Martin Eduardo Botero*
(1) “Todos los nudos llegan al peine: Santos, la Corte y el plebiscito robado
En Italia se dice que tutti i nodi vengono al pettine —todos los nudos llegan al peine—. Y en Colombia, aunque nos empeñemos en mirar para otro lado, también hay verdades que tarde o temprano revientan en la cara de quienes las ocultaron.
Esta semana, con voz entrecortada y la mirada perdida en el pasado, el expresidente Juan Manuel Santos confesó algo devastador: un magistrado de la Corte Constitucional —sí, la misma que debía ser garante de la legalidad del proceso de paz— le ofreció “tumbar el plebiscito”. Así, sin pudor. Así, como quien ofrece un favor político, no un pronunciamiento jurídico. Santos no aceptó —dice—, pero tampoco denunció.
¿Quién fue ese magistrado? ¿Está hoy cerca del presidente Petro?
Las preguntas que deja flotando el propio Santos, lejos de calmar las aguas, confirman lo que muchos han sospechado por años: que el plebiscito no fue simplemente ignorado, sino activamente saboteado desde dentro de las instituciones. Que la Corte Constitucional dejó de ser un tribunal y se convirtió en un actor político más, funcional al interés del poder y no al derecho.
No es la primera vez que el expresidente suelta estas perlas de cinismo. Ya lo había hecho al reconocer que la “implementación” del Acuerdo se haría “por las malas o por las malas”. Pero esta vez fue diferente: no fue soberbia, fue debilidad. Se quebró la voz. Porque, quizás, comprendió que el daño es irreversible. Y que las consecuencias de aquella traición institucional aún nos persiguen hoy, bajo un gobierno que también desprecia la legalidad, que hostiga a la justicia independiente y que sueña con plebiscitos perpetuos.
La confesión de Santos es, en realidad, una autoincriminación moral y política. Si un magistrado le ofreció manipular una decisión soberana del pueblo y él calló, falló como jefe de Estado. Si la Corte era capaz de proponerle semejante barbaridad, falló como república. Y si hoy guarda el nombre por temor o conveniencia, sigue fallando como ciudadano.
El drama institucional colombiano no empezó con Petro, pero con él se ha profundizado. Lo que fue sutil bajo Santos —cooptación, negociación, mermelada— hoy es brutal: amenazas, chantajes, descertificaciones. Petro no ignora los fallos: los insulta. No controla las cortes: las invade con decretos y clientelismo judicial.
Pero no se equivoquen. El hilo de esta madeja empieza en 2016, con el plebiscito robado y la Corte domesticada.
Hoy, cuando Santos dice que no aceptó el “ofrecimiento” de ese magistrado, nos da una pista: hubo quienes sí lo hicieron. Y quizás todavía están decidiendo sobre nuestras vidas, derechos y libertades.
En Colombia, como en toda república herida, no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no termine saliendo a la luz. Los nudos siempre llegan al peine.
Amen.” (Septiembre 19)
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(2) “El Derecho Penal del Enemigo en Colombia: La persecución contra Álvaro Uribe y la demolición del Estado de Derecho
Todavía hay jueces en Berlín.
La reciente decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia —al confirmar el amparo del derecho fundamental a la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez— no hace más que dar la razón a quienes, desde hace años, hemos venido advirtiendo la peligrosa deriva del sistema judicial colombiano. No es la primera vez que lo decimos: lo que se ha construido en torno al proceso penal contra Uribe no es justicia, sino persecución. Y no una persecución cualquiera, sino una estructurada sobre los pilares del derecho penal del enemigo, el lawfare y la negación abierta del principio de legalidad.
Esta Corte, con ponderación constitucional y responsabilidad institucional, ha dicho lo que muchos se negaban a admitir: que la decisión de ordenar la captura inmediata de Uribe fue tomada sobre la base de argumentos vagos, abstractos y gaseosos, impropios de una democracia que se precie de respetar el debido proceso. El Tribunal Superior de Bogotá, al analizar el fallo de la jueza de primera instancia, ha constatado que su motivación no solo era insuficiente, sino aparente. No existió un análisis serio de proporcionalidad ni una ponderación real de los derechos en juego. Se trató, simplemente, de encadenar frases huecas, muletillas ideológicas y percepciones colectivas sin prueba alguna.
¿La razón de fondo? Álvaro Uribe no es tratado como ciudadano ni como procesado bajo presunción de inocencia. Es juzgado como enemigo del sistema, y se le pretende aplicar una justicia ejemplarizante, simbólica, puramente política. Se le atribuye una supuesta “capacidad intimidatoria” basada en su figura pública, como si la notoriedad política pudiera justificar, por sí sola, la privación de la libertad. Este no es el derecho penal garantista que establece nuestra Constitución: es el derecho penal de autor, prohibido en cualquier sociedad democrática.
Ya lo advertimos: lo que se esconde detrás de este proceso es una instrumentalización de la justicia penal con fines políticos. Se trata de un caso paradigmático de lawfare, esa guerra jurídica donde la apariencia de legalidad se convierte en herramienta de demolición reputacional, política e institucional. No se busca verdad ni justicia: se busca neutralizar a un adversario. Se persigue al símbolo, no al individuo.
Y qué decir de la sentencia de más de mil páginas, tan ilegible como desconectada de la realidad, en la que se despliegan teorías penales sin prueba directa, entre suposiciones, narrativas y giros retóricos dignos más de un panfleto que de una decisión judicial. Más grave aún, el pedido de captura inmediata redactado de forma balbuceante, sin coherencia ni precisión, refleja el nivel de improvisación —o de obediencia ciega a un mandato político— con el que se actúa.
En un Estado de Derecho auténtico, la privación de la libertad solo puede fundarse en razones objetivas, verificables y respetuosas de la dignidad humana. El fallo que se acaba de revocar no tenía nada de eso. Era un acto de poder disfrazado de resolución judicial.
¿Hasta cuándo esta justicia para enemigos y no para ciudadanos? ¿Hasta cuándo se tolerará que el aparato judicial sea colonizado por intereses ideológicos que confunden militancia con magistratura? ¿Qué queda de la Constitución cuando se pisotea el principio de legalidad, se invierte la carga de la prueba y se aplica una presunción de culpabilidad por el simple hecho de haber sido presidente?
La Corte Suprema ha hecho lo que tenía que hacer: proteger el principio de legalidad, recordar que la libertad es la regla y la detención la excepción, y que la justicia no puede operar con criterios ideológicos, sino con fundamentos racionales, verificables y respetuosos de los derechos fundamentales.
Y al hacerlo, ha demostrado algo más profundo. Nos ha recordado que, incluso en medio del ruido mediático, del linchamiento político y de la presión ideológica, todavía hay jueces en Berlín.
La Corte ha corregido, en parte, una arbitrariedad. Pero el daño ya está hecho. Lo que está en juego es mucho más que la libertad de Álvaro Uribe Vélez. Es el futuro mismo de la justicia como institución confiable, imparcial e independiente.
Amen.” (Septiembre 19)
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(3) “La descertificación fue un golpe; la respuesta de Petro, el entierro de su credibilidad
En política internacional, pocas veces una reacción presidencial logra eclipsar el hecho que la provoca. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió tras la descertificación de Colombia por parte del gobierno de Donald Trump en materia de lucha antidrogas. Si el golpe ya era duro, la respuesta del presidente Gustavo Petro no solo agravó la crisis: la convirtió en una tragedia institucional.
Lo que pudo haber sido un comunicado diplomático contundente, sereno y firme, se transformó en una alocución emocionalmente desbordada, colmada de acusaciones infundadas, frases belicosas y una narrativa de persecución personal rayana en el delirio.
De la política de Estado al show personal
Petro no respondió como jefe de Estado. Respondió como activista herido, como líder populista cercado por fantasmas. En lugar de defender institucionalmente al país, convirtió la crítica a su gobierno en una afrenta contra su vida personal, y lo que era una decisión soberana de EE.UU. lo transformó en un supuesto intento de intervención extranjera.
“A mí no me amenace. Aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos. Acepto inteligencia.”
Esta frase, pronunciada en tono desafiante, no tiene precedentes en la historia diplomática reciente. Mezcla el lenguaje de la guerra con la lógica del victimismo y proyecta una imagen profundamente desestabilizadora para quien ostenta el cargo más alto de la República.
Delirio y contradicción
Petro acusa a Trump de estar rodeado de “mafias de la Florida” y de tener aliados entre “políticos colombianos narcofinanciados”. Lanza nombres, insinúa vínculos, y termina atrapado en su propia lógica: si esas mafias están tan cerca de él, ¿por qué mantiene relaciones diplomáticas con Washington? ¿Por qué no rompe relaciones? Porque, sencillamente, todo es retórica, escenografía, teatro de barricada.
Mientras tanto, la política antidrogas del gobierno colombiano se desdibuja, y los hechos hablan por sí solos: cultivos en aumento, erradicación fallida, y pactos opacos con estructuras criminales en nombre de la “paz total”.
La tentación autoritaria del “yo soy el pueblo”
Petro afirma: “Solo el pueblo colombiano decide su camino”, como si alguien más lo negara. Pero esa frase, en su boca, no es una defensa de la soberanía, sino una advertencia de que su interpretación personal del pueblo es la única válida. Es el eco típico de los líderes que se creen por encima de las instituciones, la ley y el equilibrio de poderes.
En su relato, todo se reduce a una persecución contra él y su familia. La crítica política se transforma en conspiración. La rendición de cuentas, en ataque personal. Y así, el presidente no solo se aísla del mundo, sino que arrastra al país a una narrativa paranoica, peligrosa y autodestructiva.
El precio de una retórica descontrolada
En vez de generar solidaridad internacional, Petro rompió puentes. En lugar de fortalecer la defensa institucional de Colombia, debilitó la credibilidad del Estado. Y lo que pudo ser una oportunidad para denunciar con seriedad el fracaso de la guerra contra las drogas, terminó en un show personal sin rumbo, sin estrategia y sin altura.
La descertificación fue un golpe, sí. Pero la respuesta de Petro fue algo peor: el entierro de su credibilidad internacional. No por lo que dijo Trump, sino por lo que dijo él. En política, el silencio es a veces más sabio que el grito. Petro eligió gritar. Y se enterró solo.
Amen.” (Septiembre 18)
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(4) “La vulgaridad del poder: cuando la presidencia insulta a las mujeres
Hay frases que revelan más de lo que el poder quisiera ocultar. En medio de un Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro declaró: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro. Si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer”.
¿Qué significa que un jefe de Estado, investido con la responsabilidad de guiar a una nación, reduzca la libertad femenina a un comentario de cantina? No es un lapsus. No es un desliz anecdótico. Es la confirmación de una manera de concebir el poder: vulgar, simplista y profundamente irrespetuosa.
La libertad femenina no es un órgano ni una metáfora de alcoba. Es la lucha histórica de millones de mujeres que en Colombia han sido asesinadas, desplazadas, silenciadas, marginadas. Es el derecho a la igualdad en el trabajo, a la educación, a la seguridad frente a la violencia sexual, al reconocimiento de su papel en la vida pública. Confundirla con un eslogan grosero es negar esa historia y agravar la ofensa.
Este episodio revela la crisis más profunda del actual régimen: no es solo corrupción, ni solo ineficiencia, ni solo narcocomunismo. Es la degradación cultural del discurso político, que convierte en banal lo que debería ser sagrado. La libertad, la dignidad, la igualdad… convertidas en materia de chanza.
En el pasado, nuestros próceres supieron que el lenguaje es parte del poder. Bolívar advertía que “la palabra es el arma más poderosa de la libertad”. Hoy, las palabras presidenciales son dagas de desprecio contra la mitad del pueblo colombiano.
No es un detalle menor. Es la medida de un estilo de gobierno que trivializa la democracia, insulta a las mujeres, se burla de las instituciones y juega con la soberanía. Y lo hace desde la tribuna más alta del Estado.
Colombia no puede permitirse normalizar esta vulgaridad. Porque cuando el poder pierde el respeto por la palabra, termina perdiendo el respeto por la vida, por la justicia y por la nación entera.
La verdadera grandeza de una mujer –como de un hombre– no se mide por la grosería de un presidente, sino por la dignidad con la que defiende sus derechos. Y la verdadera grandeza de un país se mide por su capacidad de exigir que la primera magistratura del Estado honre esa dignidad.” (Septiembre 16)
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* Publicados en su cuenta de X (@boteroitaly).
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