Ernesto Macías Tovar
Por más que intentemos no caer en el juego de Gustavo Petro -quien, desde que asumió la Presidencia, ha impuesto su propia agenda-, resulta inevitable confrontarlo. Día tras día, el mandatario pone en entredicho la institucionalidad y amenaza la estabilidad del Estado. Y frente a esa realidad, no queda más opción que hacerle frente con firmeza, por el bien de Colombia.
Una de las mayores preocupaciones que hoy debe convocar a los colombianos es el modo en que Petro viene socavando los cimientos democráticos del país y, más recientemente, su interferencia directa -y peligrosa- en el proceso electoral de 2026. Desde su primer día, el orden público ha venido deteriorándose de forma alarmante. Esta escalada de inseguridad, además de vulnerar la integridad de los ciudadanos, representa una amenaza latente para el ejercicio libre del sufragio. El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial opositor, no puede desligarse del clima de odio e incitación violenta alimentado por el discurso presidencial.
Si bien es cierto que el jefe del Estado carece de facultades legales para aplazar o suspender elecciones, no lo es menos que podría conseguirlo por vías de hecho: permitiendo, como lo ha hecho hasta ahora, que actores criminales actúen con impunidad, restrinjan la movilidad ciudadana y limiten el derecho fundamental a elegir y ser elegido. La inacción deliberada frente al avance del crimen se convierte, entonces, en un instrumento político para coartar la democracia.
A ello se suman sus reiterados intentos de sabotaje institucional. Petro ha utilizado el peso de la Presidencia para minar la legitimidad del Consejo Nacional Electoral, pilar del sistema democrático. De forma paralela, él y su círculo han adelantado una ofensiva contra el registrador, Hernán Penagos, promoviendo demandas en su contra e intentando, en las últimas semanas, entorpecer la contratación de la empresa encargada de la logística electoral. Una maniobra tergiversada con alevosía, que pretende hacerle creer al país que dicha firma tiene control sobre los escrutinios, lo cual es una falsedad deliberada.
Petro ha dirigido su artillería contra Thomas Greg & Sons de Colombia, encargada por años de la operación logística electoral. Lo ha hecho tejiendo una narrativa populista sobre supuestos fraudes, en un intento por deslegitimar de antemano los resultados venideros. Al fracasar su interferencia para excluir a esta firma del nuevo proceso licitatorio de la Registraduría, publicó uno de sus mensajes más temerarios: “Desconfío de la transparencia de las elecciones de 2026”. Que semejante advertencia provenga del presidente de la República -llamado constitucionalmente a garantizar la integridad y la transparencia del proceso electoral- constituye el más grave atentado contra la democracia. Que quien ha sido elegido concejal, congresista, alcalde y presidente cuestione ahora, desde la cúspide del poder, la legitimidad del sistema electoral, es un acto de bellaquería sin precedentes.
Ya sabemos que Petro es irresponsable. Pero que, desde la jefatura del Estado, se pretenda dinamitar el sistema electoral y sembrar el caos de manera premeditada, no tiene antecedentes en nuestra historia republicana.
Es hora de actuar. Los colombianos debemos armarnos de valor cívico y enfrentar, con decisión patriótica, al enemigo de las instituciones, hoy atrincherado en la Casa de Nariño. Debemos tener claro, con absoluta convicción, que muy a pesar de Petro, en Colombia habrá elecciones libres en 2026, sin importar los obstáculos que pretenda interponer. El porvenir de nuestra democracia no está en sus manos: está en las nuestras.
@ernestomaciast
Viernes, 11 de Julio de 2025
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