Ernesto Macías Tovar
Para asesinar a un político o a un líder social no basta un sicario. Siempre existen móviles, autores intelectuales, instigadores y determinadores. Lo advirtió el propio Gustavo Petro cuando era opositor: “si alguien crea el ambiente propicio, otro aprieta el gatillo”.
La Constitución ordena que el presidente encarne la unidad de la nación. Sin embargo, Petro ha desobedecido ese mandato: sus trinos y discursos no llaman a la reconciliación, sino que profundizan la grieta y alimentan la polarización. En vez de un jefe de Estado, hemos tenido un agitador incendiario.
El magnicidio del senador y candidato presidencial de la oposición Miguel Uribe Turbay desató un debate doloroso: ¿puede responsabilizarse al Presidente de semejante crimen? La respuesta es: no; no existen pruebas judiciales que avalen semejante acusación. Pero los más de cuarenta ataques en redes contra Miguel —como lo advirtió su abogado Víctor Mosquera— edificaron un ambiente hostil, de odio y resentimiento. Días antes del atentado, Petro llegó a acusar al expresidente Julio César Turbay, abuelo de la víctima, de haber “ordenado la tortura de 10.000 colombianos”.
No se trata de un episodio aislado. Petro agitó en la Plaza de Bolívar la bandera de “guerra o muerte” mientras blandía la espada de Bolívar contra la oposición. Tras la caída de su reforma a la salud, arengó que el pueblo se encargaría de “borrar a esos congresistas”. Una y otra vez ha convertido la palabra presidencial en látigo contra sus adversarios. Ese discurso, reiterado y corrosivo, termina siendo una declaratoria de muerte para quienes piensen diferente.
El odio es un veneno que carcome la democracia. Cuando las palabras se transforman en piedras, la política degenera en violencia; cuando se transforman en balas, la democracia se desangra. Un clima así no deja espacio para el diálogo, sino para la eliminación del contradictor. Allí donde el resentimiento se instala como idioma oficial, las instituciones agonizan.
El asesinato de Miguel Uribe, el atentado en el Huila contra el representante Julio César Triana y las amenazas contra los alcaldes de Bogotá y Medellín no son hechos aislados: son síntomas de una misma enfermedad, de un proyecto criminal que pretende silenciar voces disidentes. No como metáfora, sino como macabra estrategia de exclusión política.
Por ello, bajar el tono no puede quedar en simple consigna. Debe ser un propósito nacional. Y el primer llamado es al Presidente: quien ostenta el poder no puede erigirse en incendiario. Si la palabra de un jefe de Estado no pacifica, termina siendo la chispa que enciende la hoguera de la violencia.
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