Eduardo Mackenzie
Gustavo Petro, en lugar de quedarse callado, insiste en orientar la investigación de la Fiscalía sobre el atentado contra el senador y candidato Miguel Uribe Turbay, como si tuviera derecho a hacerlo. Pues no. El presidente de la República no tiene ese derecho. Petro debe cerrar la boca y dejar manos libres a la investigación judicial. El representante del poder ejecutivo no tiene por qué meterse a dirigir el trabajo del poder judicial.
Petro había intentado desviar la investigación hace unos días, cuando decidió que el sicario era un “niño”. Tras las nuevas revelaciones de la Fiscalía sobre el equipo de criminales involucrado en el atentado, Petro reincide y muestra que está más desesperado que nunca. Llegó al colmo de decir –contradiciendo a la misma fiscal– que ese atentado no tiene motivaciones políticas (“eso no se puede decir”, sentenció, según France 24, de París), y que la explicación hay que buscarla en los bajos fondos del microtráfico: “Hasta ahora, los capturados, sólo son miembros del microtráfico bogotano”.
Insinúa así que se trata de una venganza de bandidos de derecho común. Esa frase es un nuevo insulto a la víctima del tiroteo del 7 de junio de 2025 en Bogotá. La bajeza de Gustavo Petro no tiene fondo.
Un día después, la Fiscalía relanzó la extraña teoría de Petro. El diario El Colombiano cuenta que fuentes de la Fiscalía y de la Policía dijeron que están “aplicando el esquema de operación de las redes criminales en la capital”. El problema es que con ese “esquema” han podido capturar a cuatro miembros de la “célula operativa” pero no logran avanzar hacia lo principal: quién o quiénes fueron los determinadores del atentado.
De hecho, el método investigativo de la “red sicarial” siempre cojea. De los numerosos casos que evocó ese diario –arreglos de cuenta entre esmeralderos, entre traficantes de droga, la bomba contra el centro comercial Andino, la masacre en la escuela de cadetes general Santander, la bomba del CAI del barrio Arborizadora Alta, el asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y el atentado en 2012 contra el exministro Fernando Londoño Hoyos, que dejó dos muertos y 50 civiles heridos– la Fiscalía, no ha podido descubrir los determinadores del crimen, salvo en el caso del asesinato del humorista Jaime Garzón (altos mandos del DAS y del Ejército Nacional, según el citado diario).
Sugerir que el atentado del 7 de junio fue un crimen más de una “red sicarial de Bogotá” y no un golpe ordenado por un organismo partidario o gubernamental, destinado a producir efectos políticos estratégicos, es obstruir la justicia, sustituirla por la impunidad y dejar que los efectos del atentado sigan su curso: sembrar el terror en el Congreso, paralizar la oposición anti-petrista nacional para que no destruya el plan declarado de hacer un cambio ilegal de Constitución que le permita a Gustavo Petro consolidar una dictadura y seguir en el poder durante 30 o 40 años más. ¿Esa movida con nefastos efectos continentales salió del cerebro de una pandilla sicarial bogotana?
La víspera, la fiscal encargada del caso estimó que el motivo del atentado fue político. La víctima, dijo a Noticias Caracol, “es senador en ejercicio de sus funciones, precandidato presidencial, y la tentativa de homicidio se produce por el hecho de ser senador y estar desempeñando campaña política como candidato a la presidencia”. Y agregó: “Es en el marco de esta campaña política que se produce el atentado siendo el senador una persona públicamente expuesta que había informado a la UNP en varias ocasiones la situación de riesgo en que se encontraba por sus posturas contrarias a las políticas del gobierno nacional y pertenecer a un partido político que se declaró en oposición sin que haya prueba alguna de que el tuviera amenazas o riesgo por situaciones personales, familiares, económicas, o de otra índole que hubieran motivado la tentativa de homicidio”.
Conclusión: el carácter político de ese atentado es cada vez más evidente. No obstante, el presidente Gustavo Petro quiere erradicarlo, pues él se sabe involucrado –no solo por la desprotección ejercida por la UNP, un organismo muy cercano a la presidencia—sino por las amenazas y órdenes disfrazadas que él lanzó en su bochornoso mitin en Barranquilla.
Petro sabe que esa noche él cometió un error gravísimo, quizás el peor de toda su trayectoria como presidente. Él ve que la investigación comienza a destapar la olla podrida: los adiestradores del sicario y del resto del equipo criminal son las Farc del Caquetá. Por eso él insiste: “no se puede decir con certeza que haya fines políticos en el atentado”.
Petro acusa a Radio Caracol de ser “irresponsable” porque ese medio busca la verdad acerca de los autores materiales y los autores mediatos o intelectuales del magnicidio. ¿Todo esto quiere decir que los periodistas podrían correr la suerte del senador Uribe Turbay? ¿Qué pasa si Petro lanza una nueva arenga rabiosa contra la prensa en los próximos días? ¿El “microtráfico bogotano” o una “red sicarial de Bogotá” entrará en acción?
¿No ve que él mismo se inscribió en ese cuento de la autoría intelectual? Diez y ocho días antes del atentado en Bogotá Petro había gritado, en el mitin de Barranquilla, que “el pueblo” (es decir Petro mismo –pues él se cree guía providencial, gran timonel y conducatore–), “borrará de la historia” a todos los congresistas que se oponen a las “reformas”, en especial a Efraín Cepeda, presidente del Senado.
Tales amenazas son algo más que eso: son invitaciones a disparar y después del atentado contra el senador Uribe Turbay deben ser juzgadas con gran severidad.
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