Alfonso Monsalve S.
Hoy se inician las nuevas sesiones del congreso y será un acontecimiento político clave la escogencia de cuales fuerzas controlarán las presidencias del senado y la cámara de representantes, porque si quedan en manos de políticos corruptos afines a Petro, o, mejor, altamente “sensibles” a la mermelada que por montones y sin escrúpulos, el presidente y su ministro del interior, será un gran riesgo porque buscarán aprobar, con todo tipo de trucos y artimañas, la agenda legislativa del gobierno en su último y desesperado tramo: la reforma de la salud, el marco jurídico para la paz total, la jurisdicción agraria y una nueva reforma tributaria. Pero, aun si se perdieran esas posiciones, la oposición y los independientes que sean fieles a la democracia, deben imponerse, sí o sí. Es su última oportunidad frente al país.
El destino de estos proyectos podría moldear al país por varios años. En su última “alocución” televisada, Petro, apareció con los síntomas típicos de una persona bajo los efectos del alcohol o de los alucinógenos, con una pronunciación arrastrada en la que en muchas ocasiones no terminaba las frases, y con una falta de coherencia que le hizo hablar de decenas de temas distintos y decir exabruptos -como, por ejemplo, la adoración de hipopótamos o el traslado de la estatua de la libertad a Cartagena.
Pero esto no impidió que se despachara con insultos a empresarios de las EPS, en especial contra el dueño de Sanitas, y que los tildara de ladrones, acusándolos de robarse billones de pesos, con base en cifras que no pudo demostrar y haciendo uso de mentiras descaradas, como aquella según la cual el índice de mortalidad infantil por desnutrición había disminuido durante su gobierno, cuando en realidad ha aumentado (https://www.semana.com/politica/articulo/desmienten-al-gobierno-petro-y-advierten-que-las-muertes-por-desnutricion-en-colombia-han-crecido-en-un-50/202507/, o la de que está al día con los aportes en salud, cuando se ha negado a aumentar la UPC de manera suficiente, según lo ordenó la Corte Constitucional, y no al capricho del gobierno que lo hizo apenas en el 5.3% para el 2025. O la de que las pqrs de las EPS intervenidas han disminuido, cuando en realidad han aumentado (https://www.lasillavacia.com/detector-de-mentiras/enganoso/quejas-en-eps-intervenidas-no-han-mejorado-contrario-a-lo-que-dijo-petro/) . O la afirmación de que la deuda de las EPS es de 100 billones, cuando en realidad es de 32.9 billones, según la Contraloría, como muestra el artículo que acabo de citar de la Silla Vacía.
Todo esto, en medio de la evidencia de que el sistema de salud está en la mayor crisis que jamás había tenido, poniendo en riesgo de muerte a miles y miles de personas – no es una exageración- por falta de medicamentos, muchos de ellos necesarios para tener con vida a los pacientes, o la extinción paulatina de atención de urgencias y de especialistas, o porque muchas personas no pueden acceder a los tratamientos que requieren. Y en la crisis, las nueve EPS intervenidas por el estado tienen el mayor peso de la deuda (https://www.larepublica.co/empresas/las-eps-intervenidas-representan-74-de-la-deuda-total-de-las-29-entidades-activas-4175499). Además, ya el 30% de las personas está reportando que no tiene acceso a la salud, cuando en el 2022 antes de la llegada de Petro al poder, la cobertura era del 98%. Y esa tendencia crece. La crisis del sistema de salud ha producido un retroceso y una desigualdad muy grande porque las personas que tienen con qué pagar emigran a los sistemas privados de salud y compran sus propios medicamentos, mientras los más pobres no pueden hacerlo. La compra de pólizas de salud creció el 23% en 2024 y, con seguridad, la cifra de este año será mayor.
Por eso, la reforma a la salud que volverá a presentar el presidente al Congreso, y cuya esencia es que el estado maneje exclusivamente los recursos de la salud, no puede pasar. Si se aprueba, tendremos un sistema clientelar, sin cobertura y mendicante que controla el sátrapa, como ocurre en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Todo lo contrario, al derecho fundamental a la salud. Este derecho se ha convertido en una prioridad nacional y debe estar en el centro del programa de la oposición para las elecciones 2026.
El marco jurídico para la paz, la ley de paz total, que presentará Petro al congreso con su bufón, el ministro de justicia, es un adefesio que mereció el rechazo de la Corte Suprema de Justicia cuando se discutió en el Consejo Superior de Política Judicial, que lo avaló mayoritariamente con los votos del gobierno. En el borrador conocido se avalan rebajas y otras gabelas a los GAOS e incluye un capítulo especial sobre el tratamiento judicial de las bandas urbanas en el que se ofrecen rebajas muy significativas (p. ej., después de dos años de cárcel los detenidos pueden ir a prisión domiciliaria y conservar el 12% de lo obtenido en su actividad criminal) y sobre las gabelas a los integrantes detenidos de la “protesta social”, léase Primera Línea.
Es increíble que luego de tres años de negociar la “paz total”, hasta ahora se presente un borrador de ley marco, cuando ya se está acabando el gobierno. “Paz total”, que fue duramente criticada en el Consejo de Seguridad por parte de Estados Unidos: “Lamentamos que en lugar de reducir la violencia, el gobierno colombiano se precipite para negociar de forma desorganizada con grupos múltiples, lo que ha generado incentivos para que estos grupos redoblen sus ataques e intentando mejorar su postura de negociación (…) la falta de coordinación del Gobierno con las comunidades afectadas por los conflictos, puesto que “socava totalmente el proceso de paz”. Los progresos limitados que se han hecho contra grupos criminales y las “políticas lentas” del Gobierno, han dejado graves consecuencias para el país y reducido los pocos éxitos que hasta ahora se habían alcanzado (…) “El fracaso de algunas partes del Gobierno colombiano de actuar ponen en peligro a los colombianos y corre el riesgo de llevar al país a un mayor conflicto así (…) Existe un riesgo en la posición del presidente de “politizar el proceso de paz y proteger a los criminales”, lo cual “socava toda perspectiva de una paz duradera” y no pone en prioridad de qué las víctimas merecen que se garantice justicia si se quiere aspirar a la paz y la seguridad en Colombia”
Incluso, los rusos hicieron críticas sobre la responsabilidad del gobierno: Cuestionaron al Ejecutivo y su política de paz, al sostener que “las áreas de influencia de los grupos armados criminales están ampliándose y los participantes en el diálogo cada vez se transforman en traficantes de drogas que se ven arrastrados a batallas brutales internas entre los mercados y productores de cocaína” (https://www.elcolombiano.com/colombia/delegados-onu-criticas-por-la-politica-de-paz-total-de-petro-colombia-GJ28219935).
El proyecto del Ministro Montealegre, agravan, todavía más, los desastres que señala el Consejo de Seguridad de la ONU, pues fortalece y empodera a los GAOS en sus áreas de influencia, habitada por la coca, y en ciudades pequeñas e intermedias; y busca desembozar sus máquinas de la muerte, las bandas criminales y los jefes de la Primera Línea para que hagan la tarea de influir determinantemente, mediante el terror, el resultado de las elecciones, coaccionando los electores en las ciudades grandes, la primera de ellas, Medellín, que es un fortín de la oposición. Ese proyecto tampoco puede pasar en el congreso. Atenta contra la seguridad nacional, la seguridad ciudadana y la soberanía interna.
Como tampoco pueden hacerlo la reglamentación de la jurisdicción agraria, que es una norma para la expropiación exprés de la tierra, ni otra reforma tributaria que pone su énfasis en el IVA y en las personas naturales, para financiar su campaña.
Pero la actividad parlamentaria no puede descuidar el frente de la resistencia civil y política al régimen para que se garanticen las elecciones libres, plurales y democráticas, que, entre otras cosas, además de un presidente que defienda el estado de derecho, elija un congreso que le haga mayorías.
No habrá elecciones de ese tipo si descuidamos la seguridad nacional y la soberanía interna, que se toca en el proyecto de Montealegre con el marco legal de la “paz total”, pero también con otras iniciativas del gobierno. La política de fondo es debilitar nuestra capacidad de defensa y, junto con el proyecto de ley, ahora, Petro propone retirar al país de la OTAN, luego de haber cortado la cooperación israelí en estos campos; y no olvidemos la alianza petrista con el madurismo que quiere instalar una zona binacional en la que el crimen y la ley de los GAOS, a los que se suma el régimen narcotraficante de Venezuela, imponga su ley e interfiera con el proceso electoral. La conclusión es que la seguridad, junto con la crisis de la salud, están en el centro del debate.
Pero hay noticias positivas. Los anuncios del presidente del congreso que sale hoy, Efraín Cepeda, son una advertencia, pero también, un aire fresco: anuncia que Petro quiere dinamitar las elecciones del 26, pero agrega que no lo podrá hacer, porque la oposición se lo impedirá. Y frente a la coalición del centro y el centro derecha para elegir un candidato presidencial, dice que está en marcha y anuncia que espera que el Centro Democrático resuelva participar en la consulta que se realizará en marzo (https://www.semana.com/politica/articulo/efrain-cepeda-deja-la-presidencia-del-congreso-y-lanza-advertencia-petro-quiere-dinamitar-las-elecciones-del-2026-la-democracia-esta-en-peligro/202542/).
Yo espero que el Centro Democrático no eluda esa cita decisiva, y creo que no lo hará. Es reconfortante la señal que mandó el expresidente Uribe al organizar un conversatorio sobre seguridad y la respuesta que tuvo entre académicos y políticos de distintos partidos. Estamos recorriendo la senda de la unidad, con base en la seguridad.
Pero no se puede bajar los brazos. Una alianza que también se seguirá construyendo en el congreso, respaldando a la oposición en el hundimiento de esos proyectos, y al poder judicial, que ha defendido al estado de derecho; hoy rechacemos la andanada petrista que quiere quitarle al Consejo de Estado la potestad de tramitar las tutelas contra el presidente y tomemos las acciones legales posibles para evitarlo. Y con el apoyo masivo de la gente, algo que también está en marcha. Pero no será fácil. Debemos estar preparados para lo peor del petrismo, con la seguridad de que la democracia prevalecerá. Depende de nosotros todos.
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