Por Álvaro García Jiménez
La izquierda colombiana debería examinar muy en serio su situación. ¿Cuánto de su autoridad está dispuesta a sacrificar para seguir defendiendo a Gustavo Petro? ¿Cuántas explicaciones que jamás aceptaría de un adversario va a admitir de la boca de su propio líder? Algo fallaría gravemente en una organización política si permite que, al recibir un cuestionamiento, se vea obligada a rebajar el tono de las exigencias a sus contradictores por tener ‘rabo de paja’.
¿Petro debe hacerse a un lado y abrirle espacio a otros liderazgos? A mi juicio, la gravedad de las denuncias que enfrenta y la insuficiencia de sus explicaciones han minado la autoridad moral que necesita para conducir a su grupo político. Y hay algo más que se va profundizando con el paso de los días: el costo de sostener a Petro como líder se extiende a quienes comprometen su palabra y su imagen en esa defensa. Cada justificación de los defensores de Petro se convierte en una deuda que les cobrarán por ventanilla cuando se les ocurra exigirle transparencia a los demás.
Creo que los progresistas deberían pensarlo seriamente, entre otras cosas, por una razón imposible de olvidar. La izquierda colombiana existía antes de Petro y tiene una historia desde la cual puede responder. Había ganado elecciones, administró ciudades y departamentos, y demostró que era posible convertir sus ideales en responsabilidades de gobierno.
En ese sentido, Petro ha estado ‘de malas’. Mientras está en el centro de un deplorable escándalo por serias denuncias de haber usado dineros públicos para pagarle a mujeres sus servicios sexuales, fallece Antonio Navarro Wolff, él sí comandante del M-19 y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y resulta imposible no hacer la comparación.
Antonio Navarro llevó su experiencia de la paz y de la Constituyente a la Alcaldía de Pasto y a la Gobernación de Nariño. Los cabildos y los presupuestos participativos hicieron parte de una gestión que buscó incorporar a las comunidades en las decisiones públicas, con buenos resultados en la lucha contra la corrupción. Navarro calificó la toma del Palcio de justicia como “el peor error” del M-19 y pidió perdón públicamente por ello. Sin escándalos ni estridencias, la trayectoria de Navarro Wolff permitió comprobar que el tránsito de la insurgencia a la democracia podía producir construcción institucional.
Por su parte, Lucho Garzón llegó del sindicalismo a gobernar a Bogotá. Hizo de la lucha contra el hambre una prioridad y convocó al sector privado, a la Iglesia y a los comerciantes para participar en ella. Sin egoismo político le dio continuidad a políticas de administraciones anteriores. Entendió que una convicción de izquierda podía sostenerse mientras se reconocían aciertos ajenos y se trabajaba con quienes pensaban distinto. Lucho encarna el ejercicio de una izquierda constructiva y de tono alegre.
Esos gobiernos, como todos, cometieron errores y merecen un examen crítico. Pero dejaron experiencias que ahora son un argumento de peso para evitar lo que algunos pretenden: aceptar a Petro como destino inevitable de la izquierda. Hay una tradición democrática en el progresismo colombiano que le permite y le obliga a exigir más a sus propios líderes. Quienes pretenden justificar lo que sucede alrededor de Petro, también deberían tener en cuenta esos antecedentes. Navarro y Garzón no son una invitación a volver al pasado, sino un antecedente valioso para entender que las cosas se puden hacer de otra manera.
Petro ha negado haber utilizado la contratación pública para obtener favores sexuales. Sin embargo, la secuencia de ‘explicaciones’ del caso ha venido evolucioando de manera tragicómica: primero negaban que el líder progresista pudiera estar con una trabajadora sexual, después que le pagara con dinero público, después argumentan que los contraros con ella no lo demuestran y finalmente que exponer las “proezas sexuales” de Petro es una cortina de humo del Gobierno de Abelardo De la Espriella.
La justicia ya está investigando la denuncia de Deicy para establecer si las relaciones íntimas, los servicios prestados y la intervención que se atribuye al entonces mandatario configuran un delito. ¿Con qué criterio Petro habría pedido mantener ese contrato? ¿Qué necesidad pública pretendía cubrir con ese nombramiento? ¿Quién verificó el cumplimiento de las obligaciones? ¿Hay una red de mujeres instrumentalizadas de esa manera? Son preguntas que harán los jueces y que también deberían hacerse internamente los aliados de Petro con la misma insistencia que le aplicarían a un adversario.
En cambio, una parte muy visible de la defensa ideológica de Petro ha encontrado refugio en el numeral ‘la derecha no culea’. La vulgaridad —aunque es parte inconfundible del estilo de algunos de sus influenciadores— es lo de menos. Lo revelador es la intención de convertir el señalamiento sobre el posible uso privado de recursos públicos en una orgullosa celebración de la desbordada vida sexual del líder.
La exigencia de transparencia vale para cualquier dirigente, sin importar su orientación política. Y todos deben responder por los hechos que se les atribuyen y por las evidencias de su propio caso. Hablar de lo que ha pasado con otros líderes tampoco responde las preguntas sobre Petro.
¿Qué estaría haciendo Petro si el acusado fuera un rival político? ¿Aceptaría que, frente a semejantes videos y testimonios, los seguidores de un dirigente de derecha respondieran con memes de mal gusto y chistes vulgares? ¿Aceptaría que le contestaran que toda pregunta sobre contratos es simplemente una intromisión en la vida privada? Quienes lo defienden deberían someter sus argumentos a esa prueba antes de expresarlos en público.
Es cierto que la presunción de inocencia protege a las personas cuando no hay una condena definitiva. Pero ese principio legal no obliga a una colectividad a mantener intacta su confianza política ni a renunciar a evaluar seriamente la conducta de sus dirigentes. Un movimiento político que aspire a gobernar tiene que tener la capacidad de discutir quién tiene la credibilidad para representarlo, sin esperar a que un juez le haga el trabajo.
En general, hay un desconcertante silencio de la dirigencia de la izquierda frente al escándalo de los ‘sexocontratos’. Sin embargo, hay algunas voces de militantes del progresismo, entre ellas mujeres —que están ejerciendo esa independencia— cuestionando las relaciones de poder expuestas por este episodio. Es necesario destacar esas voces que han hablado con valentía. Esa capacidad debería extenderse a su dirigencia.
Petro, entretanto, anuncia que saldrá a las calles el 19 de noviembre contra la “Ley de Rescate” que llega al Congreso. En la misma publicación vuelve a cargar contra la “prensa oligárquica”. Obvio, Petro tiene derecho a convocar y a defender sus motivos. Pero ni la posible legitimidad de una causa ni el número de personas que lo acompañen van a responder todas esas preguntas válidas sobre su conducta. Así en sus últimos discursos invite a los colombianos a “besarse mucho”, como si la discusión fuera sobre la libertad sexual y no sobre el presunto uso de recursos públicos para pagar acompañantes.
Para los militantes y dirigentes de la izquierda el dilema es cuánto peso están dispuestos a cargar por cuenta de él. Cada vez que minimizan una denuncia que considerarían intolerable en otros, pierden buena parte de la autoridad con la que podrían ofrecerle al país una alternativa.
¿Hasta cuándo estarán dispuestos a hacerlo?
Publicado en Cambio el 10 de noviembre de 2026
