Carolina Restrepo Cañavera*
“Hay que empezar por decir una verdad incómoda: en Colombia, la discusión sobre los pueblos indígenas dejó hace tiempo de ser una conversación serena sobre dignidad, cultura, territorio y ciudadanía.
La izquierda la convirtió en otra cosa: en instrumento de manipulación política.
Tomó una realidad compleja, la simplificó en clave moral, repartió culpas históricas, administró superioridades éticas y blindó toda crítica bajo la acusación automática de racismo.
Ese es el truco: no discutir, santificar.
Yo no cuestiono la existencia de los pueblos indígenas, ni su lugar en la historia del país, ni la obligación del Estado de respetar su dignidad.
Lo que cuestiono es la utilización política de esa realidad. Cuestiono que se haya instalado la idea de una “deuda ancestral” indefinida, como si Colombia tuviera que vivir eternamente arrodillada ante una narrativa administrada por activistas, burócratas y organizaciones que han aprendido a convertir comunidades enteras en símbolo, coartada y fuerza de presión.
Porque una cosa es reconocer derechos. Otra, muy distinta, es convertir ese reconocimiento en inmunidad moral, privilegio político y excepción permanente.
Además, conviene poner los datos sobre la mesa. El último censo nacional de población y vivienda que tiene Colombia sigue siendo el de 2018.
No existe hoy un censo general posterior; lo que hay son proyecciones derivadas de esa base. Y según ese censo, 1,9 millones de personas se autorreconocieron como indígenas y el DANE registró 115 pueblos indígenas nativos.
Es decir: el país sigue discutiendo representación, territorio y políticas diferenciales con una fotografía demográfica que ya tiene casi ocho años.
Pero aquí hay otro dato todavía más incómodo.
El IGAC reporta que Colombia tiene 113.627.405 hectáreas de territorio nacional. Y el 3er Censo Nacional Agropecuario del DANE indicó que, dentro de una base de 113,7 millones de hectáreas de área rural continental e insular, los resguardos indígenas abarcan 34 millones de hectáreas.
Es decir: estamos hablando de una extensión cercana al 30 % de esa superficie. No es un detalle menor. Es una realidad territorial gigantesca, con efectos jurídicos, fiscales e institucionales que no pueden quedar reducidos a eslóganes sentimentales.
Y aquí aparece el punto de fondo.
La Constitución reconoce una jurisdicción especial indígena, es decir, la posibilidad de que autoridades indígenas ejerzan funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, conforme a sus propias normas y procedimientos, con los límites de la Constitución y la ley.
Luego no estamos ante una simple conversación cultural. Estamos frente a un régimen especial con efectos políticos y jurídicos reales.
Y precisamente por eso la pregunta legítima no es étnica. Es institucional.
¿Hasta dónde puede extenderse un sistema de excepciones sin fracturar la idea de ciudadanía común, igualdad ante la ley y pertenencia a un mismo orden político?
Esa es la discusión que la izquierda no quiere dar, porque le resulta mucho más útil envolver todo en emoción, culpa y simbolismo.
Por eso también hay que decirlo con claridad: nadie debe llegar a la Vicepresidencia de la República solo por ser distinto.
La identidad puede ser un dato biográfico o político, pero jamás sustituye la capacidad, la preparación, la visión de Estado ni el compromiso con la nación entera.
Una democracia seria no elige símbolos para exhibir virtud, elige personas capaces de representar a toda la República.
De modo que no: esto no es desprecio a nadie, ni negación de la historia, ni hostilidad contra la diversidad.
Es una defensa de la república frente a la manipulación ideológica. Porque el respeto no exige silencio.
Exige verdad. Y la verdad es esta: durante años nos vendieron justicia histórica, cuando muchas veces lo que estaban construyendo era poder político blindado por la emoción.” (Marzo 19)
* Publicado en su cuenta de X (@carorestrepocan).
————
Post
Ver posts nuevos
Conversación
Carolina Restrepo Cañavera
@carorestrepocan
NY Times- No es un escándalo más
Por Carolina Restrepo Cañavera
Hay noticias que golpean a un gobierno y hay otras que hieren la dignidad misma del Estado. La revelación según la cual Gustavo Petro está siendo investigado por al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos, en Manhattan y Brooklyn, por presuntos encuentros con narcotraficantes y posibles aportes ilícitos a su campaña, pertenece a esa segunda categoría.
Reuters lo reportó este 20 de marzo con base en información del New York Times, y El País confirmó que las pesquisas estarían en etapa preliminar.
Conviene decirlo con cuidado, pero sin cobardía: una investigación no es una condena. Nadie serio puede saltarse esa diferencia. Pero tampoco nadie serio puede fingir que aquí no ha ocurrido nada.
Cuando el presidente en ejercicio queda bajo la lupa penal de fiscales federales estadounidenses por eventuales nexos entre campaña y narcotráfico, ya no estamos ante una controversia doméstica, ni ante una escaramuza partidista, ni ante un simple episodio de desgaste mediático. Estamos ante una crisis de legitimidad de escala ahí si, histórica.
Lo verdaderamente devastador no es solo el contenido de la noticia, sino el contraste moral que deja al descubierto.
Este gobierno construyó su capital político sobre una narrativa de superioridad ética. No bastaba con gobernar, había que posar de redentor. No bastaba con disputar el poder, había que hacerlo desde una pretendida pureza moral, señalando a los demás como si fueran la encarnación de todos los males nacionales.
Por eso el golpe es mayor. Porque cuando quien prometió limpiar la historia termina rozado por sospechas de esta magnitud, no cae solamente un presidente, se desmorona una impostura.
Además, el hecho tiene una dimensión internacional imposible de minimizar. No proviene de un opositor colombiano, ni de una filtración de pasillo, ni de un rumor de redes sociales. Proviene de una pieza periodística del NY Times , uno de los periódicos más influyentes del mundo, y describe actuaciones atribuidas a despachos federales de Estados Unidos.
Eso altera de inmediato la percepción externa sobre Colombia, afecta la credibilidad de la jefatura del Estado y proyecta sobre el país una sombra infame, la sospecha de que el poder presidencial pudo haber sido contaminado por dinero criminal.
La izquierda intentará refugiarse en el libreto conocido; persecución, conspiración, intervención extranjera. Lo hará porque siempre necesita un enemigo externo para no enfrentar sus propias ruinas. Pero esa defensa empieza mal desde el primer minuto. Las versiones conocidas hasta ahora indican que las indagaciones serían independientes, estarían en fase inicial y se concentrarían en hechos concretos, reuniones con narcotraficantes y presuntas donaciones ilícitas de campaña. Es decir, no en una abstracción ideológica, sino en conductas precisas que, de comprobarse, serían devastadoras.
Colombia merece serenidad jurídica, sí. Pero también merece coraje político.
El deber de una sociedad decente no es absolver por fanatismo ni condenar por ansiedad. Es entender la gravedad del momento. Porque si esta noticia escala, el problema dejará de ser Petro. Será la erosión de la confianza básica en la Presidencia de la República. Y cuando eso ocurre, el daño institucional tarda años en repararse.
No, esto no es un escándalo más. Es una advertencia brutal sobre lo que pasa cuando el discurso moral reemplaza la decencia real. Durante años se vendió el “cambio” como si fuera una superioridad ética garantizada. Hoy Colombia amanece ante una posibilidad insoportable, que detrás de ese relato hubiera, no redención, sino podredumbre.
Si eso llega a probarse, no habremos asistido simplemente al fracaso de un gobierno. Habríamos presenciado la degradación de la jefatura del Estado Colombiano ante el mundo, nuevamente.
11:22 a. m. · 20 mar. 2026
·————-
