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Johel Moreno S.      

Ante la incertidumbre de no entrar en operación, al menos dos unidades de la Central Hidroituango hacia junio del 22, la amenaza de un nuevo apagón de incalculables consecuencias económicas, igual o peor al que dejó al país a oscuras en el año 1992 y que obligó a las empresas a importar plantas de generación portátiles y a los hogares a volver a cocinar con leña, carbón y petróleo..., hay que tomar medidas extremas.

Inconcebible que EPM haya renunciado a continuar el proceso de ajuste iniciado con la aseguradora Mapfre, con quienes la obra está asegurada contra todo riesgo hasta por $ 10 billones, y a cambio haya optado por el disparate de acusar y demandar, sin pruebas, a las constructoras, los diseñadores y los interventores por los retrasos de la obra, estimados en $ 9,97 billones, y a la aseguradora por $ 5,5 billones, un salto al vacío que algunos expertos calificaron de: ¨haberse pegado un tiro en el pie¨.

Inútil fue haber agotado el proceso de reclamación del siniestro ante la empresa aseguradora por los daños causados durante “la contingencia” y que, tras un detenido y riguroso análisis de expertos, esta concluyera que no hubo culpa grave ni dolo y admitió reparar el daño emergente, lo que se plasmó en un acuerdo de pago, cuyo primer desembolso se realizó en diciembre de 2019.

Y como si lo anterior no hubiese sido suficiente, se nos vino encima la Contraloría General de la República con un fallo de responsabilidad fiscal por $ 4,3 billones de pesos, contra funcionarios y subcontratistas a título de culpa grave por el supuesto daño patrimonial al Estado, producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango y el lucro cesante porque la hidroeléctrica no empezara a generar energía a partir de noviembre de 2018.

Pero faltaba “la tapa del congolo” y cuando creíamos estar en vía de superar la mal llamada contingencia, merced al gran esfuerzo de los subcontratistas, calificados de héroes en su momento por la recuperación del control de la central, se nos viene ahora otra decisión del alcalde: relevar a las firmas involucradas en el proceso constructivo, sin calcular, en la matriz de riesgo, cuánto tiempo más se le sumará a la entrada en operación de

Hidroituango.

Entre tanto, EPM sigue incumpliendo el contrato Boomt, los Hitos inmodificables, y, con la complicidad de su junta, continúa arrogándose atribuciones más allá de su condición de contratista, sin el conocimiento del contratante y dueño, que es la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., que inexplicablemente se mantiene ausente, no obstante ser el departamento de Antioquia el socio mayoritario, el que hasta ahora no ha hecho valer esa condición, que no sea con la absurda propuesta de vender su propiedad accionaria a EPM, cuando más bien debería tomar “el toro por los cuernos” para restablecer el orden y asegurar los ingresos futuros de la central para el departamento y la ciudad que hoy están embolatados.

En razón de las múltiples arbitrariedades del alcalde Quintero, nos pone a imaginar propuestas de solución estratégicas, como la de relevar a EPM como contratista por tantos incumplimientos, dejar sin efecto el contrato Boomt, que la sociedad Hidroituango retome el control de la central, solicite un crédito a la banca multilateral para financiar el valor restante de las obras y continúe con los mismos subcontratistas: sin perjuicio de continuar las demandas que están en curso contra EPM

https://www.elcolombiano.com/, Medellín 21 de octubre de 2021.

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