José Obdulio Gaviria*
“Benedetti, Petro y Montealegre buscan generar una crisis política en Colombia con una consulta popular, desafiando la institucionalidad del país. Las sólidas instituciones colombianas y la falta de apoyo popular frenarán estas intenciones.
Benedetti: intereses personales por encima de la ley
Armando Benedetti no defiende a los trabajadores ni a la ciudadanía, sino sus propios intereses. Con siete períodos en el Congreso, conoce la Ley Quinta y sabe que la votación negativa del Senado sobre la consulta popular es un acto administrativo con presunción de legalidad. Sin embargo, insiste en ignorar esta decisión. ¿Por qué?
Benedetti dice defender a los trabajadores pero habla de una jornada laboral de 48 horas, cuando la Ley 2101 de 2021, propuesta por Álvaro Uribe, estableció una reducción progresiva a 42 horas semanales para 2026. Este error refleja su desinterés por la legislación laboral. Además, sus antecedentes, como el escándalo en un hotel en España donde evitó consecuencias legales gracias a su pasaporte diplomático, sugieren que su prioridad es protegerse de la persecución judicial por sus múltiles desafueros legales.
La maniobra del pasaporte diplomático
El nombramiento de Benedetti como ministro con funciones presidenciales durante un viaje de ocho días de Petro a China fue un escándalo. Aunque el decreto fue revocado y Mauricio Jaramillo asumió el rol, Benedetti logró ser nombrado nuevamente ministro con funciones presidenciales por 24 horas durante un viaje de Petro a Ecuador. Este nombramiento le permitió obtener un pasaporte diplomático, que, según la Convención de Viena, otorga ciertos privilegios en el extranjero.
Fuentes periodísticas sugieren que Benedetti valora este documento como un medio para eludir posibles consecuencias legales internacionales. Su estrategia parece ser crear una crisis política que justifique una solicitud de asilo en Panamá, a donde llegaría con su estatus de exministro delegatario y su pasaporte diplomático.
La consulta popular: un desafío al Estado de Derecho
La consulta popular propuesta por Petro, respaldada por Benedetti y Montealegre, ha generado un rechazo amplio. Seis partidos que han apoyado al gobierno en otras ocasiones (Liberal, Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido de la U y ASI), junto con los opositores Centro Democrático y Cambio Radical, firmaron una declaración que califica el decreto en ciernes como un “golpe de Estado”. Aliados cercanos como Juan Fernando Cristo, Roy Barreras y Mauricio Lizcano también han rechazado la iniciativa, considerándola un error jurídico y político.
Eduardo Montealegre, exfiscal general, contratista de Petro y posiblemente su ministro de justicia, sostiene que la votación del Senado tiene “vicios de inconstitucionalidad”. Sin embargo, solo el Consejo de Estado puede pronunciarse sobre la nulidad de actos administrativos, y Montealegre carece de autoridad para declarar inexistente dicha votación. Su respaldo a un decreto que convoque la consulta parece motivado por intereses económicos, dado su historial de conceptos jurídicos bien remunerados.
¿Qué mueve a Petro, Benedetti y Montealegre?
Petro presenta la consulta como un “detonante de la revolución”. La verdad es que lo que pretende es adelantar el calendario electoral, comenzar la campaña del Pacto Histórico para presidenciales y congreso, con lo que logra, además, desviar la atención de los escándalos de corrupción, de las denuncias de Álvaro Leyva sobre su conducta y de los problemas de seguridad que desesperan al país.
Montealegre, por su parte, podría estar buscando más honorarios o un cargo ministerial en el actual “régimen del caos”.
Benedetti, por su parte, quiere generar una crisis política de tal magnitud que le permita declararse un perseguido político y justificar su asilo en Panamá.
Una esperanza para Colombia
Pero Colombia tiene razones para el optimismo. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado frenarán cualquier acto o decreto que desafíe la votación del Senado y no creo que la Registraduría y el CNE le hagan el juego a una consulta popular con semejante origen. La ausencia de movilizaciones masivas demuestra que Petro no cuenta con el respaldo ciudadano. Las instituciones colombianas, como las Altas Cortes y los partidos políticos, han mostrado su capacidad para resistir estos desafíos.” (Junio 5)
* Publicado en su cuenta de X (@JOSEOBDULIO).
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