Ernesto Macías Tovar
No confundir el deber patriótico con la complicidad política.
Desde la llegada de Gustavo Petro al poder, cuando estalló el escándalo del “pacto de La Picota”, comenzó a revelarse la inquietante proximidad del nuevo gobierno con capos del narcotráfico. Fue su propio hermano quien confesó que, durante la campaña, él y Danilo Rueda –luego comisionado de Paz– visitaron cárceles y pactaron con jefes mafiosos el respaldo electoral a cambio de la no extradición y de conservar parte de sus fortunas de origen ilícito. Aquella admisión no solo encendió alarmas sobre la moral de la campaña, sino que marcó el inicio de una relación peligrosa entre el Poder Ejecutivo y las estructuras criminales.
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Después, bajo la ambigua sombrilla de la “paz total”, se sucedieron hechos que confirmaron la inclinación a favorecer a cabecillas de grupos ilegales, otorgándoles estatus de “gestores de paz” para blindarlos de la justicia y garantizarles protección estatal. Amparados en diálogos que nunca avanzaron, los mismos que afirmaban buscar la reconciliación incrementaron su actividad criminal alrededor del negocio de las drogas. La “paz total” terminó siendo una estrategia de indulgencia frente al delito, mas no una política de pacificación.
No solo se amparó a jefes del Eln, de las Farc y del ‘clan del Golfo’ –todos con vínculos evidentes con el narcotráfico–, sino que el propio Petro compartió tarima con algunos de ellos. En Montería protagonizó un espectáculo insólito junto al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, con quien intercambió sombreros y discursos. Y en Medellín, durante el escándalo del ‘tarimazo’ de la Alpujarra, hizo subir a su lado a líderes de bandas del narcotráfico, trasladados desde la cárcel de Itagüí para servir de ornato a un acto político.
Como si todo ello no bastara, Petro se convirtió en defensor del narcodictador Nicolás Maduro, señalado por Estados Unidos como cabecilla del cartel de los Soles y por cuya captura ofrece una millonaria recompensa. Pese a las revelaciones del ex jefe de inteligencia venezolano el ‘Pollo’ Carvajal –quien aseguró que ese cartel financió la campaña de Petro en 2018–, el mandatario colombiano ha negado reiteradamente tanto la existencia de esa estructura criminal como la naturaleza terrorista del ‘Tren de Aragua’. A ello se suma su enfrentamiento con la política antidrogas del presidente Donald Trump, cuya estrategia en el Caribe y el Pacífico –orientada a cercar las rutas del narcotráfico– ha sido duramente atacada por Petro.
Washington ha sido explícito al diferenciar a Colombia de la persona de Petro. Así lo han subrayado el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador de origen colombiano Bernie Moreno.
La acumulación de indicios, convertidos ya en evidencias, llevó al Gobierno de Estados Unidos a actuar con contundencia: revocatoria de su visa; inclusión suya, de su esposa, de su hijo mayor y de su ministro del Interior en la llamada “Lista Clinton”, y el pronunciamiento sin precedentes del presidente estadounidense, quien lo calificó como “líder del narcotráfico”. Se trata de un hecho gravísimo que deteriora como nunca la reputación del jefe de Estado colombiano y, por extensión, la imagen internacional del país.
Sin embargo, Washington ha sido explícito al diferenciar a Colombia de la persona de Petro. Así lo han subrayado el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador de origen colombiano Bernie Moreno. Por eso no corresponde sumarse a las voces –algunas, de supuestos opositores– que invocan un nacionalismo más electorero que sincero para rechazar los serios señalamientos contra el mandatario. No se debe confundir el deber patriótico con la complicidad política: la sanción y el descrédito recaen sobre un individuo, así sea el Presidente, no sobre la nación.
Conviene insistir: las acusaciones del Gobierno estadounidense no obedecen a la improvisación ni a prejuicios ideológicos. Responden a seguimientos exhaustivos y a información verificada. Los hechos que rodean la conducta de Petro –sus alianzas, decisiones y silencios– son los que hoy lo sitúan en el centro de un escándalo que avergüenza a Colombia, pero no la encarna. El problema –como lo ha dicho con claridad Washington– no es contra Colombia, sino contra quien dice gobernarla.
@ernestomaciast
27.10.2025
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