Por María Clara Posada Caicedo
Si quieren, llámenla Ley Santiago, yo seguiré defendiendo la ley de doble conformidad. Los derechos no tienen dueño.
No voy a esquivar el nombre ni a fingir que desconozco la controversia. Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, está condenado y podría acudir a las garantías previstas en el proyecto de doble conformidad penal que he presentado al Congreso. Esa posibilidad merece una respuesta franca.
Una ley no se vuelve injusta porque pueda beneficiar a alguien que incomoda a sus críticos. Se vuelve injusta cuando excluye personas por su apellido, impopularidad o cálculo político. Si el Congreso renunciara a reconocer derechos cada vez que uno de sus titulares despierta controversia, no estaría haciendo justicia sino administrando prejuicios. Esta iniciativa no nació de un expediente familiar, sino de una obligación constitucional incumplida. En 2014, mediante Sentencia C-792, la Corte Constitucional exhortó al Congreso a regular la doble conformidad para las primeras condenas penales. En 2019 advirtió que persistía el vacío. Este proyecto es un deber postergado por años y no una ocurrencia de mi partido. El principio es sencillo: Toda primera condena debe poder ser revisada integralmente por otro juez. Una persona puede ser absuelta inicialmente y condenada en segunda instancia. Haber tenido dos instancias no significa haber tenido dos jueces que revisen su condena. Esa diferencia puede decidir su libertad.
Nuestro proyecto distingue mecanismos que no deben confundirse. La impugnación especial permite revisar integralmente la primera condena, incluidos hechos y pruebas; la casación es un recurso extraordinario sujeto a causales y requisitos específicos que conoce la aplicación del derecho. Proponemos articular ambos sin que se anulen entre sí, asegurar magistrados distintos y establecer oportunidades excepcionales para quienes quedaron sujetos a restricciones procesales anteriores. Eso no significa absoluciones automáticas ni excarcelaciones ordenadas por el Congreso.
El jurista italiano Luigi Ferrajoli ha explicado la importancia de las garantías frente al poder punitivo: Su valor se comprueba cuando quien las invoca es impopular o tiene enemigos poderosos. Defender derechos solo para quienes nos simpatizan no es defender derechos, sino repartir privilegios, por eso el derecho penal del enemigo no puede ser una aspiración. Dicho esto, según la última cifra estudiada para proyectar esta iniciativa, desde 2014 hay al menos 242 personas potencialmente afectadas por la falta de regulación. Es un dato que debe actualizarse y que seguramente ha aumentado, pero que expresa lo esencial: Detrás del debate hay como mínimo otros 241 seres humanos, no un solo apellido. ¿Con qué autoridad les exigiríamos seguir esperando por temor al titular de prensa de mañana? Nuestros críticos reclaman respeto por las instituciones, pero quisieran que el Congreso desatendiera una exhortación constitucional porque cumplirla podría favorecer a alguien que odian.
Los derechos fundamentales no pueden depender de simpatías, encuestas ni conveniencias electorales. No pido que nadie comparta mis convicciones, defienda a Santiago o cuestione una sentencia sin conocer el expediente. Pido que esta ley sea juzgada por sus reglas, límites y conformidad con la Constitución, no por la identidad de un eventual beneficiario. Acepto el escrutinio más riguroso, incluidas las disposiciones transitorias. No acepto que el temor a una acusación logre paralizar el mandato al Congreso ni que una garantía general quede rehén de la animadversión de algún opinador influyente. Si quieren, llámenla Ley Santiago, yo seguiré defendiendo la ley de doble conformidad, pues, los derechos no tienen dueño, los jueces conservan la última palabra y la Constitución no distingue apellidos.
Postdata: Merece reconocimiento la Corte Suprema de Justicia, que ante esa omisión ha procurado proteger la garantía mediante reglas transitorias. Su actuación recuerda que la justicia no puede quedar suspendida mientras el legislador cumple su tarea. En asuntos difíciles y expuestos a controversias públicas, el valor de la independencia judicial reside precisamente en resolver conforme a la Constitución y al derecho, no según la popularidad de quienes solicitan protección. Esa vocación de justicia merece respeto. Al Congreso le corresponde ahora ofrecer reglas generales, claras y estables, sin sustituir el criterio de los jueces ni anticipar sus decisiones. Esa es la ley que estoy dispuesta a defender.
https://www.elcolombiano.com/, 14 de noviembre de 2026.