los que estuvo y los lugares que recorrió, con fechas y horas exactas”. También adjuntaron registros fotográficos que quedan almacenados en la ‘nube’ del celular a través de Google Fotos y que también muestran las horas exactas en las que fueron capturadas, además de certificados de la Universidad Javeriana de Cali de salidas académicas, cartas de recomendación, pantallazos de conversaciones, audios, entre otras.
Para desmentir, por ejemplo, que Harold Ordóñez Botero hubiera estado involucrado en la retención de los cinco funcionarios el 23 de abril del 2020, en el corregimiento de Cumbarco (Sevilla), la defensa del excombatiente presentó la ruta que marca automáticamente el GPS del celular de Ordóñez ese día, en la que se evidencia que desde la 1:22 p.m., cuando se estaban presentando los hechos, él estaba en el municipio de Palmira.
De hecho, una de las grandes incongruencias en la investigación de inteligencia militar es que ninguno de los teléfonos interceptados que pertenecerían a Óscar, y de los que las autoridades han extraído varias conversaciones en las que se habla de su actuar delictivo y que quieren endilgarle a Harold, coincide con el teléfono personal del excombatiente de las Farc. El teléfono al que las autoridades le hacían seguimiento comenzaba en 312, mientras el número personal de Ordóñez arranca en 317. “Es curioso que pareciera que la Fiscalía no interceptó nunca el número de Harold Ordóñez, sabiendo que ellos lo tenían porque le estaban haciendo inteligencia y además porque es un servidor público, ¿o será que sí lo interceptaron pero como no encontraron nada decidieron no adjuntarlo como prueba?”, reclama la defensa.
Estos son dos de los números telefónicos que la Fiscalía inteceptó para captar las llamadas de "Óscar"; sin embargo, ninguno de los dos coincide con el número telefónico real de Harold Ordóñez que comienza en 317.
En el expediente judicial reposan los datos personales de Harold Ordóñez Botero, con un número de celular que no coincide con los interceptados por inteligencia militar.
Los argumentos de la defensa no se ciñeron únicamente a contradecir las tres pruebas presentadas por la Fiscalía sino que, además, elaboraron un informe de seguimiento de 96 ítems en el que detallan el lugar exacto en el que estaba el firmante del Acuerdo de Paz en el momento preciso que eran grabadas las llamadas de Óscar, para demostrar que no son la misma persona.
Por ejemplo, en el expediente se menciona que el 18 de mayo del 2020 una fuente se comunicó con la Policía de la vereda Cebollal, en Sevilla, para denunciar que un grupo de hombres armados identificados como integrantes de la compañía Adán Izquierdo hacían presencia en la zona. Según la denuncia, uno de los hombres se identificó como Óscar. Para desmentir que esta persona podría haber sido Harold Ordóñez Botero, el abogado mostró la ruta del GPS registrada en el teléfono del excombatiente ese día. También adjuntaron dos fotografías que quedaron guardadas en la ‘nube’ de Google Fotos y que probarían que el 18 de mayo del 2020, él estaba en la Gobernación del Valle (en Cali) y se encontraba reunido con el secretario de Paz del Valle desde las 7:14 a.m. hasta las 4:45 p.m.
El abogado Montaña dice que mientras termina el proceso judicial, que esperan concluya con el pedido de preclusión del caso por parte de la Fiscalía, pedirá al general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, rectificación sobre sus declaraciones dadas el 3 de septiembre, a través de su cuenta de Twitter, en las que asegura que, después de haber perdido en las elecciones a la Cámara de Representantes, “(Harold Ordoñez) retorna a la vida de narcotraficante dentro de lo que se denomina hoy la estructura Adán Izquierdo (...) Él habría sido nombrado directamente por Iván Mordisco y Gentil Duarte (...) para asumir la conducción seudopolítica en las universidades y de extorsiones”.
Dos importantes resultados en #Cali: fueron capturados alias 'Óscar' y alias 'Elkin', integrantes de Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r), el primero de ellos vinculado a actividades ilícitas como narcotráfico, homicidios y extorsiones, y el segundo a tráfico de armas. pic.twitter.com/BNL8D46t1T. General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) September 3, 2021
De acuerdo con Montaña, “los delitos que nombró el general Vargas no tienen nada que ver con lo que imputó la Fiscalía en la audiencia. Además él dijo que a Harold le dieron medida de aseguramiento, cuando eso no era cierto porque quedó en libertad”. Esas acusaciones, insiste, se trataron de un interés malintencionado y no se respetó la presunción de inocencia.
En el caso de los testigos presentados por la Fiscalía, explica que si bien no adoptarán medidas contra los funcionarios de la Alcaldía de Sevilla porque creen que actuaron por error inducido por inteligencia militar, sí lo harán contra el soldado profesional que dio una declaración juramentada. “Ya le habíamos pedido a la jueza que le compulsara copias a él, pero ella estimó que no era necesario. Por eso presentaremos una denuncia penal formal contra ese soldado y contra el Batallón Palacé de Buga por, eventualmente, haber incurrido en el delito de falso testimonio y fraude procesal, porque se mintió de manera descarada”.
Más allá de las actuaciones judiciales, Harold dice que este episodio cambiará su vida y que, posiblemente, se vea obligado a desplazarse por segunda vez por razones de seguridad: “En estos momentos no sé ni siquiera qué va pasar con mi trabajo, con mi maestría, con mis proyectos, pero debo primar mi seguridad y la de mi familia. No creo que esto genere una fractura propiamente al Acuerdo de Paz, pero sí es claro que hay unos intereses de la Fiscalía y de la Policía en generar entrampamientos para mostrar unos resultados frente a unos nuevos grupos que van surgiendo con dinámicas de conflicto en los territorios. Esto no es una fractura, es uno de los tantos ataques que ya ha habido contra nosotros como excombatientes de las Farc. Y seguramente vendrán muchos más, pero seguiremos adelante, convencidos de que tenemos la posibilidad de aguantar para ver cómo van a arreciar los enemigos de la paz”.
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