Alfonso Monsalve S.
Nada en Petro es decente. Su legitimidad está absolutamente comprometida.
Me explico, el concepto de legitimidad política es aplicable a las sociedades regidas por un sistema de derecho democrático liberal. Las dictaduras de cualquier tipo y las llamadas “democracias populares” son ilegítimas porque el poder es impuesto y los derechos políticos de los ciudadanos son conculcados. La legitimidad implica que los ciudadanos reconocen y aceptan el mandato de una autoridad porque este corresponde a lo estipulado en la constitución y las leyes para elegir y ejercer el poder. Se diferencia de la legalidad en el sentido de que un acto de una autoridad puede estar ajustado a la ley, es legal, pero no es aceptado por los ciudadanos porque no corresponde a los valores políticos y éticos de la sociedad democrática.
Hay dos legitimidades: la de origen y la de desempeño. La de origen significa que quien ejerce el poder, lo obtuvo siguiendo escrupulosamente las reglas de juego establecidas por la constitución y la ley electoral respectiva. La de desempeño significa que el gobernante actúa acatando lo que dichas constitución y ley estipulan, en todos los ámbitos de su accionar respecto al respeto de las libertades individuales, las normas de funcionamiento del estado y su relación con los otros poderes constituidos.
Pues bien, la legitimidad de origen de Petro ha venido siendo cuestionada desde el principio mismo de su elección, pero quedó en absoluto entredicho cuando el Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña que lo llevó al poder por violar los topes de financiación estipulados por la ley para las campañas presidenciales por más de 5.300 millones de pesos y “por recibir donaciones de carácter prohibido, pues dos personas jurídicas, la USO y Fecode, le entregaron recursos para la contienda presidencial” (el tiempo.com. consultado el 29.11.2025).
El CNE, en consecuencia, multó al gerente de aquella y actual presidente de Ecopetrol, señor Roa, cuyo único mérito para llegar a ese cargo parece ser el haber hecho uso de métodos obscuros en esa campaña para conseguir dinero -y cuyo único resultado es casi destruir la principal empresa de los colombianos siguiendo las instrucciones de su jefe-, junto con la tesorera Lucy Aidée Mogollón y la auditora María Lucy Soto, por una cifra de 6.000 millones de pesos (elpais.com consultado el 29.11.2025); así como con 583 millones a Colombia Humana y la misma cifra para la UP, partidos que hacían parte de la coalición que apoyaba al presidente.
Esta es una sanción administrativa y, como todo mundo sabe, no cobija al presidente porque la Corte Constitucional decidió el 25 de julio del presente año, que era la Comisión de Acusaciones de la Cámara la única entidad encargada de investigar a este funcionario; no obstante, las consecuencias políticas del fallo del CNE son desastrosas para su gobierno.
A pesar de que el fallo del CNE es apelable y ya Roa anunció que lo haría, la sensación que queda entre la opinión pública es que se verifica lo que tanto ha negado el presidente: que él y su coalición de gobierno acudieron a métodos obscuros para ganar le elección; unos, de origen dudoso; otros, de fuentes prohibidas, como los de los sindicatos Fecode y USO. No se trata de un rumor, no era una calumnia de la oposición, concluyen muchos. Y si a ello le suman que a su hijo Nicolás ya la fiscalía le formuló cargos por apropiarse de dineros, muchos de ellos de carácter ilícito provenientes de gentes non sanctas durante la campaña, “tumbando”, a su padre; o las maletas de dinero sin trazabilidad que le robaron a Laura Sarabia, pues, apague y vámonos. Eso es exactamente lo que significa carecer de legitimidad en su origen.
En cuanto a la legitimidad de desempeño, tenemos el uso de los dineros a la UNGRD para comprar el voto de parlamentarios venales, y que ahora tienen en el ojo del huracán a los ministros Bonilla y Velasco y que antes había causado la fuga de sus compañeros del M-19, Carlos Ramón Gonzáles, antiguo director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI y del DAPRE, y Cesar Manrique, director, en el momento del escándalo de Función Pública. O las denuncias de sobrecostos en la compra de aviones de Saab Gripen. O los vuelos en avión de la policía para funciones no estipuladas por parte de la señorita Juliana Guerrero para sólo mencionar tres, entre muchos escándalos
Pero lo que parece ser la tapa del pastel es la denuncia no refutada, realizada por la Noticias Caracol, según la cual el general Huertas, jefe del Comando de Personal, COPER, en el que está la información la hoja de vida de los militares, sus cargos, sus misiones; encargada de proponer ascensos, retiros y nombramientos; y el señor Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, tenían supuestos vínculos entre las disidencias.
Dichos vínculos “Incluyen la filtración de información sobre operativos y movimientos de tropas de la fuerza pública en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar, órdenes a militares para habilitar traslados seguros de los comandantes del EMBF por territorios en disputa y la colaboración para montar una empresa de seguridad privada que “legalizara” a 20 hombres para cuando fracasaran las negociaciones de paz entre ese grupo y el Gobierno. Las pruebas presentadas son correos electrónicos y chats de subalternos de Calarcá que mencionan a Huertas y Mejía. Fueron extraídas de teléfonos, discos duros y computadores incautados durante un operativo realizado el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia)” (https://elpais.com/america-colombia/2025-11-27/la-procuraduria-suspende-al-general-y-al-directivo-de-inteligencia-senalados-de-tener-vinculos-con-las-disidencias-de-calarca.html).
Los dos fueron suspendidos por la Procuraduría, pero el presidente Petro salió en su defensa desvirtuando la información de Noticias Caracol. Estaría defendiendo su política de Paz Total; pero todo indicaría que es una posición insostenible. Hay cosas alarmantes en su conducta, de ser verificadas, lo que es muy, muy probable: al general lo revinculó Petro al ejército, como un favor político, pues apoyó su campaña presidencial, y lo hizo a pesar de que sabía que Huertas había sido dado de baja en el gobierno de Duque cuando agencias de inteligencia de USA informaron que tenían sospechas de la vinculación de Huertas con grupos criminales.
El señor Mejía, por su parte, declaró ante los medios de comunicación que en el pasado había sido fuente humana con los organismos de seguridad. También afirmó que era amigo personal de Huertas y que “abogó por su reincoprpración. Su ascenso a la Dirección de la DNI fue meteórico, para un hombre sin ninguna preparación para el oficio y combinó este cargo con la representación del presidente en el Consejo Superior Universitario de la UdeA, sin que ni el presidente ni Mejía le informaran a la institución.
Por otra parte, “Mejía depuró, según Noticias Caracol, a oficiales de inteligencia de Policía y Ejército. En una carta y en el testimonio de un disidente, Mejía es señalado de ser una supuesta ficha cercana al gobierno que les presentó a los actores armados a oficiales de la fuerza pública. Le decían “El Chulo”. Y supuestamente facilitó tratos debajo de la mesa y les propuso, junto al general Juan Miguel Huertas, montar una empresa de seguridad fachada” (https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/el-meteorico-e-inexplicable-ascenso-de-wilmar-mejia-en-la-dni).
Las actividades de estas dos personas constituirían traición a la patria por pasar información de seguridad al enemigo y proponerle crear un grupo paramilitar de Calarcá a través de la constitución de una empresa de vigilancia. El papel de Huertas en el COPER es especialmente preocupante, porque desde esa posición pudo excluir a los oficiales que le hubieren parecido no adeptos a Petro y pasar información a los GAOS. Mejía, como se señaló más arriba, contribuyó a las purgas petristas del ejército, que tenían como finalidad debilitar la institución que tiene por misión combatir a los enemigos del estado.
Y Petro no podía no saber esa situación. Es un ejemplo máximo de su uso de la presidencia para debilitar y destruir el estado de derecho, exactamente lo contrario de para lo que fue elegido. La ilegitimidad de desempeño es más que evidente. La política de Paz Total es su instrumento y Huertas y Mejía dos de sus instrumentos.
Hay que derrotarlo. Hay que ganar las elecciones a Cepeda su sucesor o nos quedamos sin país.
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