Está probado que los países con mayor libertad económica son más prósperos y sus habitantes gozan de mayor bienestar. Sorprendentemente, el candidato presidencial con mayor intención de votos promete acabar con la libertad existente, al tiempo que sus rivales, en lugar de defenderla sin ambages y prometer ampliarla, le compiten con propuestas estatistas que a la postre pueden llevar a conculcarla de una forma quizás menos atrabiliaria.
No sería difícil diseñar un programa político o, mejor aún, una estrategia para la libertad en Colombia. Bastaría con examinar los Índices de Libertad que difunden entidades como el Instituto Fraser o la Fundación Heritage e identificar dónde están las deficiencias o carencias institucionales que la restringen en nuestro país.
Tomemos por ejemplo el índice de la Fundación Heritage para 2021[1]. Con un puntaje de 68,1 sobre 100, Colombia aparece en el puesto 49, entre 178 países; Singapur, con 89,7 ocupa el primer lugar, mientras que Venezuela, con 24,7, está en el puesto 177, solo por encima de Corea del Norte.
La Fundación Heritage define la libertad económica de la siguiente forma:
“La libertad económica es el derecho fundamental de todo ser humano a controlar su propio trabajo y propiedad. En una sociedad económicamente libre, las personas son libres de trabajar, producir, consumir e invertir de la forma que deseen. En sociedades económicamente libres, los gobiernos permiten que el trabajo, el capital y los bienes se muevan libremente y se abstienen de coaccionar o restringir la libertad más allá de lo necesario para proteger y mantener la libertad misma”[2].
Para determinar el índice se consideran 12 variables agrupadas de a tres en cuatro dimensiones: Imperio de la Ley, Tamaño del Gobierno, Eficiencia Regulatoria y Apertura de Mercados.
En imperio de la ley – compuesta por derechos de propiedad, efectividad del sistema judicial e integridad del gobierno – es donde Colombia muestra sus más vergonzosas cifras, especialmente en efectividad del sistema judicial donde se alcanzan solo 36 puntos de 100 posibles, frente a 91 de Singapur.
En la dimensión tamaño del gobierno los indicadores son también insatisfactorios como consecuencia de una situación fiscal que el informe de la Fundación Heritage resume de la siguiente forma:
“La carga fiscal general equivale al 22,0 por ciento del ingreso nacional total. El gasto público ha ascendido al 32,0 por ciento de la producción total (PIB) en los últimos tres años, y los déficits presupuestarios han promediado el 3,1 por ciento del PIB”[3].
En el gráfico se presenta la comparación de las doce variables para Singapur, Venezuela y Colombia. La conclusión es obvia: la estrategia de la libertad para Colombia consiste en hacer las reformas institucionales que nos acerquen a Singapur y nos alejen de Venezuela.
Ahora bien, la defensa utilitarista de la libertad, entendida en el sentido estrecho de libertad económica, es insuficiente. La libertad es una e indivisible porque en todas sus formas reposa sobre el mismo principio: el dominio total y absoluto de todo individuo sobre su propia persona, su trabajo y sus propiedades. La libertad es el derecho de hacer ciertas cosas y de oponerse a la imposición de otras. La libertad es inherente a la condición humana y el papel del gobierno es preservarla en todas sus formas y buscar su ampliación. La libertad es el objetivo político supremo y, más que utilitarista, la suya debe ser una defensa rotunda y apasionada.
[1] https://www.heritage.org/index/ranking
[2] https://www.heritage.org/index/about
[3] https://www.heritage.org/index/country/colombia
