No lo vencieron. Lo absolvieron.

Carolina Restrepo Cañavera*                                                                                   

(1) “No lo vencieron. Lo absolvieron.

Lo sabíamos. Pero duele igual.

Ningún colombiano debería pasar por lo que Álvaro Uribe Vélez ha vivido por defender a su país. Ninguno. Ni siquiera el más fuerte. Ni siquiera él.

Hoy el tribunal lo absuelve. Pero Colombia aún no. Porque una absolución jurídica no repara los años de ignominia, el linchamiento moral, el escarnio sin límites ni la fractura que intentaron sembrar en el alma nacional. La absolución sana el expediente. No el alma.

El juicio contra Álvaro Uribe no fue solo un proceso penal. Fue el símbolo de una nación que se dejó secuestrar por el odio, por la sed de venganza, por el fanatismo ideológico que convirtió la justicia en arma, la mentira en estrategia y la traición en mérito. Fue el intento de borrar una historia incómoda para algunos: la historia de un hombre que enfrentó a los violentos, que se la jugó por Colombia, que cometió errores, sí, pero que jamás dejó de poner la cara y el pecho.

Intentaron condenarlo no por lo que hizo, sino por lo que representa: autoridad sin complejos, patriotismo sin vergüenza, disciplina sin cálculo. Lo atacaron porque no se arrodilló. Porque no se vendió. Porque no se fue.

Y aun así, aquí está.

Absuelto.

Con la frente en alto.

Con el país en el corazón.

Más grande que antes. Más libre que nunca.

Hoy no es solo un triunfo de Álvaro Uribe. Es un triunfo de la verdad, de la justicia, esa que a veces tarda, pero cuando llega, estremece y de millones de colombianos que resistimos callados, firmes, dignos. Que no nos tragamos el relato del verdugo disfrazado de víctima. Que supimos ver más allá del show mediático y del activismo de toga. Que no cambiamos convicciones por aplausos.

Hoy, Colombia le debe una disculpa. Y no se trata solo de Álvaro Uribe. Se trata del país que somos. De si vamos a permitir que se persiga a quien piensa distinto. De si vamos a premiar al traidor y castigar al leal. De si vamos a seguir jugando a la ruleta rusa institucional, donde cualquiera puede ser el próximo.

La historia ya eligió. Y la absolución no es un punto final. Es el inicio de una reparación simbólica que no puede quedarse en el fallo. Es momento de reconciliar a Colombia con su memoria. De dejar de temerle a las palabras “honor”, “autoridad”, “orden”, “patria”. Es hora de decir, sin complejos: gracias, presidente Uribe.

Gracias por no huir.

Gracias por no vender su alma.

Gracias por demostrar que la verdad no necesita gritar. Solo resistir.

¿Y ahora qué?

Por supuesto, la contraparte irá a casación. Pero lo que muchos no saben, es que en el proceso de casación no hay pruebas nuevas. No es un nuevo juicio. No es una segunda oportunidad para las mentiras. Es un control técnico, jurídico, riguroso, que evalúa si la sentencia respetó las formas y los principios del derecho.

Y cuando el expediente se vacía de pruebas, solo queda el relato.

Y el relato no condena.

Si el terreno es técnico, en eso también gana Álvaro Uribe Vélez.

Porque si algo ha quedado claro es que esta persecución nunca fue jurídica: fue política, fue narrativa, fue ideológica.

Y en derecho, ya no les queda nada.

Hoy, más que nunca, sabemos que Colombia no está perdida.

Porque siguen existiendo hombres que no se doblan.

Y porque sigue habiendo una patria por defender.” (Octubre 21)

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(2) “El límite jurídico de la casación

Cuando hay dos abogados, hay tres opiniones. Pero el recurso extraordinario de casación no es una de esas discusiones abiertas donde cada quien puede sostener su interpretación del derecho. La casación es un mecanismo excepcional, técnico y restrictivo. Su propósito no es reexaminar los hechos, ni volver a valorar pruebas, ni dar una nueva oportunidad procesal a quien ya ha sido juzgado: su función es verificar si la sentencia impugnada incurrió en errores de derecho que afecten la validez del fallo o la correcta aplicación de la ley.

En términos simples, la casación no es una tercera instancia. No es una revisión política ni un espacio para reconsiderar si el juez tuvo razón o no en su apreciación. Es un control de legalidad. Por eso, las causales para su procedencia están definidas taxativamente en el Código de Procedimiento Penal. Y son tan rigurosas que apenas un porcentaje mínimo de recursos supera la etapa de admisión.

En el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es evidente que el país se juega mucho más que una controversia penal. Se trata del proceso más simbólico de las últimas décadas: un juicio donde se cruzan historia, poder, justicia y opinión pública. Pero esa trascendencia política no cambia la naturaleza jurídica del recurso. La Corte Suprema no puede admitirlo solo porque se trata de un caso mediático o relevante para la nación; debe hacerlo únicamente si identifica una causal de casación debidamente sustentada.

Y en eso está el punto. No parece haber un error de derecho manifiesto en la sentencia del Tribunal que absuelve al expresidente. El fallo, guste o no su tono o su enfoque, hace una valoración integral de las pruebas, examina los testimonios, confronta versiones y toma posición sobre la credibilidad de los testigos. Eso pertenece al ámbito fáctico, no al jurídico. Y la casación no revisa hechos, solo derecho.

Algunos han querido interpretar la casación como una oportunidad para “corregir” lo que consideran una injusticia. Pero el derecho no opera sobre percepciones: opera sobre reglas. Si el Tribunal no violó una norma sustancial, no incurrió en un error de interpretación de la ley penal o no quebrantó el debido proceso de manera evidente, la Corte no tiene base legal para intervenir.

Ahora bien, no se puede descartar que la Corte Suprema decida admitir el recurso por razones de trascendencia institucional, más que por razones jurídicas. Es decir, que considere necesario pronunciarse para dejar un precedente o garantizar confianza pública en el sistema judicial. Pero esa sería una decisión de conveniencia institucional, no una consecuencia lógica de las causales legales.

Lo cierto es que el proceso de Álvaro Uribe Vélez ha desbordado todos los límites convencionales del derecho. Ha sido político, simbólico y emocional. Pero, paradójicamente, su desenlace puede depender de lo más sobrio y técnico del sistema: la precisión de un recurso extraordinario que no permite rehacer el juicio.

La casación no está diseñada para revisar el caso Uribe: está diseñada para proteger la legalidad del proceso penal frente a errores normativos. Y esa diferencia, aparentemente menor, es la que separa la justicia del espectáculo.

En un país acostumbrado a la narrativa y no a la norma, la tentación de convertir cada decisión judicial en un debate ideológico es enorme. Pero el derecho penal no es un escenario para discursos morales, sino para pruebas y procedimientos. Si algo debe enseñarnos este proceso, es que la política puede contaminar la justicia, pero la justicia no debería ceder a la política.

La Corte tiene la última palabra. Pero el derecho, no la presión, debería guiar su decisión. Y el derecho, con su fría técnica, indica que este recurso, por más extraordinario que sea, no tiene mucho espacio para prosperar.” (Octubre 23)

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