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Carolina Restrepo Cañavera*                                                                                  

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“Odio y miedo disfrazados de política

Hay una forma de violencia que no necesita armas ni gritos. Se ejecuta con palabras. Palabras dichas en público, escritas en redes, celebradas entre aplausos virtuales. A veces son abiertas —groseras, brutales—, y otras veces se visten de ironía o se esconden detrás de frases supuestamente “políticas”. Pero no lo son. No son diferencias ideológicas ni debates sobre modelos de país. Son expresiones de algo más primitivo: odio y miedo, disfrazados de política.

Hoy, un hombre escribió públicamente que, si fuera por él, me habría “agarrado del cuello” y “mandado a la cárcel”. Su deseo era simbólico: verme presa, sometida, neutralizada. Ese anhelo —la imagen de una mujer esposada como fantasía política— lo celebró otro hombre, intelectual autoproclamado, con dos signos de admiración: “¡De una!”.

No es un hecho aislado. Es parte de un patrón. Mujeres con voz firme —no sumisa, no decorativa— despiertan en ciertos hombres algo que ellos mismos no logran nombrar, pero que en el fondo es puro terror al poder femenino no mediado por ellos. Como no pueden refutar las ideas, intentan controlar los cuerpos. Como no logran anular los argumentos, sueñan con anular a quien los emite.

En eso consiste la violencia simbólica con ropaje político: en presentar como debate lo que en realidad es hostigamiento. En justificar el deseo de silencio o encierro con la excusa de que “esa señora habla mucho”, “provoca”, “es peligrosa”. No se enfrentan a lo que digo, porque saben que lo que digo está documentado. Se enfrentan a que lo diga una mujer. Una que no pide permiso. Una que no sonríe por obligación. Una que no necesita su bendición para existir públicamente.

Y aquí aparece lo más importante: esto no es ideología. No es izquierda ni derecha. No es progresismo ni conservadurismo. Es misoginia pura, transversal, adaptativa, estructural. La misma que puede convivir con discursos sobre justicia social, si esa justicia no incluye mujeres que decidan por sí mismas. La misma que puede esconderse detrás de un discurso liberal, siempre y cuando las mujeres “opinen bonito”.

Cuando una mujer pisa con firmeza, piensa con claridad y se expresa sin miedo, muchos sienten que algo se desordena. No es que quieran orden: quieren volver al mundo donde ellos eran la medida de todo. Por eso sueñan con verla callada. Mejor aún: verla presa. Como si eso borrara su incomodidad frente a la existencia de una mujer libre.

Yo no odio. Afortunadamente, no tengo ese sentimiento. Pero sí reconozco el odio cuando lo veo. Y más aún, cuando lo que llamamos odio es en realidad miedo. El miedo de un hombre que sólo se siente valiente cuando imagina a una mujer humillada. El miedo de quien no tiene cómo sostener su lugar si no es aplastando al otro.

Lo que dicen de mí no me define. Pero lo que dicen de mí en público sí deja al descubierto algo mucho más grande que mi caso personal: la pulsión autoritaria que atraviesa nuestra cultura política cuando una mujer no obedece las reglas tácitas del silencio o la sumisión.

Responder no es indignarse. Es dejar constancia. Porque lo que no se confronta, se normaliza. Y lo que se normaliza, se repite. Yo respondo con palabras, con firmeza, con datos, con ironía si toca. Pero siempre desde la claridad de que el problema no es conmigo: es con la libertad femenina.

Por eso, cuando ciertos hombres gritan, insultan o fantasean con cárceles, sé que no están hablando de justicia. Están hablando de miedo.

Y su rabia no es una muestra de fuerza.” (Julio 13)

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(2)

“Lo público: de todos, pero de nadie

Cuando hablamos de “lo público”, solemos pensar en algo abstracto, lejano, impersonal. Algo que es “de todos”, pero que al mismo tiempo parece no ser de nadie. Ese es, justamente, uno de los grandes problemas que atraviesa nuestra cultura cívica: hemos confundido lo público con lo ajeno. Y lo ajeno, con lo desechable.

Pasa lo mismo cuando se habla del “dinero público”. Esa expresión se repite como si existiera un fondo mágico del Estado, como si el gobierno produjera riqueza por sí solo. Pero no. El llamado “dinero público” no es otra cosa que el dinero de los contribuyentes. De cada ciudadano que paga impuestos, directa o indirectamente. Esos recursos no pertenecen al gobierno: le son confiados para que los administre de manera responsable, eficiente y en beneficio de toda la sociedad.

Por eso, ningún gobernante puede hablar de “obras que entrega” o de “regalos que hace”, porque nadie puede regalar lo que no le pertenece. Las obras del Estado no son favores ni dádivas: son el resultado de una obligación y de un mandato ciudadano.

Los bienes públicos —las vías, los hospitales, los parques, la justicia, la educación— son de todos. Pero como no tienen un nombre propio inscrito, como no llevan factura individual, muchos actúan como si no fueran de nadie. Esa percepción ha degradado el sentido de pertenencia y ha erosionado la responsabilidad colectiva.

Necesitamos resignificar lo público. Devolverle el valor que tiene. Comprender que cuando algo es de todos, también nos pertenece. Y como nos pertenece, debemos cuidarlo, defenderlo, exigirlo y vigilarlo. Lo público no es el margen de la propiedad: es la esencia de una sociedad civilizada.” (Julio 17)

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(3)

“Petro lo ha dicho sin rodeos: “Colombia puede estar cerca de la quiebra.”

No lo dice una vez: lo repite, y lo repite. No es un diagnóstico técnico. Es una narrativa construida con intención política.

Porque cuando un presidente insiste en que el país podría estar al borde de la quiebra —sin default, sin crisis bancaria, sin una catástrofe fiscal objetiva—, no está describiendo la realidad: está preparando la excusa.

La excusa para lo que viene.

¿Y qué viene? El chantaje institucional:

“O me aprueban la reforma tributaria, o declaro una emergencia económica.”

La llamará Ley de Financiamiento, Arquitectura Fiscal, Justicia Tributaria o el nombre que quiera. Pero el objetivo es uno: imponer por decreto lo que no ha logrado por ley.

Y mientras dice que el país no tiene recursos, su propio gobierno ha disparado el gasto burocrático.

Los gastos de funcionamiento pasaron de $321 billones en 2022 a $353 billones en 2024, y la nómina estatal subió de $62 a $65 billones.

No es el costo de gobernar: es el costo de politizar el Estado. Nuevos ministerios, cargos, contratos y oficinas para sostener la estructura del Pacto Histórico.

Está empujando los límites de la regla fiscal para financiar su proyecto político.

El artículo 215 de la Constitución permite declarar una emergencia económica si hay una perturbación grave del orden económico. Y Petro está fabricando esa “perturbación” frase a frase, alocución tras alocución, Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros.

Pero esto no es una emergencia. Es una estrategia desesperada.

Y como no ha logrado que el Congreso le apruebe sus reformas, ahora busca cómo saltárselo.

Colombia no está quebrada.

Está al borde de la quiebra porque este gobierno se ha encargado sistemáticamente de llevarla hasta ahí.

Y ahora necesita que lo creamos… para decretar una emergencia económica.” (Julio 16)

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* Publicados en su cuenta de X (@carorestrepocan).

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