Carolina Restrepo Cañavera
(1) “La grandeza de la renuncia
La eventual nulidad del proceso contra Álvaro Uribe, por haber sido juzgado por una juez sin competencia, abre un escenario complejo y delicado.
Si se declara, todo lo actuado se borra y el juicio debe comenzar desde cero.
Para cualquier ciudadano, esta sería una tabla de salvación: el tiempo correría a su favor y la prescripción podría extinguir el proceso. Pero no para Uribe.
Con una decisión sin precedentes en la política colombiana, Uribe renunció expresamente a la prescripción.
Lo hizo de manera voluntaria, consciente de las consecuencias jurídicas.
Esa renuncia, que muchos vieron como un gesto simbólico, hoy adquiere todo su peso real: significa que, aun si el proceso vuelve a empezar, no podrá cerrarse por el paso del tiempo. Significa que el juicio podrá prolongarse indefinidamente, que no hay atajos procesales ni estrategias de desgaste que le pongan fin.
Esto, lejos de ser una jugada imprudente, es la prueba más clara de lo que Uribe quiere: ser juzgado en derecho. No esconderse detrás de tecnicismos, no aferrarse a una nulidad, no guarecerse en una prescripción.
Exponerse, de frente, al juicio que tantos desean. Y esa decisión es, sin duda, arriesgada. Lo amarra a un proceso que puede ser eterno. Lo pone en manos de una justicia que ya ha demostrado sesgos y excesos. Lo deja sin salidas fáciles.
Pero es precisamente ahí donde se mide la diferencia entre un líder y un político. Un político calcula, mide encuestas, toma atajos, se blinda con privilegios. Un líder asume el costo, incluso cuando es más alto que nunca.
Nada de lo que hace Uribe está libre de cálculo político, dirán algunos. Yo veo lo contrario: ningún cálculo político habría llevado a renunciar a la prescripción. Es, en todo caso, una apuesta personal y patriótica: “júzguenme, pero júzguenme en derecho”.
Y esa grandeza, que parece incomprensible para quienes solo entienden la política como conveniencia, es lo que lo hace diferente. Es lo que lo separa del resto. Es lo que lo ha sostenido, incluso en medio de la persecución más larga y sistemática que ha sufrido un expresidente en Colombia.
Uribe no escogió el camino corto. Escogió el camino recto. Y en esa decisión se revela, otra vez, que lo suyo no es esconderse: es dar la cara.” (Septiembre 6)
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(2) “La toga prestada.
La juez Heredia, quien condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, Álvaro Uribe, en primera instancia, no había superado los concursos de méritos exigidos por ley para ejercer como juez penal del circuito. No una, sino tres veces.
Fue nombrada en provisionalidad, y su encargo se venció. A pesar de eso, se mantuvo en el cargo. Y fue ella quien firmó la sentencia.
El artículo 29 de la Constitución Política es claro: toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez competente, imparcial y legítimamente designado. Y la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, exige haber superado el concurso de méritos para ser inscrito en el registro de elegibles. Si esto no se cumple, el nombramiento es ilegal, y la sentencia, nula de pleno derecho. Porque el juez natural no es el que se acomode al momento, ni el que le convenga al poder de turno. Es el que la ley establece.
Lo que está ocurriendo en Colombia es una ruptura del Estado de Derecho por vía del resentimiento.
No se trata de diferencias ideológicas. Se trata de una ofensiva política con disfraz judicial, liderada por personajes como Iván Cepeda y Eduardo Montealegre, y orquestada desde los hilos de la persecución. El problema no es que sean adversarios del expresidente Uribe. El problema es que su sed de revancha los inhabilita para ejercer la justicia con dignidad y equilibrio.
Porque un ministro no puede actuar con rabia. Y una juez no puede dictar sentencia si no tiene la investidura para hacerlo. Eso no es justicia. Eso es abuso de poder.
Colombia merece saber la verdad. Y aunque hoy muchos celebren una decisión viciada, sin competencia ni legalidad, la historia pondrá las cosas en su sitio. Porque hoy todo se sabe, todo queda registrado, todo está a la vista. Ya no es posible ocultar una cadena de irregularidades como si nada.
La CIDH ha advertido que mantener jueces en provisionalidad sin concurso vulnera el debido proceso. Y este no es un detalle técnico: es la base misma de la justicia legítima.
Las consecuencias para la juez Heredia, para Eduardo Montealegre, para el senador Iván Cepeda y para el abogado Miguel Ángel del Río serán graves si se demuestra como ya empieza a demostrarse, la manera como actuaron. Porque ahí no solo se trata de un posible prevaricato, sino del uso de la justicia como arma política, de la coordinación extraprocesal de versiones, de la manipulación de pruebas y de la utilización sistemática del aparato judicial con fines personales y de poder.
Y si Colombia no empieza a castigar eso, entonces no tendremos derecho a llamarnos república. Porque una república se sostiene en el imperio de la ley, no en el abuso del poder. Una república no puede permitir que quienes están llamados a administrar justicia se conviertan en verdugos de sus adversarios. El país debe despertar. Porque si dejamos pasar esto, mañana nos puede pasar a todos.
No se puede condenar a nadie, ni siquiera al mayor símbolo de una corriente política, con las reglas rotas, la toga prestada y la mano temblorosa por el odio.
Esto que han hecho no es una victoria jurídica. Es la prueba de que están dispuestos a sacrificar los cimientos de la república por la necesidad de cobrar una factura política. Pero se equivocan quienes creen que pueden hacerlo sin consecuencias. La verdad no desaparece porque la escondan detrás de un fallo.
La verdad espera.
Y cuando sale a la luz, no hay tinta suficiente para volverla a tapar.” (Septiembre 5)
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* Publicados en su cuenta de X (@carorestrepocan).
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