Rafael Nieto Loaiza
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Petro sostuvo el pasado viernes en Cali que “Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente [que] tiene que transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo”. Le tuvo sin cuidado que el M19, del que se siente muy orgulloso de haber sido parte, fuera importante coautor de la Constitución del 91, y que él mismo hubiera jurado “sobre mármol” que no convocaría a una constituyente. Petro es un mentiroso redomado.
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Ecopetrol está atravesando serios problemas. Las decisiones gubernamentales de que no habrá más contratos de exploración de hidrocarburos y de suspender el fracking castigan el corazón mismo de su negocio. El año pasado disminuyeron un 42% sus utilidades. Y hay muchas dudas sobre su gobierno corporativo.
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Petro se radicaliza. Tanto en el discurso como en las acciones, acentúa su giro a la izquierda extrema. Una de las tácticas es barrer con los técnicos del gobierno y nombrar leales. Aunque no son ni mucho menos los únicos casos, los más visibles son la dirección del DNP, la de presupuesto del Ministerio de Hacienda y el DPS. En Planeación, el organismo más técnico del gobierno, nombró a un activista de izquierda, antiguo sindicalista, que ni siquiera es economista y sin experiencia alguna en el tema, al que vinculan con el Eln. En Presupuesto salió de una funcionaria con casi 20 años en Hacienda y designó un contador que tiene por exclusiva credencial haber hecho parte de la UTL de Gustavo Bolívar y que, posesionado, dijo que sabía "un poquito” del tema. En el DPS, eligió al mencionado libretista de televisión, que no es universitario y que tiene por único mérito haber quebrado sus propios emprendimientos y no pagarle a sus proveedores, en algún caso con la trágica consecuencia del suicidio del acreedor impagado.
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El deterioro agudo de la seguridad, la creciente violencia, son innegables. Las ciudades y los campos se encuentran asediados por los criminales y a los ciudadanos nos agobia una creciente sensación de indefensión, de estar a merced de los bandidos.
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Nos salvamos por un pelito. Según el DANE, en el cuarto trimestre la economía creció un 0,3% en comparación con el mismo trimestre del 2022 y se mantuvo igual (0,04%) en relación con el tercer trimestre del 2023. Lo que nos salvó fue el sector de la "administración pública, defensa, educación y salud”. Sin ese aporte la cifra fue negativa. El sector privado decreció por tercer trimestre consecutivo (2T -0,2%; 3T -1,6% y 4T -0,5%) y está en recesión.
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Petro está acorralado, entiende que su presidencia pende de un frágil hilo y está en la tarea de hacer todo lo que está en sus manos para no caerse. Su objetivo es evitar ser suspendido de su cargo y eventualmente condenado por la comisión de delitos electorales. Eso explica todas sus actuaciones desde la confesión de su primogénito.
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De la adicción tuitera de Petro y de su uso como instrumento de manipulación sabemos todos. Un trino del pasado viernes, sin embargo, rebasa todos los límites y debe despertar todas las alarmas. Petro dice que a) hay una "ruptura institucional” porque la Procuraduría suspendió al Canciller y porque “la fiscalía investiga al presidente”, b) que "se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente”, c) que “sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo”, d) que “no es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como 'el ñeñe’ que la del sindicato de maestros”, e) que hay una “toma mafiosa de la fiscalía” y que f) solicita “al pueblo la máxima movilización popular”.
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La Constitución, artículo 109, sostiene que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo”. Es indiferente si hay intención de vulnerar los topes o si el elegido sabe de tal vulneración. Basta con comprobar objetivamente que se violaron los topes para que se deba aplicar la sanción de pérdida de la investidura o del cargo.
