Por Alfonso Monsalve Solórzano
Petro, en Cali, como todo el país sabe, dijo el jueves, en la movilización nacional convocada por Pacto Histórico contra el gobierno de ADLE, que tiene poco más de 100 días: “Abelardo, renuncie ya. No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya permanente y cada vez más amplia …Es la movilización popular masiva la que lleva a cambiar el gobierno actual ilegítimo, quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato” (www.elpais.com.co/politica, consultado el 21.11.2026/.
Se trata, como acertadamente lo calificó De la Espriella, de la convocatoria a un golpe de estado, agravada por la respuesta que el exmandatario, en su cuenta de X, le dio al presidente al señalarle este la magnitud de la incitación que hacía: “La democracia es el poder del pueblo. Significa que las decisiones de un pueblo libre son mandato. Nunca los pueblos dan golpes de Estado, estudie y lea, Abelardo, es el pueblo la fuente del poder”. Su insulto es a Colombia porque amenaza con justicias extranjeras cuya bandera obedece por ser súbdito extranjero, pero yo hablo de Colombia y sus problemas, la democracia es el poder del pueblo y si un tirano va contra la vida y la existencia de su pueblo, entonces es el pueblo el que decidirá sobre el tirano”.
Pues bien, desde el punto de vista puramente político -pues no sé si estaría rozando el código penal al instigar a delinquir, tipificado como delito en el artículo 348 del código penal, en este caso, con el propósito de impulsar una rebelión o una revolución contra el gobierno constituido constitucionalmente- lo que sostiene Petro es un verdadero adefesio. Quiere sustituir violentamente un gobierno al que le cuestiona de ilegítimo.
Lo primero que hay que señalar es que el concepto “pueblo” es, argumentativamente hablando, una noción confusa, cuyo significado hay que establecer para evitar usos equívocos y tramposos. En la sociedad política democrática liberal, el pueblo es el conjunto de ciudadanos que tienen el derecho a participar en las decisiones políticas de un país. En ese sentido, es la fuente del poder político, de la soberanía. Pero en esas sociedades, el ejercicio de esa soberanía está reglamentado por la constitución y las leyes. Hay mecanismos de participación establecidos, como las elecciones de gobiernos, o los plebiscitos, las consultas, etc. Y en uso de esos mecanismos el pueblo decide, según las reglas fijadas en el ordenamiento jurídico. Si, por alguna razón, los gobernantes o el sistema, no corresponden a los intereses del pueblo, en asuntos cruciales como la opresión política y el desgreño en el cuidado de los intereses nacionales, la comunidad política, el pueblo, si no tiene mecanismos de solución de conflictos pacíficos, tiene el derecho a rebelarse contra un gobierno. Pero ese es un caso extremo, que no se utilizó, ni siquiera contra el gobierno de Petro.
Por eso, un llamado a la rebelión, como el que este hace, tiene que estar justificado en el hecho de que en Colombia no hay mecanismos democráticos que permitan resolver pacíficamente las contradicciones políticas de los ciudadanos. Menos, invocando al pueblo abstractamente, como aquel conglomerado que sigue sus lineamientos políticos, en una situación en la que perdió las elecciones y que tiene todas las instituciones disponibles para dirimir pacíficamente las diferencias, como ha quedado demostrado en las elecciones que ganó Petro, a quien se les respetó su desastroso mandato y fue castigado por el pueblo.
La legitimidad tiene que ver con la aceptación del mandato de los gobernantes por parte de los gobernados (y, en ese sentido, se diferencia de la legalidad, que tiene que ver con la legalidad del mandato, la regla, etc., independientemente de su aceptabilidad). En un estado de estirpe democrática liberal, la legitimidad tiene dos acepciones; una, se refiere a la manera cómo un individuo o una institución obtienen el poder, llamada legitimidad de origen; la otra, a la forma en que lo ejercen, denominada, legitimidad de desempeño.
La legitimidad de origen, en una democracia liberal, está determinada por el cumplimiento riguroso de los procedimientos eleccionarios fijados por la Constitución: la regla de mayoría, por supuesto; pero también, los mecanismos de elección y su control. El gobierno de Abelardo ganó porque obtuvo la mayoría de los votos, siguiendo escrupulosamente los procesos electorales determinados, en este caso, dos vueltas; vigilados por las autoridades electorales y judiciales pertinentes, según la constitución y las leyes, que certificaron la transparencia de su campaña y sus ingresos -contrario a lo que ocurrió con Petro, cuya campaña violó los topes electorales-, pero también, la del proceso electoral mismo, con la garantía adicional de que dichas autoridades fueron, a su vez, vigiladas por las instancias judiciales colombianas concernidas, y por organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. En ese sentido, el pueblo le otorgó el poder, ADLE tiene legitimidad de origen.
Fue un proceso difícil por los intentos de quedarse de Petro, cambiando las reglas de juego mediante la convocatoria de una constituyente; y, cuando no pudo, por las tentativas de fraude impulsadas mediante el voto fusil y la compra generalizada de votos, financiada por el saqueo de los recursos públicos; y por el DNI petrista, que quiso intervenir el software electoral, como hemos venido a saber ahora.
En cuanto a la legitimidad de desempeño: ADLE ha cumplido la constitución y las leyes, respetado las decisiones del congreso cuando le son adversas y respetando las decisiones de las Cortes. Su estilo ha sido controvertido -yo aquí lo he criticado- pero, ha cumplido o, al menos, intenta cumplir las promesas de su programa. Todavía es muy temprano para hacerse un juicio categórico, pero avanza en la recuperación de la seguridad, combatiendo el narcoterrorismo y el crimen común, en la salida a una crisis de la salud, en la reconstrucción de las ciudades y pueblos que sufrieron el terremoto; etc. Y, a pesar de su manera confrontacional, está llegando a acuerdos con los sectores gobiernistas e independientes para concertar su proyecto de Ley de Rescate Económico.
En cuanto a las relaciones internacionales, aprovecha su alianza con el gobierno de Trump para combatir el narcoterrorismo y ha dicho, y no hay razones para no creerle, que, en el asunto relacionado con la presencia y acción conjunta de tropas extranjeras en el territorio colombiano, defenderá la soberanía nacional y seguirá escrupulosamente los pasos que señala la constitución y las leyes para autorizar su presencia y accionar en Colombia. Acusar a ADLE de obedecer los intereses de USA porque posee también la ciudadanía de ese país, es falso (Petro tiene nacionalidad italiana y nadie se lo reprocha). Si bien es amigo de Trump y su gobierno, ha quedado meridianamente claro, mediante autocrítica que hizo nuestro canciller Bula, que mantendrá relaciones tanto con demócratas como republicanos. Su accionar en el Escudo de las Américas no obedece a que sigue las consignas de Trump porque defiende los intereses de ese régimen, sino porque lucha contra el narcoterrorismo colombiano, y su derrota, está en el centro de nuestro interés nacional, pues es una condición necesaria para lograr que haya una patria colombiana que no sea un estado fallido, sino uno que tenga paz y pueda progresar sin esa piedra atada a nuestro cuello por generaciones.
Se trata, contrario a lo que plantea Petro, de rescatar nuestra soberanía interna. Y si en el objetivo es derrotar al narcoterrorismo, que es transnacional y afecta a USA y a otros países de América, pues una coalición político-militar de las naciones afectadas por ese monstruo de mil cabezas, es una solución estratégica de supervivencia. Así como esos grupos se coaligan con regímenes narcoterroristas y criminales y con organizaciones delictivas transnacionales, la defensa de la democracia colombiana exige alianzas del tipo del Escudo de las Américas. Petro, en cambio, se alió con Maduro y con el régimen cubano y permitió la expansión territorial de los GAOs colombianos, aliados con Irán, Hezbolá y Hamas, entre otros, así como con los carteles mexicanos y otras organizaciones mafiosas transnacionales. Y eso, la pareció, de manera increíble, normal.
En el gobierno de ADLE, pues, contrario al de Petro, también hay legitimad de desempeño. Y si hay legitimidad de origen y de desempeño, promover su derrocamiento invocando un pueblo que se expresó en las urnas a favor de ADLE, es una visión torcida de la política promovida por alguien narcodependiente, enfermo sexual y perverso, que está arrastrando a la izquierda a su desaparición política efectiva, para ocultar sus excesos, inocultables ya, y muy probables sus crímenes. Pasará a la historia no sólo por ser la cabeza del peor gobierno de la historia colombiana, sino también, por ser el peor ser humano que haya transitado por nuestra política contemporánea.