
Carlos Salas Silva
Lo ocurrido recientemente en Chile obliga a hacerse una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué tanto influyó el regreso de Donald Trump en este giro electoral? Su ofensiva contra el crimen transnacional —que tiene como uno de sus principales objetivos al llamado Cártel de los Soles, responsable de la ruina total de Venezuela— ha comenzado a reconfigurar el tablero político de América Latina, como lo evidencian las más recientes elecciones.
Colombia no es en absoluto ajena a esa tendencia. Lo sucedido en Chile anticipa con claridad el tipo de debate que ya empieza a tomar forma en las campañas electorales colombianas, desplazándose de la pura cháchara ideológica que justifica ante el electorado las propuestas más ridículas —y que, como ya conocemos de sobra con quien hoy usurpa el poder, tienen efectos catastróficos para el país— hacia discusiones mucho más concretas. Algo similar ocurrió en Chile, donde la ceguera de amplios sectores ciudadanos frente a discursos desgastados, pero todavía convincentes para algunos, los llevó hace cuatro años a votar por un proyecto que pretendía revivir ideas enterradas décadas atrás con la caída del Muro de Berlín. Hoy, esos mismos ciudadanos padecen las consecuencias de haber elegido a un gobernante mediocre como Boric.
El cambio es fundamental: se pasa de los engaños de una transformación puramente simbólica y de una gestión gubernamental desastrosa, que trae pobreza y sumisión, a una preocupación concreta por asuntos como la seguridad, el control territorial, la lucha contra el crimen organizado y una gobernabilidad orientada al progreso y al bienestar.
En Chile, el triunfo de José Antonio Kast no puede entenderse sin el rechazo ciudadano frente a un experimento político que debilitó las instituciones y normalizó la violencia bajo el disfraz de causas sociales. El panorama en Colombia es similar cuando ese mismo libreto comienza a ser percibido con claridad por los ciudadanos. Un ejemplo evidente es la falacia de la llamada “paz total”, que contrasta de manera brutal con la experiencia cotidiana de regiones enteras sometidas a extorsión, control armado y economías ilegales hoy más fortalecidas que nunca.
No es casual que en Colombia comiencen a ganar visibilidad precandidatos que vuelven a poner en el centro del discurso la autoridad del Estado y la seguridad, en un escenario donde el lenguaje de la firmeza vuelve a conectar con una ciudadanía cansada de mentiras. Tampoco es casual que estas posturas sean inmediatamente etiquetadas como “extrema derecha” o “autoritarismo”, reproduciendo casi palabra por palabra el mismo libreto discursivo que se intentó imponer en Chile.
Aquí aparece con claridad lo que llamo el “Efecto Trump”. Más allá de simpatías o rechazos personales, Trump reinstaló un marco conceptual —Doctrina Monroe incluida— que hoy vuelve a tener eco en América Latina: el crimen transnacional no es un problema local ni una simple consecuencia de la desigualdad, sino una amenaza estratégica que captura Estados, corrompe democracias y desborda fronteras. Ese enfoque, hoy retomado con fuerza desde Washington, comienza a permear el debate colombiano, incluso entre quienes por corrección política evitaban estos temas.
Del otro lado del espectro, la campaña afín al gobierno insiste en profundizar un relato que privilegia el diálogo sin condiciones, la lectura sociológica del crimen, la deslegitimación preventiva de cualquier política de fuerza y un no disimulado continuismo a unas políticas que han demostrado ser catastróficas. Este ya no es un debate ideológico abstracto: es la realidad diaria de millones de colombianos que sobreviven en territorios donde el Estado ha cedido su presencia efectiva.
En este contexto, resulta imprescindible revisar el papel que ha desempeñado el Foro de São Paulo y el terrible impacto de sus actuaciones en los países donde logró consolidar su poder. El desconocimiento —o la subestimación— de este entramado fue uno de los errores más graves de varios gobiernos de la región. El caso colombiano es paradigmático: resulta difícil comprender que una administración comprometida con la lucha contra las guerrillas, como la de Álvaro Uribe, no haya prestado atención a lo que se pactaba en Brasil con la participación directa de las FARC. Las consecuencias de esa omisión se manifiestan hoy en una criminalidad altamente sofisticada, transnacional y política y judicialmente blindada.
El escenario regional también ha cambiado de manera sustancial. Ni Fidel Castro ni Hugo Chávez encontraron sucesores con la misma capacidad de liderazgo e influencia. Tampoco volvieron a repetirse los enormes ingresos petroleros que durante años financiaron la expansión de estos proyectos políticos. Sin caudillos ni millones, el relato se ha debilitado, quedando expuesto en su pobreza conceptual, sus consignas envejecidas y sus falsas promesas frente a un electorado que ya no está dispuesto a arriesgar su futuro creyendo cuentos chimbos cuando ve amenazada su supervivencia.
Más que un simple giro electoral, lo ocurrido en Chile debería entenderse como una advertencia que los colombianos harían bien en tener en cuenta en este momento crítico, cuando se define un futuro que va mucho más allá de los próximos cuatro años. Chile demuestra que cuando el miedo, la frustración y la sensación de abandono se acumulan, el voto deja de buscar consuelo ideológico y empieza a exigir orden y gobiernos eficientes. Y cuando eso ocurre —como está ocurriendo—, las campañas que no lo entienden suelen despertarse demasiado tarde.
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