Por María Clara Posada C.
La democracia puede abrir sus puertas a quienes abandonaron las armas. Lo que jamás puede hacer es arrodillarse ante ellos.
La democracia no fue un regalo de Gustavo Petro ni una concesión que generosamente haya tenido con nosotros. Fue el sistema que le permitió, a él y a su organización, abandonar la clandestinidad, participar en elecciones, ocupar cargos públicos y llegar a la Presidencia. Por eso resulta grave que, desde una tarima en Cali, convierta la expresión «Abelardo renuncie» en consigna nacional, apenas tres meses después de iniciado un mandato constitucional.
Protestar es un derecho. Exigir una renuncia, también. Pero existe una diferencia entre rechazar a un gobierno y pretender desconocer los procedimientos constitucionales que regulan su permanencia y más aún, cuando fueron esos mismos procedimientos los que legitimaron la permanencia propia. La democracia no puede ser irrenunciable cuando favorece a unos y prescindible cuando el pueblo elige a sus adversarios. Abelardo de la Espriella respondió señalando una distinción esencial: Las manifestaciones pueden exigir cambios, pero ninguna multitud adquiere, por movilizarse, facultades superiores a la Constitución. La soberanía popular no pertenece exclusivamente a quienes ocupan las calles. La legitimidad democrática no se mide por el volumen de una consigna, sino por la disposición a aceptar límites incluso cuando el resultado electoral contradice las propias ambiciones políticas.
La trayectoria de Petro agrava esta contradicción. Perteneció al M-19, organización terrorista que recurrió a las armas, los secuestros y la violencia para imponer sus propósitos. Su historia incluye la toma de la Embajada de República Dominicana y el asalto al Palacio de Justicia, tragedia de muerte y destrucción institucional durante cuya retoma también se cometieron graves violaciones de derechos humanos. Conviene terminar con la pretensión de presentar aquella violencia como romántica rebeldía. Explicar sus motivaciones no significa justificar sus crímenes. Los ideales no absuelven los medios. Ninguna aspiración de justicia convierte el secuestro en libertad, ni la violencia contra inocentes en virtud revolucionaria. Petro ha reivindicado aspectos de ese pasado terrorista. Cabe preguntarse qué lugar ocupan las víctimas y las responsabilidades en su relato.
Resulta contradictorio exigir memoria histórica a los adversarios mientras se promueve una épica que relega el sufrimiento causado por la organización criminal a la que perteneció.
La comparación con su Presidencia es inevitable. Durante cuatro años, millones de colombianos cuestionaron sus decisiones y rechazaron sus políticas. Su desacuerdo no los autorizaba a desconocer los mecanismos constitucionales. El principio que protegió su mandato debe respetarse ahora, independientemente de quién gobierne. Existe una distinción moral que Colombia no puede ignorar. Millones han enfrentado pobreza, adversidad e injusticia sin secuestrar, extorsionar ni asesinar. Han sacado adelante a sus familias trabajando honradamente. Quienes eligieron las armas no adquirieron por ello condición de héroes. El verdadero coraje está en quienes superaron las dificultades sin recurrir al crimen. Esa valentía merece reconocimiento, no la de quienes pretendieron imponer sus convicciones mediante el terror. La reintegración democrática de antiguos integrantes del M-19 fue una expresión de generosidad nacional, no una absolución moral que borrara sus crímenes ni convirtiera sus métodos en virtudes. Reconocer el abandono de las armas no exige olvidar a las víctimas. El perdón no transforma un pasado criminal en una autoridad ética. Petro conserva sus derechos a protestar, criticar y exigir renuncias. Pero esos derechos no lo sitúan por encima de las reglas constitucionales que protegen a todos.
Colombia conoce las consecuencias de sustituir las instituciones por la voluntad de quienes se consideran intérpretes exclusivos del pueblo. Ninguna causa política concede autoridad para desconocer la Constitución. La generosidad democrática que permitió reincorporar a antiguos integrantes de una organización terrorista no les otorga superioridad moral sobre quienes jamás recurrieron al crimen, ni facultad para erosionar las instituciones que hicieron posible su regreso a la vida pública. La democracia puede abrir sus puertas a quienes abandonaron las armas. Lo que jamás puede hacer es arrodillarse ante ellos, justificar sus crímenes o permitir que quienes recibieron su perdón terminen desconociendo sus principios. Eso no lo vamos a permitir.
* Tomado de: https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/maria-clara-posada-el-tarimazo-de-petro-DI43873033 Noviembre 21 de 2026. @MaclaPosada