Montealegre y el abuso de la palabra oficial

Martin Eduardo Botero*                                                                                             

“Montealegre y el abuso de la palabra oficial: difamar no es gobernar

1. Cuando la palabra oficial se convierte en estigma

El ministro de Justicia ha cruzado la frontera de lo tolerable. Al llamar “abogado de la mafia” a un candidato presidencial —y, con ello, a toda la abogacía que cumple la misión de defender incluso al acusado más odiado— no emitió una opinión privada: perpetró un acto de estigmatización que hiere los principios universales del derecho y constituye un atentado directo contra la dignidad de la profesión jurídica.

Estigmatizar a un abogado equivale a expulsarlo simbólicamente de la protección de la ley, de su legitimidad social y de su condición de garante del Estado de derecho. Y eso, lejos de ser un exceso verbal, es exactamente lo contrario del estándar internacional. Lo más grave es que no se trata de un ciudadano cualquiera: hablamos de un ministro en funciones, cuya palabra se reviste de autoridad institucional. Por eso, el daño no es solo personal o reputacional: es político, es jurídico y es democrático.

Montealegre, que estudió en Alemania y se jacta de citar a los grandes juristas europeos, debería recordar la lección de Gustav Radbruch: un Derecho que renuncia a su propia racionalidad se transforma en injusticia legalizada. Y la estigmatización del abogado no es un error menor, es la negación de la esencia misma de la justicia.

2. De la crítica a la imputación delictiva

Calificar a un abogado como “abogado de la mafia” no es un exceso verbal, es una imputación grave. No se trata solo de un insulto personal, sino de un intento deliberado de contaminar el derecho a la defensa con la sombra de los crímenes que la sociedad condena con más severidad. Cuando el ministro Eduardo Montealegre afirma que Abelardo De La Espriella es “un abogado de la mafia”, deja de opinar: está sugiriendo una vinculación directa con narcotráfico y paramilitarismo, sin pruebas, desde la investidura de ministro. Eso convierte la frase en algo más que un desatino: es una imputación delictiva.

3. Consecuencias jurídicas en Colombia y Europa

Las consecuencias son múltiples: en Colombia, podría configurar violación de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996/2005) y una falta disciplinaria grave (art. 48, Ley 734/2002) por utilizar el cargo ministerial para favorecer a unos candidatos y perjudicar a otros. Además, habilita la intervención de la Procuraduría General de la Nación y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En Europa, el panorama es aún más severo. La declaración puede constituir un caso de difamación agravada bajo el artículo 595 del Codice Penale italiano, especialmente relevante porque Abelardo De La Espriella es ciudadano italiano y, como tal, tiene derecho a proteger su honor y reputación dentro del ordenamiento europeo.

En Italia, lo que está en juego no es su condición profesional, sino su dignidad como ciudadano europeo. Lo mismo ocurre en España, donde también podría abrirse un frente penal por calumnia y difamación.

En suma: Montealegre no solo quebrantó la neutralidad exigida a un ministro en época electoral; además, abrió un flanco de responsabilidad penal y disciplinaria dentro y fuera de Colombia. Difamar no es gobernar, y menos aun cuando quien lo hace pretende erigirse en guardián de la justicia.

4. Estigmatización política: un ataque institucional

En este marco, el ataque directo contra Abelardo De La Espriella —al llamarlo “abogado de la mafia” y “caricaturesco”— no es un comentario aislado: es un acto deliberado de deslegitimación política desde la voz de un ministro de Justicia. No es opinión, es estigmatización con peso institucional, orientada a excluir a un opositor del debate público. Y eso lo convierte en un hecho gravísimo.

5. El valor de la defensa: el abogado no es el cliente

Un abogado que defiende a un acusado no se convierte en cómplice: se convierte en garante del Estado de derecho. Defender a un procesado por narcotráfico o paramilitarismo no significa compartir sus crímenes, sino garantizar el derecho a un juicio justo, piedra angular de la Constitución y de los tratados internacionales ratificados por Colombia. Decir “abogado de la mafia” es tan absurdo como decir “juez de la mafia” porque absolvió a un acusado. Es un término obsoleto, manipulador y destructivo. ¿O acaso un periodista que defiende a un político corrupto debería ser llamado “periodista corrupto”? La lógica es tan falaz como peligrosa.

La defensa técnica no es un lujo: es la condición mínima para que exista verdad procesal y justicia legítima. Deslegitimar a un abogado por los clientes que ha tenido es tan absurdo como deslegitimar a un juez por las sentencias que dicta. Defender no es lo mismo que compartir. El abogado que defiende al acusado más repudiado no se convierte en narcotraficante, paramilitar o corrupto: se convierte en guardián de la Constitución, porque asegura que hasta el más odiado de los acusados tenga un juicio justo.

6. Reducir la toga a un estigma: la tentación de la barbarie

Reducir la toga a un estigma es ignorar siglos de tradición jurídica. Es olvidar a Voltaire y a Beccaria; es olvidar los principios universales recogidos en la ONU, que establecen que sin defensa técnica no hay justicia, sino venganza. El ministro, en su exaltación política, parece desconocer lo más elemental: que la toga protege tanto al acusado como a la víctima, porque protege el debido proceso. Y cuando un ministro degrada esa verdad, no hiere a un abogado: hiere a la democracia misma.

7. Cuando gobierno y campaña se confunden

El fondo del problema es aún más grave: cuando un ministro se arroga el papel de juez de moralidad de los abogados y de los candidatos, la frontera entre gobierno y campaña se evapora. Y con ella se desvanece la neutralidad que exige toda democracia. No se trata de defender a un individuo en particular, sino de advertir un riesgo estructural: si se normaliza la descalificación desde el poder, mañana cualquier abogado que cumpla su deber podrá ser tildado de criminal por simple asociación. La toga no es la sombra del cliente: es el estandarte de la justicia. Y ningún ministro, por poderoso que sea, tiene derecho a mancillarla.

Colombia es Estado parte de tratados internacionales que protegen la labor de los abogados —como los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (ONU, 1990)—. Estigmatizar desde un ministerio a un abogado defensor es una violación directa a esos compromisos. Los abogados, al igual que jueces y fiscales, visten la misma toga porque todos cumplen una función esencial: garantizar que la justicia sea imparcial. Difamar a uno es debilitar a todos.

8. El espejo europeo: la lección alemana

El ministro Montealegre gusta de invocar su formación en Alemania y citar juristas germanos como prueba de autoridad. Pero son precisamente esos grandes juristas quienes lo desmienten. Klaus Volk, uno de los penalistas más influyentes, advirtió que un Estado de derecho demuestra su fuerza justamente cuando resiste la tentación de abolir las garantías procesales en los casos más difíciles. Wolfgang Kaleck, abogado de derechos humanos en Berlín, lo dijo con claridad: “El derecho a la defensa no protege a los criminales; protege a la sociedad entera de la arbitrariedad del Estado”. ¿Acaso no es esa la tentación en Colombia cuando se insulta y desacredita al abogado que defiende causas impopulares?

Y si se quiere hablar de práctica forense, basta recordar a Nicolas Becker y Rolf Bossi, célebres criminalistas alemanes que defendieron a terroristas, asesinos y corruptos sin ser jamás estigmatizados como “abogados del terrorismo” o “abogados de la mafia”. Su contribución fue vista como indispensable para preservar la credibilidad del sistema judicial.

La verdadera tradición alemana enseña que el defensor, incluso en los procesos más oscuros, no es enemigo de la justicia, sino su guardián. Lo indigno no es defender, sino estigmatizar al defensor. Llamar “abogado de la mafia” a quien ejerce la defensa técnica no es una crítica personal: es un atentado contra el Estado de derecho, contra Europa y contra la democracia misma.

9. Obligaciones internacionales y la advertencia de la ONU

La Ley de Garantías y el Código Disciplinario obligan a la neutralidad política de los ministros. Las palabras de un ministro no son opiniones privadas: llevan el peso del Estado y contaminan el proceso democrático. Son, en sí mismas, un acto de injerencia indebida en la independencia de la profesión jurídica y una señal de alarma sobre la deriva autoritaria en curso. Cuando desde el poder político se ataca a un abogado llamándolo “abogado de la mafia”, no se defiende la justicia: se abona el terreno para la autocratización y la decadencia democrática que la propia ONU denuncia como una de las mayores amenazas de nuestro tiempo. La defensa no protege al criminal: protege a toda la sociedad contra la arbitrariedad del Estado.

El ataque del ministro Montealegre contra un abogado candidato presidencial no es un exabrupto: es una violación del derecho internacional. La Relatora Especial de la ONU recordó en 2023 que los Estados deben garantizar que los abogados puedan ejercer su función sin intimidaciones, acosos, ataques a la reputación ni injerencias indebidas. Este principio, recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (1990), es vinculante para Colombia. Lo que Montealegre disfraza de opinión personal es, en realidad, un acto de estigmatización incompatible con las obligaciones internacionales del Estado y corrosivo para la independencia de la abogacía, piedra angular del Estado de Derecho.

En Colombia, un ministro de Justicia ha decidido degradar la toga. No la ha defendido: la ha manchado. Ha usado su investidura no para proteger la Constitución, sino para estigmatizar a un abogado y candidato presidencial, y con él, a toda la profesión. Llamar “abogado de la mafia” a quien ejerce la defensa técnica en procesos penales no es crítica: es un atentado institucional contra el Estado de Derecho.

Porque lo sabemos bien: el abogado no es el cliente. El abogado es el garante de que incluso el acusado más repudiado tenga un juicio justo, pleno, con todas las garantías. Esa es la línea que divide la civilización de la barbarie. Y cuando un ministro olvida esta verdad elemental, traiciona no solo a la justicia sino también a la democracia que dice servir.

La historia de los abogados es la historia del compromiso civil. Como recordaba Stefano Rodotà, defendemos “el derecho a tener derechos”. Y en esa misión, los defensores de acusados de narcotráfico o mafia no se convierten en criminales: se convierten en parte esencial de la lucha contra el crimen, porque sin defensa no hay verdad, y sin verdad no hay justicia. El magistrado italiano Domenico Gozzo lo explicó con claridad: “La antimafia necesita de todos, también de los abogados defensores”.

El término “abogado de la mafia”, repetido con ligereza en medios y ahora en boca de un ministro, es obsoleto, tendencioso y manipulador. Sirve para estigmatizar, para destruir la credibilidad de un adversario político, pero no sirve para fortalecer ni la justicia ni la democracia. Al contrario, abre la puerta a un populismo judicial que confunde venganza con justicia y que reduce la política a una caricatura de república bananera.

¿Dónde trazamos la línea? Si un abogado defensor de mafiosos es “mafioso”, entonces un juez que los absuelve será “juez de la mafia”; un periodista que los entrevista, “periodista mafioso”; un político que negocia con ellos, “político mafioso”. Es un absurdo que conduce al colapso de toda institucionalidad.

Lo que está en juego no es un nombre propio ni una candidatura. Es la dignidad de la toga. Es la certeza de que, en un juicio, la defensa es tan esencial como la acusación y el tribunal. Y es la advertencia de que un Estado que empieza a vilipendiar a sus abogados termina inevitablemente en la arbitrariedad y en la dictadura de los prejuicios.

Por eso, frente al insulto disfrazado de juicio ético, la respuesta solo puede ser firme: la toga no se mancha. No por los clientes que defendemos, ni por los crímenes que se nos imputa defender, ni por las pasiones políticas del momento. La toga se sostiene sobre un principio inviolable: todos tienen derecho a ser defendidos, y el abogado que asume esa tarea merece respeto, no difamación.

Hoy se ataca a un candidato. Mañana puede atacarse a cualquier abogado incómodo, a cualquier juez que absuelva, a cualquier ciudadano que no encaje en la moral oficial. Esa es la pendiente resbaladiza del estigma. Y a eso, los juristas y los ciudadanos libres debemos decir con claridad: no pasarán.

La ONU lo ha advertido con claridad: perseguir y difamar a los abogados socava el Estado de derecho. La toga —sea de juez, fiscal o defensor— no representa a un cliente: representa la dignidad de la justicia. Sin respeto a ella, la democracia se degrada en tiranía.

Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (ONU, 1990), en su artículo 16, lo dicen sin ambigüedades: “Los gobiernos garantizarán que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o injerencias indebidas”.

***Criminalización indirecta del ejercicio de la abogacía. Afirmar que la defensa de narcotraficantes o paramilitares descalifica moralmente a un abogado y lo hace indigno de aspirar a un cargo público  vulnera el derecho universal a la defensa. El artículo 14 del PIDCP     garantiza que toda persona tiene derecho a ser asistida por un defensor de      su elección; el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a un juicio justo. Montealegre no solo ataca a un abogado: ataca el principio mismo de la defensa técnica.

***Abuso de posición institucional. Usar el cargo de ministro de  Justicia para emitir opiniones políticas que buscan deslegitimar a un abogado/candidato es una forma de presión política indebida contra la      independencia de la abogacía. El Informe Satterthwaite (ONU, 2023) lo denuncia expresamente: persecución de abogados mediante ataques mediáticos, difamación y represalias (párrs. 48-55). Lo que Montealegre presenta como opinión es, en realidad, un acto de poder que pesa como intimidación.

***Violación directa del estándar ONU. Presentar la defensa de acusados de  mafia como sinónimo de complicidad es desconocer el artículo 18 de los Principios      Básicos (ONU, 1990): “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como resultado del desempeño de sus funciones”. Llamar “abogado de la mafia” a un defensor es la negación misma de esta norma internacional vinculante.

***Exclusión política discriminatoria. Decir que “no cree que un abogado de la mafia pueda llegar a ser presidente de Colombia” constituye una exclusión política basada en la profesión ejercida, contraria al derecho      internacional. El Informe ONU (2023) lo incluye entre los síntomas de autocratización: persecución de abogados por motivos políticos y represalias contra quienes ejercen libremente.

La Relatora Especial de la ONU ha sido contundente: la persecución contra los abogados no es un hecho aislado, sino un síntoma de la autocratización global. Amenazas, ataques mediáticos, procesos abusivos y represalias buscan quebrar a los profesionales del derecho que cumplen con su deber de defender incluso a los acusados más impopulares.

En este marco, lo que el ministro Montealegre intenta presentar como una “opinión personal” encaja perfectamente en esa tendencia mundial: estigmatizar a un abogado, llamarlo “abogado de la mafia”, es perseguirlo por su trabajo. Y al perseguirlo, se mina el derecho de toda la sociedad a un juicio justo y a la defensa plena.

No se trata de una ofensa personal ni de un debate de campaña: es un atentado institucional contra el Estado de Derecho, un acto que la ONU ya ha puesto bajo observación prioritaria.

10. Una advertencia histórica

Recordemos las palabras de Montesquieu: “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia”. Lo que está en juego no es el nombre de un abogado, ni siquiera el resultado de una elección presidencial, sino la supervivencia del principio que distingue a la democracia de la tiranía: nadie puede ser condenado sin defensa, y nadie puede ser difamado por ejercerla.

En última instancia, la grandeza de un Estado no se mide por cómo trata a sus héroes, sino por cómo protege a quienes defienden a los acusados más repudiados. Ahí está la línea roja que separa a la civilización de la barbarie. Y esa línea, señor ministro, no la traza la popularidad ni la indignación moral: la traza la Constitución, la traza el derecho internacional, la traza la toga que usted ha manchado con sus palabras.

11. Conclusión: el arquitrabe del Estado de derecho

El defensor siempre ha sido, y siempre será, el arquitrabe del Estado de derecho. Mucho antes de que Cristo fuera llevado a la cruz, los juristas romanos ya habían dejado una enseñanza eterna: el juicio es un procedimiento de tres voces, no de una sola. Accusatorum atque iudicum consociati greges: juez, acusador y acusado, o en el proceso penal moderno, juez, fiscal y abogado defensor.

Desconocer ese trípode es demoler la justicia misma.

Las condiciones que soportan los abogados defensores en procesos de criminalidad y narcotráfico son un recordatorio de que su tarea no es un privilegio, sino un riesgo y un sacrificio. Lo describió con lucidez el magistrado Domenico Gozzo: “Es muy difícil ser abogado de mafiosos. Ellos están acostumbrados a usar la violencia y también quisieran usarla contra el abogado. Si el abogado hace bien su trabajo, se arriesga personalmente. Si cede a las demandas, incurre en responsabilidad penal. Esta tensión la vivimos todos en la justicia, no solo los abogados”.

Por eso, cuando desde un cargo de Estado se estigmatiza a un defensor llamándolo “abogado de la mafia”, no se golpea a una persona: se golpea a toda la estructura que sostiene la justicia. El abogado no es mafioso, ni narco, ni paria. Es, sencillamente, abogado. Y en ese papel, incluso su experiencia defendiendo lo más oscuro puede ser, paradójicamente, la mejor arma para comprender y combatir el fenómeno mafioso, enriqueciendo la política antimafia en lugar de empobrecerla.

A quienes lo olvidan, conviene recordarles una verdad incómoda: sin defensa no hay juicio, y sin juicio no hay justicia. Y allí donde se pretende silenciar al abogado, comienza la dictadura de la sospecha y muere la democracia.

Amén.” (Agosto 5)

* Publicado en su cuenta de X (@boteroitaly).