
Luís Alonso Colmenares R.
La reforma constitucional del Acto Legislativo 4 de 2019 buscó blindar la elección de contralores territoriales, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, a través de exámenes de conocimiento que deben llevan a cabo las universidades acreditadas, esperando que una academia imparcial garantice procesos limpios. Era el remedio contra la politiquería: quitarle a las asambleas y concejos la libertad absoluta de escoger a dedo, pero lamentablemente, ese remedio se ha convertido en un nuevo foco de corrupción. ¡Las universidades están negociando con el concurso de contralores!