Por Ernesto Macías Tovar

No se trata de seguir hurgando en los bolsillos vacíos de los colombianos, sino de poner en cintura todo el gasto público.El Gobierno enfrenta una crisis fiscal sin antecedentes. El diagnóstico es contundente: el derroche y la corrupción que marcaron el paso de Petro por la Presidencia dejaron una tronera de proporciones inéditas. Cerrarla exige decisión política y, sobre todo, sensatez para acertar. Hay dos caminos: crear o aumentar impuestos en una nación cuya capacidad tributaria está al límite, o emprender un ajuste profundo del gasto, sin privilegios ni excepciones, en las tres ramas del poder y en todas las entidades del Estado. El segundo es el razonable: las consecuencias de la crisis no se quedan en el sector público; recaen sobre las familias y los sectores productivos.

Sobre la ‘ley de rescate’ abundan los análisis y las propuestas de expertos. Otros preferimos examinarla desde el sentido común. Aunque difieren las cifras anunciadas por el Gobierno y las del proyecto radicado, para 2028 se plantea un ajuste de $ 81 billones: Hacienda sostiene que el 70 % provendrá de reducir el gasto y el 30 %, de mayores ingresos; sin embargo, un análisis del proyecto estima que los recortes y la venta de activos apenas representarían el 25 %, mientras el 75 % dependería principalmente de mayores ingresos.

El proyecto ofrece aspectos rescatables, como la formalización que conlleva la devolución del IVA; sin embargo, es un proceso cultural que requiere tiempo y trabajo: más de un año. Entre los tributos propuestos, apenas resulta defendible gravar las compras en plataformas electrónicas del exterior, por la protección que ofrece a la industria y al comercio nacionales. Los demás dibujan un panorama francamente sombrío. Bastan algunos ejemplos.

Aumentar el gravamen al café, producto insignia cultivado por 560.000 familias colombianas, o a otros bienes de la canasta familiar golpea a los hogares de menores ingresos. Elevar el IVA de la medicina prepagada podría expulsar a una parte importante de la clase media que, ante la crisis de las EPS, accedió a ese servicio con enormes sacrificios. Elevar el IVA de los vehículos híbridos y eléctricos, y gravar más la gasolina, significaría retroceder en protección ambiental y en el alivio al Fondo de Combustibles.

Y elevar los impuestos a los licores, aunque algunos lo aplaudan, tendría efectos delicados: caerían las ventas y, con ellas, los ingresos regionales destinados a salud y deporte. El precio de la cerveza se dispararía, castigando a los sectores populares que más la consumen. Así, muchos consumidores buscarían opciones más baratas; la fiesta quedaría en manos del contrabando y el licor adulterado.

La salida es pasarle la tijera al gasto de todo el Estado. ADLE tiene una oportunidad histórica: profundizar el recorte en el Ejecutivo, sin caer en el populismo de suprimir la mitad de los ministerios, pero sí eliminando varias dependencias, fondos y transferencias innecesarias, y vendiendo todos los activos improductivos. Hay mucho para cortar.

La tijera no puede detenerse allí. Debe alcanzar al Congreso, a la Rama Judicial y a los organismos de control, sin cálculos ni contemplaciones. Gobernadores y alcaldes también deben asumir su cuota. Y, sí o sí, Ecopetrol debe recuperar su producción, y la costosa JEP, dejar de existir en 2028.

Según algunas estimaciones, un ajuste integral de esta dimensión podría superar los $ 80 billones. El Presidente dispone hoy de amplias facultades constitucionales y legales, además de la ‘chequera madre’ del Estado, para impulsarlo. No se trata de seguir hurgando en los bolsillos vacíos de los colombianos, sino de poner en cintura todo el gasto público. Para ello se requieren una férrea voluntad política y verdadera decisión, y ADLE ha demostrado tenerlas.

En X: @ernestomaciast

https://www.eltiempo.com/, 9 de noviembre de 2026.