Luís Alonso Colmenares R.
Por el derecho que me asiste como ciudadano, pero además como usuario y crítico de la administración de justicia, he sido testigo silencioso de un deterioro preocupante que amenaza la credibilidad de uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia: el sistema judicial que tiene a La Guajira convertida en una tierra sin Dios ni ley.
Luís Alonso Colmenares R.
La semana pasada se conocieron los resultados de una encuesta que medía la imagen del gobernador de La Guajira. El resultado era "positivo", según los medios de comunicación. Y me hice una pregunta: ¿Qué problema resuelve la imagen del gobernador? ¿Acaso la buena percepción de su fotografía resuelve el hambre de los guajiros? ¿Una encuesta pagada tapa los huecos de las carreteras?
Luís Alonso Colmenares R.
Cada día confirmo una triste verdad: la política atraviesa una profunda crisis moral. Lo veo en titulares de escándalos, en funcionarios que actúan sin escrúpulos ni vergüenza, y en la pérdida de ese norte ético que debería guiar el servicio público.
Luís Alonso Colmenares R.
Los resultados del Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2025 muestran a Riohacha como una ciudad rezagada en competitividad, en el puesto 24 entre 32 ciudades capitales. Comparada con sus vecinas Valledupar y Santa Marta, Riohacha es un corral que refleja la falta de compromiso de la clase política y dirigente para promover su progreso. El ICC evalúa factores de condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador.
Luís Alonso Colmenares R.
Por lo que se puede ver, los actuales gobernantes del departamento no llegaron para resolver los problemas de la gente, sino a hacer negocios personales. Desde que se posesionaron, cada decisión que han tomado parece tener un solo propósito: asegurar su bienestar económico, no el de las comunidades. Mientras tanto, la gente sigue sin agua, sin comida, sin salud, sin escuelas dignas. Y lo que es peor: sin justicia.
Luís Alonso Colmenares R.
Confieso que me duele escribir sobre este tema, porque lo hago desde la decepción, desde la preocupación y desde una creciente desconfianza como ciudadano, profesor, y guajiro. Me duele porque tenía muchas expectativas con el actual Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, no solo por su trayectoria jurídica, sino también porque es mi paisano. Y me duele más porque en el caso del congresista David Racero, la encargada de representar a la Procuraduría ante el Consejo de Estado sea la doctora Idayris Yolima Carrillo, también guajira, reconocida y admirada por muchos. Pero la ley es la ley. Y la ética pública no puede tener excepciones regionales ni afectivas.
Luís Alonso Colmenares R.
Por mucho tiempo hemos votado por partidos políticos como si fueran entidades puras, guardianes de ideologías y principios. Pero hoy, con la experiencia que da el tiempo y la observación crítica de la realidad política colombiana, me atrevo a decir que esa lógica se acabó.
Luís Alonso Colmenares R.
Hoy cambiaré la narrativa. Me atrevo a sugerir una hoja de ruta para reorganizar el territorio y devolverle el futuro a la gente. Hemos visto a La Guajira solo a través del lente de las dificultades, ignorando sus oportunidades. Hoy hablaré de posibilidades concretas, de caminos reales hacia la prosperidad, mucho más allá de cifras preocupantes: un potencial en energía eólica; casi el 40 % del territorio en condiciones excepcionales para cultivos de pan coger; un corredor turístico que conecte desierto, montaña y mar; y el mayor hato ovino-caprino del país.
Luís Alonso Colmenares R.
El representante a la Cámara por La Guajira, Jorge Cerchiaro, radicó el Proyecto de Ley 323 por el cual se declara, protege y salvaguarda el chirrinchi guajiro como patrimonio cultural inmaterial de la Nación. ¡Absurdo!
Luís Alonso Colmenares R.
Los guajiros no podemos seguir indiferentes ante lo que ocurre en el departamento, con la impunidad como combustible que alimenta una corrupción desmedida. Los datos más recientes deben llamar la atención: en 2024, la Contraloría General de la República detectó hallazgos fiscales por más de $223.646 millones en proyectos del Sistema General de Regalías.