La ministra de Agricultura designada, Cecilia López, anunció en una entrevista reciente con el diario El Tiempo, que el próximo gobierno hará “una reforma agraria sin timidez para distribuir tierra productiva”, transformación que inexplicablemente no incluye la entrega de baldíos de la nación. López pretende usar el mecanismo de catastro multipropósito para promover la venta de tierra productiva al Estado, mediante la imposición de ‘altos’ gravámenes prediales.
López confirmó que “buena parte de las tierras dedicadas hoy a la ganadería serán utilizadas para producción agrícola. Las zonas ganaderas abarcan mucha más tierra de la que deberían”. Pese a que López manifestó que “no quieren crear pánico alrededor de este tema”, su proyecto, por sí solo, genera considerable inseguridad jurídica en la materia.
Ahora bien, si los agricultores o ganaderos no pueden pagar el elevado predial, dijo López, el Estado les comprará la tierra para ser distribuida entre los campesinos. En el fondo, la reforma agraria del gobierno Petro desarrollaría la propuesta de su campaña, bautizada entonces con el inocuo eufemismo rotulado ‘democratización de la tierra’. Su propósito central es, sin embargo, inducir, de forma velada, su expropiación con pago estatal.
López no tiene en cuenta que el catastro multipropósito en Colombia es un servicio público descentralizado, que promueve actualmente la regularización masiva de predios y su integración con la información catastral a nivel notarial. De esta manera, el catastro multipropósito de la propiedad rural pretende ofrecer mayor seguridad jurídica, proteger los derechos de propiedad, aportar eficiencia al mercado de tierras, favorecer el desarrollo rural, promover el ordenamiento territorial y fortalecer fiscalmente los territorios.
Por ello, es preciso reiterar que el catastro multipropósito, a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, no es un instrumento de un solo objetivo; su función medular es adelantar la actualización, conservación, registro y difusión catastral, que contribuya a la planeación y la gestión de los territorios, con énfasis en la protección de los derechos de propiedad y la consecuente seguridad jurídica de la titularidad de la tierra, como lo determinan la Constitución Nacional y la ley. Actualmente, el país cuenta con la información catastral del 39% del territorio nacional, equivalente a 44,5 millones de hectáreas, y la actualización cartográfica básica del 62% del país con 70,6 millones de hectáreas, procesos misionales del IGAC que deben seguir adelante. Históricamente, la informalidad de la propiedad en Colombia, generada por conflictos territoriales y adjudicaciones ligadas a la colonización, despojo, venta coercitiva, apropiación e invasión ilegal de predios rurales, refuerzan la necesidad de priorizar los procesos catastrales, que permitan formalizar los derechos de propiedad en lugar de debilitarlos. Trastocar las prioridades en materia de tierras y convertir en unipropósito el catastro polivalente actual para adelantar la mal llamada democratización forzosa de la tierra productiva es un error que es menester evitar.
*Miembro del Consejo Directivo del ICP.
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https://www.portafolio.co/, Bogotá, 26 de julio de 2022.
