Mauricio Botero C.
Según reciente estudio del Instituto de Ciencia Política (ICP), “representantes de organizaciones sociales y gremiales y un grupo de parlamentarios de distintos partidos concuerdan en que Colombia ya cuenta con un acervo normativo y una institucionalidad suficientes para cumplir con los objetivos del Acuerdo de Escazú. Además, reconocen que la entrada en vigencia de dicho tratado configuraría una serie de riesgos en materia de seguridad jurídica, al abrir la puerta para que diferentes actores nacionales o extranjeros, sin bases técnicas o científicas, ya sea por oportunismo, intereses económicos o ideológicos, obstaculicen a través de instancias internacionales el desarrollo del país y el aprovechamiento de los recursos naturales de forma sostenible, desconociendo la voluntad de las comunidades locales y afectando la soberanía nacional”.
