Paloma Valencia L.*
-La propuesta:
“La energía no puede seguir siendo un privilegio.
La Costa Caribe está viviendo una injusticia silenciosa. Mientras en Bogotá o en ciudades del interior muchas familias pueden abrir una factura de energía sin sentir angustia, en la Costa millones de hogares reciben cuentas que simplemente no pueden pagar. Facturas de más de $3.000.000 para familias humildes, trabajadores informales y adultos mayores que apenas sobreviven en medio de una economía golpeada.
Y lo más grave: esto ocurre en una de las regiones más pobres del país.
En Colombia nos acostumbramos a hablar de la crisis energética de la Costa como si fuera un problema técnico. Como si fueran cifras, fórmulas regulatorias o discusiones entre empresas y expertos. Pero detrás de cada tarifa impagable hay una familia que apaga el ventilador para ahorrar energía en medio de un calor insoportable. Hay madres escogiendo entre pagar la luz o comprar mercado. Hay pequeños negocios quebrándose porque el recibo llegó más caro que las ganancias del mes.
Eso no es normal y tampoco es justo.
La Costa Caribe ya representa cerca del 27% de toda la demanda eléctrica nacional y seguirá creciendo en los próximos años por encima del 30%. El sistema sigue tratándola como si vivir en Barranquilla, Valledupar o Riohacha fuera igual que vivir en una ciudad fría del interior. No lo es.
Aquí hay una realidad climática que el Estado ignoró durante años. En la Costa, protegerse del calor no es un lujo: es una condición de vida. Una nevera no es opcional. Un ventilador no es un capricho. En muchos hogares, incluso un aire acondicionado básico dejó de ser comodidad para convertirse en necesidad. Por eso el consumo promedio de energía en departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira ronda los 249 kilovatios hora, mucho más alto que en otras regiones del país.
A pesar de eso, el Gobierno sigue subsidiando apenas 173 kilovatios.
¿Y qué termina pasando? Que miles de familias pobres consumen más de ese límite no porque desperdicien energía, sino porque el clima las obliga. Entonces el consumo excedente empieza a cobrarse a tarifas plenas y las facturas explotan.
Ahí está el corazón de la injusticia. El sistema terminó castigando a la gente por vivir en una región caliente.
Y mientras tanto, las tarifas siguen disparadas. En operadores como Air-e y Afinia ya se registran valores cercanos a $794 y hasta $960 por kilovatio hora. Una locura para una región donde además persisten apagones, daños de electrodomésticos y fallas constantes del servicio. Porque la Costa no solo paga una de las energías más caras del país. También recibe uno de los peores servicios.
Por eso nuestra propuesta es clara y urgente: aumentar el consumo básico subsidiado de 173 a 250 kilovatios hora para la Costa Caribe. No estamos hablando de regalar nada. Estamos hablando de reconocer una realidad climática que el sistema decidió ignorar.
Con esa medida, manteniendo el subsidio del 60%, la factura de energía de un hogar estrato 1 podría bajar hasta un 50%. Eso significa alivio inmediato para millones de familias. Significa devolverle oxígeno al pequeño comerciante, al tendero, a la madre cabeza de hogar y al trabajador que hoy siente que trabajar ya no alcanza ni para pagar los servicios públicos.
También sabemos que el problema de fondo no se resuelve únicamente bajando tarifas. La Costa necesita una transformación energética de verdad. Necesitamos modernizar redes, reducir pérdidas y enfrentar el problema histórico de barrios informales y conexiones precarias que durante décadas los gobiernos dejaron crecer sin solución.
Necesitamos además un programa masivo de eficiencia energética para reemplazar neveras viejas y equipos ineficientes que consumen más energía y encarecen las facturas. Y necesitamos llevar paneles solares y comunidades energéticas a los hogares vulnerables, no quedarse en anuncios y discursos que nunca llegan a la gente.
Porque mientras este Gobierno hablaba de transición energética, las familias de la Costa seguían sudando calor y pagando recibos imposibles. La energía no puede seguir siendo un privilegio. Y Colombia no puede seguir condenando a toda una región a escoger entre soportar el calor o pagar la comida.” (Mayo 24)
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-La denuncia:
“#ATENCIÓN En Colpensiones pretenden dejar amarrados 800 trabajadores en misión y pasarlos a la nómina de planta de la entidad.
A pesar que estos cargos deberían suplirse por convocatoria interna o concurso, la actual administración pretende suplirlos con la nómina electoral de trabajadores en misión.
¿Están prometiendo estos puestos a cambio de apoyar a Iván Cepeda?
Abro hilo:
En enero de 2026 MinTrabajo amplió la planta de personal de Colpensiones en 800 personas, pasando de 2.491 a 3.291.
La convención colectiva de la entidad (acuerdo entre Colpensiones y los sindicatos) dice que las vacantes que se generen se deben proveer promoviendo primero los trabajadores internos de la entidad.
Es decir, antes de querer amarrar a los trabajadores temporales, deben ofertar esas vacantes en los trabajadores actuales que quieran ser promovidos.
Una vez realizado ese proceso, Colpensiones debería realizar un concurso público para proveer esos 800 puestos. Esa es la regla en todas las entidades del Estado.
Sin embargo, la entidad quiere llenar esos puestos con la nómina de trabajadores temporales, donde hay 1.051 personas vinculadas con un costo de $146.449 millones.
A través de esta planta temporal tercerizan la nómina y pagarían favores políticos.
Lo grave es que ahora quieren dejar amarrados a esos presuntos recomendados en la planta de Colpensiones.
Esta minuciosa operación la ejecutarían apenas se levante la Ley de Garantías.
Todo parece indicar que estarían prometiendo estos 800 puestos a cambio de apoyo para elecciones.
Este Gbno convirtió a Colpensiones en su caja menor para pagar favores y hacer politiquería.” (Mayo 26)
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* Publicados en su cuenta de X (@PalomaValenciaL).
