Los grupos de choque neoparamilitares

Alfonso Monsalve Solórzano                                                                                                 

Las condiciones de seguridad del país se deterioran a pasos agigantados a medida que las citas electorales del año entrante se acercan, dejando en evidencia que la estrategia de Petro y sus aliados es producir violencia generalizada, especialmente en las grandes ciudades, además de la que apunta a blancos específicos.

De lo que se trata es de perturbar el transcurso normal de la vida cotidiana en las grandes ciudades, que es donde está la gran votación, esa que decide quién triunfará,  con la intención degenerar caos y temor a gran escala, para producir, como en la campaña del 2021 – 2022, un situación de terror social permanente mediante el uso de escuadrones de choque similares a las SS nazis o a las camisas negras fascistas,  que lleven a la ciudadanía a tranzar electoramente por el candidato que sabe que tiene en sus manos el fin del sufrimiento producido, porque él es el causante.

Es bueno sustentar esta afirmación.

Los Camicie Nere, los Camisas Negras, eran el ala paramilitar del Partido Nacional Fascista de Italia, cuyo papel esencial era realizar actos de violencia e intimidación para eliminar a los opositores de Benito Mussolini y consolidar su poder. Originalmente conocidos como squadristi, eran exsoldados nacionalistas e intelectuales que juraron lealtad a Mussolini. Utilizaban la Intimidación política: Utilizaban la violencia, el asesinato, la tortura y las palizas para suprimir la disidencia y atemorizar a los rivales de Mussolini. Esto creaba un ambiente de miedo que les permitía ejercer un control significativo. Marcharon sobre Roma en octubre de 1922, evento crucial que llevó a Mussolini al poder como primer ministro (Google modo IA respecto a los CN).

Las SS, de otra parte, era el grupo de choque de los nazis antes de tomarse el poder, y luego, cuando Hitler ascendió, fueron las encargadas, entre otras cosas, de la “solución final”, es decir, del exterminio en masa del pueblo judío. Y subdivisiones de las SS fueron la Gestapo (policía secreta) y el Sicherheitsdienst (servicio de inteligencia). Sus cometidos abarcaban desde la detección de potenciales enemigos del Estado nazi, la neutralización de cualquier oposición y la vigilancia del compromiso del pueblo alemán con la ideología nazi, así como proporcionar servicio de inteligencia dentro y fuera del país (https://es.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel).

Cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia. En Colombia se están imponiendo los grupos de choque neoparamilitares, que se presentan como adalides de la democracia y la izquierda, pero son organizaciones neonazis y neofascistas de hecho.  El ensayo en nuestro país, con la llamada Primera Línea, fue exitoso y la consecuencia es el cáncer del gobierno petrista haciendo metástasis en el cuerpo social de Colombia.

Y mucho me temo que, en esta ocasión, puede ser peor porque ahora los jefes de los grupos de choque están en el poder, lo que convierte a esas estructuras en organizaciones con poder estatal, dinero e impunidad con gran capacidad de acción. Si desde la violencia callejera lograron derrotar al gobierno, intimidar a los colombianos e imponer su candidato, imagínense lo que pueden hacer ahora con la protección y la dirección del petrismo y sus aliados en el gobierno.

Lo ocurrido esta semana en Bogotá, Cali y Medellín- es ilustrativo de lo que se nos viene encima. Me centraré en Bogotá pues el país entero pudo apreciar en toda su dimensión lo acontecido: 1.700 individuos, entre ellos, algunos que decían ser indígenas y estudiantes,  de una organización llamada el Congreso de los Pueblos -que nació en 2010 y convoca a trabajadores, campesinos, indígenas, negros, estudiantes, entre otros para que “que el país de abajo legisle, que los pueblos manden, que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse” (https://congresodelospueblos.org/wp-content/uploads/2021/11/2.-Declaracion-Politica-Instalacion-CDP-2010.pdf)- se tomaron la Universidad Nacional por la fuerza, argumentando que es su casa, e, igual procedieron a hacer con entidades del estado como los ministerios del interior y de vivienda y la sociedad de activos especiales.

Pues bien, a pesar de haber llegado ya a un “acuerdo” con los representantes del gobierno, centenares de encapuchados, el día del viernes desplegaron en su protesta “pacífica” toda su violencia en las inmediaciones de la embajada de los Estados Unidos para denostar contra el imperialismo yanqui, curiosamente ahora que Petro está provocando al gobierno de los Estados Unidos.  Y no fue una violencia cualquiera: sin mediar palabra, usaron, al menos, un artefacto que les permitió disparar en ráfaga decenas de papas bomba contra la policía que custodiaba el lugar, así como arcos con los cuales lanzaron flechas que impactaron en la humanidad de cuatro agentes.

Se trató de un acto criminal perfectamente organizado, un intento de homicidio contra miembros de las fuerzas del orden -que no mereció, obviamente, ningún rechazo por parte del presidente- y como tal hay que tratarlo, capturando y condenando a los miembros de esa organización que determinaron y ejecutaron tal acto.

Pues, es claro, con lo dicho atrás, que esas organizaciones no nacen por generación espontánea y no son capaces de subsistir en el largo plazo si detrás de ellas no hay estructuras, mando y dinero.  Y las nuestras no son la excepción, a pesar de la habilidad de quienes las manejan para ocultar su relacionamiento con ellas. Ya es hora de que se investigue, identifique y sancione a los jefes, a los determinadores de esas organizaciones, que son una red de grupos neoparamilitares al servicio del gobierno y su coalición. En el caso del Congreso de los Pueblos, hay fortísimos indicios de que dirigentes del Pacto Histórico está detrás de  todo esto: (https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/las-fotos-videos-y-nexos-de-varios-de-los-lideres-de-las-tomas-en-bogota-y-cali-con-poderosos-senadores-del-pacto-historico-3500853).  Hay que llegar al fondo de esta trama, sancionando y encarcelando a los ejecutores y determinadores y desmantelando la organización.

Por supuesto, hay relación de subordinación entre otros grupos paramilitares y los GAOs, que participaron en la campaña pasada y ahora intervienen en la actual a favor de Petro, sembrando de violencia y muerte a la oposición, que han amenazado a Paloma Valencia y otros candidatos y le han asesinado militantes. A sus determinadores y ejecutores hay que llevarlos también ante la ley y desmantelar sus grupos de choque.

Pero hay otros indicios preocupantes, que confirman que se trata de una política de estado en la que participan otras organizaciones de la red: al igual que la Gestapo, la Dirección Nacional de Inteligencia, que responde directamente a Petro y que siempre ha sido dirigida por miembros del M-19, en su gobierno, está yendo a las cárceles a hablar con los delincuentes sobre el “proceso de paz”. Todo mundo entiende que se está gestando una alianza entre el gobierno y las bandas criminales que manejan amplios sectores populares de las capitales y que su objetivo será evitar, al precio que sea, que la oposición haga campaña y gane en las grandes capitales, que es, insisto, donde tiene la mayoría de sus votos. 

El terror oficial llegó, entonces, a las grandes ciudades para quedarse y eso no se enfrenta con pronunciamientos medrosos. Hay que coordinar acciones que demuestren que no amedrantarán a la oposición, ni a los independientes, ni a la sociedad. Los partidos y grupos de este sector, los empresarios, las organizaciones civiles deben rechazar contundentemente la violencia, movilizándose masivamente en las ciudades contra el neoparamilitarismo petrista; este año debe haber al menos una convocada por toda la oposición, los independientes y la sociedad civil para exigir el fin de los disturbios del terror oficial y oficioso, demandando que le pongan coto a sus escuadrones, exigir resultados en las investigaciones ante la fiscalía y alertar a nuestros aliados internacionales para que monitoreen el cumplimiento por parte del gobierno del respeto a los derechos a la vida y a las libertades de la oposición.