Ernesto Macías Tovar
“Cuando las instituciones van en contra del pueblo, ahí no pasa sino una cosa: las instituciones se van”, afirmó Gustavo Petro en una de sus ya detestadas alocuciones televisivas.
Ese mensaje, lanzado por la cabeza del poder Ejecutivo, no solo eleva el tono amenazante contra el Congreso y las altas cortes, sino que enciende las alarmas sobre el grave riesgo que representa para la democracia y la estabilidad institucional del país.
La advertencia, de tono claramente dictatorial, fue proferida en un contexto turbio y alarmante. Petro reapareció tras tres días de desconcertante ausencia, justo cuando circulaba una nueva carta del exministro Álvaro Leyva, cargada de relatos espeluznantes sobre episodios degradantes vinculados a su adicción a las drogas; una situación que ha sobrepasado los límites de lo tolerable.
El escenario fue orquestado por el ‘pichón de dictador’ para anunciar la convocatoria de su ‘consulta populista’, como maniobra electorera que busca revestir de legalidad la campaña de la extrema izquierda. Y lo haría, según dijo, mediante decreto. Detrás de ese anuncio hay, al menos, tres lecturas: un burdo chantaje al Senado para que apruebe su segunda petición de consulta; una amenaza con sesgo autoritario para evidenciar sus oscuras intenciones; o el reflejo del desespero por haber perdido el apoyo popular que creía inquebrantable. Lo cierto es que, día tras día, ‘se le ven las orejas al burro’.
El llamado “decretazo” salió de la mente perversa y corrupta del exfiscal Eduardo Montealegre, beneficiario del actual Gobierno con contratos por más de mil cuatrocientos millones de pesos. Y lo sustenta, además, en la mentira de que el Senado no tramitó la primera solicitud de aval. No obstante, el país fue informado de la negativa mayoritaria de los senadores, quienes votaron ‘no’ frente a ese despropósito. Incluso, esa decisión fue certificada notarialmente por el secretario general del Senado.
Si llegase a consumarse ese acto espurio mediante la expedición del decreto, hay que tumbarlo. Y razones sobran: primero, porque el Senado ya lo negó legalmente; segundo, porque el propio gobierno lo reconoció al presentar una segunda petición con preguntas adicionales para aparentar un cumplimiento normativo; y tercero, porque destacados constitucionalistas han advertido que tal medida vulnera principios esenciales de la Carta Política y resulta abiertamente inconveniente. A ello se suma la posición de penalistas, quienes advierten que, tras tantas alertas y certificaciones, quienes lleguen a firmarlo incurrirían en prevaricato.
Asimismo, por encima del debate jurídico sobre si la demanda contra el decretazo debería cursar ante el Consejo de Estado -por tratarse de un acto administrativo irregular- o ante la Corte Constitucional -al invocar un supuesto mecanismo de participación-, lo fundamental es claro: hay que tumbarlo. Además, el Registrador Nacional, dentro de su autonomía y habiendo sido notificado mediante comunicación del presidente del Congreso y certificación del secretario general sobre la negativa de la plenaria del Senado, está obligado a abstenerse de ejecutar un decreto viciado por donde se le mire.
Lo evidente es que Petro, quien no disimula su afán de convertirse en dictador pese a no tener pueblo ni causa, actúa con desesperación ante la cuenta regresiva de un mandato en el que no ha gobernado. No cabe duda: más allá de sus perturbaciones mentales, es un agitador profesional, permisivo con la corrupción y obsesionado con su rancia ideología. El daño que le ha causado a Colombia es profundo.
6 de Junio de 2025
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