Paloma Valencia
La Costa Caribe está viviendo una injusticia silenciosa. Mientras en Bogotá o en ciudades del interior muchas familias pueden abrir una factura de energía sin sentir angustia, en la Costa millones de hogares reciben cuentas que simplemente no pueden pagar. Facturas de más de $3.000.000 para familias humildes, trabajadores informales y adultos mayores que apenas sobreviven en medio de una economía golpeada.
Y lo más grave: esto ocurre en una de las regiones más pobres del país.
En Colombia nos acostumbramos a hablar de la crisis energética de la Costa como si fuera un problema técnico. Como si fueran cifras, fórmulas regulatorias o discusiones entre empresas y expertos. Pero detrás de cada tarifa impagable hay una familia que apaga el ventilador para ahorrar energía en medio de un calor insoportable. Hay madres escogiendo entre pagar la luz o comprar mercado. Hay pequeños negocios quebrándose porque el recibo llegó más caro que las ganancias del mes.
Eso no es normal y tampoco es justo.
La Costa Caribe ya representa cerca del 27% de toda la demanda eléctrica nacional y seguirá creciendo en los próximos años por encima del 30%. El sistema sigue tratándola como si vivir en Barranquilla, Valledupar o Riohacha fuera igual que vivir en una ciudad fría del interior. No lo es.
Aquí hay una realidad climática que el Estado ignoró durante años. En la Costa, protegerse del calor no es un lujo: es una condición de vida. Una nevera no es opcional. Un ventilador no es un capricho. En muchos hogares, incluso un aire acondicionado básico dejó de ser comodidad para convertirse en necesidad. Por eso el consumo promedio de energía en departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira ronda los 249 kilovatios hora, mucho más alto que en otras regiones del país.
A pesar de eso, el Gobierno sigue subsidiando apenas 173 kilovatios.
¿Y qué termina pasando? Que miles de familias pobres consumen más de ese límite no porque desperdicien energía, sino porque el clima las obliga. Entonces el consumo excedente empieza a cobrarse a tarifas plenas y las facturas explotan.
Ahí está el corazón de la injusticia. El sistema terminó castigando a la gente por vivir en una región caliente.
Y mientras tanto, las tarifas siguen disparadas. En operadores como Air-e y Afinia ya se registran valores cercanos a $794 y hasta $960 por kilovatio hora. Una locura para una región donde además persisten apagones, daños de electrodomésticos y fallas constantes del servicio. Porque la Costa no solo paga una de las energías más caras del país. También recibe uno de los peores servicios.
Por eso nuestra propuesta es clara y urgente: aumentar el consumo básico subsidiado de 173 a 250 kilovatios hora para la Costa Caribe. No estamos hablando de regalar nada. Estamos hablando de reconocer una realidad climática que el sistema decidió ignorar.
Con esa medida, manteniendo el subsidio del 60%, la factura de energía de un hogar estrato 1 podría bajar hasta un 50%. Eso significa alivio inmediato para millones de familias. Significa devolverle oxígeno al pequeño comerciante, al tendero, a la madre cabeza de hogar y al trabajador que hoy siente que trabajar ya no alcanza ni para pagar los servicios públicos
También sabemos que el problema de fondo no se resuelve únicamente bajando tarifas. La Costa necesita una transformación energética de verdad. Necesitamos modernizar redes, reducir pérdidas y enfrentar el problema histórico de barrios informales y conexiones precarias que durante décadas los gobiernos dejaron crecer sin solución.
Necesitamos además un programa masivo de eficiencia energética para reemplazar neveras viejas y equipos ineficientes que consumen más energía y encarecen las facturas. Y necesitamos llevar paneles solares y comunidades energéticas a los hogares vulnerables, no quedarse en anuncios y discursos que nunca llegan a la gente.
Porque mientras este Gobierno hablaba de transición energética, las familias de la Costa seguían sudando calor y pagando recibos imposibles. La energía no puede seguir siendo un privilegio. Y Colombia no puede seguir condenando a toda una región a escoger entre soportar el calor o pagar la comida.
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(2) Manejo desastroso de deuda pública
Paloma Valencia L.*
“ATENCIÓN | La Contraloría acaba de prender otra alarma sobre el manejo de la deuda pública.
Con una deuda que ya supera los $1.200 billones, este Gobierno nos está dejando sin margen fiscal. A este paso, no nos van a dejar ni la olla.
El Gobierno se está endeudando cada vez más caro: la deuda pública de corto plazo ya supera tasas del 14%, mientras la inversión pública sigue rezagada.
Menos recursos para hospitales, infraestructura, seguridad y programas sociales.
Abro hilo:” (Mayo 20)
“El propio director de Crédito Público habría reconocido que el pronóstico de tasas se quedó corto: esperaban algo cercano al 12%, pero el mercado terminó cobrando cerca del 14%.
La Contraloría advirtió que la colocación de TES del 13 de mayo, por cerca de $6 billones, salió 68 puntos básicos más cara que la subasta anterior del 29 de abril.
Ese mayor interés le costaría a Colombia más de $40 mil millones adicionales cada año en una sola emisión.
¡Colombia se está endeudando con el gota a gota!” (Mayo 20)
“La señal más preocupante e inusual es que los TES de corto plazo están pagando tasas superiores a los de largo plazo.
Eso se conoce como una curva invertida. Hoy al Gobierno le cobran más intereses por préstamos a corto plazo que a largo plazo. ¡Eso no es normal! Es el síntoma de una desconfianza absoluta en el manejo económico.
El resultado es gravísimo: entre 2004 y 2025, de cada $100 que pagábamos en impuestos, cerca de $22 se iban al pago de intereses. Hoy serían alrededor de $37 pesos.
Cada peso que se va en intereses es un peso menos para salud, seguridad, infraestructura y lucha contra la pobreza.” (Mayo 20)
“El desespero por la falta de plata en la caja es evidente. En 2025, el Gobierno emitió $92,7 billones en títulos de corto plazo (deuda que se debe pagar en menos de un año). Es un aumento del 368% frente a 2024, algo nunca antes visto.
Nos están dejando una bomba de tiempo: la Contraloría advirtió sobre vencimientos críticos para 2026, 2029 y 2030. El próximo Gobierno tendrá que endeudarse por billones de pesos solo para pagar la irresponsabilidad del actual.” (Mayo 20)
“¡Pero esta bomba fiscal la vamos a desactivar!
En 2026 recuperaremos la confianza de los mercados y el grado de inversión con responsabilidad y una regla fiscal estricta. Vamos a conformar un Estado austero, reduciendo el déficit y cortando el gasto de funcionamiento innecesario.
Con orden fiscal, seguridad jurídica y crecimiento económico Colombia puede volver a financiarse barato, recuperar la confianza de los mercados y usar sus recursos en lo que sí importa: salud, seguridad, infraestructura, educación, empleo formal y oportunidades.” (Mayo 20)
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(3) ¿Se acaba erradicación manual de cultivos ilícitos?
Paloma Valencia L.*
“#ATENCIÓN El Gobierno Petro lleva tres años sin contratar los servicios de erradicación manual de cultivos ilícitos.
Durante el Gbno Petro la erradicación manual cayó 92% y se registró la cifra más baja desde que se empezó a llevar este seguimiento en 2010.
Misteriosamente las licitaciones para contratar este servicio siempre se terminan declarando desiertas.
Esta es la Paz Total de Iván Cepeda: una estrategia para disparar los cultivos ilícitos, la producción de cocaína, los secuestros, la extorsión y el pie de fuerza de los grupos armados. Abro hilo:
6:39 a. m. · 21 may. 2026
En 2024 y 2025 la Dirección de Antinarcóticos de la Policía publicó dos licitaciones para contratar los servicios de erradicación manual.
Para estos procesos en 2024 se presupuestaron $78.125 millones y para 2025 fueron $56.661 millones.
Sin embargo, misteriosamente ambas licitaciones se declararon desiertas porque ningún proponente cumplió los requisitos.
¿El Gbno exigía requisitos imposibles, pretendía direccionar los contratos o sencillamente no quería que se firmaran?” (Mayo 21)
“Actualmente la Policía se encuentra adelantando la licitación para el contrato de erradicación manual durante 2026, para el cual programaron $60.000 millones.
Sin embargo, una queja radicada en Procuraduría advierte que funcionarios de la Dirección de Antinarcóticos estarían buscando volver a declarar desierta la licitación por tercer año consecutivo.
¿Por qué el Gobierno Petro le estaría poniendo tantas trabas al contrato de erradicación manual? ¿Acaso sabotear este contrato hace parte de las negociaciones de la Paz Total?
No se hace fumigación aérea, no se combaten los grupos armados y tampoco hacen erradicación manual. Estamos nadando en coca y los criminales felices.
Llegaremos con mano firme a poner el país en orden el 7 de agosto.” (Mayo 21)
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* Publicados en su cuenta de X (@PalomaValenciaL).
