Elizabeth Sánchez Vegas*
“Mientras Washington administra «el momento adecuado» para reemplazar a Delcy Rodríguez, todo un gremio vive de venderle al mundo la ficción de que Venezuela ya es un país normal
Hay una palabra que el propio aparato de inteligencia de Estados Unidos usó, sin pudor, para describir el papel de Delcy Rodríguez en la Venezuela posterior a la captura de Maduro: temporal. Rick de la Torre, exjefe de estación de la CIA en Caracas, lo dijo con la franqueza de quien ya no tiene que cuidar las formas: la administración Trump «no tuvo más remedio que trabajar con Delcy Rodríguez como medida temporal», y cuando le preguntaron si sería reemplazada, respondió sin titubear: «por supuesto, pero en el momento adecuado.»
Léase bien lo que eso significa. No es una opinión de la oposición venezolana, ni el análisis de un think tank crítico. Es la descripción, hecha por un exfuncionario del propio aparato que decide estas cosas, de una mujer que hoy se presenta ante el país como «presidenta encargada» mientras es, en los hechos, una administradora con fecha de vencimiento que ni siquiera conoce. Una tutelada. Alguien a quien se le permite ocupar la silla mientras afuera se discute, en otra oficina y en otro idioma, qué pasa después con Venezuela, como si esa decisión no le perteneciera, ante todo, al pueblo venezolano, a través del voto. La tutela puede ser un hecho impuesto. Pero la legitimidad para decidir quién ocupa esa silla mañana se gana en una elección libre, no en un pacto entre oficinas.
Y aquí está lo verdaderamente revelador: alrededor de esa tutela temporal opera, como ha operado siempre alrededor de cada poder de transición en esta región, una industria entera. Mientras Washington decide «el momento adecuado», consultores, analistas de riesgo país, lobistas y organizadores de foros de inversión llevan meses trabajando exactamente como si esa tutela fuera permanente, como si Delcy fuera un interlocutor legítimo y duradero, como si valiera la pena pagar miles de dólares por una foto, un apretón de manos, un «acceso directo» a alguien que el propio sistema que la sostiene ya describió como transitorio.
Esa es la verdadera función de gente como Elías Ferrer y su entramado de Orinoco Research y Guacamaya: no son analistas neutrales explicando lo que pasa en Venezuela. Son proveedores de coartada. Su producto, en el sentido más literal, es ofrecerle a inversionistas extranjeros la sensación de normalidad institucional donde no la hay, de legitimidad donde solo hay una administradora con fecha de salida que ella misma desconoce. Venden la ficción de que sentarse con Delcy hoy es sentarse con el futuro de Venezuela.
Todo este andamiaje de «consultoría», «riesgo país» y «acceso institucional» cumple una función muy precisa: lavar, con vocabulario de negocios, el hecho de que la contraparte de todos estos acuerdos no es un gobierno en transición. Es un entramado señalado por Estados Unidos como organización vinculada al narcotráfico, con funcionarios sancionados, con el propio Cartel de los Soles y el Tren de Aragua bajo designación de organización terrorista, con generales y ministros que cargan investigaciones por lavado de dinero, contrabando de oro y violaciones de derechos humanos. Cuando alguien paga por una «visita» a Delcy Rodríguez o a Calixto Ortega, no está haciendo networking con un ministerio. Está comprando una reunión con la cúpula de una estructura que el propio Departamento de Justicia describe en los mismos términos que usaría para un cartel. Llamarlo «apertura de mercado» no cambia la naturaleza de la mesa. Solo le pone un mantel.
Esa es la verdadera mercancía que vende gente como Ferrer: no información, no análisis, no «acceso institucional». Venden la posibilidad de sentarse con el crimen organizado y volver a casa con la sensación de haber hecho un buen negocio. Y la «transparencia» que tanto presume, «mi agenda no es sacar al régimen, es hacer dinero, no estoy mintiendo, soy bastante abierto sobre lo que represento» es, en el fondo, la transparencia de un intermediario que ya no necesita disfrazar con quién negocia, porque sabe que a sus clientes no les importa. Esa frase, leída junto a la de De la Torre, completa el cuadro: arriba, Washington gestiona una transición cuyo final ya fue confirmado aunque no anunciado; abajo, un gremio entero monetiza el tiempo que falta, vendiéndole a sus clientes la fantasía de que el reloj no corre.
Esto no es nuevo en la historia de las transiciones políticas, y quizás por eso quienes lo practican se sienten tan cómodos siendo tan «transparentes»: saben que el ciclo se repite, que siempre hay un momento de ambigüedad institucional donde los intermediarios prosperan, y que cuando la transición real ocurra, ellos ya habrán cobrado, ya habrán construido su red de contactos para la siguiente fase, y nadie les pedirá cuentas por haber tratado como permanente lo que el propio poder que los toleraba ya sabía que era pasajero.
Por eso conviene nombrarlo con precisión, sin gritos, con la frialdad de quien describe un mecanismo: lo que está ocurriendo en Venezuela no es una apertura económica espontánea ni una «nueva era» de inversión, como reza la propaganda de estos foros. Es el período de gracia de una administración tutelada, monetizado en tiempo real por quienes tienen acceso a ella, mientras afuera, en los despachos donde realmente se decide, el reloj de «el momento adecuado» sigue corriendo, silencioso, ajeno por completo a los cócteles, las excursiones a Los Roques y los paneles sobre «consenso» que se celebran en Caracas como si el tiempo no existiera.
Y mientras tanto, en el otro extremo de ese mismo país, hay un venezolano que no tiene luz. Que mide la comida en raciones. Que hace fila por gasolina o por una pastilla que no consigue en ninguna farmacia. Hay más de 500 presos políticos, civiles y militares, que llevan meses o años tras las rejas sin juicio, cuyas familias esperan, todos los días, que alguien en alguna de esas mesas con champán mencione siquiera su nombre. Para Elías Ferrer, nada de eso existe. No son un dato en su informe de riesgo país, no son una línea en su agenda de eventos, no son siquiera una incomodidad que merezca un gesto. Él mismo lo dijo: su agenda es hacer dinero. No los presos, no los apagones, no las familias separadas, no el hambre. Nada de eso le importa, y lo dice sin que se le mueva un músculo, como quien aclara los términos de un contrato. Esa indiferencia, declarada y sin vergüenza, es la materia prima de su negocio: para vender acceso a la tutela, primero hay que decidir que el costo humano de esa tutela no cuenta para nada.
Al final, la frase de Ferrer no es un tropiezo: es una radiografía. Revela la moral de quienes aprendieron a habitar la tragedia venezolana como zona franca. Mientras el país espera recuperar el derecho a decidir su destino, ellos ya escogieron el suyo: no la libertad, sino el margen de ganancia. Esta captura es el recibo, la factura, la firma al pie de una época en la que algunos no vinieron a desmontar la jaula, sino a alquilar las mejores habitaciones dentro de ella.
Pero la historia tiene memoria, y el libro de los Proverbios ya lo había advertido desde antiguo: “El que cava foso caerá en él; y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá.” (Junio 10)
* Publicado en su cuenta de X (@elhabito).
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