Alfonso Monsalve Solórzano
A 42 días de las elecciones, la sombra terrible de la violencia política se cierne contra los candidatos de la derecha y el centro, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, y contra sus activistas. Es un elemento dramático que debe llamar a los colombianos a la reflexión y a la movilización, en un país acostumbrado al asesinato y al atentado contra sus dirigentes, y que acaba, hace apenas unos pocos meses, de enterrar al mártir Miguel Uribe Turbay, víctima de organizaciones que ahora intentan acallar a los dos candidatos: los grupos narcoterroristas con ropaje de izquierda, que aspiran a mantener y ahondar el actual estado de cosas. En el caso de Uribe Turbay, las disidencias de Iván Márquez; y en las de Valencia, por parte del ELN, según denunció el expresidente Álvaro Uribe; y en el de la Espriella, de la misma página que amenazó a la candidata del Centro Democrático.
Los GAOs, que tienen en este campo experiencia de décadas, con esta clase de atentados buscan, como estrategia terrorista, eliminar físicamente a sus contradictores más simbólicos, pues saben que la violencia extrema sistemática genera entre la gente un sentimiento de aceptación resignada de la voluntad de los perpetradores, porque piensa que la única manera de conseguir el cese del terror es hacer lo que estos quieren. En este caso, como en el 2022, es ganar las elecciones.
En los comicios inmediatamente anteriores llevaron a Petro al poder, mediante la estrategia de un mal llamado ”estallido social” liderado por la denominada “primera línea”, que era el grupo de choque de muerte y destrucción conformado por la alianza de las milicias de los GAOs con las bandas de narcotraficantes (como lo prueban los hechos acaecidos en el Portal de las Américas, del barrio Kennedy de Bogotá, en el que dichas bandas permanecieron por meses vendiendo estupefacientes, a pesar de que el “movimiento” había terminado).
Muchos votantes sufragaron en ese momento por el actual mandatario como única salida para detener la barbarie, porque todos sabían que éste estaba apoyado por los cabecillas de la violencia desbordada, y pensaban que en el poder cesarían los ataques. Pero, en estos casi cuatro años, hemos aprendido que el remedio fue peor que la enfermedad: las acciones y omisiones de Petro han llevado al debilitamiento del estado de derecho y al fortalecimiento de los grupos narcoterroristas, que han ampliado el territorio que controlan y gobiernan, en detrimento de la unidad del estado; pero también al empoderamiento de las bandas criminales urbanas, que dominan barrios enteros de las ciudades y son aliadas de los GAOs.
Las organizaciones narcoterroristas, hoy, quieren ganarlas, al precio que sea, para continuar llevando a nuestra nación hacia el precipicio de la fragmentación, compuesta de repúblicas independientes, lideradas cada una de ellas por señores de la guerra que tienen a su servicio un presidente y un estado títeres, funcionales a sus intereses, con una estructura jurídica que se acomoda a lo que necesitan, en la que todo el poder formal gira alrededor del presidente y este responde a los designios de sus titiriteros, los detentores del poder real. Nada más, pero, tampoco nada menos.
El muro de contención son las candidaturas de derecha y centro, que aglutinan a la mayoría de los colombianos en contra de los designios del petrocepedismo y están en capacidad, si se unen, de ganar para la democracia, la presidencia de la república. De ahí que sean los blancos prioritarios de esos matones, que están dispuestos a todo. Por eso hay que cuidar y rodear a Valencia y a de la Espriella. No hay medida para garantizar su vida que no se deba tomar, sin que se renuncie a su contacto con los ciudadanos, porque su ausencia aumenta la presencia de Cepeda en la opinión pública, algo que también deben estar contemplando Petro y su valido. Y, por el contrario, la concurrencia de los dos candidatos de la oposición aumenta su percepción positiva ante los electores. Claro que esto ya lo deben saber sus asesores, así como la necesidad de la revisión cuidadosa de sus esquemas de protección para evitar que sean cuidados por sus enemigos.
La exigencia y la búsqueda de una veeduría internacional permanente al proceso electoral es determinante. Afortunadamente, el gobierno de los Estados Unidos, a quien Petro teme, como a su leviatán, ha advertido que estará pendiente de nuestro proceso y que perseguirá implacablemente a quienes ejerzan y/o prohíjen violencia contra los candidatos. Esto da un margen muy importante de seguridad, pero no es suficiente.
Ha sido tal el impacto de las denuncias sobre los planes de atentados contra Valencia y de la Espriella, que ya Petro, que no se ha pronunciado para rechazar estas amenazas, salió a decir que la CIA tenía información sobre un posible atentado contra Cepeda. Por supuesto, hay que rechazar las amenazas contra cualquier candidato, si éstas han ocurrido, y exigir su protección total. Pero esto parece una estrategia de difuminación ante el impacto de la noticia sobre los candidatos de la oposición, porque ya el congresista Bernie Moreno de los Estados Unidos, dijo que esa agencia no tenía tal información.
POSTCRIPTUM I
La obsesión de Petro por destruir el sistema de salud lo ha llevado a nombrar a Daniel Quintero -que tiene 55 procesos judiciales por el robo a Medellín, y cuyo nombramiento ha sido rechazado hasta por militantes del Pacto Histórico-, como Superintendente de Salud; y a Jorge Iván Ospina -que tiene 11 investigaciones de la Fiscalía por irregularidades en su gestión como alcalde de Cali-, como interventor de la Nueva EPS. Los ratones cuidando el queso.
En varios artículos he hecho un llamado a la movilización nacional en las calles, de la oposición contra la destrucción del sistema de salud. Es ahora o nunca. Hay que ponerle fecha y hora.
POSTSCRIPTUM II
La gente del campo y de las poblaciones pequeñas del país están asfixiadas por el cobro exorbitante de los avalúos catastrales “multipropósito” resultado de la negociación con las FARC. Petro dijo que estos avalúos son una manera de expropiar a los terratenientes; pero en su lugar, terminaron expropiado a los propietarios pobres. Ahí está pintado. Otra institución nacional al servicio de su intento de dictadura: el IGAC.
La gente ha protestado justamente por tamaño despropósito. Hay que respaldarla y, exigir soluciones inmediatas. Además, en el nuevo gobierno, reversar las normas que resulten arbitrarias y que afectan el patrimonio de los colombianos pobres y de clase media en el campo. Los candidatos de centro y derecha deben solidarizarse con la protesta y ofrecer soluciones de fondo.