Alfredo Rangel
La Fuerza Pública es hoy rey de burlas por doquier. El principio de autoridad está por el suelo.
El cese de la fumigación de los cultivos de coca no solamente ha ocasionado su multiplicación exponencial en los últimos diez años, sino también el auge de los impunes secuestros, atentados y asonadas contra la Fuerza Pública, con el consiguiente deterioro del principio de autoridad y de respeto a la ley. Volver a las fumigaciones y al respeto a la Fuerza Pública son dos imperativos nacionales para empezar a recuperar la seguridad perdida.
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Con la perspectiva de los años, es evidente que la única estrategia que ha sido efectiva para luchar con eficacia contra el narcotráfico fue la aplicada entre 2002 y 2010 por el gobierno del presidente Uribe. Se basó en tres erradicaciones simultáneas y exitosas: la erradicación de la coca, principalmente con la fumigación masiva de los cultivos, que los redujo de cerca de 120.000 hectáreas a alrededor de 40.000; la erradicación de las bandas armadas, con una eficaz estrategia militar que las redujo a menos de la mitad, y erradicación de la pobreza, mediante la sustitución exitosa de la coca por cultivos alternativos como la palma africana y el cacao.
Pero en 2015, el gobierno de Santos, con la necesidad urgente de firmar un acuerdo con las Farc y presionado por estas, resolvió suspender las fumigaciones mediante la Resolución 006 del Consejo Nacional de Estupefacientes, adscrito al Ministerio de Justicia, y la Resolución 1214 de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Un interesado y animado lobby del Ministerio de Salud entre la opinión pública y las altas cortes desembocó en el pronunciamiento de la Corte Constitucional de 2017 que, apelando al denominado “principio de precaución”, en la práctica hizo imposible volver a fumigar la coca al exigir condiciones incumplibles, como certificar que sus efectos no fueran perjudiciales para el medioambiente y la salud, y —lo más estrambótico— que mediante consulta previa los cocaleros aceptaran la fumigación de sus propios cultivos. Para rematar, en el acuerdo final con las Farc quedó establecido que en adelante la erradicación de la coca sería gradual, concertada y manual. Jamás se volvió a fumigar la coca y los cultivos se multiplicaron por siete veces.
Hay que retornar en serio a la fumigación aérea y masiva de la coca.
Sin embargo, hay evidencia científica con decenas de estudios que concluyen que el uso del glifosato conlleva un bajo riesgo para la salud, tanto como el abuso de ciertos tintes en peluquerías o el exceso de consumo de café. Tan es así que hoy la fumigación con glifosato se utiliza en los cultivos de arroz, maíz, sorgo, algodón, hortalizas, banano, café, palma africana, frutales, cacao, caña de azúcar, soya y trigo, entre otros muchos. El uso del glifosato en esos cultivos es permitido, es legal y allí no se aplica el muy manido “principio de precaución”. Su uso supuestamente solo causa daño y está restringido cuando se aplica a la coca. ¿Quién lo entiende ? Resultado: 300.000 hectáreas de coca y cerca de 3.000 toneladas, o sea, 3 millones de kilos de cocaína que financian la violencia en Colombia.
Y como la coca no se puede erradicar desde el aire, toca erradicarla por tierra y manualmente. Resultado: erradicación insignificante de cultivos, erradicadores víctimas de minas ‘quiebrapatas’ y francotiradores, y decenas de militares secuestrados y hasta dos de ellos incendiados vivos por cocaleros para impedir la erradicación de esos cultivos. Y no hay ni un solo detenido por estos crímenes. La Fuerza Pública es hoy rey de burlas por doquier. El principio de autoridad está por el suelo.
Hay que retornar en serio a la fumigación aérea y masiva de la coca. El anuncio de Petro es solo una pantomima para engañar y tratar de aliviar las consecuencias de la descertificación por su nula acción contra el narcotráfico.
Y a los miembros de la Fuerza Pública hay que garantizarles el uso legal y no letal de sus armas para defenderse de turbas desarmadas que los secuestran, maltratan y humillan. Y también autorizarles su uso letal cuando están en riesgo sus vidas, como en el caso de los militares incendiados vivos. A la Fuerza Pública se le entregan las armas para que defiendan la república y la vida y la honra de los ciudadanos, pero también para que se defiendan a sí mismos. Faltaría más.
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