Eduardo Mackenzie
Para demostrar el dominio que ejerce sobre las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, el candidato Iván Cepeda se quejó el 5 y el 14 de mayo de que algunos “grupos armados” están ejerciendo “presiones” sobre el electorado para “incidir en el sentido del voto” del 31 de mayo próximo. Dijo que él rechaza eso, y que denunciaría penalmente a los autores. Sin tardar, las principales guerrillas comunistas acataron lo que les decía el candidato del Pacto Histórico: anunciaron que suspendían sus matanzas y que entrarían en una fase angelical de observación.
El 13 de mayo, los medios habían dado a conocer un audio de alias Rogelio Benavides, miembro de las FARC o de la facción que controla alias “Calarcá”, donde dice que espera que Iván Cepeda gane la elección para poder “apretar [a los colombianos] otros 4 años”. Días antes, la prensa había informado que la escuadra de Alexander Díaz, alias “Calarcá”, está “carnetizando a los campesinos de los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá” para controlar sus actividades, saber si pagan las extorsiones y, sobre todo, por quién votarán el 31 de mayo.
Horas después del segundo llamado de Iván Cepeda, saltó la liebre: el grupo que comanda alias “Iván Mordisco”, jefe aparente de Calarcá, anunció una “tregua temporal” de las “disidencias”. Y el señor Mordisco se transformó en su contrario: en gentil defensor del derecho que rechaza “los actos de manipulación mediática y política” que, por estos días, buscan convertir sus “acciones militares y defensivas en instrumento para imponer en las urnas una visión retrógrada que el pueblo colombiano siempre ha rechazado con su memoria y su lucha”.
No obstante, ordenó veladamente que voten por Iván Cepeda, quien encarna, según él, las más grandes virtudes: “la paz con justicia social”, “la solución política al conflicto social y armado”, etc. El 20 de marzo de 2024, Iván Mordisco reconoció que su organización había apoyado la campaña electoral de Gustavo Petro en 2022.
Según Noticias Caracol, la facción de alias Mordisco ha penetrado centros claves del poder, como la fiscalía general y hasta el Ejército, la Policía y las agencias de inteligencia de Colombia. Él es de los pocos que, a última hora, logra eludir los asaltos de la fuerza pública. El 23 de julio de 2024, en un retén militar en Antioquia, el Ejército detuvo una caravana de ese grupo que transportaba armas, dinero y un menor de edad e incautó una serie de computadoras, teléfonos celulares y memorias USB que probarían la grave colusión. Desde entonces, el gobierno guarda silencio sobre el resultado de esa operación militar.
Después fue el turno del ELN. El 20 de mayo, esa guerrilla anunció lo mismo: que respeta el “libre derecho al voto” y que sus “combatientes” no interferirán en el actual proceso electoral y no realizarán “ningún tipo de operaciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas” del 30 de mayo al 2 de junio. Esa misma banda dijo que había entregado a una comisión de la iglesia católica siete personas que habían sido “retenidas” [secuestradas] por ellos.
La prensa afirmó que un cese al fuego similar había sido proclamado a su vez por el Clan del Golfo (o Ejército Gaitanista de Colombia), uno de los carteles de droga más poderosos de Colombia, con tentáculos en Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras (1). Por boca de uno de sus cabecillas, alias “chiquito malo”, prometió que no realizarán “ningún tipo de acción violenta contra las Fuerzas Armadas o Fuerza Pública”, ni apoyarán, patrocinarán ni sugerirán candidato alguno.
La decisión súbita de esas bandas, en lugar de tranquilizar al país, redobló los temores de la ciudadanía. La revista IFM Noticias, de Medellín, analizó el aparente cambio de estrategia de los citados grupos subversivos y resumió ese viraje así: “menos fusiles visibles y más presión política sobre las comunidades”. Y detalló lo siguiente: “Las denuncias sostienen que algunos combatientes estarían dejando temporalmente la actividad armada visible para actuar vestidos de civil, acompañar comunidades y orientar políticamente el comportamiento electoral en territorios históricamente dominados por las disidencias.”
Nunca antes Colombia había vivido una elección presidencial en circunstancias más oscuras. En los anteriores escrutinios la narco-subversión había tratado de incidir desde el exterior: con 1.- sus agresiones violentas y 2.- con sus proclamas de orientación electoral en favor de los candidatos de su preferencia. Lo de hoy es más grave: un tercer factor emerge: el gobierno central y los órganos de Estado penetrados por la subversión.
Los tres buscan eliminar la libertad de escoger. El voto libre y anónimo debe desaparecer y reflejar únicamente los intereses de las minorías subversivas en el poder. Sobre todo, en los municipios y departamentos desde donde ellos proyectan su influencia
Las pseudo “treguas” de las bandas no son para dorar su blasón sino para reforzar los equipos que, con la demagogia comunista de Iván Cepeda, confrontarán a los electores y sus votos el 31 de mayo. ¿Dejarán de reclutar niños? Cesarán los asesinatos de militares y policías y de militantes del movimiento ¡Firmes por la Patria! ¿Acabarán las amenazas contra el candidato Abelardo de la Espriella? ¿Abandonará Gustavo Petro su obsesión por tener el “código fuente” del sistema informático central que hará el escrutinio de votos?
Los votantes de más de 790 municipios (2) estarán el día electoral desprotegidos pues la fuerza pública, desfinanciada y desorganizada por la política del régimen petrista, hoy no logra defender eficazmente la población ni las instituciones públicas.
¿Colombia está pues ante qué tipo de desafío? ¿Sólo ante una elección presidencial? ¿Una elección presidencial no puede ocultar designios que van precisamente contra el derecho a elegir a los gobernantes? ¿La ardua lucha que están librando los hijos de Colombia vencerá? ¿Está Colombia ante la batalla final para recuperar la libertad que perdió el 7 de agosto de 2022?
(1).- El Clan del Golfo es la cuarta organización armada que el Departamento de Estado norteamericano incluye en su lista de grupos terroristas colombianos, junto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, “disidencias” de las FARC que respaldaron el “acuerdo de paz” de 2016 y después volvieron a la actividad criminal.
(2).- Esta cifra de 790 municipios donde las bandas armadas ilegales afectan la población civil fue dada por la Defensoría del Pueblo de Colombia en abril de 2025. Según el diario El Colombiano, de Medellín, “los principales focos de guerra se concentran en departamentos como Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Guaviare, Nariño, Putumayo, y en subregiones como el Catatumbo, el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño.”
