
Carolina Restrepo Cañavera*
“El M-19 no fue épica. Fue barbarie.
El 6 y 7 de noviembre de 1985, la justicia colombiana fue tomada como rehén.
Ese día, el M-19 asaltó el Palacio de Justicia y convirtió el corazón institucional del país en un campo de guerra.
Allí murieron magistrados, funcionarios, soldados, civiles.
Allí ardió la República.
Cuarenta años después, seguimos llamando a esa tragedia por su nombre: el holocausto del Palacio de Justicia.
No fue una revolución.
No fue una “acción simbólica”.
Fue un atentado contra el Estado de Derecho, una masacre contra la justicia, un crimen contra la Nación.
Hoy, mientras algunos intentan lavarle la cara a esa historia, Colombia tiene el deber moral de recordarla sin eufemismos.
Porque los muertos no se reescriben.
Porque la memoria no es negociable.
Y porque el perdón solo es posible cuando se reconoce la culpa.
Gustavo Petro podrá seguir intentando reescribir su pasado, envolviéndolo en palabras como “resistencia” o “reconciliación”, pero el país no traga entero.
Petro fue parte de ese movimiento. Y hoy, desde el poder, busca transformar la barbarie en épica.
Quiere convertir a los victimarios en héroes y a la historia en relato conveniente.
Pero no va a poder lograrlo.
En los años ochenta de pronto podían manipular la verdad con micrófonos y comunicados. Hoy no.
Hoy hay registros, archivos, cámaras, pruebas.
Hoy todo queda.
Y cada intento de maquillar la historia se convierte en evidencia de su desesperación.
Ni él, ni los delfines de quienes militaron en el M-19, ni los nostálgicos del pobrecismo revolucionario van a lograr borrar la historia.
Los del M-19 no derrotaron al Estado: lo hirieron.
Pero la herida cicatrizó en la conciencia nacional.
Y esa conciencia no olvida.
Colombia vivió el infierno del narcoterrorismo, de las bombas, de los secuestros, del miedo.
Vivió el horror de Pablo Escobar, que compró y mató con la misma facilidad con que corrompía instituciones.
Pero sobrevivió.
Y esa supervivencia tiene un nombre: memoria.
Los magistrados del Palacio creían en la ley. No empuñaban armas, empuñaban códigos.
No conspiraban, deliberaban.
Murieron ejerciendo justicia. Y su sacrificio no puede convertirse en argumento político de quienes un día atentaron contra la misma justicia que hoy fingen defender.
A los jóvenes de hoy, que no vivieron esa época, hay que decirles la verdad completa.
No fue el Estado el que atacó al pueblo: fue un grupo armado el que atacó al Estado. Un grupo armado llamado M-19 que se vendió como Judas por unas monedas. De ese calibre eran sus convicciones.
Y las consecuencias las pagamos todos.
El Palacio de Justicia sigue ahí.
No solo como ruina restaurada, sino como símbolo y advertencia.
Cada piedra de ese edificio guarda el eco de una verdad que ninguna narrativa podrá borrar: la República fue atacada y resistió.
Petro puede intentarlo una y mil veces, pero el pasado no se lava con discursos.
La historia no se negocia, la memoria no se acomoda y la verdad no se maquilla.
El 6 y 7 de noviembre de 1985 no fue un error político: fue una herida moral.
Y Colombia, con toda su memoria y su dolor,
no le va a permitir a nadie convertir la barbarie en épica, ni el crimen en relato de redención.” (Noviembre 3)
————
“Cada loro en su estaca
Jalémosle al respetico.
Porque una cosa es discutir los excesos, y otra, muy distinta, es borrar la diferencia entre quienes defendieron a la Nación y quienes la atacaron.
En este país se ha vuelto costumbre igualar a todo el mundo: poner en la misma balanza al soldado y al guerrillero, al policía y al secuestrador, al Estado y al grupo armado. Y no, señores. Un momentico. Aquí hay jerarquías morales, institucionales y jurídicas que deben respetarse.
Las Fuerzas Armadas no son perfectas, ninguna lo es, pero son la columna vertebral del Estado. Son las que, con errores y aciertos, han sostenido la República mientras otros la incendiaban. No se puede equiparar al que defiende con el que asesina, ni al que arriesga la vida por el orden con el que empuña un fusil contra la justicia.
Las FARC, el ELN, el M-19 y todos los grupos que sembraron terror en nombre de causas políticas no fueron rebeldes románticos: fueron organizaciones armadas que secuestraron, mataron, reclutaron niños y dinamitaron pueblos enteros.
Los militares que enfrentaron esa barbarie no son iguales. No lo serán jamás.
Reconocer los abusos cometidos por agentes del Estado no significa diluir la legitimidad de las Fuerzas Armadas. Es precisamente porque el Estado tiene mecanismos de control y sanción que se diferencia de los criminales. Esa es la línea que separa a la democracia de la selva.
A los que hoy pretenden reescribir la historia, llamando “combatientes” a los bandidos y “asesinos” a los soldados, les convendría recordar algo elemental: cada loro en su estaca.
El que violó la ley debe responder, sí. Pero el que defendió al país merece respeto, no sospecha.
Colombia no puede seguir confundiendo el uniforme con el camuflado, ni la justicia con la venganza.
Porque cuando todo se iguala, lo único que se degrada es la verdad.” (Noviembre 3)
————
* Publicados en su cuenta de X (@carorestrepocan).
Leave a Reply