Darío Acevedo C.*
“¿Caben en la política reclutadores de menores?
La política como acción es necesariamente combate, lucha, contradicción, diferenciación, presupone formación de identidades que se distinguen unas de otras.
Es así porque los humanos, a su vez, se diferencian en su forma de valorar, comprender e interesarse por la forma de convivir y gobernarse.
Puede sonar muy rudo, pero, la diversidad consustancial a toda sociedad deriva en competencia y en eso que está causando tanta alarma, la tan fementida polarización.
Tengamos presente que la democracia moderna tiene entre una de sus funciones la de modular la lucha política a través de normas que funcionan como grandes avenidas por donde circulan las agrupaciones, los movimientos y las ideas políticas, y es por ello que caben allí no solo los perfiles binarios derecha e izquierda sino sus matices o derivaciones. Y son esas normas consignadas en decretos, leyes o tratados constitucionales, las que, conjuntamente con la Justicia, las que impiden que esa polarización, tan natural, la lucha de ideas y proyectos, la pugnacidad y hasta la agresividad retórica se salgan del cauce legal.
Quizás estos apuntes nos pueden servir para aclarar lo que ha sucedido con las prebendas que fueron otorgadas a las Farc gracias al cuestionado acuerdo derrotado en el plebiscito de 2016. Entre los problemas de tal imposición se encuentra el haber permitido que a esa guerrilla se le adjudicaran diez curules en el Congreso de la República, sin votos y evadiendo la norma constitucional que prohibe la elección de personas condenadas por delitos penales y en este caso sin haber cumplido el compromiso de resarcir a sus víctimas.
Y en estos días, con el nombramiento en el cargo de vicepresidente de la Comisión de derechos humanos del Congreso de Colombia a una senadora de la antigua guerrilla Farc, Sandra Ramírez o Griselda Lobo, viuda del cruel jefe alias Tirofijo.
El gobierno de Gustavo Petro intentó, por fortuna sin éxito, nombrar como gestores de paz a varios comandantes de los antiguos grupos paramilitares. Se consideró esa iniciativa como una burla y una ofensa a sus miles de víctimas y una violación a sagrados preceptos y compromisos del estado colombiano con los derechos humanos.
De manera que, así como fueron válidas las objeciones ante la pretensión petrista, adelantada con claro sesgo politiquero, también tienen legitimidad las objeciones contra las curules a los comandantes de las Farc y hoy con el nombramiento de la guerrillera Lobo a quien se le señala de propiciar el reclutamiento de menores, violencia sexual contra menores y prácticas de aborto forzado.
¿Las razones? Nada caprichosas ni caídas del zarzo, pues se trata de una clara violación del Estatuto de Roma que establece el castigo para crímenes de guerra que además son imprescriptibles, por parte del estado colombiano.
Hay ejemplos de solución negociada de conflictos armados internos e internacionales en los que los responsables de crímenes de guerra o lesa humanidad son excluidos de beneficios políticos o para ocupar cargos públicos de alta responsabilidad.
Se considera, además, que la violación de tales disposiciones se agrava cuando el estado, como en el caso de Colombia, es firmante de dicho Estatuto y como una gravísima ofensa a las víctimas.
Por ello, entre otras razones, debemos reiterar la pertinencia de las preocupaciones a este respecto ya que no se pueden dar por canceladas o porque se suponga que se reabren heridas porque esas heridas siguen lacerando a miles de personas, familias y comunidades.” (Marzo 29)
* Publicado en su cuenta de X (@darioacevedoc).
