Author: Rafael Nieto Loaiza (Rafael Nieto Loaiza)

Rafael Nieto Loaiza 

Petro se radicaliza. Tanto en el discurso como en las acciones, acentúa su giro a la izquierda extrema. Una de las tácticas es barrer con los técnicos del gobierno y nombrar leales. Aunque no son ni mucho menos los únicos casos, los más visibles son la dirección del DNP, la de presupuesto del Ministerio de Hacienda y el DPS. En Planeación, el organismo más técnico del gobierno, nombró a un activista de izquierda, antiguo sindicalista, que ni siquiera es economista y sin experiencia alguna en el tema, al que vinculan con el Eln. En Presupuesto salió de una funcionaria con casi 20 años en Hacienda y designó un contador que tiene por exclusiva credencial haber hecho parte de la UTL de Gustavo Bolívar y que, posesionado, dijo que sabía "un poquito” del tema. En el DPS, eligió al mencionado libretista de televisión, que no es universitario y que tiene por único mérito haber quebrado sus propios emprendimientos y no pagarle a sus proveedores, en algún caso con la trágica consecuencia del suicidio del acreedor impagado.

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El deterioro agudo de la seguridad, la creciente violencia, son innegables. Las ciudades y los campos se encuentran asediados por los criminales y a los ciudadanos nos agobia una creciente sensación de indefensión, de estar a merced de los bandidos.

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Nos salvamos por un pelito. Según el DANE, en el cuarto trimestre la economía creció un 0,3% en comparación con el mismo trimestre del 2022 y se mantuvo igual (0,04%) en relación con el tercer trimestre del 2023. Lo que nos salvó fue el sector de la "administración pública, defensa, educación y salud”. Sin ese aporte la cifra fue negativa. El sector privado decreció por tercer trimestre consecutivo (2T -0,2%; 3T -1,6% y 4T -0,5%) y está en recesión.

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Petro está acorralado, entiende que su presidencia pende de un frágil hilo y está en la tarea de hacer todo lo que está en sus manos para no caerse. Su objetivo es evitar ser suspendido de su cargo y eventualmente condenado por la comisión de delitos electorales. Eso explica todas sus actuaciones desde la confesión de su primogénito.

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De la adicción tuitera de Petro y de su uso como instrumento de manipulación sabemos todos. Un trino del pasado viernes, sin embargo, rebasa todos los límites y debe despertar todas las alarmas. Petro dice que a) hay una "ruptura institucional” porque la Procuraduría suspendió al Canciller y porque “la fiscalía investiga al presidente”, b) que "se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente”, c) que “sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo”, d) que “no es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como 'el ñeñe’ que la del sindicato de maestros”, e) que hay una “toma mafiosa de la fiscalía” y que f) solicita “al pueblo la máxima movilización popular”.

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La Constitución, artículo 109, sostiene que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo”. Es indiferente si hay intención de vulnerar los topes o si el elegido sabe de tal vulneración. Basta con comprobar objetivamente que se violaron los topes para que se deba aplicar la sanción de pérdida de la investidura o del cargo.

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La sociedad colombiana ha terminado por normalizar unas conductas que son a todas luces anómalas. Desde hace cinco décadas, cuando en la segunda mitad de los setentas emergió la bonanza marimbera, hemos aprendido a vivir, a sobrevivir sería más preciso decir, con la presencia permanente del narcotráfico y con unos niveles de violencia asesina que, en su peor momento, en 1991, alcanzó los 85,4 homicidios por cien mil habitantes. Después de la disminución acelerada de los asesinatos durante el gobierno de Uribe, que recibió el país con 70,2 homicidios por cien mil y lo entregó en la mitad, 35,5, hoy está algo más de cuatro veces por encima del promedio global de 6,2.

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Una encuesta regional de Gallup, de junio del año pasado, mostraba que uno de cada dos colombianos, el 49%, se iría del país si pudiera, la cifra más alta de los trece países en que se realizó el sondeo. El número de colombianos que buscan migrar, incluso de manera ilegal, ha crecido de manera sustantiva desde 2022. La migración neta de ese año, es decir, los colombianos que salieron y no regresaron, fue de 547.000, 2,7 veces el promedio de los últimos veinte años. Aunque no hay cifras consolidadas para 2023, las mensuales conocidas mostraban un crecimiento mayor al 13%. Así, entre enero y noviembre, 50.260 colombianos solicitaron asilo en España, un 39% más que en 2022. Y 167.388 colombianos fueron detenidos en el año fiscal 2023 por intentar ingresar irregularmente a Estados Unidos, 1.595% más que en el 2021, cuando fueron apenas 10.495. La mayoría de migrantes son jóvenes y quieren trabajar, de manera que el costo para el país es enorme.

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Pablo Beltrán, segundo jefe del Eln, volvió a ratificarlo esta semana: ese grupo violento no va a dejar de secuestrar. Dijo que cuando firmaron "los protocolos de cese [del fuego] en La Habana quedó claro que las actividades de finanzas no quedaban incluidas en el cese [y] que realizamos actividades de finanzas para sostener la rebelión”. Por "actividades de finanzas” entiéndase secuestrar.

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Nos fue muy mal en las pruebas PISA 2022. Colombia participa desde 2006 en estas evaluaciones, que cada tres años examinan en matemáticas, ciencias y lectura a estudiantes de 15 años en 81 países, lo que permite una mirada comparada que no se tiene con las pruebas Saber, las nacionales.