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1. “Incoherente”, “hipócrita” y “contradictorio”: le llueven críticas a Gustavo Petro por anuncio
de nuevos aviones para la Fuerza Aérea
2. Polémica propuesta de Petro para que campesinos puedan sembrar coca y cultivos sustitutos al mismo tiempo
3. La relación entre el precio del dólar y el narcotráfico, según académicos y analistas
4. Controversia por comentarios de Gustavo Petro a las vías 4G y 5G
5. Petro criticó las vías 4G y dijo que no son una buena idea; expertos le respondieron
6. “Estaríamos ante el peor escándalo de corrupción política durante el Gobierno Petro”: Aurelio Suárez pide investigar “carrusel” de contratos que involucraría a Roy Barreras
7. Acusan a Roy Barreras de liderar ‘carrusel’ de contratación en el Congreso
8. Aurelio Suárez insiste en denuncia de carrusel de convenios y le contesta a Roy Barreras: “Usted preside el Senado, ¿y nada qué ver?”
9. ¿Qué olvida Petro cuando pide no subir los precios?
10. Por qué De la Calle y Jaramillo critican la marcha de la paz con Petro
11. Mientras la primera dama va en avión presidencial, Francia ha volado en Avianca
12. Sancionan a Nicolás Petro por gastos en su campaña para la Gobernación del Atlántico
13. “Uno puede mejorar sin destruir”: Claudia López está en contra de que se acaben las EPS
14. Rebaja del SOAT podría impactar negativamente el sistema de salud
15. Atención | Capturan a ruso implicado en presuntos delitos en Colombia
16. Se desinfla el poder de Daniel Quintero, el hombre fuerte de Petro en Antioquia
17. Polémica por intoxicación en cita de juventudes en Medellín
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1. “Incoherente”, “hipócrita” y “contradictorio”: le llueven críticas a Gustavo Petro por anuncio de nuevos aviones para la Fuerza Aérea
El pasado 17 de diciembre el presidente anunció el cambio en la flota de aviones de la fuerza, algo que criticó fuertemente durante el gobierno de Duque
El presidente Gustavo Petro confirmó, en medio de la ceremonia de ascenso de oficiales del Ejército y la Policía en la Escuela Militar de Cadetes “José María Córdova” (Bogotá), que se cambiará toda la flota de aviones Kfir que usa la Fuerza Aérea. Ya el gobierno del expresidente Iván Duque había advertido que era necesario comprar nuevas aeronaves porque la vida útil de las actuales expirará en 2023.
Por eso, durante ese mandato se estuvieron analizando cuatro opciones distintas para el reemplazo de las aeronaves, pero el proceso se congeló por el cambio de gobierno. Ahora, según estableció el periódico El Tiempo, nuevamente se estudian las características de los cuatro candidatos para determinar cuál será la mejor opción, basándose en el factor costo-beneficio.
Las cuatro empresas, indicó el medio mencionado, son Lockheed Martin, que ofrece F-16 (viper block 70); Saab, con su Gripen E/F; Dassault Aviation, con Rafale C/F3, y Eurofighter, con su Typhoon (C.16).
Incluso, El Tiempo afirma que la FAC (Fuerza Aérea Colombiana) le había recomendado a Duque declinarse por los F-16 de Lockheed Martin, pero el gobierno de Petro ordenó analizar nuevamente cada una de las propuestas. Un comité, integrado por miembros de la FAC, activos y en retiro, se encargaría del análisis y no se descarta que lleguen nuevos oferentes.
Cabe recordar que la adquisición de las aeronaves había quedado en duda por los pronunciamientos de Petro acerca del gasto militar y la prioridad para invertir los recursos en mejorar las condiciones de los uniformados. Incluso, Petro criticó mucho al gobierno de Duque por querer comprar aeronaves nuevas en el contexto de escasez que se vivía en el país como consecuencia de la pandemia.
“La compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos, es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio si en instrumentos para bombardear niños.”, escribió el entonces senador Petro en marzo de 2021 en su cuenta de Twitter.
Casi dos años después, y ya como presidente de la República, Petro reconoció la necesidad de reemplazar la flota de aviones. “La Fuerza Aérea Colombiana contará con una fuerza de superioridad aérea que reemplazará nuestros viejos aparatos Kfir (...) porque, en realidad, ya era un peligro subirse sobre esos aparatos”, dijo el jefe de Estado el pasado 17 de diciembre en la ceremonia de ascenso.
“Hemos tomado decisiones administrativas finales sobre las cuales la defensa terrestre de Colombia se asegurará en sus fronteras, es una inversión indudablemente billonaria si se mide en pesos colombianos, es una inversión estratégica si se mide desde los fines constitucionales”, explicó.
A renglón seguido, dijo que la compra de esos aparatos “no afectará a las finanzas públicas en el presente” porque “se han logrado unas negociaciones” con amplios períodos de gracia.
Este anuncio le valió numerosas críticas por parte de sus contradictores y sectores independientes. Por ejemplo, el senador ‘Jota Pe’ Hernández lo llamó “incoherente” y se preguntó para qué eran necesarios los aviones “si se avecina la paz total”:
Otro de los críticos del presidente por la decisión tomada es el exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza, que escribió en su cuenta de Twitter:
Por su parte, Jorge Enrique Robledo, otro de los grandes críticos del actual gobierno, a pesar de venir de una corriente de izquierda, como el presidente, recordó en su cuenta de Twitter el día en que Joe Biden llamó a Petro para recordarle la oferta de aviones F-16:
La cuenta oficial de Twitter de Cambio Radical reconoció la necesidad de cambiar la flota de aviones de la Fuerza Aérea, pero llamó “hipócrita” al presidente por la postura que tomó cuando era senador, durante el gobierno de Duque, por el gasto en las aeronaves nuevas:
Así mismo, el excandidato presidencial Enrique Gómez dijo que “nada como la hipocresía de la cuadrilla del Pacto Histórico”:
A las críticas se sumó el analista político Gilberto Tobón Sanín, de quien se dice aspirará a la Alcaldía de Medellín en 2023. En su cuenta de Twitter dijo que teniendo en cuenta el aumento del dólar “la contradicción es aun mayor”
https://www.infobae.com/, Bogotá, 19 de diciembre de 2022.
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2. Polémica propuesta de Petro para que campesinos puedan sembrar coca y cultivos sustitutos al mismo tiempo
La propuesta del mandatario es que las comunidades cocaleras tengan una opción mientras exploran si la siembra alternativa les funciona. Esto le dijo a la comunidad del Catatumbo.
El presidente Gustavo Petro aterrizó en la Primera Asamblea de Organizaciones Cocaleras de Catatumbo con una propuesta: que los campesinos que se dedican a cultivar esa planta puedan seguirla cosechando mientras exploran qué otros cultivos les pueden funcionar.
La proposición la hizo el mandatario desde El Tarra, Norte de Santander, hasta donde los sembradores de hoja de coca (la base para producción de cocaína) se desplazaron para participar de esa convención convocada por el Ejecutivo.
En palabras textuales, Petro propuso que los campesinos cocaleros puedan seguir plantando la base de la coca mientras hacen sus primeros cultivos del cultivo sustituto, “hasta probar que el cultivo sustituto funciona, porque si funciona, ya no hay necesidad de lo otro”, afirmó.
El presidente prometió una universidad para la región, mejorar las carreteras para que los productos del campo puedan salir y convertir a esa zona del país en una productora de comida para Colombia y Venezuela.
“Los funcionarios que estén en este programa no pueden vivir en Bogotá ni quedarse en Bogotá donde no hay una sola mata de coca”, puntualizó el mandatario.
El objetivo de la Casa de Nariño es que la comida que allí se cultive permita reactivar la economía de la región a partir de la legalidad porque, dice el jefe de Estado, los productores de hoja de coca ya ni siquiera están viendo los réditos de esa planta ilegal.
“Los dólares de la cocaína ya no están entrando a Colombia. Se quedan en el camino, se quedan en Wall Street New York y en México”, cuestionó Petro.
Los campesinos le pidieron al presidente que se cree la figura de “gestores de sustitución”, con el objetivo de que aquellos que están detenidos por plantar ese cultivo ilegal puedan salir de la cárcel.
Ese planteamiento nace del término “gestores de paz” que le dio el Gobierno a los integrantes de la Primera Línea detenidos por delitos ocurridos en el marco del Paro Nacional de 2021. No obstante, en su intervención el mandatario no respondió a ese reclamo.
El Gobierno está diseñando una universidad que tendrá como sede Norte de Santander para recibir a 3.500 estudiantes cada año, hasta que termine con un cupo de 17.000 jóvenes. Durante el evento firmó un acta de compromiso para la construcción de esa institución.
Se proyecta que las obras comiencen en abril y que los programas que imparta esa institución se pacten con los campesinos de la región.
“Nuestro accionar aquí es porque el Catatumbo sea una de las primeras regiones de la paz total en Colombia, que quienes hoy están en armas sepan que llegó el momento de que quien mande no sea el fusil, sino el campesino y la campesina, y el niño, y la niña y el joven”, concluyó el mandatario
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 16 de diciembre de 2022.
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3. La relación entre el precio del dólar y el narcotráfico, según académicos y analistas
El presidente Petro causó un enorme revuelo al afirmar que la tasa de cambio se explica porque los dólares de la coca no están llegando.
En el marco de la Primera Asamblea de Organizaciones cocaleras del Catatumbo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que es necesario que los campesinos puedan seguir cultivando coca mientras prueban con cultivos sustitutos para disminuir las hectáreas de cultivos ilegales.
Según el mandatario, la disparada que tuvo el dólar este año hasta un máximo histórico que llegó a rondar los $5.000 se debe a que los dólares del narcotráfico ya no están llegando al país, sino que se están quedando en el sistema financiero internacional.
"De dónde venían los dólares que entraban a Colombia: del petróleo, sí; del carbón, sí; pero también era de la coca. Si el peso colombiano cayó, evidencia una realidad económica y es que los dólares de la coca ya no están entrando a Colombia. Se quedan en el camino, en Wall Street", aseguró el presidente en el marco de la Primera Asamblea de Organizaciones cocaleras del Catatumbo.
"Como cualquier comercio mundial de mercancías, la mayor parte de los dólares en que se transforma la mercancía está en el sistema financiero internacional. La mayor parte no entra a Colombia porque cambiaron los dueños del narcotráfico", agregó Petro en sus redes sociales.
Sin embargo, de acuerdo con analistas y académicos expertos en el tema, aunque es cierto que el narcotráfico y los dólares que entran por cuenta del comercio de la cocaína tienen una fuerte incidencia en la tasa de cambio y en la economía colombiana, todavía no hay un estudio concluyente que demuestre que dicha entrada de dólares por parte del narcotráfico haya disminuido.
Así lo explica el abogado, economista y profesor Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Johan Mauricio Caldas, quien agregó que "lo cierto es que las cifras oficiales del Gobierno han mostrado, por otro lado, que el número de hectáreas cultivadas con hoja de coca ha aumentado y no hay un índice que demuestre que la exportación de droga haya disminuido y, por ende, la entrada de dólares por el narcotráfico haya disminuido. En conclusión, sí es una variable que afecta la tasa de cambio, pero el presidente Petro no ha demostrado que, en efecto, el narcotráfico ha disminuido".
Por su parte, Adrián Garlati, director de Economía de la Universidad Javeriana explica que aunque los dólares generados por la coca en efecto tienen una incidencia sobre el precio de la divisa en Colombia, la reciente depreciación del peso tiene que ver más con los factores comunes como el mercado internacional de petróleo y la aversión al riesgo por parte de inversionistas.
"Los dólares del narcotráfico, alguna influencia sobre la divisa de EE.UU. deben de tener. Es una actividad generadora de dólares, solo que es completamente ilegal. Pero en algún momento tienen que trasladarse a pesos para gastarse a nivel nacional. Entonces sí genera alguna presión sobre el precio del dólar", dice Garlati,
Pero añade que "el hecho de que eso tenga qué ver con la depreciación del peso, habría que determinar cuál grado de culpa hay en la reducción de esos dólares que dice el Presidente. Es difícil de saberlo. En realidad la variables principales están relacionadas con la reducción de dólares que ha habido en la economía colombiana producto de menores exportaciones de hidrocarburos y mayor salida de capitales por aversión al riesgo".
Mientras tanto, el asesor financiero certificado por el Mercado de Valores AMV, Andrés Moreno, descartó que los dólares de la coca se estén quedando en el sistema financiero internacional.
"El dólar en Colombia sube por una tendencia internacional de aversión al riesgo y de buscar refugio en los dólares y en países sólidos, por lo que los países emergentes y monedas débiles se ven afectadas. Esto se incrementa con la incertidumbre política nacional por temas como el de hidrocarburos. El narcotráfico no tiene mucho qué ver en la tasa de cambio y no es cierto que esté subiendo porque esos dólares se estén quedando en Wall Street", aseguró Moreno Jaramillo.
Cultivos de coca podrían aumentar ante disparada del dólar
De acuerdo con el el informe de cultivos ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el año pasado Colombia registró nuevo máximo en producción de cocaína, pero este año el país podría llegar a otro récord por cuenta de la disparada del dólar.
La ONU reveló que los cultivos, es decir, el área sembrada con hoja de coca se expandió pasando de 143.000 hectáreas (ha) en 2020 a más de 204.000 ha en 2021. Con base en el área cultivada, el país llegó a su pico máximo de producción de cocaína.
Durante 2022, cuando el dólar llegó a tocar los $5.000, uno de los mayores beneficiados suelen ser los exportadores, si no necesitan materias primas importadas, ya que el peso colombiano es más barato. Este efecto también se ve reflejado en el negocio del narcotráfico.
Según explica un estudio de la Universidad Eafit, “cuando se da un proceso de devaluación, este incrementa la cantidad de moneda local que se recibe por la venta del producto en dólares y aumenta la competitividad (genera una ventaja comparativa) porque el productor podría bajar sus precios y atraer nuevos compradores. Este aumento en el ingreso y la competitividad fomenta la expansión del área existente y atrae nuevos productores, los cuales también expanden el área de cultivos”.
Es por eso que los altos precios del dólar podrían incentivar los cultivos de coca, ya que se estaría pagando mucho más que en los años anteriores, ante la devaluación del peso.
https://www.larepublica.co/, Bogotá, 19 de diciembre de 2022.
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4. Controversia por comentarios de Gustavo Petro a las vías 4G y 5G
El Presidente señaló que en estas vías se ‘tira un poco de plata’ y benefician al gran capital.
No cesan las reacciones por las críticas del presidente de la República, Gustavo Petro, a las vías 4G y 5G del país.
El pasado 7 de diciembre, durante su alocución en Buenaventura sobre los logros de la paz en el puerto y los acuerdos para detener la guerra entre grupos criminales locales, Petro señaló que en las autopistas 4G “se tira un poco de plata” y que estas “solo sirven para importar productos y matar la producción nacional”, además de que con eso se benefician son “los dueños del gran capital en Colombia”.
Sin embargo, este sábado, Guillermo Reyes, ministro de Transporte, señaló que una de estas vías, la Pasto–Rumichaca, por ejemplo, beneficiará a Nariño y a 884.000 habitantes y que “con esta entrega, el gobierno de la vida continúa incentivando la productividad, el turismo y la agroindustria”, lo que ha generado confusión respecto a la postura del Gobierno sobre estas obras. Además, frente a los comentarios de Petro, EL TIEMPO se contactó con Reyes para conocer su opinión, pero desde su cartera señalaron que no darían declaraciones al respecto.
Uno de los más críticos frente a los comentarios de Gustavo Petro fue el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien señaló como un absurdo lo dicho por el jefe de Estado y resaltó el valor que tienen estas vías para el transporte de productos tanto de importación como de exportación.
“Ningún presidente en el planeta ha dicho un absurdo tan delirante: que las autopistas solo sirven para las tractomulas que traen las mercancías de los ricos. Sirven para exportar café, o aceite de palma, para importar trigo, pan, pastas, fertilizantes y maquinaria industrial”, señaló Peñalosa en su cuenta de Twitter.
Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, recordó que la infraestructura es clave para lograr los demás objetivos que se propone el gobierno Petro. “Las vías nacionales, 2G, 3G, 4G y 5G; todas son necesarias. ¿Para qué? Para unir a Colombia y sus regiones. Ni la paz, ni la unión del territorio ni la competitividad son posibles sin infraestructura. No solo estas, faltan muchas obras más para poder contar con un país viable”, dijo Mac Master.
De otro lado, al preguntarle si hay respuesta a las declaraciones del presidente sobre las vías, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), aseguró que su gremio “se abstiene de hacer comentario alguno”.
Sin embargo, lo que sí dio a conocer la CCI el viernes pasado fue un informe con sus expectativas para el 2023, entre las que se mencionan las concesiones 4G. “Para el 2023, el programa, seguramente, alcanzará niveles de ejecución superiores al 85 por ciento, y, en total, 20 proyectos se encontrarán en etapa de operación y mantenimiento”, indica el comunicado del gremio, lo que representa un progreso del 15,5 por ciento con respecto al avance que llevan las 4G hasta el momento.
Además, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el progreso de estos proyectos es del 69,5 por ciento. Pero desde esta agencia adscrita del Gobierno tampoco hubo reacción a las palabras de Petro.
Adicionalmente, frente a las concesiones 5G, la CCI confirmó que para estas se destinará una inversión de 9,4 billones de pesos para seis proyectos que intervendrán más de 1.000 kilómetros.
También desde el gremio de constructores resaltaron que las vías terciarias serían las más beneficiadas en cuanto a kilómetros intervenidos en 2023 (4.100). No obstante, la cuantía para financiarlas es de 1,5 billones de pesos, muy inferior a la estipulada para los proyectos 5G.
Y, debido a que la meta en el cuatrienio del gobierno es intervenir a lo largo de 33.102 kilómetros de vías terciarias, la CCI le solicitó al Ejecutivo “invertir adecuadamente los billonarios recursos” y le advirtió sobre la importancia de “tener siempre presentes los mandamientos técnicos e ingenieriles”.
‘Carreteras traen más desarrollo a las regiones’
Los transportadores de carga del país agremiados en Fedetranscarga se mostraron extrañados por las críticas del presidente Gustavo Petro a las vías 4G y 5G, pues consideraron que el desarrollo de estos proyectos, independiente del tipo de carga que se movilice a través de estas, sin duda trae consigo más desarrollo a las regiones y al país, ya que por estas también se movilizan cientos de turistas extranjeros.
No obstante, Henry Cárdenas, presidente de la agremiación, señaló que se necesita mayor celeridad en la ejecución de estas iniciativas, de las cuales lleva hablando el país hace 8 años.
“Creo que el Presidente está malinterpretando la utilización y el beneficio que le trae a Colombia estas vías, pero también puede ser cierto es que las concesiones que lideran estas grandes vías no han hecho un trabajo realmente fuerte en tiempos y muchas contrataciones aún se encuentran a medidas”, precisó.
Dijo, además, que no se puede pasar por alto que la infraestructura es un gran generador de empleo en el país, independiente del que genera el transporte de carga tanto de importación como de exportación, así como el turismo.
Por eso recomendó, no obstante, acelerar las obras que están en marcha, sancionar a aquellos concesionarios que incumplen con los plazos de entrega y apurar un mayor desarrollo y mejoramiento, incluso, de las vías terciarias con que cuenta el país y que son necesarias para sacar los productos de las regiones.
“Las vías se necesitan, el país necesita más desarrollo para que el pueda tanto exportar como importar las materias primas que requiere la producción nacional”, insistió Cárdenas, al señalar que la ejecución de las vías del país demanda una vigilancia permanente para que se cumpla con lo pactado. “El desarrollo de las vías no se puede parar, todo lo contrario, debe seguir”, dijo.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 19 de diciembre de 2022.
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5. Petro criticó las vías 4G y dijo que no son una buena idea; expertos le respondieron
Gustavo Petro lanzó una dura crítica frente a la construcción de las grandes autopistas que se construyen en Colombia como lo son las 4G y 5G.
El presidente de Colombia Gustavo Petro lanzó una dura crítica frente a la construcción de las grandes autopistas y carreteras que se construyen en Colombia como lo son las de generación 4G y 5G.
“Se tiran un poco de plata, en unas 4G de autopistas, que solo sirven para importar productos de los puertos para matar la producción nacional en las grandes ciudades de Colombia. Quienes van por esas autopistas son las tractomulas cargadas con las mercancías de los dueños de gran capital”, dijo el mandatario.
Importancia de las 4G
El programa de concesiones 4G permitirá en Colombia construir un total de 1.370 km de dobles calzadas, rehabilitar 7.000 km de vías, construir 141 túneles y levantar 1.300 viaductos.
Así mismo, ha permitido la disminución de tiempos al recorrer las carreteras del país en un 30 % y hasta un 20 % se reducirán los costos asociados a la logística del transporte de mercancías tanto de importación como de exportación, dinamizando el comercio de los máximos sectores económicos posibles.
Según Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), el programa 4G hará más competitivos los corredores viales del país.
“La percepción sobre la calidad y provisión de la infraestructura en Colombia ha mejorado en los últimos años, según el Foro Económico Mundial. En Colombia se están haciendo carreteras que van a estar al nivel de las mejores del mundo”, agregó.
Por otro lado, el catedrático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Jorge Ramírez Vallejo, indicó que con estas vías se beneficiará directamente la actividad turística y la agroindustria.
Así mismo, se espera que mejore la calidad de vida en las poblaciones donde inciden los proyectos, ya que incentivará la llegada de nuevas empresas y motivará la capacitación de mano de obra.
Por ejemplo, el recorrido entre Bogotá y Cartagena, que hoy en día se demora hasta 25 horas, podría hacerse en 15 horas; mientras que el tiempo que se gasta entre Bogotá y Medellín pasaría de 20 horas a 14 horas, lo que contribuye a cuidar el medio ambiente, y que, al reducirse el trayecto de viaje, disminuye las emisiones de gases contaminantes.
En desarrollo, proyectos 5G
No hay que olvidar que las vías 4G fueron determinantes, ya que incluyeron inversiones por más de $50 billones para desarrollar corredores clave.
El gobierno Duque entregó más de 10 y dejó el camino allanado para que, al cierre de 2022, 18 queden listas.
Sumado a lo anterior, le dio luz verde a una política pública que les dio vida a las Concesiones del Bicentenario, más conocidas como de 5G.
Este nombre responde a que es el quinto programa de concesiones que se ejecuta, luego de los desarrollados desde finales del siglo pasado.
No obstante, se diferencia de las anteriores en el hecho de que va más allá de las carreteras, resuelve problemáticas de anteriores iniciativas, y, sobre todo, trae un énfasis mayor en factores medioambientales y sociales de las obras a realizar.
Con esto presente, Colombia tiene obras de infraestructura para rato, gracias a los otros megaproyectos 5G que ya tienen luz verde.
Proyectos de infraestructura en Gobierno Petro
El ministro de Transporte Guillermo Reyes, en entrevista con Revista Semana, afirmó que seguirán en la tarea de darles continuidad a los proyectos 4G y 5G “para que se ejecuten en el menor tiempo posible”.
Sin embargo, señaló que la apuesta en infraestructura vial del Gobierno Petro es el transporte multimodal, es decir, férreo y fluvial, con un enfoque no solo económico sino social.
“Por eso, el plan contempla hacer más de 197 muelles en 83 municipios, para los ríos en Vichada, Vaupés, Guainía, Guaviare y Amazonas. Trabajamos en la navegabilidad y dragado del río Magdalena y evaluamos si se hará por una Iniciativa Privada (IP) o Asociación Pública Privada (APP)”, concluyó reyes.
https://www.pulzo.com/, Bogotá, 19 de diciembre de 2022.
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6. “Estaríamos ante el peor escándalo de corrupción política durante el Gobierno Petro”: Aurelio Suárez pide investigar “carrusel” de contratos que involucraría a Roy Barreras
La Fiscalía General designará un investigador para revisar el tema en los próximos días.
https://www.semana.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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7. Acusan a Roy Barreras de liderar ‘carrusel’ de contratación en el Congreso
Aurelio Suárez señaló a Barreras de adjudicar 800 contratos en cuatro meses; la Fiscalía le puso lupa al caso.
La contratación que se ha dado durante la presidencia de Roy Barreras en el Congreso de la República está en la lupa de la Fiscalía. Si bien el ente investigador no tiene competencia para procesar al congresista, decidió abrir noticia criminal por la denuncia del analista político Aurelio Suárez, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, sobre supuestos sobrecostos en contratos adjudicados en el Senado.
En un correo electrónico firmado por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se confirmó la apertura de una noticia criminal para que un fiscal –pendiente por asignar– indague sobre los señalamientos hechos contra Barreras por presuntas irregularidades en contratación.
Este procedimiento se inició después de que Suárez denunció en una columna, en la revista Semana, que entre el 26 de julio y el 5 de septiembre la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca Rahin, firmó al menos cuatro convenios con supuestos sobrecostos y beneficios para fichas del senador Barreras.
Tras esta primera denuncia, Suárez publicó una nueva columna en el mismo medio en la que hizo nuevos señalamientos contra el Presidente del Congreso, a quien acusó de haber adjudicado 800 contratos en cuestión de cuatro meses, entre el 1 de agosto y el 9 de diciembre.
“Hablar de ‘nóminas paralelas’ guarda relación con los contratos adjudicados del 1 de agosto al 9 de diciembre, que suman 800, exceptuando los de personas jurídicas o empresas, casi a golpe de diez diarios por 92 días hábiles, una fábrica, y más en septiembre, cuando fueron 406 y, pese a que los empleados de carrera allí son 239”, expuso el columnista.
Entre los contratos más controvertidos, Suárez denunció el que se le adjudicó a Catalina Mesa Ramírez, esposa del director del Dapre, Mauricio Lizcano, por valor de 13,3 millones de pesos; y otro a Luz Adriana Marín, relacionado con el presidente del Partido Conservador, Carlos Trujillo, por 30 millones de pesos.
Barreras decidió no pronunciarse frente a esta nueva denuncia, pero sí lo hizo tras la primera, a la que desacreditó asegurando que no ha firmado ningún contrato y apuntó que tres de los cuatro contratos en cuestión vienen desde la Presidencia del exsenador conservador Juan Diego Gómez, su antecesor.
“La Presidencia del Senado de la República no tiene nada qué ver con la parte administrativa, que cuenta con separada estructura y autonomía”, respondió Barreras.
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 19 de diciembre de 2022.
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8. Aurelio Suárez insiste en denuncia de carrusel de convenios y le contesta a Roy Barreras: “Usted preside el Senado, ¿y nada qué ver?”
El columnista de SEMANA denunció este sábado la existencia de cuatro convenios en esta corporación con empresas que no tendrían el objeto social para el que se les contrató.
https://www.semana.com/, Bogotá, 10 de diciembre de 2022.
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9. ¿Qué olvida Petro cuando pide no subir los precios?
La fijación de una tarifa para los servicios públicos domiciliarios o el transporte depende de muchas variables y no exclusivamente de un factor.
El ajuste del 16% que tendrá el salario mínimo el año que viene y su efecto positivo en las finanzas de los hogares, particularmente en los de ingresos bajos, quiere ser defendido a toda costa por el presidente, Gustavo Petro, quien durante el fin de semana viene insistiendo en que los precios de algunos bienes y servicios no deben subir.
Tras el acuerdo que permitió incrementar el mínimo en $160.000, el cual pasará de un millón de pesos a $1.160.000, en su cuenta de Twitter, el mandatario ha sido insistente en que los valores de grupos de gasto de la canasta familiar como los arriendos, los servicios públicos, el transporte, y la comida deben crecer un 13% el próximo año, pues la consigna es simple: “Se trata que el salario y los ingresos reales de los colombianos suban”.
Pero, el anuncio de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) de aumentar las tarifas de transporte de los sistemas masivos en 12,53% suscitó el descontento de Petro, quien en la red social escribió: “¿Si el diésel no aumenta de precio, porque si los pasajes de los buses?
Además, el presidente recordó que Asocapitales no es autoridad tarifaria y le pidió la Superintendencia de Transporte una vigilancia profunda sobre los incrementos tarifarios propuestos, señalando que no se pueden indexar los pasajes al índice de inflación, sino a la variación real de los costos del transporte.
Claridad
En línea con la anotación de Petro, referente a la dinámica de los costos de la llamada canasta del transporte, se puede ejemplificar que según las cifras del Dane el Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros muestra que entre julio y septiembre de este año la variación fue del 10,72% frente a los mismos meses del año anterior, impulsada por los grupos de gasto asociados a partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación, costos fijos e insumos (ver gráfico).
En ese contexto, Camilo García, director del Consejo Superior del Transporte, comentó que en los trinos al presidente Petro se le olvida que las tasas de uso de las terminales aumentan con la inflación al igual que los peajes.
A juicio del dirigente, el mandatario también deja de lado que los insumos tales como llantas, repuestos, aceites se han incrementado en más de 60% en el último año. “Nosotros tenemos trabajadores, a los que debemos incrementarles el salario mínimo”, añadió.
Igualmente, comentó que no hay seguros y para que a los transportadores les vendan el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) tienen que pagar por las pólizas de responsabilidad más altas del mercado.
A lo anterior se suma el hecho de que la demanda del transporte de pasajeros no se ha recuperado y está movilizando alrededor del 75% de pasajeros que en 2019, antes de la pandemia.
Y un detalle más, los costos de financiamiento son los mayores en dos décadas y por la caída del mercado y por las tasas de interés, los transportadores tienen acceso limitado al crédito, concluyó García.
Servicios
En otro de sus mensajes, Petro les solicitó a las comisiones reguladoras de servicios públicos desligar las tarifas del índice general de precios y de factores especulativos. ¿Puede hacerlo?
Para Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, Petro es quien administra la política general de servicios públicos, y lo hace a través de las comisiones reguladoras.
“Pero, para hacer efectivas medidas, como la anunciada en el trino, tiene que haber análisis, deliberación y decisión de la Comisión de Regulación de Energía, Gas (Creg), y modificar las fórmulas tarifarias que contengan la inflación como factor de actualización de tarifas. Creo que es un trino para producir sensación de que el aumento del salario mínimo no va a ser afectado por la tarifa de energía, muy personal del presidente, pero que falta ver cómo lo concreta con los miembros de la Creg”, finalizó Gaviria
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 19 de diciembre de 2022.
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10. Por qué De la Calle y Jaramillo critican la marcha de la paz con Petro
"Las buenas intenciones no se traducen en avances en gestión e implementación del Acuerdo", dicen.
Humberto de la Calle Lombana y Sergio Jaramillo, los hombres que lograron la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, expresaron su preocupación por los avances en su implementación. "Observamos con preocupación que las buenas intenciones no se traducen aún en avances en la gestión e implementación del Acuerdo", dicen en una declaración conjunta publicado en las últimas horas.
La misiva se hace a las pocas semanas de cumplirse los seis años de la firma del Acuerdo Final entre el Estado y la guerrilla, el movimiento armado irregular más poderoso y longevo del continente.
"La dedicación de las comunidades en los territorios y la vigilancia de la comunidad internacional lograron mantener vivo en este tiempo el proceso de paz, en medio de tantas dificultades", dicen.
"Al fin y al cabo, el presidente Duque había construido su plataforma electoral sobre la base de su oposición al Acuerdo. Por eso, cuando el presidente Petro anunció en su posesión como primer punto de su decálogo de gobierno que “vamos a cumplir el Acuerdo de Paz”, celebramos el renovado compromiso con el proceso de paz. Un semestre más tarde, observamos con preocupación que las buenas intenciones no se traducen aún en avances en la gestión e implementación del Acuerdo", aseguran.
De la Calle y Jaramillo ponen el énfasis en lo que pasa en los territorios tanto en la ausencia de toma de decisiones en la Casa de Nariño para enfrentar tan enorme desafío.
Con algunas paradojas: la carga de trabajo puesta sobre los hombros de Danilo Rueda, comisionado de paz, que ellos consideran "humanamente imposible" de llevar a cabo mientras que en simultanea hay puestos vacíos como un director en propiedad de la Agencia para la Reincorporación y Normalización.
Esto en paralelo con el ruido de los fusiles que no cesan en amplios puntos de la geografía nacional. "Inquietan las noticias cada vez más frecuentes de masacres en las regiones (30 en este semestre, según Indepaz) y el incremento significativo de asesinatos de líderes sociales en el nuevo gobierno (50% más, según la Fundación Ideas para la Paz)", dicen.
De la Calle y Jaramillo dicen que no desconocen las buenas intenciones del nuevo gobierno y recuerdan que están dispuestos a ayudar en lo que sea necesario para avanzar en la implementación del Acuerdo. Pero, eso sí, son enfáticos al afirmar: "Hacemos simplemente una invitación a pasar lo antes posible de la palabra a la acción, para que el proceso de paz no siga perdiendo terreno en los territorios de Colombia".
Este es el texto íntegro de la declaración emitida por quienes fueran el jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana y el alto comisionado de paz, respectivamente.
"Hace unas pocas semanas, el 24 de noviembre, se cumplieron seis años desde que firmamos el Acuerdo Final con las FARC-EP. La dedicación de las comunidades en los territorios y la vigilancia de la comunidad internacional lograron mantener vivo en este tiempo el proceso de paz, en medio de tantas dificultades.
Al fin y al cabo, el presidente Duque había construido su plataforma electoral sobre la base de su oposición al Acuerdo. Por eso, cuando el presidente Petro anunció en su posesión como primer punto de su decálogo de gobierno que “vamos a cumplir el Acuerdo de Paz”, celebramos el renovado compromiso con el proceso de paz. Un semestre más tarde, observamos con preocupación que las buenas intenciones no se traducen aún en avances en la gestión e implementación del Acuerdo.
1. Queremos en primer lugar reconocer y aplaudir el incremento significativo de recursos para el Ministerio de Agricultura y las agencias del sector rural, indispensables para implementación del Punto 1 del Acuerdo - Reforma Rural Integral. Alentamos al gobierno a financiar y poner en marcha finalmente los 16 Planes Nacionales en materia desarrollo rural, que son la esencia de la RRI y que seis años después de su firma escasamente se han terminado de formular. Por ejemplo, el Ministerio de Salud aún no ha adoptado el Plan de Salud Rural.
2. La implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos supone sin duda un reto mayúsculo para el nuevo gobierno. Los cultivos de coca llegaron a 204.000 hectáreas en el último año del gobierno Duque: el mayor crecimiento anual desde que UNODC lleva registros (43%). Por lo mismo, es urgente que el gobierno Petro produzca una hoja de ruta para implementar de manera vigorosa el Programa, con el enfoque territorial que propone el Acuerdo. Es bien conocida la relación directa que existe entre la presencia de cultivos de coca y de organizaciones criminales en los territorios, por una parte, y el asesinato de líderes sociales por la otra.
3. La violencia recurrente en los territorios amenaza la implementación del Acuerdo, que pretendía precisamente evitar el reciclaje de la violencia. Inquietan las noticias cada vez más frecuentes de masacres en las regiones (30 en este semestre, según Indepaz) y el incremento significativo de asesinatos de líderes sociales en el nuevo gobierno (50% más, según la Fundación Ideas para la Paz). La experiencia colombiana enseña que conversaciones de paz que no estén acompañadas de una estrategia eficaz de seguridad, fracasan.
4. Al finalizar el año, no ha sido nombrado en la Presidencia de la República un responsable de liderar la ejecución del Acuerdo y la articulación de las diferentes entidades encargadas de su implementación. Recientemente ha sido encargado formalmente de esas funciones el Alto Comisionado para la Paz, quien divide su tiempo entre las negociaciones con el ELN -cuyo reinicio celebramos vivamente-, los intercambios permanentes con organizaciones de crimen organizado en el campo y la ciudad, y sus otras responsabilidades en la Presidencia de la República. Es humanamente imposible que el Comisionado, además de estas tareas, se encargue eficazmente de la implementación del Acuerdo de Paz.
5. Tampoco ha sido nombrado un director en propiedad de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ni se ha creado como estaba previsto el Sistema Nacional de Reincorporación. El bienestar de 12.700 excombatientes de las FARC está en juego.
6. Nos preocupa que las bases del Plan Nacional de Desarrollo parecen reflejar un menor compromiso con la implementación del Acuerdo. Mientras que en el Plan del gobierno Duque existían 48 indicadores asociados a la implementación, en las bases publicadas por este gobierno hay seis veces menos indicadores (8). Tampoco parece haber indicadores para la mayoría de los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral, lo que hace imposible medir su avance, ni para los cultivos de uso ilícito y el desarrollo alternativo, ni para la reincorporación de excombatientes, ni para cumplirle a las víctimas del conflicto. Lo que los gobiernos no miden, no lo hacen
7. También queremos hacer un llamado a proteger la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en los últimos meses ha mostrado resultados sin precedentes en un proceso de paz, como son los reconocimientos voluntarios de responsabilidad ante un tribunal por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por parte de guerrilleros y agentes del Estado. Ahora es importante que se cumplan las sanciones correspondientes como lo prevé el Acuerdo -asegurando los recursos para su ejecución- y que se continue el proceso de esclarecimiento de verdad para las víctimas. No hay ninguna necesidad de reformar la JEP, y mucho menos de incluir en ella organizaciones de crimen organizado que nada tienen que ver con sus propósitos.
8. Por último, hacemos un llamado a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia a no descuidar el mandato del Consejo de Seguridad de verificación de la implementación del Acuerdo -su principal tarea en Colombia-, y a la comunidad internacional a insistir con el mismo vigor en la implementación del Acuerdo de Paz. Es, de nuevo, gracias a esa vigilancia internacional que el proceso de paz se ha mantenido a flote estos seis años.
No desconocemos las buenas intenciones del nuevo gobierno y estamos dispuestos a ayudar en lo que sea necesario para avanzar en la implementación del Acuerdo. Hacemos simplemente una invitación a pasar lo antes posible de la palabra a la acción, para que el proceso de paz no siga perdiendo terreno en los territorios de Colombia".
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 19 de diciembre de 2022.
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11. Mientras la primera dama va en avión presidencial, Francia ha volado en Avianca
La primera dama, Verónica Alcocer, ha usado los aviones de la Fuerza Aérea, asignados a Presidencia y Vicepresidencia, para visitar regiones y grabar episodios de su programa de viajes. En contraste, la vicepresidenta, Francia Márquez, ha viajado en vuelos comerciales para atender temas de Gobierno, con los riesgos que esto implica para la seguridad nacional y los pasajeros a su lado.
La Silla Vacía obtuvo evidencia de dos pasajes en Avianca comprados por la vicepresidenta. Y, utilizando la página de datos abiertos Flight Radar, cruzó la agenda de Verónica Alcocer desde el 7 de agosto con los vuelos de los 18 principales aviones de la Fuerza Aérea asignados a Presidencia y Vicepresidencia. En siete ocasiones las visitas de Alcocer coinciden con vuelos de la Fuerza Aérea, muchas por temas personales como viajes turísticos a la Feria de las Flores en Medellín.
El jefe de la Casa Militar, el coronel Manuel Enrique Zafra, encargado de los traslados de Presidencia y Vicepresidencia, confirmó que Alcocer ha viajado en vuelos de la Fuerza Aérea y que esto está permitido.
Y agregó que “no es viable” el uso de vuelos comerciales para desplazamientos como los de Alcocer. “Los protocolos y estándares de la Aeronáutica Civil en referencia a la seguridad para el control de armas en el interior de cabina de aeronaves prohíbe el ingreso de armas, y la familia presidencial debe acompañar permanente funcionarios de seguridad y protección con sus elementos de dotación, lo cual expondría a la población y/o usuarios pasajeros a eventuales riesgos”.
No es claro, por lo tanto, por qué estas mismas precauciones de seguridad no se han tomado con Francia Márquez, la cual ha usado vuelos oficiales en varias ocasiones (como pudo confirmar La Silla), pero también ha viajado en vuelos comerciales por temas de Gobierno.
En septiembre, Petro publicó una directiva presidencial de austeridad por la que varios ministros de carteras no relacionadas con seguridad han estado viajando en vuelos comerciales. La instrucción no aplicaría, en principio, para la vicepresidenta, cuyas condiciones de seguridad son distintas a la del resto del Gabinete, según explicó el propio jefe de Casa Militar.
Y pese a eso Francia Márquez ha reservado tiquetes de Avianca.
Francia va a trabajar en Avianca
La Silla Vacía obtuvo evidencia de dos reservas que la vicepresidenta Márquez ha hecho en Avianca, aunque según una fuente interna han sido más los viajes
Ambos han sido a Cali, donde Márquez vivía antes de ganar las elecciones, y donde está parte de su familia. El vuelo del 7 de octubre, sin embargo, fue un viaje de Gobierno.
Fue a las 7:35 de la mañana, y en la tarde Márquez estuvo en un diálogo regional en Guachené, Cauca, a hora y media del aeropuerto de Cali.
La Silla le preguntó a la vicepresidenta si no había vuelos de la Fuerza Aérea disponibles ese día y, después de cuatro días, no recibió respuesta.
Pero es un hecho que había al menos un avión disponible.
El 7 de octubre había programado un vuelo a Cali del FAC1215, un avión modelo Legacy en el que Francia Márquez ya había volado. Sin embargo, a último momento el vuelo se desvió para Sincelejo. Y el cambio de itinerario coincide con que esa tarde la primera dama estuvo en Sincelejo para recibir la cédula digital, en un evento con el registrador, Alexander Vega.
Una fuente dentro de la Vicepresidencia, que pidió no ser citada para dar detalles, le dijo a La Silla que la agenda de Francia Márquez se ha cruzado con la de Verónica Alcocer y que la Fuerza Aérea le ha dado prioridad a la primera dama: “Ella (la vicepresidenta) le hizo el reclamo al general porque le dijeron que no había otro avión disponible”.
Les preguntamos a Vicepresidencia y a Presidencia si se había presentado esa situación y qué medidas de seguridad se tomaron para los vuelos comerciales de Márquez, pero tampoco hubo respuesta.
Manfred Gautoff, asesor en temas de seguridad nacional y miembro del tanque de pensamiento Geostrategy Lab, considera que los vuelos comerciales de la vicepresidencia son un factor de riesgo: “Es una situación muy delicada porque el presidente y vicepresidente de Colombia son personajes de muy alto riesgo. Al viajar en avión comercial pone en riesgo la seguridad nacional y a los pasajeros alrededor”.
Es una preocupación que es compartida por el propio jefe de la Casa Militar en el caso de Alcocer. Pero, al menos dos ocasiones, no en el de la vicepresidenta Márquez.
La flota de la FAC para la esposa del presidente
Las primeras damas, en general, se mueven en una zona gris: no tienen un cargo en el Gobierno, no están ahí por votación popular, pero es deber de las Fuerzas Armadas protegerlas y, como parejas de los gobernantes, asumen algunos encargos simbólicos.
En el caso de Alcocer su influencia en el Gobierno va más allá de lo simbólico: tiene personas en cargos claves de infancia, comercio exterior, embajadas, transporte y tierras. Algunos de sus viajes en vuelos de la Fuerza Aérea han sido para atender estas funciones semi gubernamentales: el 11 de noviembre usó el FAC0002, el avión en el que usualmente viajan los vicepresidentes, para ir al Atlántico a visitar zonas afectadas por el invierno junto a su primo el exsenador Mario Fernández, que ha sido parte del clan Char.
Pero los viajes de Alcocer que coinciden con vuelos de la Fuerza Aérea también incluyen visitas a ciudades en las que graba videos para su programa de viajes y turismo, que publica en redes desde la campaña.
El 12 de agosto hubo un vuelo del avión FAC0002, un Fokker F-28 con capacidad para 80 pasajeros, a Medellín. Esa semana, desde el 13 de agosto, Alcocer publicó varios videos y fotos en la Feria de las Flores de Medellín.
El 14 de octubre hubo otro vuelo, del FAC1041, de las mismas dimensiones que el avión vicepresidencial, al aeropuerto de Montería, Córdoba. Dos días después la primera dama publicó en sus redes un video en el municipio de Tuchín, Córdoba, en el que mostraba el paso a paso para hacer sombreros vueltiaos.
Ante la pregunta a la primera dama por estos dos viajes para asuntos personales, su jefe de prensa le envió a La Silla una respuesta del coronel Manuel Enrique Zafra, jefe de la Casa Militar.
El militar dijo que su función es “coordinar la disposición de los medios navales, fluviales y aéreos necesarios para el desarrollo de la agenda del presidente, vicepresidente, sus familias y comitivas oficiales”.
En el caso de Márquez, sin embargo, no siempre se han dispuesto esos medios.
https://www.lasillavacia.com/, Bogotá, 19 de diciembre de 2022.
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12. Sancionan a Nicolás Petro por gastos en su campaña para la Gobernación del Atlántico
Un excandidato a la alcaldía de Soledad, Atlántico también deberá pagar una multa.
Después de un análisis, el Consejo Nacional Electoral tomó la determinación de sancionar al hoy diputador de la Asamblea departamental por considerar que hubo infracciones en la campaña política para la Gobernación del Atlántico en octubre de 2019.
Por esta razón, una vez sea notificado, deberá pagar una cifra superior a los $14 millones de pesos.
Esto, “por el manejo parcial de la cuenta única bancaria que maneja los recursos de ingresos y gastos de la campaña a la gobernación del Atlántico”.
De la misma manera, el excandidato a la Alcaldía de Soledad, Rodolfo Ucrós, también deberá pagar una multa cercana a los $15 millones de pesos.
El argumento del CNE se enmarca en el no manejo de los gastos de la campaña a través de una cuenta bancaria única.
https://www.wradio.com.co/, Bogotá, 18 de diciembre de 2022.
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13. “Uno puede mejorar sin destruir”: Claudia López está en contra de que se acaben las EPS
Para la alcaldesa de Bogotá, el país lo que necesita es un sistema mixto que dé más incentivos para prevenir y no solo para curar.
https://www.semana.com/, Bogotá, 18 de diciembre de 2022.
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14. Rebaja del SOAT podría impactar negativamente el sistema de salud
Una alerta de la Procuraduría revivió el debate sobre el descuento. Gobierno ya firmó decreto.
Justo antes de que el Gobierno Nacional emitiera este fin de semana el Decreto 2497 –que legaliza el descuento de hasta el 50% del precio del SOAT para vehículos como motos, taxis, microbuses urbanos, vehículos de negocio, servicio público urbano, buses, entre otros–, la Procuraduría le notificó una dura alerta al Ministerio de Salud. La procuradora Margarita Cabello advirtió que ese decreto golpea de forma directa el presupuesto destinado al sistema de salud.
“Si disminuye el ingreso por SOAT, disminuirá la protección en salud y le correspondería sacar del presupuesto nacional el cubrimiento de esa siniestralidad y accidentalidades”, aseguró la jefa del Ministerio Público.
Para la funcionaria, esa eventual desfinanciación afecta la salud, los hospitales y el cubrimiento de los accidentes y de las personas siniestradas en hechos que involucran a motocicletas, incluso los que están cubiertos por el SOAT.
Y es precisamente en ese espiral de consecuencias negativas por la rebaja del seguro obligatorio donde está el trasfondo de la alerta –que no solo la hace la Procuraduría, sino también expertos en salud y en movilidad– y su impacto en el sistema de salud y sus finanzas. Dos palabras son claves: evasión y accidentalidad.
Según reportes del Registro Único Nacional de Tránsito, en Colombia hay 17,8 millones de vehículos, de los cuales 10,8 millones (60,67 %) son motos y 7 millones (39,33 %) son carros. De este total del parque automotor, de acuerdo con la Federación de Aseguradores Colombianos, 8,5 millones de vehículos (el 47,75 %) no lo tienen vigente; es decir, su propietario evade el pago.
Y, por otro lado, datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial indican que la siniestralidad en las vías del país se incrementó en un 14,03 %, pues pasó de 5.768 muertes –en 2021– a 6.577 en lo corrido del año 2022.
Estos dos factores crean un escenario perfecto para la desfinanciación, el peor enemigo de cualquier sistema.
El SOAT no cuenta con la totalidad de recursos que debería tener por cuenta de la evasión, pero al mismo tiempo la siniestralidad vial (que debe atenderse en salud con estos recursos) ha incrementado. Entonces, hay más número de accidentes de tránsito que atender, pero con menos recursos que necesita el seguro para estar equilibrado.
Respecto al SOAT, el Gobierno anunció en noviembre que rebajaría su precio en un 50 % y este fin de semana expidió el decreto para llevarlo a cabo; se espera disminuir la evasión de su pago (que está en el 47,75 %), así como facilitar el acceso a este aseguramiento.
Para entender este rollo vale la pena explicar el funcionamiento del SOAT. Es un pago que, como su nombre lo dice, es obligatorio (al menos en el papel) para todas los que tengan algún vehículo que funcione con motor.
Este se obtiene por medio de alguna de las aseguradoras que tienen convenio para hacerlo (como Suramericana, Bolívar o Axxa Colpatria) y, una vez se cancele su valor, tiene vigencia por un año.
Mediante este seguro se protege a los conductores ante posibles accidentes de tránsito en los que puedan haber heridas que requieran atención médica en un centro asistencial. Esos gastos corren por cuenta del SOAT.
Su precio varía dependiendo del modelo del vehículo, del tamaño, de su cilindraje o de su valor comercial, entre otros, para que sea un impuesto progresivo (a mayor nivel de ingresos, mayor será el porcentaje de impuestos a pagar).
¿Y qué tiene que ver esto con el sistema de salud?
Al ente de control disciplinario le preocupan tres aspectos.
El primero, la incertidumbre en la red de prestadores públicos y privados, los que le prestan el servicio de salud a los accidentados; el segundo, las deficiencias de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para hacer auditorías; y, tercero, las conductas restrictivas que afecten al paciente al momento de su atención en un accidente de tránsito.
Así mismo, advirtió que el decreto prevé la disminución de la cobertura de los servicios a cargo de este seguro, pasando de 800 a 300 salarios mínimos para un grupo de categorías de vehículos con rangos diferenciales de riesgos.
La traducción de esto se puede resumir en que, como disminuirán los ingresos del SOAT por la rebaja de su costo, bajará la cantidad de dinero para atender la cantidad de siniestros viales (que han incrementado).
Por ejemplo, cuando a una herida de accidente de tránsito se le acaba el cupo SOAT en la atención médica, los gastos corren por cuenta de su EPS, para la cual el costo de la atención sale de la Unidad de Pago por Capitación (recursos que el Estado da anualmente por cada afiliado al sistema) para cubrir el hueco.
Con todo y eso, además, la UPC para 2023, según la Procuraduría y organizaciones médicas, será insuficiente para mantener el equilibrio financiero, sin contar esta advertencia sobre el SOAT.
De ahí viene el impacto que la decisión de rebajar el costo del seguro obligatorio puede generar en el sistema de salud del país.
¿Qué dicen los expertos?
Si en algo coinciden dos personas de la academia consultadas por EL COLOMBIANO sobre el impacto de esa reducción en el sistema de salud es que será negativo y que ahondará los problemas que ya tiene este y el seguro obligatorio.
Para el investigador en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, Darío Hidalgo, será grave porque “se está bajando la cobertura y algunos heridos necesitan mayores intervenciones y no tendrán cobertura sino hasta el límite que está, o tocaría de otras fuentes”.
De igual manera, el experto en salud y profesor de economía de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, dice que será negativo el impacto, pues “no soluciona nada, solo se está volviendo más barato para que más personas lo paguen, pero no se hace nada para que sea así, como incrementando controles y renovando el registro de los carros. No hay más esfuerzos por ese lado y afectan las finanzas del sector”.
Finalmente, Hidalgo agrega que “la única manera que paguen más es ejerciendo un control estricto con la Policía en las calles o con las cámaras para controlar el pago del SOAT”. Así mismo, Rodríguez se pregunta: “¿De dónde va a salir el dinero para atender accidentes de tránsito? Debería ser de una adición que viniera de la UPC”.
Hasta el cierre de esta edición, el MinSalud no se ha pronunciado sobre esta advertencia. Entre tanto, la cartera de salud tiene una papa caliente que puede traerle muchos aplausos de los grupos de presión que se oponen a que el SOAT suba (como el de los motociclistas), pero, en el fondo y como lo dijo Hidalgo, puede ser “un instrumento equivocado cuando los que más sufren la siniestralidad son los motociclistas”
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 19 de diciembre de 2022.
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15. Atención | Capturan a ruso implicado en presuntos delitos en Colombia
SEMANA conoció que las autoridades ordenaron la captura de siete personas por estas actividades ilegales. Entre estos se encuentran un ruso y cinco colombianos.
https://www.semana.com/, Bogotá, 30 de marzo de 2022.
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16. Se desinfla el poder de Daniel Quintero, el hombre fuerte de Petro en Antioquia
Para 2023 el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quiere revalidar su papel como el hombre fuerte del petrismo en Antioquia. Independientes, su movimiento político, aspira a liderar la “unidad progresista” en el departamento y ser el actor principal de la ambiciosa apuesta del Pacto Histórico en las elecciones regionales.
Quintero ha jugado cartas arriesgadas para subirse a la ola del petrismo, pero la suerte se le escapa de las manos. En una ciudad acostumbrada a estar del lado de sus dirigentes, la última encuesta de Invamer Poll señala que es el alcalde más impopular de Medellín desde que existen registros. Y su gobernabilidad, rota en el Concejo, está sostenida por los pactos que tiene con los grupos políticos tradicionales más cuestionados de la región, como los de los senadores Carlos Trujillo, del Partido Conservador, y Julián Bedoya, del Liberal.
El libreto de Quintero incluye por los menos tres tácticas: polarizar a la ciudad con choques permanentes con el Concejo, lanzar pulsos con el empresariado tradicional y hacer política de frente a favor del petrismo.
El alcalde logra hacer ruido en medios y en redes sociales, sobre todo en Bogotá. Los resultados en la ciudad, sin embargo, no lo acompañan. Y además, su influencia en el Gobierno Petro ha venido disminuyendo. Mientras tanto, las diferencias ideológicas con el presidente estallan a propósito de la entrada en funcionamiento de Hidroituango.
El declive del elegido paisa de Petro
El grupo político de Daniel Quintero se volcó a favor del Pacto Histórico durante las elecciones. Incluso Quintero fue suspendido por la Procuraduría por hacer campaña abiertamente a favor de la candidatura de Petro.
El petrismo le correspondió a estas jugadas con posiciones claves en las listas a Senado y Cámara. Alex Flórez, amigo personal de Quintero, fue ubicado en el renglón número 11 de la lista cerrada al Senado, desplazando al candidato de la vicepresidenta Francia Márquez. Y la cabeza de lista en Cámara por Antioquia fue para Alejandro Toro, también del grupo político del alcalde. Quintero era el actor clave de la izquierda para crecer en Antioquia.
Durante el empalme el viento siguió a su favor: el exsecretario de Gobierno Esteban Restrepo, hoy en el sonajero para la Gobernación por Independientes, coordinó los temas para Antioquia.
Hoy, sin embargo, el vertiginoso ascenso de Quintero en el Pacto Histórico muestra sus grietas.
Por un lado, el senador Flórez protagonizó un escándalo que lo sumió en el desprestigio. Y por otra parte, las diferencias ideológicas entre Quintero y el presidente Gustavo Petro se agudizaron con el encendido de las dos primeras turbinas de Hidroituango.
El 30 de noviembre, Petro y Quintero se reunieron en Medellín a propósito del megaproyecto de energía. Según El Colombiano, Petro insistió durante la reunión en la necesidad de evacuar a la población aledaña al proyecto antes de hacer las pruebas de máxima potencia de las unidades de energía.
Los detalles de la reunión han sido escasos. El presidente, además, dejó plantados a los magistrados de las altas cortes en Bogotá por su agenda con Quintero. Un día después, el 1 de de diciembre, Petro informó que estaba incapacitado por un virus gripal. Lo cierto es que el encuentro no tuvo el efecto de resolver las diferencias de Petro y Quintero frente a Hidroituango.
Desde principios de noviembre, el presidente, a través de la Unidad de Gestión de Riesgo (Ungrd), había ordenado la evacuación. Lo hizo de manera sorpresiva y como condición para hacer las pruebas técnicas más exigentes a las turbinas, indispensables para su funcionamiento en pleno.
La medida alineó a Petro con los opositores más radicales al proyecto, como el movimiento ‘Ríos Vivos’ de la senadora Isabel Zuleta, que pide desmontar la represa. Y puso en vilo una de las grandes medallas que se quiere colgar Daniel Quintero: sacar adelante un proyecto de energía ambicioso que estuvo a punto de venirse abajo.
El 29 de noviembre, Quintero criticó la evacuación impulsada por Petro. Lo hizo el mismo día en el que EPM informó que las dos primeras turbinas de Hidroituango estaban listas para generar energía. Esto para evitar una multa millonaria de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Ese día el tono de la crítica de Quintero fue moderado y ha venido subiendo hasta pedir la renuncia de Javier Pava, director de la Ungrd, un funcionario de la entraña del presidente.
Estas diferencias ideológicas están precedidas por un equilibrio burocrático al interior del Gobierno que no ha tenido a Quintero como el político paisa de mayor protagonismo.
Una vez Petro tomó posesión, la entrada de Quintero al Ejecutivo de Petro no ha tenido el alcance de otros aliados antioqueños del Gobierno. El senador conservador Carlos Trujillo tiene como cuota al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien fue su contratista en la Alcaldía de Itagüí . Y el equipo del liberal Julián Bedoya impulsó la hoja de vida de Catalina Velasco, ministra de Vivienda.
Quintero, además, puso a sonar a su exsecretaria de Gobierno, María Camila Villamizar, como candidata para quedarse con el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones (Tics). Resultó perdiendo ese pulso a manos de Sandra Urrutia, cuota del Partido de la U.
El Gobierno Petro ha equilibrado esas cargas dándole al quinterismo el Departamento de Prosperidad Social (DPS) en Antioquia, un puesto clave de cara a las regionales. Su directora, Juliana Colorado, fue secretaria de Medio Ambiente de la Alcaldía. Y hoy se conoció que la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional estará dirigida por Eleonora Betancur, otra exfuncionaria de Quintero. Betancur también es cercana al presidente porque fue directora distrital de Relaciones Internacionales durante su alcaldía (2012-2015). Tiene, además, un máster en Cooperación para el Desarrollo de la Autónoma de Barcelona.
Y a esas diferencias ideológicas con Petro y esa burocracia esquiva, Quintero suma otro flanco débil con el Gobierno: su enemistad con la izquierda paisa más tradicional.
En el Pacto Histórico no quieren a Quintero
La aspiración de Quintero e Independientes de liderar al progresismo en Antioquia choca con las críticas y la desconfianza que despierta en sectores de izquierda más tradicionales.
Es el caso de la senadora Isabel Zuleta, quien ha criticado con dureza el manejo de Quintero de Hidroituango. Las críticas de Zuleta se centran, sobre todo, en los riesgos de seguridad de las poblaciones aledañas al megaproyecto de energía. Y sus ideas, radicales en contra de la represa, han sido validadas por los mensajes de Petro frente al encendido y la orden de evacuación que exigió a través de la Ungrd.
El 14 de diciembre, el día de la evacuación para realizar las pruebas de máxima potencia de Hidroituango, la senadora criticó la celebración de Quintero por el funcionamiento en pleno de las dos primeras turbinas.
Otra de las críticas importantes en la izquierda de Quintero es Luz María Múnera, representante del Pacto Histórico por Antioquia y militante del Polo Democrático. Múnera considera que Daniel Quintero es un “obstáculo” para el aterrizaje de la agenda progresista en la región. Y que será un “lastre” para el Pacto en las elecciones locales. “En Bogotá empieza a ser claro para muchos sectores que no ha sido una buena alcaldía”, le dijo a La Silla.
Esa enemistad de Quintero con la izquierda local tiene su espejo en otros sectores políticos de la ciudad, como los verdes y sectores del partido de la U, y le han dado un margen de maniobra cada vez más reducido para gobernar.
La gobernabilidad fracturada en Medellín
La presentación del presupuesto para el 2023 ha sido el último capítulo de un Concejo en rebelión contra el alcalde. El 5 de diciembre fue programada la sesión para discutirlo. La oposición logró romper el quórum y dejar en vilo la aprobación de un presupuesto de 7,3 billones de pesos, un aumento del 14% frente al presupuesto actual.
Detrás de la negativa de la oposición para discutirlo está la improvisación de la Alcaldía. El presupuesto fue presentado a destiempo y sin las condiciones que exige el reglamento, dos argumentos que han expuesto los concejales opositores para negarse a debatirlo. “El asunto es estrictamente jurídico. Es resultado de la incompetencia del secretario de Hacienda y la negligencia del alcalde”, le dijo el concejal Daniel Duque a La Silla.
Hubo, además, una movida que estuvo a punto de arrebatarle a la bancada oficialista la presidencia de la corporación para el 2023, algo que no ha sucedido durante la alcaldía de Quintero. Y en la retina de todos están las cinco votaciones consecutivas que perdió el alcalde en su intento de vender los activos de EPM en Tigo-Une, valorados en 2,8 billones de pesos.
Frente a esto, Quintero ha llevado el debate al terreno en el que mejor juega: el de la comunicación. Y ha utilizado el canal público de la ciudad, TeleMedellín, para atacar a los concejales que se negaron a debatir el presupuesto.
Recientemente, Diana Osorio, la poderosa primera dama de Medellín, publicó un vídeo en el que firma un cheque de 3 billones de pesos, a modo regalo, que tiene los rostros de los concejales opositores. “Descripción gráfica del Centro Democrático adelantándole el regalito de Navidad a Millicom”, dice el texto del vídeo en referencia al socio extranjero de EPM en Tigo-Une.
Es también sobre esta cancha, la de los vídeos virales y las declaraciones altisonantes, en la que Quintero ataca al empresariado.
Un tigre de papel frente a los empresarios
El 1 de diciembre fueron las elecciones a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín. El evento es relativamente desconocido para la opinión pública y sus resultados suelen ser previsibles. El alcalde Daniel Quintero lo transformó en un pulso político hostil. Y salió derrotado.
De los ocho puestos en juego, cinco quedaron en cabeza de la lista de constructores y grandes industriales. La lista ganadora fue liderada por Nutresa, una de las tres grandes compañías del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y el foco de los ataques de Quintero en la elección.
Sólo una de las listas apoyadas por Quintero obtuvo representación. Fue la lista 3, de los pequeños comerciantes. Sin embargo, esta lista tiene tradicionalmente uno o dos asientos en la Junta y sus principales voceros se desmarcaron del apoyo del alcalde. “No hay forma de medir si el apoyo del alcalde nos afectó. En todo caso fue desafortunado. La nuestra era una lista independiente”, le dijo a La Silla Enrique Gómez, un empresario de las confecciones cercano al alcalde.
La elección estuvo precedida por varias puestas en escena de Quintero y su grupo político. Por un lado, lanzó una teoría falsa sobre el atentado sicarial contra uno de los candidatos a la Junta, señalando al GEA. Luego, sus principales alfiles hicieron un plantón frente a la sede de la Cámara con la consigna de “La Cámara para los comerciantes”. Y en la semana previa de la votación Quintero anunció que Alejandro Arias, su exsecretario de Desarrollo Económico, podría ser nombrado por el presidente Gustavo Petro en uno de los cuatro asientos que tiene el Gobierno Nacional. Hoy todavía no ha sido nombrado.
Después de la elección, y con la derrota consumada, Quintero terminó cuestionando la existencia de la Cámara y la transparencia de sus votaciones.
En paralelo, el alcalde ha decidido alinearse con el Grupo Gilinski en medio de la batalla corporativa más importante en Colombia. Y varios de sus ataques contra altos ejecutivos del GEA coinciden con movidas de los empresarios caleños. “Quintero es la marioneta de un poder económico que no podemos subestimar: el de los jeques árabes y los Gilinski”, le dijo a La Silla Luis Peláez, diputado de Dignidad en Antioquia.
La alineada de Quintero con las Gilinski le ha permitido ganar espacios en la Revista Semana, el medio del grupo económico, donde ha podido desplegar su retórica anti élite y ahora divulgar sus desacuerdos con el Gobierno Petro.
En Antioquia, sin embargo, Quintero parece lejos de traducir sus polémicas mediáticas en votos. Y es allí donde Petro realmente necesita su influencia.
https://www.lasillavacia.com/, Bogotá, 16 de diciembre de 2022.
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17. Polémica por intoxicación en cita de juventudes en Medellín
Los jóvenes comieron hamburguesas que, al parecer, estaban en mal estado. El gobierno se defiende y dice que se debió a una deshidratación.
Nathalia Acero, consejera de juventud por Bogotá, ya estaba prevenida: no quiso comer la hamburguesa que los organizadores del evento le ofrecieron. Escrutó una y notó que la carne estaba cruda, desabrida. Los problemas logísticos de los días pasados la tenían pensativa y dudosa. Al final, tuvo la razón. Unos 17 jóvenes se habrían intoxicado con esas hamburguesas y, en medio de vómitos y desmayos, de cólicos insoportables, tuvieron que ser trasladados a clínicas y hospitales.
El evento en mención es el Encuentro Nacional de Juventud, organizado por la Consejería Presidencial para la Juventud. Si bien las intoxicaciones generaron alarma, son apenas la muestra de un evento que no salió bien.
La consejera Acero, que vino de Bogotá a participar en el encuentro, contó que la logística fue un “desastre” desde el comienzo. Por ejemplo, dijo, hubo algunos a los que apenas les compraron el pasaje el día anterior al viaje. El encuentro, realizado por la Consejería, había sido pedido por los propios jóvenes desde hace unos tres meses. La idea era reunir a consejeros de juventud de todo el país y tener una interlocución directa con el presidente Gustavo Petro.
Esa era la idea, pero las cosas comenzaron con el pie izquierdo. Acero recuerda que, en un comienzo, se planteó celebrar el evento el 2 y 3 de diciembre, pero problemas logísticos obligaron a aplazarlo. Entonces, se reprogramó para este 17 y 18 de diciembre. “La logística ha sido mala no solo por la alimentación, sino por muchas cosas. Tampoco hubo concertación con nosotros (...), también hay errores en los alejamientos. Algunos compañeros llegaron a hoteles en malas condiciones, o se tuvieron que hacinar en hostales”, precisó la líder.
Una vez en la ciudad, algunos de los más de 100 líderes se encontraron con hoteles regulares, desaseados, con camas sucias de “fluidos corporales”. A Acero, sin embargo, le tocó un buen hotel, en la zona de Provenza. Tuvo que recibir a algunos compañeros que estaban incómodos en los otros hospedajes. “Fue pura cuestión de suerte que me haya tocado un buen sitio. No me puedo quejar, pero no puedo callar por los compañeros”, dijo.
¿Hubo sobrecostos?
Antes de hablar de plata, hay que dar un poco de contexto. El encuentro fue organizado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que hizo un contrato interadministrativo con Plaza Mayor, una entidad descentralizada de la Alcaldía de Medellín.
En total, el monto del contrato asciende a 1.597 millones de pesos, dentro del que se incluiría parte de la alimentación de los jóvenes. Pues bien, según algunos denunciantes, el costo de las hamburguesas fue de 88.000 pesos, a todas luces un despropósito. Con el antecedente del hospedaje y los tiquetes comprados a última hora, el ambiente se caldeó en Plaza Mayor, donde se celebraba el evento. Muchos de los consejeros la emprendieron contra Gabriela Posso, la Consejera Presidencial para la Juventud, es decir, la responsable del evento. Algunos le cuestionaron su capacidad para el cargo y exigieron hablar directamente con el Presidente.
Pero Posso salió a defenderse. Con el contrato en mano expuso que las hamburguesas costaron 15.000 pesos cada una. En cuanto al alojamiento, dijo que los jóvenes estaban en Provenza, el “corazón turístico de Medellín”. Frente a la intoxicación, la funcionaria comentó que había jóvenes deshidratados y que nada había tenido que ver con la alimentación.
Sin embargo, las fotos muestran lo contrario. Acero, la consejera que vino al evento, la desmiente: “No es cierto que estuvieran deshidratados por tomar alcohol. Yo estaba con ellos y puedo dar fe. Ella está diciendo que el hospedaje es en Provenza, y es cierto, pero esa no es la regla general. A mí me tocó allí, pero esa no fue la regla general”.
En un comunicado de prensa, la Consejería también se defendió. La entidad dijo que los alimentos se elaboraron y custodiaron bajo los parámetros de la Secretaría Distrital de Salud. Se detalló que fueron 17 casos en total y 3 de ellos fueron remitidos a IPS. Según la Consejería, las fotos publicadas con poca comida son “falsas” y las personas intoxicadas habían consumido alcohol. “Se evidencia que la población juvenil consumió bebidas alcohólicas (...) Estrés y cansancio por largas horas de viaje, algunos refieren no haber comido durante el viaje”, dice la Consejería, zafándose de la responsabilidad.
Pese a la versión oficial, quedan muchas dudas de lo ocurrido. Otra que denunció lo ocurrido fue María José Castañeda, consejera juvenil del Tolima.
Por medio de una carta anunció que se devolvía a su ciudad, Ibagué, pues no había garantías para continuar en la jornada. “Ha sido regla general acudir a improvisaciones y cambios de itinerario que han puesto en riesgo la seguridad, bienestar y salud de una parte de los y las asistentes”, sentenció
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 18 de diciembre de 2022.
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II. Oposición y resistencia al régimen petrista
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1. María F. Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín demandaron la ley de paz total del Gobierno Petro
2. Los tres vicios “insubsanables” de la ‘Paz total’ de Petro que demandan Paloma Valencia,
María Fernanda Cabal y Paola Holguín
3. Andrés Pastrana aseguró que el presidente Gustavo Petro “es un apéndice del narcotráfico”
4. Jota Pe Hernández criticó al presidente Petro tras anunciar compra de aviones de combate
5. JP Hernández critica reforma política
6. Jota Pe Hernández se despacha contra los congresistas: “Entiendo que les toque quedarse callados, por vendidos”
7. Paloma Valencia sobre el Ministerio de la Igualdad: "Crear mil cargos en Bogotá no genera equidad"
8. Cien mil Gestores de Paz harán parte de la burocracia del Gobierno Petro: Paloma Valencia
9. Nueva política antidrogas del Gobierno, ¿qué opinan en el Congreso?
10. Paloma Valencia: “Si alguien ha maltratado a las Fuerzas Armadas es el senador Bolívar”
11. “Nada de eso depende de usted”: Paloma Valencia responde a peticiones de Petro para evitar aumento de precios en 2023
12. María Fernanda Cabal a Gustavo Bolívar: “Ni son presos políticos, ni existió estallido social”
13. Réplica del exalcalde Enrique Peñalosa a Claudia López: dice que sus afirmaciones son “mentirosas” y que hace “sugerencias calumniosas”
14. ‘Reforma política perpetuaría al Pacto Histórico en el poder’: Sergio Fajardo
15. “Se concreta la dictadura petrista”: Jaime Arizabaleta, sobre caos en encuentro de jóvenes en Medellín
16. Christian Garcés denuncia que invasores de tierras se “colaron” como voceros de paz
17. Respuestas de Susana Correa ante señalamientos de corrupción en Prosperidad Social
18. Juzgado falló a favor de la senadora uribista Yenny Rozo y la ministra de Minas, Irene Vélez, deberá responder información solicitada sobre el fracking
19. Bruce Mac Master contradice a quienes piensan que el aumento del salario mínimo fue muy
alto
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1. María F. Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín demandaron la ley de paz total del Gobierno Petro
Las senadoras radicaron una demanda contra la Ley 2272 de 2022, conocida como la “Ley de Paz Total”.
Este viernes las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, del partido Centro Democrático, demandaron la Ley de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, al considerarla inconstitucional.
Las congresistas solicitaron que dicha ley se declare inexequible porque su aprobación no contó con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal, CSPC, además de “consecutividad y desconocimiento del derecho de igualdad de las víctimas”.
Los argumentos presentados por las demandantes, señalan que, por falta de concepto del CSPC, ante el contenido de la misma, y su alcance, era “obligación que el Gobierno Petro, someterlo a estudio técnico previo a radicarlo en el Congreso”.
Para ellas, el penúltimo inciso del artículo 2, y los artículos 10, 11 y 12, de dicha Ley, vulneran los principios de consecutividad e identidad flexible, es decir, para las accionantes, estos también son inexequibles.
Por eso, consideran que la Comisión de conciliación incurrió en una extralimitación de funciones al incorporar en el texto final de dicha Ley a los mismos, ya que “estos artículos fueron expresamente negados por la plenaria del Senado”.
El inciso del artículo 2 señala que “la política de paz será una política de Estado y, en tal sentido, comprometerá a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento”, y que los próximos gobiernos deberán garantizar la continuidad de tal mandato.
Dichos artículos, como el 10 y el 11, establecen la generación de un “Fondo para la Paz”, la creación de “Programas Especiales para la Paz”, y el 12 “tendrá por objeto la financiación de las acciones que definan el Presidente de la República y el Gabinete de Paz, así como de los programas encaminados al logro y la consolidación de la paz en Colombia, de acuerdo con la política vigente sobre la materia”.
Para las senadoras del Centro Democrático, la aprobación de los mismos viola el principio de consecutividad al no haber sido aprobados en cuatro debates, como lo señala la jurisprudencia.
En tercer lugar, demandan el artículo 5 de la Paz Total, pues según ellas, este desconoce los derechos de igualdad, y el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Este propone que se propicien actos que permitan entablar una conversación, y un diálogo con “estructuras y grupos armados, firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley”, con el propósito de adelantar procesos de paz.
Solicitan “de forma subsidiaria, la inexequibilidad (...), toda vez que se ha incurrido en una omisión legislativa, al desconocer los derechos de las víctimas de los beneficiarios de dicha norma”.
La ley de paz total no ha contado con el respaldo social y político esperado. Ha sido vista con distancia porque, se teme, podría ser sinónimo de impunidad para los victimarios, e injusticia para las víctimas tras tantos años de conflicto armado.
Quienes la respaldan consideran que esta política de Estado permite consolidar un nuevo proceso por la búsqueda de la paz en el país, al propiciar un diálogo abierto con actores de la guerra, grupos armados y las comunidades.
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 16 de diciembre de 2022.
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2. Los tres vicios “insubsanables” de la ‘Paz total’ de Petro que demandan Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín
Las tres congresistas uribistas argumentaron que el gobierno de Petro está usando mal las facultades de la Ley
Las tres senadoras del partido uribista, Centro Democrático, Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, demandaron la Ley de Paz Total que se radicó recientemente y que representa el camino que quiere tomar el gobierno del presidente Gustavo Petro en cuanto a la terminación del conflicto armado en el país y que históricamente ha afectado en todos los aspectos a la población, sobre todo de las zonas más alejadas.
Las demandantes argumentan que son tres los puntos que no se están contemplando dentro de la Ley: uno de ellos tiene que ver con la omisión de criterio por parte del Consejo Superior de Política Criminal.
“El artículo 167 de la Ley 65 y el Decreto 2055 de 2014 exigen concepto previo al Consejo de Política Criminal para la Ley de paz total. Una sentencia de la Corte Constitucional fue clara, que era obligación del Congreso hacer cumplir la solicitud del concepto sopena de dar invalidez de las normas que generaban”, sentenció Holguín.
Entretanto, la senadora María Fernanda Cabal, como una de las líderes de la oposición al gobierno de Petro comentó sobre dicha Ley:
“Consideramos que la Constitución Política de Colombia debe ofrecerle garantías a las víctimas que tiene el Estado colombiano la obligación, que además es convencional, de investigar, juzgar y sancionar los hechos de violencia”.
Valencia por su parte comentó que desde el gobierno se está usando mal las facultades de la Ley, lo cual es contraproducente, refiriéndose a la posible liberación de miembros de la ‘Primera Línea’: “Sacó, con base en esa Ley, las facultades para liberar a la primera línea y no se le puede olvidar a los colombianos. No se le puede olvidar a los colombianos esos dos artículos, precisamente, que decían lo que están haciendo hoy en día los votó negativamente el Congreso, que dijo no va a haber libertad para los integrantes de la primera línea”.
Y es que el tema de los jóvenes que podrían quedar libres antes de la Navidad y que hacen parte de la ‘Primera Línea’, ha sido uno de los más mediáticos y confrontados entre el Gobierno y el Congreso, pues las dos partes se encuentran divididas sobre el deber ser en el tratamiento de la justicia para estas personas.
Incluso desde la misma ciudadanía han dejado saber su opinión frente al hecho de que se libere a personas que participaron bajo la ‘Primera Línea’ en las protestas del 2021 y que afectaron a varias estructuras en cercanías, por ejemplo del Portal Américas.
¿Qué ha dicho el presidente Petro sobre los jóvenes de la ‘Primera Línea’?
En recientes declaraciones, el Presidente de la República comentó en entrevista con Semana cómo se llevará a cabo la liberación y posicionamiento de algunos miembros de la ‘Primera Línea’ como gestores de paz:
“En la ley se habla del conflicto social, y se nombran voceros cuando ese conflicto social ha terminado con muchas personas en la cárcel... Sí, se puede, claro. Y lo vamos a hacer. Ya lo firmamos. Lo que pasa es que la propuesta hizo pensar que nosotros íbamos a meternos en el proceso judicial y a sacar gente de la cárcel rompiendo los procesos judiciales. Para nada. Es igualito que cuando el presidente Álvaro Uribe sacó de la cárcel a la señora Karina. La nombró gestora de paz”.
https://www.infobae.com/, Bogotá, 17 de diciembre de 2022.
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3. Andrés Pastrana aseguró que el presidente Gustavo Petro “es un apéndice del narcotráfico”
El expresidente conservador arremetió contra el actual jefe de Estado por su política de seguridad antinarcóticos que priorizará la sustitución de cultivos de uso ilícito.
La política contra el narcotráfico que busca el presidente Gustavo Petro no ha convencido a los miembros de la oposición, quienes arremetieron nuevamente en su contra tras una explicación del enfoque de seguridad. El expresidente Andrés Pastrana lo acusó de buscar el beneficio de esa actividad criminal.
La reacción del líder conservador se dio tras el pronunciamiento del presidente Petro en la Asamblea de Campesinos Cocaleros que se realizó el 16 de diciembre en el municipio de El Tarra, Norte de Santander. Allí, el mandatario expuso que durante la sustitución de cultivos ilícitos, los campesinos podrían seguir cultivando coca hasta lograr la estabilidad económica de la nueva cosecha.
Ante el anuncio, el expresidente Pastrana (1998 - 2002) señaló a través de su cuenta de Twitter que, supuestamente, el mandatario de los colombianos tenía nexos con narcotraficantes. “Estaba claro desde la campaña: Petro es un apéndice del narcotráfico”, escribió el exmandatario conservador.
El presidente Petro se volvió a referir a su enfoque de la política antinarcóticos al día siguiente durante la ceremonia de ascensos de 43 oficiales de la Policía y el Ejército, sobre la que dijo que “no será la guerra entre la fuerza pública y el campesinado de Colombia, sino que tiene que ser la interdicción, es decir detener los grandes cargamentos”.
En sus múltiples críticas al mandatario, el expresidente Pastrana ha insinuado vínculos de Petro con el narcotráfico. Ha señalado, sin pruebas, que busca la amnistía de los narcotraficantes, en incluso que los diálogos con el ELN “vienen en combo con el lavado de activos”.
En su oposición a la legalización del uso de sustancias psicoactivas como la cocaína y a la teoría de que la guerra contra ese problema fracasó, también ha relacionado al expresidente Juan Manuel Santos con Petro en lo que ha llamado una “sociedad pro-narcos”.
“Que Santos se declare arrepentido de haber combatido los carteles de la droga y reducido con Plan Colombia sus cultivos a 40 mil hectáreas, se veía venir. Su sociedad pro-narcos con Petro, entronizada en un intocable mar de coca, arrastra a Colombia y a su democracia al abismo”, señaló en otro de sus mensajes recientes.
Según Pastrana, el expresidente Santos recibió 40 mil hectáreas de coca, que estaba cerca de lograr la victoria contra ese flagelo, en su concepto, pero desfinanció el Plan Colombia, por lo que lo culpa de, supuestamente, permitir el aumento de los cultivos hasta las 300 mil hectáreas.
“Usted legalizó la coca al volverla legalmente intocable y ahora legalizará con Petro a los narcotraficantes. Vaya y cuente al mundo su narco hazaña”, señaló Pastrana en otro de las publicaciones, en las que incluso ha calificado al presidente Petro de “caballo de Troya del narcotráfico”.
Otra de las que se pronunció en contra de la política de Petro para implementar la gradualidad en la sustitución de cultivos de uso ilícito sin criminalización, fue la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien señaló que esa política puede beneficiar a los delincuentes.
“Colombia camino a ser un narcoestado. Mientras haya coca habrá terrorismo, que se alimenta del narcotráfico al que hoy le abren las puertas”, señaló a través de su cuenta de Twitter respecto a las palabras del mandatario colombiano.
Petro sostuvo que su política no se trata de “permitir la cocaína”, sino que busca direccionar los esfuerzos en afectar a los principales responsables del narcotráfico, los poderosos de las mafias que controlan el negocio, más no sobre los campesinos y obreros a quienes señala que no tienen la culpa en cuanto al consumo. Por eso, su política se centra en perseguir las rentas criminales, identificar a los grandes narcotraficantes, interceptar los cargamentos, promover la prevención y ayudar a los cultivadores.
https://www.infobae.com/, Bogotá, 19 de diciembre de 2022.
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4. Jota Pe Hernández criticó al presidente Petro tras anunciar compra de aviones de combate
El congresista se pronunció luego del anuncio del presidente Gustavo Petro de que reemplazará aviones Kfir de la Fuerza Aérea.
https://www.semana.com/, Bogotá, 18 de diciembre de 2022.
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5. JP Hernández critica reforma política
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6. Jota Pe Hernández se despacha contra los congresistas: “Entiendo que les toque quedarse callados, por vendidos”
https://www.semana.com/, Bogotá, 20 de diciembre de 2022.
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7. Paloma Valencia sobre el Ministerio de la Igualdad: "Crear mil cargos en Bogotá no genera equidad"
En su cuenta de Twitter la senadora se pronunció sobre el recientemente creado Ministerio
Las posturas sobre el nuevo Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Marquez, aún son bastante controversiales. En la tarde del domingo, 18 de diciembre, la senadora uribista Paloma Valencia se pronunció en su cuenta de Twitter sobre el costo que tendría el Ministerio Público y lo que se puede hacer con ese dinero.
“Crear mil cargos en Bogotá no genera equidad. Supongamos que el Ministerio de la Igualdad cueste lo mismo que el de Cultura, unos 702 mil millones de pesos al año. Con este dinero podríamos pagar Ingreso Solidario a cerca de 200 mil familias. Esto sí sería un avance en equidad”. comentó la senadora.
Aunque no se conoce la cifra total a la que pueden llegar los recursos usados para la creación de la nueva cartera, la senadora hizo cuentas con el mismo presupuesto que usa el Ministerio de Cultura.
Según Valencia, si el costo de mantener el Ministerio de la Igualdad es el mismo que el que se tramita para el de Cultura, cerca de unos 702 mil millones de pesos al año, ese dinero sería suficiente para cancelar los dineros correspondientes del programa Ingreso Solidario para unas 200 mil familias.
Por lo tanto, dice la parlamentaria, la creación de mil cargos en Bogotá no genera la equidad que sí generaría el pago a las 200 mil familias como un avance en la equidad que necesita el país.
En días pasados, la vicepresidenta Francia Márquez compartió un trino en la plataforma donde celebraba la decisión de la cámara sobre la aprobación en tercer y cuarto debate la creación del nuevo ministerio.
Otra de las voces de aprobación fue la del Presidente Petro que desde su cuenta de Twitter comentó que: “El Ministerio de la Igualdad es una realidad. La voz de quienes han sido históricamente excluidos será escuchada. Agradezco al Congreso por apoyar esta iniciativa”.
Ministerio de la Igualdad
Dentro de las cuatro grandes apuestas que tiene el proyecto presentado al Congreso de la República, se encuentran: la igualdad salarial entre hombres y mujeres; reconocer el trabajo de cuidado no remunerado para que también tenga acceso a una pensión; lograr el ingreso vital de medio salario mínimo a las madres cabeza de familia, y que las mujeres tengan títulos de propiedad y sean sujetos de crédito tanto en la reforma agraria como en la economía popular.
Una vez aprobada la creación de la nueva cartera, Gustavo Petro como jefe de Estado, será investido con facultades extraordinarias por un periodo de seis meses a partir de la publicación de la ley “para expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a integrar al Sector de Igualdad y Equidad con las entidades que defina como adscritas o vinculadas”.
En entrevista con la emisora Caracol Radio, el congresista ponente de la iniciativa, Alexander Vega comentó: “La obligación de este Ministerio es concentrar en una sola entidad toda la dispersión institucional que hay para garantizar la equidad y la igualdad en el país”.
“En este momento 11 ministerios tienen que ver con la Igualdad en Colombia, 123 entidades y 12 fondos, entonces cuando hay esa dispersión institucional, lo ha dicho el mismo Banco Mundial, Fedesarrollo, pues obviamente todo el mundo es responsable y nadie es responsable”, agregó.
https://www.infobae.com/, Bogotá, 18 de diciembre de 2022.
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8. Cien mil Gestores de Paz harán parte de la burocracia del Gobierno Petro: Paloma Valencia
La senadora Paloma Valencia consideró que los 100 mil gestores de paz que ganarán un millón de pesos, hacen parte de la promesa de campaña que está intentando pagar el Presidente Gustavo Petro.
Dijo que estos jóvenes no van a realizar nada y harán parte de la burocracia del Gobierno Nacional.
“Van a ganar plata solo por apoyar a Petro”, manifestó Valencia.
Asimismo, la senadora Paloma Valencia justificó su demanda ante el Consejo de Estado contra el decreto del Gobierno Nacional que busca la excarcelación de los jóvenes de la Primera línea.
La congresista explicó que el Presidente Gustavo Petro no tiene la facultad para expedir esta norma porque el Congreso negó tajantemente la posibilidad de indultar o entregar este tipo de beneficios a quienes protagonizaron hechos de violencia durante las protestas sociales.
https://emisoraatlantico.com.co/, Barranquilla, 12 de diciembre de 2022.
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9. Nueva política antidrogas del Gobierno, ¿qué opinan en el Congreso?
El representante Heráclito Landínez y la senadora Paloma Valencia hablaron en W Fin de Semana sobre la propuesta que permite que los campesinos dedicados a los cultivos de coca mantengan en paralelo los cultivos de sustitución.
La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia habló en W Fin de Semana la nueva política antidrogas del Gobierno Nacional. Según explicó la congresista, “es muy grave, el presidente no se está dando cuenta de la relación que hay entre los cultivos ilícitos y la violencia, no es cierto que a los campesinos les vaya bien con la coca”.
En esa misma línea, aseguró que “la coca no ayuda socialmente a la población colombiana, eso es una gran mentira, lo que termina es dejándola en pobreza y con violencia”.
Valencia también resaltó que “Colombia no tiene cómo comprar toda la coca porque esa coca va a terminar compitiendo contra los ilegales (…) a nosotros nos toca comprar para quemarla, pero los ilegales la compran para volverla cocaína y ganarle plata por encima. El presidente Petro no está entendiendo lo que significa competir contra los mercados ilegales”.
Por último, la senadora indicó que “la solución es poder combatir los mercados ilegales y eso necesitan todo lo que usted pueda hacer (…) no se pueden tratar todas las regiones de igual manera, hay que entender la diversidad del tipo de cultivo que tiene el país.
Por su parte, el representante del Pacto Histórico Heráclito Landínez aseguró que “este no es un problema que surgió ahorita, en su momento, el gobierno Duque fracasó la sustitución de cultivos ilícitos y se permitió porque se aumentaron los cultivos”.
De igual forma, resaltó que “lo primero que hay que hacer son grandes inversiones para las vías terciarias en Colombia (…) miremos cómo le ayudamos a solucionar la vida a los campesinos desde el Gobierno Nacional.”
https://www.wradio.com.co/, Bogotá, 18 de diciembre de 2022.
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10. Paloma Valencia: “Si alguien ha maltratado a las Fuerzas Armadas es el senador Bolívar”
En medio de una plenaria en el Congreso, la senadora compartió un fragmento de audio en el que el senador del Pacto Histórico muestra el mencionado irrespeto hacia la Fuerza Pública.
Estas fueron las palabras de la Senadora Paloma Valencia en medio de una plenaria en el Congreso de la República en la que se refirió a los maltratos que anteriormente le ha hecho el senador Gustavo Bolívar a la Fuerza Pública antes de ser gobierno. En medio de su intervención dijo que antes desaprobaban cada una de sus acciones y hoy las aplauden.
“Antes, a los que veíamos aquí vituperando a las Fuerzas Armadas, hoy salen a felicitarlas. Yo sí me alegro mucho por eso. Pero yo no puedo dejar que el senador Bolívar salga a decir que nunca ha vituperado las Fuerzas Armadas porque, si alguien ha maltratado a las Fuerzas Armadas, es el senador”, dijo la congresista Valencia en su intervención.
Acto seguido, hizo referencia a las veces que se le ha tildado de mentirosa y por eso desde un dispositivo móvil que tenía en su mano decidió reproducir un fragmento de audio en el que se escucha la voz del senador Bolívar en el que dice, “malditos policías, cerdos policías”.
Senadora Paloma Valencia habla acerca del irrespeto del senador Gustavo Bolívar hacia la fuerza Pública en medio de una plenaria del Congreso
En la mañana de este sábado, 17 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Bolívar citó el tuit de la senadora donde adjuntó el video y se defendió. En las declaraciones escritas por el senador se lee: “Tenga cuidado, senadora. Cada que usted mutila un video, lo edita y lo presenta en plenaria para cagarle la vida a alguien, ese alguien crece. Recuerda el video de Petro que usted presentó en plenaria para tapar el debate de Odebrecht. Esa víctima de su maldad, hoy es su presidente”, dijo.
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Según el Presidente Gustavo Petro, los nombramientos en cada una de las cúpulas de la Fuerza Pública, son acordes a la política que implementa la administración actual, que tiene en sus prioridades la defensa de los derechos humanos y el proyecto de la Paz Total, contrario a lo que se venía desarrollando en el mandato anterior con el expresidente Iván Duque del partido Centro Democrático, el mismo del que hace parte la actual senadora Valencia.
Ante este punto, y tras las críticas que hace la congresista sobre Bolívar, el senador se defendió y argumenta que hoy las condiciones son muy diferentes y el trato que tiene con la Fuerza Pública es el mejor.
“Y para su desdicha, hoy tengo las mejores relaciones con los comandantes de la Policia y el Ejército. Si en el pasado voté contra algunos ascensos lo hice porque su partido postulaba corruptos y violadores de DD. HH. La Paz comienza en nuestros corazones, pero ustedes poco saben de eso”, sentenció el senador a través de una respuesta en hilo de su primer tuit.
Luego de este mensaje, no hubo más intervenciones por parte de los senadores sobre el tema, pero los usuarios sí recordaron las últimas discusiones que protagonizaron los dos; entre ellas, la más reciente acerca de los problemas de salud por los que atraviesa el Presidente Gustavo Petro.
En días anteriores, la senadora Valencia, a modo de duda, postuló una pregunta a través de su cuenta de Twitter poniendo en tela de juicio la honestidad del mandatario respecto a su estado de salud.
“¿De qué sufre el presidente Petro? Se mejoró rapidísimo. No pudo ir ayer a mediodía a la clausura del congreso cafetero, y a las 2:00 p. m. pudo posesionar a Dussán en Colpensiones y hoy está divinamente”, fueron las declaraciones de Valencia, a lo que Bolívar le contestó, “Para su desgracia no es nada grave. El presidente se ha sobrecargado de trabajo y el cuerpo pasa factura”.
https://www.infobae.com/, Bogotá, 17 de diciembre de 2022.
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11. “Nada de eso depende de usted”: Paloma Valencia responde a peticiones de Petro para evitar aumento de precios en 2023
La senadora por el Centro Democrático respondió al llamado del mandatario a evitar un alza en las tarifas de servicios públicos.
https://www.semana.com/, Bogotá, 16 de diciembre de 2022.
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12. María Fernanda Cabal a Gustavo Bolívar: “Ni son presos políticos, ni existió estallido social”
https://www.semana.com/, Bogotá, 19 de diciembre de 2022.
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13. Réplica del exalcalde Enrique Peñalosa a Claudia López: dice que sus afirmaciones son “mentirosas” y que hace “sugerencias calumniosas”
El exalcalde respondió a la entrevista de la mandataria con SEMANA.
https://www.semana.com/, Bogotá, 19 de diciembre de 2022.
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14. ‘Reforma política perpetuaría al Pacto Histórico en el poder’: Sergio Fajardo
El excandidato presidencial cree que a este gobierno le faltan “rigor, transparencia y pedagogía”.
El excandidato Sergio Fajardo señala que los tres principales defectos de este gobierno son falta de rigor, falta de transparencia y falta de disciplina. ‘Evidentemente, el Presidente no es una persona que está conduciendo un equipo’, asegura. ‘Cada ministro anda por su lado y el Presidente solo pretende brillar ÉL y solo ÉL’.
¿Usted está en la banca, o, como Ronaldo y Messi, ya jugó su último partido presidencial?
En este momento soy profesor del Tec de Monterrey, porque fundamentalmente en mi vida he sido un profesor, y me encanta. Dos, estoy organizando el trabajo del movimiento que he liderado, Compromiso Ciudadano, para que en conjunto con Dignidad construyamos un nuevo partido. Ahí también soy profesor de muchos que quieren participar en política. Y tres, estoy trabajando en el diseño de algo a lo que le he dedicado la vida entera: cómo hacer de la educación un bien público.
Hace 4 años dijo que se iba a retirar, pero es claro que está en un nuevo proyecto político. ¿Incluye en él al exsenador Jorge Enrique Robledo?
Incluye al partido Dignidad, y Robledo es su cabeza. Tengo la ilusión de que seamos capaces de juntarnos. Sigo pensando en Colombia, con rigor y seriedad. En resumen, no estoy retirado. Pero ser Presidente no es una obsesión.
Entonces sí lo voy a poner a hablar de política, porque qué cantidad la que hemos tenido este año. Política protagonizada principalmente, y hay que admitirlo así, por el presidente Gustavo Petro, que todos los días, casi sin excepción, nos sorprende con una nueva propuesta, bastante controvertibles en su mayoría, y que ameritan análisis. Por ejemplo: ¿usted patrocinaría la salida de los jóvenes de la primera línea de las cárceles, por encima de la voluntad de los jueces?
Le voy a responder. Pero antes quiero comentar algo que usted acaba de decir acerca de un presidente que todos los días está generando noticias de todo tipo, y creo que eso hace parte del manual populista. Él maneja la agenda del país. Todos hablan de lo que él dice o no dice. Entonces, necesita los focos todos en ÉL, en mayúscula. Alrededor de ÉL no va a brillar nadie, la excepción ha sido por el momento el ministro José Antonio Ocampo, pero de resto va a brillar ÉL y solo ÉL. Y la manera como va conduciendo es ir generando hechos políticos de manera tal que todos tienen que estar hablando de Petro todos los días, a todas las horas.
¿Y eso es bueno o es malo?
Eso es parte del manual populista, con esa figura mesiánica que lo tiene todo, que lo conduce todo y que es la razón de todo.
Pero curiosamente fíjese que los niveles de favorabilidad están casi empatados, un poquito por encima la imagen positiva que la negativa. ¿Eso significará que hay espacio para que surja una nueva alternativa política menos populista?
Estoy seguro. Pero mire, él tiene una capacidad especial para conectar con ciertos sectores públicos. Su actitud todavía es, y yo creo que será, la del activista, la del candidato que está en campaña permanente, diciendo todo tipo de cosas que llaman la atención de la gente. Es parte de su inteligencia y fortaleza política. Ahora, de ahí para adelante ¿qué pasa con esa forma de gobernar, en la medida en que el tiempo va pasando y toda esa cantidad de enredos, discusiones, propuestas va decantándose? Que ahí el país podrá ver que de todo eso se convierte en realidad. Como se está generando toda esa cantidad de expectativas, muchas de ellas no se van a cumplir, y ahí, entonces, veremos otra dimensión de lo que va a ser de verdad este gobierno. Pero hay que entender que Colombia quiere cambiar. Y eso no se nos puede olvidar ni por un solo segundo.
Pero hay muchas maneras de cambiar. Una es botarse por un abismo, a ver cómo queda uno después…
En la contienda política que tuvimos este año, nuestro trabajo consistía en cambiar, pero en otras condiciones. Ahora, el presidente es él, está haciendo lo que está haciendo, y ha ido creando un ambiente de confusión, de desorden, de enredo en la esfera pública. Colombia tiene que cambiar, pero creo que se puede de otra manera, y esa alternativa el país tendrá que empezar a considerarla desde las elecciones del año entrante, del 2023, bajo la perspectiva local.
Ministro del Interior reiteró que jóvenes de Primera Línea serán voceros de paz
¿Y su grupo y el del doctor Robledo imagino que les están trabajando durísimo a las elecciones locales?
Sin duda. Y yo quiero aportar, haciendo lo que yo hago, que es pedagogía política. Muchas cosas que ocurren bajo este gobierno son muy nocivas.
Desde luego para esa campaña no contarán con el billón de pesos que les pagarán a cien mil jóvenes, no sabemos bajo qué méritos, ni qué compromisos adquieran con el petrismo a través de ese premio…
Eso merece una mirada rigurosa. Pero quiero señalar los tres elementos que para mí le faltan al gobierno del presidente Petro, características de ese desorden, de su figura mesiánica sobre la cual todo está concentrado y que son: rigor, trasparencia y pedagogía. Entonces, a cien mil jóvenes les invertirán un billón de pesos, pero no nos han dicho dónde están los jóvenes, cómo se seleccionan, cuál es el proyecto con ellos. A mí, hablo en primera persona acá, me ha tocado trabajar con muchos jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Eso significa que pueden estar en la puerta de entrada al mundo de la violencia, o dando los primeros pasos, y con ellos hay que trabajar.
¿Y la solución para impedirlo es darles plata?
No. Es acompañarlos en un proyecto de vida, integrarlos con la comunidad, con sus familias. Si vamos a dar plata, después ocurre lo que ocurre con varias de las manifestaciones del Presidente: que después tiene que salir el ministro Prada a aclarar que Petro no quiso decir lo que dijo que iba a hacer. Por eso digo que no hay rigor en los programas. Dos, no hay trasparencia, no sabemos a quiénes se les va a dar, dónde se va a dar, cuáles son las condiciones, quién puede clasificar o no; no hay pedagogía. Eso es recurrente prácticamente en todas las intervenciones del presidente Petro.
Lo del anuncio de la liberación de las primeras líneas es otro ejemplo…
Así es. El Presidente dijo: los jóvenes deben salir a pasar la Navidad con sus familias. ¿Cuántos? ¿Bajo cuáles condiciones de la justicia? Se arma un tierrero. Aquí han tenido que salir a hacer claridad los ministros de Justicia, Defensa y otra vez el del Interior. ¿Por qué? Porque el Presidente seguro que no se sentó con ellos, no es una política que está diseñada. Por lo que después tienen que salir a tapar, a cubrirle la espalda.
Esta semana le escuché, por ejemplo, al director del Dapre que hasta arrojar una papa bomba puede ser excarcelable como parte de la protesta social. Quedé un poco asombrada, porque hablamos de un acto terrorista. Una papa bomba no es un juguete, es un arma que puede ser letal…
El del Dapre es otro que está entre los que salen permanentemente a dar explicaciones. Entonces, llevamos una semana de caos, de discusiones, de malestar y hasta de odio que se va generando en muchas personas. Así no se puede construir la paz. Esa manera de actuar va a tener costos, porque ya no se está en la oposición, donde no se crean obligaciones con lo que se dice; o en campaña, donde en principio se dice cualquier cosa. Pero después, cuando se está en el poder, el gobierno tiene que mostrar y actuar.
¿Usted habría apoyado esta reforma tributaria?
Sí, porque en buena parte nosotros la diseñamos en campaña. No sé si usted recuerda, pero en los últimos debates de la campaña le dije a Petro que la reforma tributaria que él estaba proponiendo de recaudar 60 billones de pesos no era viable. Se lo demostré, al aire, en vivo y en directo. De manera que la reforma que salió tiene bastantes elementos de la que nosotros propusimos, precisamente con José Antonio Ocampo. Por supuesto que ya después en el Congreso no es la misma reforma la que entra que la que sale.
Día a día va quedando la sensación de que con el populismo del gobierno, la plata ya se la están gastando o ya se la gastaron, y eso que no nos entra sino hasta el 2024…
Pues yo espero, María Isabel, que pronto quede claro para dónde va esa plata. Se puede hablar mucho, pero para gobernar hay que tener un plan de desarrollo, que deberá estar listo en febrero, y ahí tendrá que estar explicado a dónde irá cada peso. Evidentemente, el Presidente no es una persona que está conduciendo un equipo, trazando unas líneas, organizando, porque los ministros hablan cada uno por su lado y hasta se contradicen… Aunque hay que aceptar que es el proyecto del presidente Petro, quien fue el que ganó, y tendrá que financiar actividades que ha propuesto para el país, para el cambio. Ahora, insisto en que no sabemos cómo va a ser.
A cien mil jóvenes les darán un millón de pesos. Y si el salario sube, ¿a ellos también?
Esa pregunta hay que hacérsela a él… Pero yo nunca gobernaría de esa manera. Y esto va a ser así cuatro años… Desde esa perspectiva, hay que estar observando y señalando lo que vaya pasando con el Gobierno.
¿Usted habría enrutado o enrutaría el país hacia una reforma tan abrupta en el tema de los combustibles fósiles?
Yo lo tengo muy claro. En campaña, desde el 2018, dijimos no al fracking, punto. Sí creemos en continuar con la exploración de petróleo y gas. Por supuesto tenemos que hacer la transición energética, pero de manera juiciosa. Aquí, de nuevo, no sabemos qué va a pasar. Hace parte de esa confusión general.
¿Embarcaría al país en una reforma de salud como la que está planeando la ministra Corcho, a la que tampoco se le entiende nada?
(Risas) Por supuesto que no. Pero ¿qué es lo que quiere la ministra Corcho? Yo no sé…
Creo que sí sabemos: acabar con las EPS, de un plumazo, o asfixiándolas…
Es muy confuso lo que plantea. Por eso, nuevamente aquí se requiere rigor, transparencia y pedagogía. Sin duda, el sistema de salud necesita afinarse. Pero estamos en ese mundo donde se dice algo, se suscita una discusión gigantesca, pero así como se dice una cosa, se dice otra. Esperemos a que llegue el momento de la discusión de esa reforma. Y si todo eso lo van a hacer el año entrante, durante el primer semestre: reformas laboral, de salud, pensional, agraria…
‘Quieren cobrarme que no se hayan quedado con el Icbf’: Concepción Baracaldo
El ministro Ocampo ha expresado que ojalá tuviera tiempo para hacer otra reforma tributaria, pero ahora sí bajando impuestos a los empresarios…
No soy quién para hablar por él. Pero esta reforma se necesitaba. En la medida en que despeguemos, y que esto se vaya organizando, se tendrá que pensar en disminuir los impuestos a las empresas.
En cuanto al proceso con el Eln, ¿está de acuerdo con la metodología de que lo que se vaya aprobando se vaya ejecutando? ¿Con que los acuerdos parciales se respondan con paros armados? ¿Con que el Gobierno haga compromisos de replegar la Fuerza Pública para limitarla a un papel solo defensivo? ¿Y el narcotráfico, qué?
Es difícil estar en desacuerdo con que haya paz en Colombia. Pero este proyecto de ‘paz total’ es de una complejidad infinita. Y creo que todo el tema de las Farc va a quedar relegado, porque el Eln y este gobierno van a querer tener su protagonismo alrededor de su propio proyecto de paz. Con el Eln llevamos 30 años buscando una negociación. Pero me parece muy complicado lo de hacer acuerdos parciales e irlos implementando. También se habla de que en diferentes departamentos habrá negociaciones propias. Eso es complejísimo de implementar. Por eso hay que hablar poco, hay que saber hablar y en qué momento hablar, porque se pueden generar muchas expectativas que se ganen aplausos, pero la realidad de una negociación exige mucha discreción con los compromisos que se hacen públicos.
Y si usted, simultáneamente, va a negociar con disidencias, las que entraron y salieron, con los que nunca entraron, y, fuera de eso, con el mundo del narcotráfico…
Manejar ese proceso es lo más difícil que pueda haber intentado Colombia en toda su historia. Yo quiero que haya paz total, pero mi gran preocupación es la capacidad para manejar todo esto en forma simultánea. Nos puede llevar más bien a un enredo total. Espero que lo logren, pero lo veo muy difícil.
¿Y cree que bajo este gobierno se ha disminuido la corrupción?
La frase de luchar contra la corrupción desapareció en Colombia. No sabemos quién es la persona que está en la Secretaría de Trasparencia; no sabemos qué acciones hay contra la corrupción; se están discutiendo temas muy delicados en el manejo de la Sociedad de Activos Especiales; en la UNP se dice que hay corrupción. Y el tema de cómo vamos a luchar contra la corrupción no ha aparecido hasta el día de hoy en el proyecto de gobierno.
¿Apoya el proyecto de reforma política como va en el Congreso?
Con unas listas cerradas, con el transfuguismo, con el permiso a las coaliciones de los partidos grandes, ese tipo de figuras que incluye la vuelven dañina, porque se está convirtiendo en una reforma política para beneficiar al Pacto Histórico, para que se perpetúe en el poder, y desde el 2023. Esa reforma política es totalmente inconveniente. Apunta a fortalecer al gobierno del Pacto Histórico, y a borrar del firmamento otras alternativas políticas.
Por último, una pregunta personal, ¿cómo va el corazoncito?
He vivido años durísimos, pero mi corazón está bien, estoy contento, no vivo con resentimientos ni amarguras, ni nostalgias ni rabias. Estoy en paz y estoy contento, y mi corazón está muy bien y me ha ayudado mucho.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 19 de diciembre de 2022.
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15. “Se concreta la dictadura petrista”: Jaime Arizabaleta, sobre caos en encuentro de jóvenes en Medellín
Colombia Joven destacó la instalación de la Mesa de Concertación entre el Consejo Nacional de Juventud, la Plataforma Nacional de Juventud, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital de Medellín, y otros, para atender todos los casos.
https://www.semana.com/, Bogotá, 17 de diciembre de 2022.
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16. Christian Garcés denuncia que invasores de tierras se “colaron” como voceros de paz
En entrevista con Infobae Colombia, el congresista del Centro Democrático señaló que el Gobierno Nacional está violando el orden constitucional
El Gobierno Nacional nombró el pasado viernes a las siete primeras personas que serán voceros de paz, una figura para promover “la reconciliación entre los colombianos” y de la que formarán parte jóvenes que pertenezcan a organizaciones sociales o humanitarias y que estén siendo investigados por delitos relacionados con la protesta social. Pero, estos nombramientos no cayeron bien en la oposición del Gobierno de Gustavo Petro.
Este sábado, Infobae Colombia habló con el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Christian Garcés quien denunció que dos de los jóvenes liberados no tienen delitos en el marco de la protesta, sino que estarían involucrados en otros delitos.
En un primer punto, el representante a la Cámara le dijo a este medio de comunicación que los liberados Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza, “no hacen parte de organizaciones subversivas ni grupos armados, sino que fueron capturados por varios sucesos de invasión de tierras”, afirmó Christian Garcés.
Este sábado, el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Christian Garcés denunció que dos de los jóvenes liberados no tienen delitos por protesta, sino que estarían involucrados en otros delitos.
Un hecho de invasión de tierra que denunció Garcés habría ocurrido el primero de junio de 2022 en el predio ‘La Montaña’ en zona rural de Popayán. Según dijo el congresista de la derecha política, este episodio provocó la muerte de Miguel Cerón, “un campesino propietario del predio, que sufrió un infarto posterior por las perturbaciones que estos invasores violentos le provocaron”.
El miércoles 22 de junio de este año, la Fiscalía General de la Nación comunicó que Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremen Hinestroza fueron judicializados por movilizar personas para invadir inmuebles privados ubicados en zona rural de la capital caucana.
Según el ente investigador, estas dos personas habrían utilizado diferentes elementos tanto explosivos como incendiarios; además de piedras, escombros, palos y armas corto-contundentes, “los cuales serían usados para atentar contra la fuerza pública”.
Por estos hechos, la Fiscalía General les imputó, a Álvaro Andrés Duque Ruíz y a Bremen Hinestroza, los delitos de avasallamiento de bien inmueble; violencia contra servidor público y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.
Asimismo, el juez del caso impuso medias de aseguramiento privativas de la libertad en establecimiento carcelario contra ellos dos, que serían personas destacadas al interior del movimiento ‘Sin Techo – Tejido Popular’.
De acuerdo con lo dicho por Garcés, en el Cauca, hay una serie de personas que se dedican a promover las invasiones de predios privados y públicos. Una vez el Gobierno Nacional publicara la lista de las siete personas designadas como voceros de paz, varias personas de la comunidad le comentaron al congresista que los nombres de Álvaro Andrés Duque Ruiz y a Bremen Hinestroza aparecían en el listado.
“Estos dos personajes son reconocidos por denunciantes en el Cauca de ser unos de los principales líderes de estas actuaciones ilegales y me llamaron a denunciar que habían encontrado que los nombres de ellos aparecían dentro del listado de los tales gestores de paz”.
En el perfil presentado por el Gobierno Nacional, Álvaro Andrés Duque Ruiz es un líder estudiantil, campesino, estudiante de historia y líder social. Se encuentra recluido en la cárcel de San Isidro de Popayán.
“Ha asesorado a los habitantes del barrio Sinaí desde la coordinación de ‘Los Sin Techo’, con quienes construyó con respaldo de la Pastoral Social ‘La Casa del Pensamiento’. Hace parte de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’, integrada por organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas que defienden derechos humanos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca”, se lee en el documento oficial.
Bremmen Hinestroza también fue presentado como un líder estudiantil y campesino. Es padre de una niña de 8 años. Al igual que Duque Ruiz, se encuentra recluido en la cárcel de San Isidro de Popayán.
“Tallerista de arte dramático y líder social. Hace parte del movimiento ‘Los Sin Techo’, que trabaja por viviendas dignas para habitantes que no cuentan con recursos para adquirirlos. Es miembro de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’, una red de organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas, que defienden los derechos humanos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca”, informó la Casa de Nariño.
El político del Centro Democrático continúo su entrevista con Infobae Colombia diciendo que hizo esta denuncia porque, “considero que ningún juez de la República debe prestarse para violentar un proceso de judicialización que ha sido exitoso en términos de llevar a estas personas a la cárcel”.
Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza son señalados por las personas afectadas de participar en, al menos, 14 casos de invasión de tierra. “La información que tengo es que los dueños de los predios invadidos han hecho los procesos de denunciar y están dispuestos a aportar todas las pruebas y la información de los casos que se han presentado”, puntualizó Garcés.
Hay que señalar que desde la Presidencia de la República, se informó que los voceros de paz son integrantes de organizaciones sociales y/o humanitarias que están siendo investigados y no han sido condenados en sus respectivos procesos.
Para Garcés, el Gobierno Nacional está violando el orden constitucional.
“El Pacto Histórico, representado por Gustavo Petro, está usando la Presidencia de la República para interferir en procesos judiciales en beneficio de simpatizantes que hacen parte de organizaciones que se han beneficiado electoralmente. Lastimosamente, con este gobierno, se está deteriorando la institucionalidad en situaciones tan graves como es buscar beneficiar a personas que tratan de generar transformaciones en nuestro país con actos delictivos”.
Desde el lado del oficialismo responden que los voceros de paz tendrán que atender todas las diligencias judiciales a las que sean citados en el marco de sus procesos penales. Por todo lo anterior, “en caso de cometer cualquier actividad delictiva, incumplir con su proceso judicial o sus obligaciones como voceros de paz, la Comisión Intersectorial recomendará al presidente revocar sus designaciones”, dice un comunicado del pasado viernes 16 de diciembre.
En el mismo sentido, Garcés expresó que el Gobierno Nacional está cometiendo un prevaricato para beneficiar a simpatizantes y aliados políticos como los jóvenes de la primera línea, “o en este, caso invasores de tierras”, afirmó el congresista.
“En este gobierno se ha aumentado las invasiones de tierra. Estos hechos, en los que están involucrados los señores Álvaro Andrés Duque Ruiz y a Bremen Hinestroza, ocurrieron entre agosto de 2021 a febrero, posterior a los bloqueos violentos que se presentaron en el Cauca”.
La Defensoría del Pueblo entregó el jueves 22 de septiembre, las más recientes cifras sobre invasiones de tierras, cerca de 6.000 familias estarían ocupando predios rurales. Según la Defensoría, las zonas del país donde más se han reportado invasiones son Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada.
“Hemos podido identificar 108 casos distribuidos en 26 municipios. La mayor incidencia en el número de invasiones de tierras se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36 % de los casos”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Sin embargo, la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, dijo en el Foro de Innovación Agrofuturo que se realizó el 28 de octubre que: “8.595 hectáreas de propiedad privada que estaban ocupadas de manera ilegal fueron recuperadas. Según el rastreo permanente que se ha hecho, ese número empezó a disminuir desde que se hicieron los primeros anuncios de la reforma agraria”, explicó el Ministerio de Agricultura.
Por último, para el congresista del Centro Democrático, la liberación de Duque Ríos e Hinestroza también obedecería a una presión por parte del senador del Pacto Histórico, Ermes Pete, quien pertenece al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
“Estos dos capturados recibieron, hace pocos días, la visita de una comitiva del congresista del Pacto Histórico, donde estaba nada menos y nada más, que el líder del CRIC, Ermes Pete. Estos nombramientos de gestores de paz se convierten en una burla al sistema judicial. Invito a los jueces de la República, a los órganos de control a denunciar y hacer respetar nuestra Constitución y la institucionalidad en nuestro país”, finalizó Christian Garcés.
https://www.infobae.com/, Bogotá, 17 de diciembre de 2022.
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17. Respuestas de Susana Correa ante señalamientos de corrupción en Prosperidad Social
Correa aseguró que la Contraloría es fundamental con la ejecución de los programas gubernamentales.
A través de su cuenta de Twitter el senador Iván Cepeda resaltó un informe de la ContralorÍa en el que se asegura que dineros para ayudas de los colombianos habrían quedado en manos de corruptos, asegurando que es el resultado de la gestión del gobierno del expresidente Iván Duque.
Ante estos señalamientos, la exdirectora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa respondió también por este medio asegurando que el senador debería entender cómo es realmente la base de la operación de los programas sociales del Estado.
En un primer trino, Correa explica cómo funcionaban los programas del Departamento,
“Programas como Jóvenes y Familias en Acción, solo entregan subsidios cuando los beneficiarios han cumplido sus condicionalidades. Si esto se cumple y, la Registraduría no ha reportado la muerte, la jurisprudencia indica que se debe igual entregar el recurso a la familia”, dice.
También, explicó el funcionamiento de Ingreso Solidario, uno de los programas más emblemáticos del gobierno anterior, “si la madre o padre cabeza del hogar muere, el subsidio se le paga a otro miembro de la misma familia. Decir que se le paga a un muerto es desconocer que los programas atienden a la familia como un núcleo. Las bases de datos del Sisben son administradas por el Departamento Nacional de Planeación no por Prosperidad Social. Si busca en ellas a un beneficiario de
Familias en Accion que se inscribió en los 2000 no le aparecerá en el Sisben IV, pero ello no lo excluye del programa si aún sus hijos estudian”.
Así mismo, Correa indicó que todos los señalamientos que hace el senador Cepeda se deben al desconocimiento que éste tiene sobre el funcionamiento de la entidad. “Estos, como muchas otras excepciones a la equivocada idea de corrupción que usted alega desde su ignorancia sobre el funcionamiento de los programas sociales le son explicadas por el equipo técnico de Prosperidad Social a la Contraloría General. Calificar de corruptos, desde un pedestal de ignorancia sobre el funcionamiento de los subsidios, es muestra de su desprecio por la realidad de los colombianos que reciben subsidios. Ojalá los recursos del Estado se gastaran más en subsidios y menos en salarios como el suyo”.
Finalmente, la exfuncionaria aseguró que los informes que expide la Contraloría son necesarios para el trabajo del Gobierno, “son fundamentales para el mejoramiento continúo de los programas sociales, no para que la ignorancia rampante suya muestre sus luces. Prosperidad Social cuenta con un gran equipo técnico que trabaja siempre con la Contraloría”, cerró.
https://www.wradio.com.co/, Bogotá, 20 de diciembre de 2022.
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18. Juzgado falló a favor de la senadora uribista Yenny Rozo y la ministra de Minas, Irene Vélez, deberá responder información solicitada sobre el fracking
La congresista por el Centro Democrático había denunciado una supuesta censura por parte del Gobierno en medio de la discusión de un proyecto de ley que busca prohibir esa práctica en el país.
https://www.semana.com/, Bogotá, 19 de diciembre de 2022.
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19. Bruce Mac Master contradice a quienes piensan que el aumento del salario mínimo fue muy alto
El presidente de la Andi defendió el incremento acordado, el cual fue anunciado el pasado jueves, 15 de diciembre.
https://www.semana.com/, Bogotá, 18 de diciembre de 2022.
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III. Varios
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1. Imputar a Donald Trump pide comité del Congreso que investiga asalto al Capitolio
2. Venezuela responde a la nuevas sanciones que le impuso Estados Unidos, “es una ofensa al pueblo venezolano”
3. El narcotráfico, protagonista en la desestabilización de Perú tras la caída de Castillo
4. «La prioridad es salir de Maduro, no de Guaidó»: Ledezma apoya extender mandato del Gobierno Interino
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1. Imputar a Donald Trump pide comité del Congreso que investiga asalto al Capitolio
La comisión, formada por siete demócratas y dos republicanos, recomendó unánimemente al Departamento de Justicia que impute al expresidente Donald Trump por el asalto al Capitolio, ocurrido en 2021.
El comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio estadounidense, ocurrido el 6 de enero de 2021, recomendó este lunes al Departamento de Justicia que se impute al expresidente Donald Trump (2017-2021).
La comisión considera que Donald Trump obstruyó un procedimiento oficial e incitó a una insurrección, además de conspirar para defraudar al Gobierno federal y para hacer una declaración falsa.
El comité no tiene potestad para imputar ni poder de decisión en la investigación ya abierta por el Departamento de Justicia.
La decisión de presentar cargos recae en última instancia en el fiscal general, Merrick Garland, quien en noviembre anunció la designación de un fiscal especial para investigar a Donald Trump por su posible implicación en el asalto al Capitolio y por los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida) tras su salida de la Casa Blanca.
Donald Trump lanza su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos para 2024
El comité, formado en julio de 2021, está integrado por nueve miembros, siete de ellos demócratas y los otros dos republicanos, y presentará este miércoles su informe final, de unas 1.000 páginas.
https://noticias.caracoltv.com/, Bogotá, 19 de diciembre de 2022.
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2. Venezuela responde a la nuevas sanciones que le impuso Estados Unidos, “es una ofensa al pueblo venezolano”
Según el gobierno de Venezuela, esto también pondría en riesgo a empresas de Estados Unidos.
https://www.semana.com/, Bogotá, 19 de diciembre de 2022.
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3. El narcotráfico, protagonista en la desestabilización de Perú tras la caída de Castillo
Dos graves denuncias respecto a la crisis en el Perú ha hecho en las últimas semanas el conocido periodista boliviano Humberto Vacaflor. La primera es que el expresidente boliviano Evo Morales convenció a Pedro Castillo de legalizar las plantaciones de coca en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Según el periodista “Castillo hizo que cesaran las operaciones de destrucción de cocales por parte de la policía peruana y también que la Fuerza Aérea del Perú dejara de bombardear las pistas clandestinas que usan los narcotraficantes para llevar la pasta base (sulfato de cocaína) hacia las fábricas de clorhidrato”.
La segunda denuncia trata sobre la desestabilización que experimenta en estos momentos el Perú, la cual afirma, es impulsada por el narcotráfico, incluyendo el envío de mercenarios desde la zona cocalera boliviana de El Chapare. “La caravana de narcos del VRAEM que se dirige a Lima probablemente imite lo que hicieron los cocaleros del MAS en Bolivia contra la ciudad de Santa Cruz. Pagaron a los grupos de choque con droga”, añade Vacaflor.
Que el narcotráfico esté detrás de las protestas en el Perú, no debe sorprender a nadie. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró respecto a las manifestaciones vandálicas que incendiaron su país a mediados de año que: “Esta es una alianza con el correísmo y en esta alianza habría participado un tercer actor, que pone el dinero para las protestas, de 18 días, que habrían costado USD 15 millones, y ese tercer actor es el narcotráfico“.
En cuanto a las manifestaciones realizadas en Colombia en 2021, entre los elementos incautados al jefe de la narco-guerrilla del ELN, alias `Fabián´ –como computadores, discos duros y celulares– se encontraron “varios correos electrónicos que confirmarían el patrocinio económico del grupo guerrillero a integrantes de la Primera Línea para el paro nacional”.
No es causal que ahora Gustavo Petro pretenda liberar a los delincuentes de la Primera Línea, puesto que el presidente colombiano es el principal impulsor de la legalización de las drogas, no solo en Colombia, sino en el mundo entero; como se observó en su discurso pronunciado en la más reciente Asamblea General de la ONU:
Según un reportaje de la revista SEMANA, publicado este 16 de diciembre, Gustavo Petro habría prometido a la primera asamblea nacional cocalera que se efectuó en El Tarra, Departamento de Norte de Santander, legalizar la siembra de hoja de coca, hasta tanto se desarrolle una política de sustitución de cultivos. ¿Pero cuál cultivo podrá sustituir las enormes ganancias que proporciona la hoja de coca?
Evo Morales, Pedro Castillo y Gustavo Petro son aliados políticos de Nicolás Maduro, puesto que todos ellos son integrantes del Foro de Sao Paulo. No sobra recordar que Maduro es acusado por las agencias norteamericanas de ser el jefe del Cartel de los Soles.
Hasta ahora la desestabilización desatada para reponer a Pedro Castillo en la presidencia no ha logrado su objetivo; pero, si tuviera éxito, el Perú se convertiría en un narco Estado, dominado por los carteles de la droga. Por eso es tan importante que los factores democráticos y las Fuerzas Armadas resistan esta embestida.
https://gaceta.es/, 20 de diciembre de 2022.
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4. «La prioridad es salir de Maduro, no de Guaidó»: Ledezma apoya extender mandato del Gobierno Interino
El dirigente en el exilio, Antonio Ledezma, manifestó su apoyo para extender el mandato del Gobierno Interino por un año más. Argumentó que la prioridad es salir de Maduro y no de Juan Guaidó.
En su cuenta en Instagram, el exalcalde Metropolitano reconoció que tiene diferencias con el presidente interino, sin embargo, «debe sobreponerse el sentido de responsabilidad».
«Desunidos no será posible vencer a esa peligrosa corporación criminal… No entiendo cómo ahora están planteando eliminar así de cuajo a la figura del presidente interino, y sobre todo que lo hagan quienes de alguna u otra manera se beneficiaron de ese gobierno colectivo, parlamentario»
Hizo un llamado a todos los líderes democráticos a «recapacitar» y poner a Venezuela «por encima de las ambiciones».
https://albertonews.com/, Caracas, Venezuela, 19 de diciembre de 2022.
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