Por Andrés Felipe Arias
Colombia puede bajar impuestos y, aun así, reducir su deuda.
En la campaña presidencial de 1992, James Carville colgó en la sede de Bill Clinton en Little Rock un tablero con 3 recordatorios para el equipo. Uno de ellos le dio la vuelta al mundo: «es la economía, estúpido». Estaba ahí para que nadie se distrajera de lo único que iba a decidir la elección.
El debate que abrió en Colombia el Proyecto de Ley de Rescate Económico (PL 477 de 2026), radicado en la Cámara el 29 de octubre, necesita su propio tablero, pues el ajuste es inaplazable.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal proyectaba en septiembre pasado una deuda neta del Gobierno Nacional Central de 67,3% del PIB para 2027, frente a un ancla de 55%. Es más, con los TES a 10 años por encima de 13% —debido precisamente al protuberante hueco fiscal y al riesgo que cada día aumenta más y más ante los mercados internacionales—, cada billón adicional de deuda cuesta cerca de $130.000 millones al año en intereses.
Así las cosas, lo que está en discusión no es si debe haber ajuste o no. Lo que está en discusión es la composición del mismo, y ahí el tablero de Carville nos diría a cada uno de nosotros, especialmente a los economistas: «es el gasto, estúpido».
Milton Friedman pedía vigilar una sola cifra, cuánto gasta el Estado, porque ese es el verdadero impuesto: lo que no se paga con tributos explícitos se paga después, con deuda o con inflación. Y todo, agravado por el menor crecimiento que de ahí se deriva.
Y es que el gasto público expulsa la inversión y el consumo privado, succionando el ahorro de la economía y disparando la tasa de interés real a niveles que golpean la actividad privada. Y, como si eso no fuera suficiente, desata un carry trade perverso que fortalece artificialmente la moneda doméstica y destruye buena parte de los sectores transables de la economía —los cuales tienden a ser intensivos en mano de obra formal—.
En lenguaje llano, el déficit fiscal, el nivel de deuda y el bajo crecimiento económico son la fiebre. La verdadera infección, lo que realmente hay que atacar, es el desproporcionado nivel de gasto público. Cada peso adicional de gasto alimenta esa infección y debilita al corazón que la sostiene: el sector privado, el que paga los impuestos, cada vez más cansado y al borde de un infarto.
En este orden de ideas, el ajuste fiscal que requiere Colombia no puede apuntar a más impuestos. Este país no aguanta un impuesto más. Ni económica, ni social, ni políticamente.
El ajuste, por el contrario, debe fundamentarse en 5 pilares:
Reducción permanente del gasto público de 3% del PIB.
Inteligencia artificial y ontología para transformar el funcionamiento del Estado, reduciendo duplicidades, fugas de valor y evasión.
Reducción del subsidio al ACPM.
Enajenación de activos comerciales (Ecopetrol, y de paso ISA, Banco Agrario, fiduciarias del Estado, bancos de segundo piso) para fondear, sin presionar más el mercado de deuda pública, el hueco fiscal mientras se cierra.
Reducción de los impuestos más antitécnicos y nocivos para el crecimiento y la formalización de la economía (patrimonio y GMF).
📊 Dónde está el ajuste del proyecto
La Tabla 14 de la exposición de motivos permite medir esa composición. En 2028 la ley mejora el balance primario en 4,29 puntos del PIB, contando 0,71 puntos de «otras medidas de ajuste fiscal», que el articulado no detalla y que, según la exposición, se adoptarían mediante el Plan Nacional de Desarrollo y actos administrativos.
Sea de ello lo que fuere, las líneas de gasto que efectivamente se deja de ejecutar (eficiencia del gasto, gasto de personal y contratos de prestación de servicios, menos el mayor SGP) solo suman 0,73 puntos, unos $17 billones.
En contraste, impuestos, cotizaciones y contribuciones nuevos suman 2,94 puntos, unos $67 billones al año. En consecuencia, de cada $100 de ajuste, solo $17 salen de recortar gasto y cerca de $69 del bolsillo de empresas y hogares. Las «otras medidas», sin articulado, pesan tanto como el recorte: otros $17.
Algo que sorprende es que el bloque que el proyecto de ley denomina «Reducción del Estado» incluye en 2027 1,46 puntos del PIB en impuestos y contribuciones: menor exoneración de aportes patronales, mayores cotizaciones a salud, un punto de las cajas de compensación girado a salud e impuestos a tabaco y alcohol. Para la Nación, esas medidas sustituyen transferencias y de ahí que el proyecto las clasifique así. Pero lo cierto es que, para el trabajador, la empresa o el consumidor que las paga, son carga tributaria nueva.
La composición del ajuste, tal como viene en el proyecto de ley, tiene consecuencias sobre el crecimiento económico. En cerca de 200 planes de ajuste de 16 países de la OCDE, una consolidación de 1% del PIB hecha con impuestos le restó a la economía más de 2% del PIB acumulado en 3 años, mientras la hecha con recorte de gasto produjo recesiones leves o ninguna (Alesina, Favero y Giavazzi, NBER w24246).
Invertir esa composición es posible. Con un recorte de gasto de 3% del PIB, la venta de activos para fondear la transición y la eliminación de los impuestos más nocivos, las cuentas de 2028 cierran sin un solo impuesto nuevo.
🏛️ Un recorte de 3% del PIB
La meta es una reducción permanente del gasto de 3% del PIB, unos $69 billones en 2028: 4 veces lo que trae el proyecto. Requiere metas por sector, cronogramas verificables y seguimiento público, y debe concentrarse en costos administrativos, duplicidades y subsidios mal focalizados, preservando los servicios esenciales.
Resulta que entre 2022 y 2025, las personas vinculadas al funcionamiento del Estado, incluidos contratistas y entidades territoriales, pasaron de cerca de 1,33 a 1,46 millones, y el gasto de personal creció 31% real entre 2022 y 2026 (Observatorio Fiscal de la Javeriana).
La meta verificable es regresar gradualmente al nivel de vinculaciones de 2022 sin reducir el salario real de ningún servidor público, con eliminación de vacantes innecesarias, no renovación de contratos que duplican funciones de planta e integración de servicios administrativos.
El esfuerzo debe abarcar todas las ramas del poder público y las entidades descentralizadas, incluidos los órganos de control, cuyo aparato cuesta entre $3,5 y $4,5 billones al año; un algoritmo abierto (Cuestor) ya señala dónde es más eficiente auditar:
Por eso, el proyecto debe ampliar las facultades extraordinarias que ya le otorga al Presidente de la República para el gasto de personal, de modo que alcancen un recorte de fondo del gasto improductivo, duplicado y desbordado: de funcionamiento e incluso de inversión. En el nivel territorial, la urgencia es eliminar las contralorías regionales, lo que exige un acto legislativo.
🤖 IA para que el recorte se sostenga
Una plataforma que cruce SECOP, SIGEP y PILA puede revisar miles de procesos de contratación, comparar precios, señalar sobrecostos, identificar duplicidades y frenar el desembolso. Con la capacidad de escribir y desplegar código que hoy dan los modelos de IA de frontera, se puede desarrollar rápido, con equipo propio y sin contratar una gran firma de software.
Brasil ya lo hace: su sistema ALICE revisó 118.069 compras públicas en 2024 y originó 206 auditorías sobre R$25.570 millones (CGU). Estonia presta 3.800 servicios sin pedirle al ciudadano los documentos que el Estado ya tiene (e-Estonia).
⛽ Subsidio al ACPM
La brecha entre el precio interno del ACPM y su costo de referencia equivale a un subsidio de cerca de $5.100 por galón, con un costo fiscal de unos $9,7 billones al año.
Como es apenas lógico, pero no tan evidente, lo pagan todos los contribuyentes con deuda al 13%, y beneficia en proporción a quien más consume.
Se debe cerrar esa brecha durante 2027 y 2028. Quitar un subsidio reduce el gasto sin crear un impuesto.
Es muy complejo políticamente, pero lo es aún más subirle el IVA a muchos productos de la canasta familiar, multiplicar el impuesto a la cerveza —disparando su precio al consumidor sin generar mucho recaudo adicional cuando su elasticidad precio de demanda se estima correctamente— o gravar el componente inflacionario del ahorro bancario, del cual dependen muchas personas que no construyeron pensión pública.
🛢️ Vender para no emitir
El recorte resuelve el déficit permanente. Empero, la transición exige una estrategia de fondeo temporal sin que el mercado de títulos de deuda pública siga recibiendo borbotones de TES y disparando aún más la tasa de interés del gobierno, y de paso la que se transmite al resto del aparato productivo.
La respuesta es un programa agresivo de enajenaciones que convierta en liquidez parte de las participaciones comerciales de la Nación. Este tipo de fuentes se contabiliza por debajo de la línea —como si fuera deuda— porque no es un ingreso corriente —lo que va por encima de la línea—, pero no aumenta el nivel de endeudamiento de la Nación, evitando un mayor descalabro sobre los mercados de deuda pública.
El primer candidato es Ecopetrol. La Nación todavía tiene 88,49% de la compañía. Vender gradualmente 39,49 puntos porcentuales y conservar solo 49% rendiría casi $45 billones al precio de mercado del 30 de octubre, cerca de USD 14.100 millones. Es cerca de 2% del PIB y unas 22 veces lo que la Tabla 14 espera de todas las enajenaciones juntas (0,09% del PIB en 2028).
Y al ceder el control y garantizar el buen gobierno, es probable que el mercado reduzca el descuento que hoy aplica a la acción por estar bajo control estatal. En otras palabras, el precio sería mayor a lo que hoy revela el mercado bursátil.
La operación exige reformar la Ley 1118 de 2006, que obliga a la Nación a conservar al menos 80%, y seguir el procedimiento de democratización accionaria de la Ley 226 de 1995, de modo que sus recursos llegarían en 2028.
Con el TES al 13,18%, esos $45 billones ahorran entre $5,0 y $5,9 billones de intereses al año, frente a un dividendo cedido que va de $2,0 billones (el pago de 2026) a $5,1 billones (el promedio de 2023 a 2026). El ahorro corriente neto —ese sí contabilizado por encima de la línea— oscila entre cero y $3,9 billones según el precio del petróleo.
Más allá de ese efecto, la venta permite el ajuste con menos deuda, menos riesgo fiscal concentrado en el crudo y una empresa vigilada por accionistas privados, es decir, los que sí tienen carne en el asador y van a cuidar cada peso.
La lista sigue con la banca y los seguros públicos que compiten con el sector privado. El Banco Agrario, con un ROE de 20,6% en 2025, valdría entre $3,8 y $4,8 billones. Ello sin incluir el valor del monopolio de los depósitos judiciales, si la venta conserva ese privilegio. Y si no lo conserva, ese monopolio también se puede subastar a la banca privada.
En suma, entre Ecopetrol y el Banco Agrario se movilizan unos $49 billones, cerca de un tercio de los $150,9 billones en TES que el plan financiero del Ministerio de Hacienda prevé emitir en 2027. El alivio sobre la tasa de interés de toda la curva sería enorme.
Claro, el proyecto de ley debe ordenar que el 100% de lo que produzca cualquier enajenación se destine a recomprar deuda o a sustituir emisiones. El artículo 11 del proyecto destina «al menos» 50% de lo que recaude CISA al servicio de la deuda; esa proporción debe subir a 100% y extenderse a toda venta de activos. Como una venta ocurre una sola vez, sus recursos solo sirven para financiar la transición.
🧾 Los impuestos que sobran
3 resultados de la teoría tributaria explican por qué el ajuste por impuestos rinde menos de lo que promete.
El primero es la curva de Laffer: el recaudo es tarifa por base, y subir la tarifa recauda más solo mientras la base cae menos que proporcionalmente.
El segundo lo popularizó Arnold Harberger, de la Escuela de Chicago: el costo de eficiencia de un impuesto crece con el cuadrado de la tarifa, de modo que duplicar una tarifa cuadruplica la pérdida que causa en la economía.
El tercero es de Robert Lucas, también de Chicago: gravar el capital grava 2 veces el mismo ingreso, sesga a la sociedad hacia consumir hoy y deprime la acumulación de capital; Lucas calculó que, sin impuestos al capital, el acervo de capital de Estados Unidos podría ser entre 30% y 50% mayor, y llamó a esa reforma «el almuerzo gratis más grande que he visto en 25 años».
💎 El impuesto al patrimonio
Los artículos 66 a 68 suben el umbral de 72.000 a 95.500 UVT (de cerca de $3.771 millones a $5.002 millones con la UVT de 2026), aplican una tarifa marginal de 0,5% entre 95.500 y 145.500 UVT y de 1% sobre el excedente, y mantienen el impuesto en 2027, 2028, 2029 y 2030. La propia exposición reconoce que plantea «desafíos de eficiencia económica», que los países de la OCDE que lo cobran pasaron de 12 en 1990 a 4 (OCDE, 2018) y que en Colombia generó «reducciones inmediatas en la riqueza declarada». Entonces no se entiende por qué no se corta de tajo.
Considérese una persona con un patrimonio líquido de 200.000 UVT, unos $10.475 millones. Bajo lo que propone el proyecto de ley pagaría 795 UVT al año, cerca de 0,4% de su patrimonio. Si ese patrimonio rinde 3% real, el impuesto absorbe más de 13% del rendimiento, y cada peso por encima de 145.500 UVT paga 1%, un tercio de lo que rinde. Se causa cada 1 de enero, haya o no flujo de caja, sobre activos que ya pagaron renta, y quien tiene su patrimonio en una empresa o en propiedad raíz termina pagándolo con deuda o vendiendo. No en vano la riqueza declarada cae de inmediato con el impuesto, con una elasticidad cercana a 2 (Londoño-Vélez y Ávila-Mahecha, ReStud 2025).
🧾 El impuesto que se paga con un préstamo
Derogarlo desde 2027 solo cuesta $0,8 billones al año, 0,04% del PIB.
💸 El 4×1000
El gravamen a los movimientos financieros nació en 1998 como un 2×1000 transitorio, llegó a 4×1000 en 2004 y su desmonte, aprobado en 2010, se aplazó 2 veces hasta que la Ley 1819 de 2016 eliminó el cronograma.
En 2025 recaudó $16,28 billones. Es una cifra no despreciable y además un impuesto muy fácil de recaudar —se derrama incluso a los giros a la DIAN, es decir, grava, como si el mundo estuviera patas arriba, el mismísimo pago de impuestos—. Como sea, es nocivo, informaliza, estimula el uso de efectivo, facilita el blanqueo de capitales y, como si ello no fuera suficiente, distorsiona el margen de intermediación del sistema financiero. Tanto así, que hay evidencia que apunta a que eliminarlo bajaría el margen de intermediación cerca de 90 puntos básicos (Lozano, Vargas y Rodríguez, Banco de la República).
El proyecto no lo toca, pero debería. Entre otras cosas porque no hay nada más contradictorio con la misma idea del proyecto de ley de devolver parte del mayor IVA a las familias más vulnerables que seguir estimulando el uso de efectivo con este tipo de tributo.
No tiene que ser de tajo. Puede ir en reducción gradual: 3×1000 en 2027, 2×1000 en 2028, 1×1000 en 2029 y cero en 2030.
🍺 Cerveza
Los artículos 33 a 37 cobran $330 por grado alcoholimétrico en cada unidad de 330 centímetros cúbicos (componente específico), más 10% del precio de venta sin impuestos. Además se indexa, desde 2028, el componente específico con el IPC más 4 puntos.
Una cerveza de 4 a 4,5 grados pagaría entre $1.320 y $1.485 solo por el componente específico, y con un precio sin impuestos de $2.000, supuesto para el ejemplo, entre $1.520 y $1.685 por botella, frente a cerca de $330 hoy.
Es un salto de 4,5 veces, y ahí operan Laffer y Harberger a la vez. La exposición estima $7,1 billones de recaudo adicional, una cifra que exige una elasticidad de la demanda legal cercana a −0,5; con la de Chile (−0,9), el neto ronda $5 billones. La realidad es que la elasticidad no se puede medir a la ligera ni con el sesgo de encontrar que la demanda es inelástica.
En efecto, la elasticidad que se debe computar es la que incorpora no solo el consumo legal sino el efecto sustitución, por efectos del propio impuesto, hacia contrabando, productos adulterados o marcas no controladas. Cuando se calcula así, se evidencia una alta elasticidad y, por ende, un menor recaudo adicional al que estima la exposición de motivos.
Y claro, lo que sí queda es un golpe brutal al costo de una de las bebidas más populares en el país.
Eso no es todo. El proyecto de todas maneras se cura en salud. Literal. Resulta que cada departamento conserva cada mes lo que recaudaba en 2026, ajustado por inflación, y solo gira a la ADRES lo que sobre de ahí. Si en un mes el recaudo queda por debajo de esa base —como seguramente sucederá—, el faltante se descuenta de los giros a la ADRES de los meses siguientes. De modo que el riesgo de error lo asume la financiación de la salud.
Y lo más paradójico es que la cerveza sin alcohol, la alternativa que una política de salud querría promover, pagará, según el proyecto, un ad valorem de 10%.
🧮 Las cuentas de 2028
En balance primario, el 2028 queda así:
En el escenario alto la cuenta cierra. En el bajo faltan 0,34 puntos, que se cubren con verificación trimestral del recaudo, dejando el 4×1000 en 3×1000 durante 2028 (lo que deja de entrar baja a 3,20 puntos) y con una recuperación de evasión intermedia. No se cuenta el mayor crecimiento de ajustar por gasto.
Por fuera del balance primario, la venta de activos reemplaza cerca de un tercio de un año de emisiones de TES desde 2028 y le quita presión a la curva de rendimientos de toda la deuda.
🧭 El gasto es la infección
Frente a cada artículo del proyecto que sube un impuesto, el tablero de Carville obliga a preguntar qué gasto se dejó de recortar para no tener que cobrarlo. Colombia no aguanta un impuesto más.
Friedman, Harberger y Lucas nos gritan, al unísono y a todos los colombianos: «es el gasto, estúpido».
* Publicado en su cuenta de X (@AndresFelArias) el 11 de noviembre de 2026. Arias Financial Academy.