Empiezo diciendo que un país donde las instituciones funcionen y la ley opere, la condena a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, no sería ni desproporcionada ni injusta, como se alega hoy. Esta mujer, que tiene millones de seguidores, se grabó en noviembre de 2019, durante una de las jornadas del paro nacional, destruyendo con un martillo las cajas registradoras y las puertas de vidrio de TransMilenio en Bogotá, mientras arengaba en contra de la presidencia de Iván Duque. El video la registraba también haciendo grafitis, riéndose de sus destrozos y afirmando que estos daños le costarían al Estado “millones de pesos de lo que nos roba”.

El video, publicado por la misma Daneidy, despertó la indignación ciudadana. Por estos hechos, Epa Colombia fue condenada a tres años de prisión, pero su pena fue suspendida, y pagó cerca de 25 millones de pesos de multa. Los daños causados a la estación de TransMilenio fueron tasados en 546 millones.

Pero ahora la indignación llega por cuenta del fallo de segunda instancia, proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, que aumentó esta condena a cinco años, tres meses y 15 días, y una multa cercana a los 480 millones de pesos. Así mismo, se le negó la suspensión de la pena y se ordenó su reclusión en centro penitenciario. El cambio en la pena se da porque, mientras el juez de primera instancia la absolvió del delito de instigación con fines terroristas, el tribunal consideró que el actuar de Barrera sí se enmarcaba dentro de este tipo penal. La pena impuesta fue de 115 meses, pero como aceptó cargos se rebajó a 63 meses.

Cinco años por destruir el sistema de transporte masivo de forma premeditada y queriendo incitar a millones de seguidores a hacerlo es, sin duda, una sanción ejemplarizante, que quiere enviar el mensaje de que no es posible que se destruyan bienes de uso público sin que pase nada. Destruir el sistema de transporte masivo de una ciudad es un acto grave.

Pero lo absurdamente indignante de esta sanción es que lo que ejemplifica, por el contrario, es cómo en este país solo se hace “Justicia” con el más pendejo. Mientras Epa Colombia es condenada a semejante pena, los grandes autores de los delitos más infames de corrupción de esta nación son condenados a penas irrisorias, no devuelven lo que se roban y tras pequeñas temporadas en detención, la mayoría de ella en la casa, vuelven al ruedo como si nada hubiera pasado. O si van a prisión, acomodan sus celdas con lujos y obran como grandes señores dentro de ellas.

Ni todo el espacio de esta revista alcanzaría para enumerar la lista de delincuentes que han desfalcado este país de manera impune. Haré una pequeña mención, para que vean que no es un caso aislado.

Germán Trujillo, llamado el Zar de los Programas de Alimentación Escolar, fue condenado por firmar un contrato por 35.000 millones de pesos para alimentar a los niños de los colegios públicos de Santander, en los que se comprobó que facturó tamales a 30.000 pesos y expidió facturas falsas, entre una larga lista de irregularidades. La condena por robarse la comida de los niños que no tienen nada que comer fue de 36 meses. Estuvo en domiciliaria algo más de un año y luego le dieron libertad. Trujillo es el esposo de la exgobernadora del Huila Cielo González y ha operado decenas de programas de alimentación escolar en todo el país.

Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, fue condenado a la misma pena que Epa Colombia, en 2018, después de que se comprobó que se quedó con 71.671 millones de pesos por intermedio del llamado ‘cartel de la hemofilia’, en el que se crearon pacientes falsos para quedarse con los dineros destinados a su atención. Además, se apropió de 8.900 millones de pesos de los contratos del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología en Córdoba. Ahora bien, su corta pena podrá ser negociada con la Fiscalía, pues hoy Lyons es uno de los principales testigos en la red de corrupción conocida como ‘el cartel de la toga’.

Pero vamos más atrás. Luis Hernando Rodríguez, exgerente de Foncolpuertos, responsable de uno de los desfalcos más grandes de la historia de Colombia, fue condenado en 2007 a 13 años de cárcel por haber pagado de forma fraudulenta pensiones a extrabajadores de Foncolpuertos por cerca de 2,5 billones de pesos, con la complicidad de jueces. Dos años después, le fue concedida la libertad condicional. A pesar de haber sido condenado por desfalcar al Estado con pensiones fraudulentas, el mismo Rodríguez recibió una pensión del Estado, como viudo de la excongresista Martha Catalina Daniels, asesinada en 2002 por orden de su hermana.

Fabio Puyo Vasco, exgerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, fue condenado en 1998 a siete años de prisión por enriquecimiento ilícito al quedarse con más de 2.000 millones de pesos de la construcción de la hidroeléctrica del Guavio. Puyo huyó a España y nunca pudo ser extraditado a Colombia.

Y a esta lista le faltarían Interbolsa, la Dirección Nacional de Estupefacientes, Odebrecht, Reficar, la Dian, la construcción de escenarios deportivos en Ibagué y un infinito etcétera.

Lo que pasa es que Epa Colombia no tiene esposo congresista, ni es amiga de un ministro, ni tiene abogados renombrados expertos en aplazar audiencias hasta llegar al vencimiento de términos. Ella es la fiel muestra de que en Colombia la justicia es para los de ruana.

https://www.semana.com/, Bogotá, 14 de agosto de 2021.