Carolina Restrepo Cañavera
“Esta historia debería llamarse April Fools’ Day. No porque tenga algo de graciosa, sino porque parece escrita por un país que ya se acostumbró a que las peores decisiones lleguen por decreto y las respuestas institucionales lleguen tarde.
Mañana, 1 de abril de 2026, vence la primera cuota del impuesto al patrimonio creado por el gobierno Petro en la segunda emergencia económica, mediante el Decreto Legislativo 0173 de 2026.
La DIAN mantiene publicado que ese pago corresponde al 50 % del impuesto para las personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta.
No estamos hablando de cualquier contribuyente.
Estamos hablando, entre otros, de universidades y colegios privados que puedan quedar comprendidos en la regla. El decreto fijó el hecho generador sobre el patrimonio poseído al 1 de marzo de 2026 y estableció como umbral un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, es decir, $10.474.800.000 para ese año. Y no consagró una exclusión general para las instituciones educativas privadas.
Ahí está el tamaño de la barbaridad. Porque el patrimonio de una universidad o de un colegio no es plata quieta, guardada en una bóveda, esperando a que Hacienda pase a recogerla.
Ese patrimonio suele estar comprometido en infraestructura, laboratorios, bibliotecas, tecnología, reservas, sedes, expansión, sostenibilidad y capacidad operativa.
Pero este gobierno, cuando necesita caja, deja de distinguir entre liquidez y patrimonio, entre empresa y servicio, entre riqueza disponible y activos afectos a una función social evidente. Y esa confusión no es un detalle técnico, es una torpeza fiscal con consecuencias reales.
Lo más grave es que el golpe no es hipotético. Ya está corriendo. El patrimonio relevante se miró al 1 de marzo. La primera cuota se paga mañana. Y, mientras tanto, el país sigue esperando una señal mínima de certeza jurídica. Porque cuando el Estado decreta rápido, cobra rápido y calla largo, lo que produce no es autoridad: es zozobra.
Y aquí entra la pregunta inevitable: ¿dónde está la Corte Constitucional?
En diciembre, con la primera emergencia económica, el país tuvo que soportar que la discusión se cruzara con la vacancia judicial de fin de año. Muy bien, tenían derecho a descansar. Faltaba más. Pero ahora el calendario vuelve a apretar y la propia Rama Judicial ya informó la vacancia judicial de Semana Santa de 2026.
Entonces la pregunta es perfectamente legítima: ¿otra vez Colombia tiene que quedarse esperando mientras los efectos fiscales sí corren puntuales?
Porque esa es la verdadera obscenidad del asunto.
El Gobierno sí alcanza a expedir el decreto. La DIAN sí alcanza a poner la fecha de cobro. Pero las definiciones de fondo siempre llegan después, cuando el contribuyente ya provisionó, ya pagó o ya quedó expuesto.
Así funciona hoy la seriedad institucional en Colombia, improvisan primero, exigen después y explican nunca.
Por eso esta historia sí debería llamarse April Fools’ Day.
Un impuesto extraordinario, una educación privada puesta a pagar los platos rotos del desorden fiscal y un país mirando si la institucionalidad aparece antes o después del vencimiento.
La broma, por supuesto, no da risa. Mañana no solo vence una cuota. Mañana vuelve a quedar claro que, en Colombia, cuando el poder improvisa, los demás pagan.” (Marzo 31)
* Publicado en su cuenta de X (@carorestrepocan).
