Alfonso Monsalve Solórzano
Desde mi punto de vista, el triunfo de las fuerzas antipetristas en el 2026, tiene una prioridad, condición de todas las otras medidas que se tomen, la aplicación de una política de seguridad que permita garantizar la vida y el ejercicio de los otros derechos y libertades fundamentales; y una segunda prelación, el rescate del sistema de salud, que, por la política gubernamental, está llevando a una catástrofe humanitaria a los colombianos. No quiero decir que otras acciones no sean importantes y que no deban enfrentarse. Lo que sostengo es que estas dos son el sine qua non de nuestro futuro próximo.
Avanza el consenso nacional de los grupos y partidos defensores de la constitución y la democracia sobre la premisa de que el problema central de Colombia, en este momento, es recuperar la soberanía y la seguridad internas para garantizar el estado de derecho, la libertad, el pluralismo. Para hacerlo, todos concordamos en que hay que poner fin a la política de paz total, edificada sobre la alianza e imbricación hechas entre el gobierno y esos grupos -cuya última manifestación es el reconocimiento del Clan del Golfo como grupo armado organizado, GAO, con el nombre de Ejército Gaitanista, que, aunque no le otorga explícitamente estatus político, implícitamente sí lo legitima al reconocerlo como una estructura beligerante.
Para alcanzar estos objetivos, el país democrático sabe que: (i) hay que arrebatar el país a los GAOS y otras organizaciones narcoterroristas, destruyendo los narcocultivos y la infraestructura de producción y exportación de cocaína. Para hacerlo, hay que cambiar la política del estado de manera que las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia puedan ganar la confrontación que esta decisión implicará; fortalecerlas, cambiando la doctrina actual de indefensión y de repliegue, por una que les permita enfrentar el desafío narcoterrorista y dotarla de los combatientes, las armas y el apoyo jurídico que necesitan (ii) reconfigurar la relación de unidad de acción del gobierno de Petro y los GAOs con el Cartel de los Soles, si es que sobrevive a la presión política y militar al que lo someten los Estados Unidos, porque la frontera oriental es el hueco inmenso en el que se hunde nuestra soberanía y nuestra seguridad, y (iii) reestablecer la alianza con USA y otras naciones para contar con los recursos suficientes , el apoyo mutuo en inteligencia y el respaldo político internacional, que permita consolidar nuestro control territorial, la soberanía interna y externa y la seguridad ciudadana.
Pero, eso no será nada fácil. Primero, hay que garantizar elecciones libres y que las ganemos; y, segundo, si la nación antipetrista gana, hay que asegurarse de que el programa, que tiene como prioridad la seguridad, se pueda aplicar.
En esta etapa preelectoral, la coalición de Petro, los GAOs y el cartel de los Soles venezolanos, harán hasta lo imposible para que no haya elecciones o que, si las hay, las puedan controlar. La violencia política, incluido el asesinato, ya se está poniendo en marcha. No sólo asesinaron a Miguel Uribe y atentaron contra el representante Triana, sino que han aumentado la matanza de militares y policías, han sitiado pueblos y ciudades -ya están ocurriendo actos terroristas en Cali y Medellín.
El presidente ha intentado desviar la investigación del senador Uribe Turbay, hablando de una, hasta ahora no probada Junta del Narcotráfico y mencionando, entre los posibles determinadores a unos esmeralderos. Y cuando la Unión Europea le llama la atención por su lenguaje violento contra el senador Uribe, lo niega, contra toda evidencia. Además, en Medellín Petro está involucrando a las bandas criminales que controlan los barrios de las comunas a sangre y fuego y que tienen gran capacidad de intimidación, en la llamada Paz Urbana, componente de la Paz Total, e igual lo intenta en Barranquilla y Tuluá.
Y no podemos olvidar que el Cartel de los Soles hará hasta lo imposible para evitar que el régimen “progresista” de Petro caiga. Adiestrados por instructores cubanos y con la ya larga experiencia adquirida en reprimir a sus ciudadanos y en infiltrar, por años, en Colombia agentes expertos en sabotaje y atentados, su accionar, coordinado con elementos de los GAOs, es altamente probable. Claro que eso dependerá de si la presión política y militar de Estados Unidos y el pueblo venezolano no sacan al Cartel de los Soles del poder. Si esto ocurre, el escenario cambia drásticamente, porque su influencia se desmoronaría en Colombia y el dulce se les pondría a mordiscos a los GAOs, que son, a la vez, sus protegidos; pero, también, su primera línea de defensa en la frontera oriental.
Supongamos ahora que el antipetrismo gana las elecciones presidenciales y de congreso -sin la mayoría en el legislativo el triunfo en la presidencia sería pírrico-, y que en Venezuela no cae el Cartel de los Soles. En este caso podemos esperar un gobierno completamente desafiado por Petro, los GAOs, la Primera Línea, para hacer ingobernable el país. La diferencia es que los demócratas tendrían el poder. Las reglas de la defensa de la democracia tendrían que empoderar el uso de la fuerza legítima y proporcional para recuperar los territorios, combatir el narcotráfico y la minería ilegal, el ataque a la fuerza pública; las asonadas, las tomas de carreteras y de vías de transporte urbano, la vandalización de infraestructura urbana, etc. Tendría que estar preparado el paquete de medidas que se tomarían desde el primer día. Pero si el régimen venezolano hubiere caído, la situación podría ser complicada, pero más fácil de manejar para el nuevo gobierno, porque los GAOs no tendrían retaguardia.
En cuanto a la salud: Petro dijo que no salvaría a las EPS, Es una manera de presionar la aprobación de su reforma, que es un salto al pasado. Y no lo dice en broma. Ya la Contraloría informó al país que la Nueva EPS, con nada menos que 11.5 millones de afiliados, más del 20% de la población colombiana, está en crisis total. Y lo que queda claro, según el congresista del CD, Andrés Forero, es que la intervención del gobierno fue lo que empeoró su situación.
“En sus declaraciones, recogidas por W Radio, señaló que “podemos decir que al comparar un año pre intervención como el 2023 con el año de la intervención del Gobierno Nacional, evidenciamos que los anticipos no legalizados aumentaron a 8.6 billones de pesos, es decir, si antes había problemas, ahora con la intervención se incrementaron”. Forero añadió que los hallazgos muestran un agravamiento de la situación durante el tiempo en que la entidad ha estado bajo la medida gubernamental. En ese sentido, resumió su percepción con la frase: “El mensaje que queda claro es que los problemas se incrementaron después de la intervención””. (Infobae Colombia, consultado el 10.09.2025).
Y lo mismo ocurre con las otras que el gobierno ha intervenido. Eso, si contar que, forzado por el fallo de la Corte Constitucional, que se demoró meses en cumplir, el gobierno entregó a la EPS Sanitas en un estado lamentable. Millones de colombianos se están quedando sin salud, lo que es un delito de lesa humanidad. Esa es una situación que debe abordarse en el minuto uno del nuevo gobierno. Si no, millones de colombianos estará expuestos a la enfermedad y a la muerte.
POSTSCRIPTUM
Inadmisible que dos senadoras del CD, además, precandidatas a la presidencia, permitieran que se hundiera en el senado el proyecto loable y pertinente que promovía un referendo sobre autonomía fiscal de las regiones, que implicaba un golpe al centralismo que devora los recursos generados por aquellas. Además, iniciativa del gobernador de Antioquia Julián Rendón y avalado por 2.5 millones de firmas. Rendón es el único gobernador del CD en el país y ha defendido como el que más a ese partido y al expresidente Uribe. Goza de gran reconocimiento y mucha gente del departamento y otras regiones está desconcertada y molesta. Mala cosa. Incluso podría tener repercusiones electorales negativas para el CD en Antioquia.
Leave a Reply