Ernesto Macías Tovar
Hasta el momento de enviar esta columna (viernes), el ministro del Interior, Armando Benedetti, continuaba en el cargo. No había sido suspendido por la Procuraduría ni apartado por
Gustavo Petro, pese al más reciente y dantesco escándalo: la brutal agresión verbal contra una mujer, una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Cristina Lombana, en un episodio bochornoso que le ha dado la vuelta al mundo y que en Colombia está próximo a convertirse en una burla institucional.
El flamante ministro perdió los estribos y, en su habitual actitud, la emprendió contra la magistrada por haber ordenado un allanamiento a una de sus mansiones. En un primer trino escribió: “En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana…”. En otro afirmó: “Está enferma y obsesionada”. Incluso, llegó a tildarla de “loca HP”. Por supuesto, algo jamás visto y, con seguridad, nunca se repetirá.
La actitud del funcionario, esta sí demencial, desató fuertes pronunciamientos de repudio de sectores de la justicia, la academia, los gremios y, por supuesto, del ámbito político. Sin embargo, la reacción de Petro no sorprendió: salió en defensa de su ministro, calificándolo de “víctima” y atribuyéndole a la magistrada una “actitud desobligante”.
Y hay que decirlo: la respuesta de la Corte Suprema de Justicia frente a la agresión sufrida por su magistrada resultó desconcertante. En un comunicado, su presidente manifestó: “…la corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia.” De manera evidente, dejó abierta la puerta para que, en adelante, cualquier persona -incluso funcionarios- pueda insultar y maltratar con bajeza a jueces y magistrados sin que nada ocurra. Y, peor aún, que reciba solo un mensaje pidiendo “desescalar el lenguaje”.
La conducta de Benedetti no tiene antecedentes y desborda todas las formas institucionales, más aún viniendo de un servidor público que, entre otras obligaciones, debe dar ejemplo. Vale recordar que, en 2020, cuando la Fiscalía lo investigaba, el entonces senador Benedetti insultó en medios y en el Congreso al fiscal Néstor Humberto Martínez. Lo llamaba “fiscal rufián” y lo acusaba sin pruebas de “perfilar, grabar, chuzar, hostigar y hacer investigaciones ilegales” en su contra. En fin, le decía de todo, aunque con términos menos infames que los dirigidos contra la magistrada Lombana. Es evidente que Benedetti es más cruel y violento cuando se trata de una mujer.
El señor Benedetti -si es que cabe llamarlo “señor”- tiene siete procesos en la Corte por concusión en la Fiduprevisora, tráfico de influencias en Fonade, enriquecimiento ilícito por varios bienes, tráfico de influencias en el trámite de proyectos de ley, entre otros. Sin contar las confesiones sobre los $15 mil millones que, según él mismo, consiguió irregularmente para la campaña de Petro.
Lo aberrante es que Benedetti continúe tan campante, como si se tratara de un hombre honorable, cuando es evidente que está profundamente comprometido con la corrupción. Y si después de la brutal agresión contra la magistrada Lombana no es separado del cargo y enjuiciado como corresponde, este país recibirá el peor mensaje: que la infamia, la violencia verbal y la desfachatez pueden convivir impunemente en el corazón mismo del poder.
@ernestomaciast
14 de Noviembre de 2025
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